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ANÁLISIS DE UN DURO CRÍTICO

Con derecho a reivindicar el título de Decano de los Periodistas Parlamentarios -que hace suyo el editor aunque sin la acreditación oficial de las Cámaras porque ha decidido escribir sobre el Congreso sin volver a él, al menos por ahora- el autor de este artículo es desde hace muchos años el columnista político del diario La Prensa, con base de su labor en el Palacio Legislativo, desde donde sigue, además, la actividad de ambas Cámaras. La reforma fue negativa, asegura.

Por Sergio Crivelli

Con la perspectiva que dan los veinte años transcurridos desde su aprobación, la reforma de la Constitución de 1994 aparece como un retroceso institucional significativo, lo que no es poco para un país en el que la calidad institucional ha sido tradicionalmente mala.

La reforma del 94 no influyó de forma positiva sobre la cultura política autoritaria tan extendida en el país, sino que la empujó más allá de lo conocido.

Del sistema representativo republicano y federal quedó poco.

No resolvió la crisis de representatividad, más bien la profundizó, porque la dirigencia política se convirtió en una casta que sólo atiende a sus intereses electorales y personales, distribuye cargos entre familiares y amigos y se enriquece en muchos casos de manera grotesca.

Los niveles de corrupción pueden medirse por el procesamiento del vicepresidente.

A lo que hay que agregar que los "legisladores" no representan al pueblo, sino el presidente de turno.

Por ese camino se llegó a la anulación "de facto" del Poder Legislativo.

La obediencia debida de diputados y senadores es la norma, y el Congreso, una "escribanía". Así, de los tres poderes quedaron en pie sólo dos, el Ejecutivo y el Judicial.

Pero este último sólo a veces le pone límites a los ocupantes de la Casa Rosada. Espera para eso que se debilite su capacidad de mantenerse en el poder.

Por otra parte el uso indiscriminado de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), las facultades delegadas por el Legislativo y el estado de emergencia permanente desde 2001 han lesionado el Estado de Derecho y dejado a los ciudadanos a merced de la arbitrariedad de los políticos que aumentaron la presión fiscal a niveles astronómicos y el gasto público del que viven, otro tanto.

Ese gasto se destina a clientelismo y obras públicas otorgadas a amigos y/o socios del poder.

Los DNU se han convertido en verdaderos "Dictaten", ya que nunca son derogados.

Para imponer la voluntad presidencial hace falta que sólo una de las Cámaras lo apoye tácitamente. Se modifica por esa vía el Presupuesto la otrora Ley de Leyes  hasta cambiarlo por completo.

En la sanción del Presupuesto está cifrada una de las claves de la democracia y de la representatividad ("No taxation without representation").

Su grosera burla a través de los DNU, que adquirieron jerarquía constitucional con la reforma del 94, muestra la ineptitud o el cinismo de quienes la planearon.

¿Quiénes la planearon? Peronistas y radicales en el Pacto de Olivos.

La excusa era atenuar el presidencialismo, pero la verdadera razón fue circunstancial: la reelección de Carlos Menem. Fue un acuerdo "pampa"; los firmantes no pensaban cumplirlo.

Los peronistas querían legalizar la autocracia y los radicales, aumentar su cuota de poder con el control político de la Ciudad de Buenos Aires y de las bancas por la minoría en el Senado.

De todas maneras la dirigencia política no es la única responsable del deterioro institucional.

Todo fue avalado por el voto popular que convalidó a cada uno de los gobernantes, labrando su propia suerte. Porque no son las instituciones las que modelan la cultura política, sino a la inversa, como quedó a la vista en los últimos veinte años.

Sección, volanta y título: Opiniön/ Mirador Político/ Veinte años después/ 

Fuente: La Prensa, 27/8/14.