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SANTA FE, 1994

SANTA FE, 1994

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LOS ESCOLLOS PREVIOS AL PACTO DE OLIVOS

Camino a los 25 años en noviembre del Pacto de Olivos entre Alfonsín y Menem, que desembocaría en la sanción de la ley que posibilitaría la reforma constitucional de Santa Fe con la reelección del converso peronista riojano, el líder radical consuma lo que tres meses había anticipado en Quilmes.

El ex presidente Raúl Alfons¡n dijo que la ajuricidad es el mayor daño que está sufriendo la República pero no se inclinó por un juicio pol¡tico a Carlos Menem por no considerar factible el uso de esa arma constitucional. "No se qué ganar¡amos", dijo en aparente alusión a la complejidad del tramite.

Un trámite que reclama el apoyo de los dos tercios de cada Cámara y, por ende, el apoyo del propio justicialismo.  "No vamos a golpear las puertas de los cuarteles porque los primeros en hacer las valijas ser¡amos nosotros" dijo Alfons¡n al responder preguntas de profesionales y empresarios en un encuentro realizado en Quilmes, organizado por el dirigente local del Modeso, Norberto Llamas, con la participación del ex gobernador y actual diputado nacional Alejandro Armendariz y del también diputado Victorio Bisciotti, además del vocero del ex mandatario, Simón Lázara.

Alfons¡n insistió en la necesidad de que las distintas fuerzas pol¡ticas, incluyendo, puntualizó, a las corrientes peronistas que se oponen a este modelo, acuerden un compromiso de diez o veinte puntos fundamentales para hacer realidad lo que denominó "la cultura del esfuerzo" ya que, según él, "la oligarqu¡a no cree en el futuro del pa¡s y solo le interesa hacer buenos negocios".

˜Tomé como ejemplo la convergencia chilena para enfrentar la herencia de este proceso con la cual no podrá cargar un solo partido", dijo. Y usó como ejemplo lecciones aprendidas en carne propia: "Nosotros nos quedamos solos y los resultados no fueron buenos para mi gobierno ni para el país".

En otro tramo, afirmó que el radicalismo hab¡a llegado al poder "sin ninguna experiencia" y adelantó que de alcanzar la conducción del partido, como confiaba, desarrollaría pol¡ticas para "superar diferencias, abrir v¡as de diálogo y lograr los máximos consensos". 

Alfons¡n reiteró sus criticas a la falta de garant¡as de una justicia independiente y mencionó como muestra de la actitud antijur¡dica la orden que, en su momento, hab¡a dado el presidente Menem de desalojar con la policia a los intrusos de viviendas ajenas, al margen de los procedimientos legales. 

Señaló que as¡ como la pol¡tica de Mart¡nez de Hoz se basó en el endeudamiento, "la actual se basa en la venta de los activos públicos". Calificó de "verguenza" el desmantelamiento del Plan Cóndor y dijo que después de la ca¡da de la URSS, los embajadores norteamericanos daban muestras de una actitud que antes moderaban.

Cuando alguien le recordó la expresión del desaparecido cardenal Antonio Samoré en 1978 en medio del tenso conflicto con Chile, mediación de la Iglesia que evitó el choque bélico, aceptó que existía esa misma lucecita de esperanza.  "Por supuesto que sí, está en el pueblo y en su capacidad de militancia y organización", subrayó.

NdE: Texto enviado desde la Sala de Periodistas de Diputados el 2/8/1993 para su publicación en Clarín, diario en el que entonces trabajaba el autor de estas líneas.

  • Escrito por CIJ
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LA CORTE PUEDE MÁS QUE LA CONSTITUCIÓN

Si los miembros de la Corte juraron cumplir la Constitución y si la Constitución dice en su Art. 75 (inc. 22) que los tratados sobre derechos humanos tienen jerarquía superior a las leyes, ¿pueden desconocer este imposición en sus fallos? Ahora, con los dos nuevos jueces (Rosenkratz y Rosatti), dice que sí. El único coherente, es Maqueda, ex constituyente, igual que Rosatti.
 
* Por CIJ
 
En el acuerdo del día de la fecha (NdE: 14/2/17) la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la presentación de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por la cual se solicitaba que, como consecuencia del fallo de la Corte Interamericana dictado en la causa “Fontevecchia y otros c/ República Argentina”, se dejara sin efecto una sentencia firme de la Corte Suprema.
 
La posición mayoritaria fue conformada por el voto conjunto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz y el voto propio del juez Horacio Rosatti. En disidencia votó el juez Juan Carlos Maqueda.
 
El voto conjunto consideró que no correspondía hacer lugar a lo solicitado en tanto ello supondría transformar a la Corte IDH en una “cuarta instancia” revisora de los fallos dictados por los tribunales nacionales, en contravención de la estructura del sistema interamericano de derechos humanos y de los principios de derecho público de la Constitución Nacional.
 
En este sentido, entendió que el texto de la Convención no atribuye facultades a la Corte Interamericana para ordenar la revocación de sentencias nacionales (art. 63.1, C.A.D.H.).
 
Asimismo, consideró que revocar su propia sentencia firme —en razón de lo ordenado en la decisión “Fontevecchia” de la Corte Interamericana— implicaría privarla de su carácter de órgano supremo del Poder Judicial argentino y sustituirla por un tribunal internacional, en violación a los arts. 27 y 108 de la Constitución Nacional.
 
Al mismo tiempo, tuvo por cumplida la publicación exigida en la sentencia interamericana —instrumentada a través del CIJ (ver enlace) y la página de jurisprudencia del Tribunal— y consideró que la reparación económica ordenada en favor de los peticionantes se encontraba fuera del alcance de las actuaciones y no resultaba necesaria la intervención judicial.
 
Por su parte, el juez Rosatti en su voto compartió, en lo sustancial, los argumentos expuestos y reivindicó el margen de apreciación nacional de la Corte Suprema en la aplicación de las decisiones internacionales (con base en los arts. 75 inc. 22 y 27 de la Constitución Nacional).
 
El juez agregó, que en un contexto de “diálogo jurisprudencial” que maximice la vigencia de los derechos en juego sin afectar la institucionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la máxima intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (llamada Pacto de San José de Costa Rica) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la máxima intérprete de la Constitución Nacional, por lo que hay que lograr que sus criterios –en cada caso concreto- se complementen y no colisionen.
 
Concluyó que la reparación encuentra adecuada satisfacción mediante las medidas de publicación del pronunciamiento internacional y el pago de la indemnización ordenado por la Corte Interamericana, no resultando posible la revocación formal del decisorio de la Corte Suprema nacional.
 
 * El voto de Maqueda
 
En disidencia, el juez Juan Carlos Maqueda mantuvo la postura fijada en sus votos en los casos “Cantos” (2003), “Espósito” (2004), “Derecho” (2011), “Carranza Latrubesse” (2013) y “Mohamed” (2015), según la cual a partir de la reforma constitucional de 1994, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictadas en causas en que la Argentina es parte deben ser cumplidas y ejecutadas por el Estado y, en consecuencia, son obligatorias para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
 
En el caso concreto, resolvió dejar sin efecto la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2001 que había condenado a los periodistas Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico por publicaciones realizadas en la prensa, dado que la Corte Interamericana había resuelto en 2011 que esa sentencia constituía una violación al derecho a la libertad de expresión reconocido en el Pacto de San José de Costa Rica (art. 13).
 
Título y bajada: La Corte sostuvo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revocar sentencias del Máximo Tribunal argentino/ La posición mayoritaria fue conformada por el voto conjunto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz y el voto propio del juez Horacio Rosatti. En disidencia votó el juez Juan Carlos Maqueda
 
Fecha: 14/2/2017.
 
Fuente: www.ciaj.gov.ar (Centro de Información Judicial, Agencia de Noticias del Poder Judicial) 
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VEINTE AÑOS DE UNA REFORMA PARA REFORMAR

Pasaron veinte años de la reforma constitucional de Santa Fe, que delegó en el Congreso de la Nación una tarea que nunca realizó, como en  el caso de la ley de coparticipación federal. Una reforma que cambió la geografía electoral y sus resultados y que dejó a expensas de los supra poderes económicos extranjeros las riquezas del subsuelo del país, hoy en manos de las provincias en desmedro de la Nación. Una reforma para reformar en un tiempo lejano e incierto.

Por Armando Vidal

Hace veinte años se aprobó en el Paraninfo de la Universidad del Litoral –ámbito de los debates iniciados el 25 de mayo en Paraná,- la reforma constitucional que abrió paso a la reelección de Carlos Menem. Una obra que dio mucho más que hablar por el modo en que había nacido que por sus resultados.

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ANÁLISIS DE UN DURO CRÍTICO

Con derecho a reivindicar el título de Decano de los Periodistas Parlamentarios -que hace suyo el editor aunque sin la acreditación oficial de las Cámaras porque ha decidido escribir sobre el Congreso sin volver a él, al menos por ahora- el autor de este artículo es desde hace muchos años el columnista político del diario La Prensa, con base de su labor en el Palacio Legislativo, desde donde sigue, además, la actividad de ambas Cámaras. La reforma fue negativa, asegura.

Por Sergio Crivelli

Con la perspectiva que dan los veinte años transcurridos desde su aprobación, la reforma de la Constitución de 1994 aparece como un retroceso institucional significativo, lo que no es poco para un país en el que la calidad institucional ha sido tradicionalmente mala.

La reforma del 94 no influyó de forma positiva sobre la cultura política autoritaria tan extendida en el país, sino que la empujó más allá de lo conocido.

Del sistema representativo republicano y federal quedó poco.

No resolvió la crisis de representatividad, más bien la profundizó, porque la dirigencia política se convirtió en una casta que sólo atiende a sus intereses electorales y personales, distribuye cargos entre familiares y amigos y se enriquece en muchos casos de manera grotesca.

Los niveles de corrupción pueden medirse por el procesamiento del vicepresidente.

A lo que hay que agregar que los "legisladores" no representan al pueblo, sino el presidente de turno.

Por ese camino se llegó a la anulación "de facto" del Poder Legislativo.

La obediencia debida de diputados y senadores es la norma, y el Congreso, una "escribanía". Así, de los tres poderes quedaron en pie sólo dos, el Ejecutivo y el Judicial.

Pero este último sólo a veces le pone límites a los ocupantes de la Casa Rosada. Espera para eso que se debilite su capacidad de mantenerse en el poder.

Por otra parte el uso indiscriminado de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), las facultades delegadas por el Legislativo y el estado de emergencia permanente desde 2001 han lesionado el Estado de Derecho y dejado a los ciudadanos a merced de la arbitrariedad de los políticos que aumentaron la presión fiscal a niveles astronómicos y el gasto público del que viven, otro tanto.

Ese gasto se destina a clientelismo y obras públicas otorgadas a amigos y/o socios del poder.

Los DNU se han convertido en verdaderos "Dictaten", ya que nunca son derogados.

Para imponer la voluntad presidencial hace falta que sólo una de las Cámaras lo apoye tácitamente. Se modifica por esa vía el Presupuesto la otrora Ley de Leyes  hasta cambiarlo por completo.

En la sanción del Presupuesto está cifrada una de las claves de la democracia y de la representatividad ("No taxation without representation").

Su grosera burla a través de los DNU, que adquirieron jerarquía constitucional con la reforma del 94, muestra la ineptitud o el cinismo de quienes la planearon.

¿Quiénes la planearon? Peronistas y radicales en el Pacto de Olivos.

La excusa era atenuar el presidencialismo, pero la verdadera razón fue circunstancial: la reelección de Carlos Menem. Fue un acuerdo "pampa"; los firmantes no pensaban cumplirlo.

Los peronistas querían legalizar la autocracia y los radicales, aumentar su cuota de poder con el control político de la Ciudad de Buenos Aires y de las bancas por la minoría en el Senado.

De todas maneras la dirigencia política no es la única responsable del deterioro institucional.

Todo fue avalado por el voto popular que convalidó a cada uno de los gobernantes, labrando su propia suerte. Porque no son las instituciones las que modelan la cultura política, sino a la inversa, como quedó a la vista en los últimos veinte años.

Sección, volanta y título: Opiniön/ Mirador Político/ Veinte años después/ 

Fuente: La Prensa, 27/8/14.

DISCURSO FINAL DE QUIEN LO HIZO POSIBLE

Cedió ante la presión de Menem por su reelección, que canjeó por cambios que a su criterio mejoraban la Constitución. Presidió su bloque, trabajó intensamente y el 22 de agosto de 1994 cerró con este discurso

Por Raúl Alfonsín

No voy a efectuar un balance de la tarea realizada por esta Convención. Sería innecesario manifestar una vez más mis discrepancias con quienes sostienen que hemos acentuado el presidencialismo.

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