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DERECHO DE HUELGA

Lo que era el sindicalismo en tiempos del primer gobierno de Perón, incluyendo a sus dirigentes, es parte de esta evocación generada por la falta de inclusión del derecho de huelga en la Constitución peronista de 1949. Y la influencia que tuvo en esos dirigentes que respaldaban al gobierno la muerte de Evita, la gran protectora. El extraño caso de una necesaria ley olvidada.

Por Armando Vidal

Los trabajadores en los dos gobiernos peronistas ejercieron su derecho de huelga sin que éste estuviera establecido en la Constitución de 1949, que fue lo que acaba de mencionar con tono de duda en su discurso, por supuesto no leído, ante la Asamblea Legislativa la presidente Cristina Kirchner, tras asumir el 10 de diciembre último su segundo mandato, en una ceremonia sin estricta rigurosidad formal.

En su tono coloquial, intimista, con la evocación de Néstor Kirchner a quien aludió como “él” y una platea en las bancas que alternó silencios y aplausos, la Presidente gestó una habitual pieza de su estilo, bien pensada y también, incluso bien dicha en la que reservó para el final una corta referencia a las protestas sindicales que exceden su derecho a efectuarlas que, como todo derecho, también tiene sus límites.

Números y economía, mercado interno activo y necesidad de una mejor competividad comercial dan pauta de la preocupación de la Presidente por la defensa del modelo en tiempos de acechanza allende los mares.

De allí que hablara de la huelga, que es el último recurso al que deben apelar los trabajadores porque en esa decisión está implícita la pérdida de ingresos por los descuentos pertinentes.

Un recurso que los convencionales constituyentes socialistas y radicales lograron consignar en la reforma de 1957, realizada en la ciudad de Santa Fe.

La convención había convocada por la Revolución Libertadora para medir sus fuerzas con el peronismo proscripto que la derrotó sin atenuantes porque los votos en blanco fueron más.

Además de este resultado político que pondría fin al año siguiente a esa gestión golpista y que transferiría el peso del peronismo a los sindicatos por falta de partido,  el Art. 14 bis quedó registrado y avalado por la reforma de 1994. No sólo proclama ese derecho sino también la participación en las ganancias de las empresas, aunque sólo como menciones en ambos casos.

Ese artículo fue lo único incorporado, logrado a último momento y tras lo cual culminó la convención por falta permanente de quórum, obra en la que tuvo destacado papel el convencional radical Crisólogo Larralde.

El derecho de huelga también está consignado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporado por la reforma de 1994 como todos los acuerdos sobre derechos humanos que poseen fuerza mayor al de una ley convencional.

En esta materia, el gran paso normativo se consumó en 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner, al aprobarse la ley 25.877 que regula en uno de sus artículos el derecho de huelga en los servicios públicos.

Extraña situación de la que poco se habla: dos años tardó la reglamentación de esa ley, cuyo decreto pertinente creó una comisión de garantías para pronunciarse acerca de los servicios que en caso de conflicto no deberán ser afectados, conformada hace dos años a través de otro decreto y que nunca entró en pleno funcionamiento hasta hoy.

Hubiera sido fundamental, por ejemplo, para los paros salvajes de maestros y trabajadores del petróleo en Santa Cruz, a los que también aludió la Presidente.

* Estado y gremios

El pago de los días de huelga es en términos rigurosos una indignidad para el trabajador que apela a ella en defensa de sus derechos, lo cual no se condice con las prácticas habituales, en particular en las áreas del Estado, donde suelen gravitar con mayor fuerza la puja por causales políticas que en la órbita privada.

En momento de expansión económica hay mayor tendencia al conflicto porque los trabajadores están en mejores condiciones para la lucha que cuando temen perder el empleo.

A Perón, lo sacudieron con dureza varias huelgas, incluyendo aquellas emergentes de situaciones que desbordaban a los gremialistas de la época, la mayor parte alineados con una CGT obediente y disciplinada con la voluntad del jefe de Estado y creador de los sindicatos peronistas.

El sindicalismo en tiempos de Perón (1946/1955) poco tenía que ver con el actual.

Eran sindicatos pobres con dirigentes también pobres los que sostuvieron sobre sus espaldas la crisis económica de comienzos de los cincuenta, motivo por el cual las conducciones de los grandes gremios cambiaron de manos en 1952. Y así las dirigencias fundacionales que habían nacido según el diseño de Perón y que acompañaron al gobierno durante seis años pasaron a ser conducidas por peronistas surgidos de sus propias bases aunque con marcadas vocaciones para la puja política como fue el caso del textil Andrés Framini vencedor en las elecciones por la conducción de la Asociación Obrera Textil. Y quien diez años después sería también vencedor en las elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que le costaría el gobierno al radical Arturo Frondizi, víctima del golpe del tercer golpe militar en lo que iba del siglo XX.

Para que la derrota de los sindicalistas alineados con el gobierno –expresión de esa lealtad calificada de obsecuencia por el antiperonismo era José Espejo, secretario general de la CGT- tuviera ese desenlace hubo un factor clave de enorme gravitación: la muerte de Evita, ese mismo 1952.

Es decir la irreparable pérdida de la gran defensora de esas dirigencias alineadas con el gobierno.

Ello explica también la razón por la cual la CGT quería que Evita formara parte de la estructura institucional del poder al promover su candidatura a vicepresidente como compañera de fórmula de Perón en las elecciones que se realizarían en noviembre de 1951 en lo que se llamó “el cabildo abierto” realizado en la Av. 9 de Julio en agosto de ese año. Y que quien escribe estas líneas recuerda con ojos de chico por haber estado allí llevado por su padre, un dirigente sindical, junto con toda la familia.

Las tendencias de la historia indican que la conducción del peronismo desde la más alta magistratura y la conducción de la CGT funcionan en armonía sin que ninguna de las partes desatienda el clamor de sus representados.

Por eso le dolió tanto a Perón el crimen absurdo del que fue víctima José Rucci, titular de la CGT, el 25 de septiembre de 1973, dos días después de su categórico triunfo en las urnas en la que logró la tercera presidencia con el 62 por ciento de los votos. Rucci era uno de los sostenes del Pacto Social con los empresarios.

La historia no se repite pero suele transitar sobre cursos ya marcados. En los tiempos de las bienvenidas transferencias generacionales parece razonable obrar con madurez, con respeto al valor de las palabras y el cuidado de las formas, propias de una República. Y frente a la crisis que golpea a las puertas, quizás como en los cincuenta, no hay que olvidar a la hora de los reclamos a los que están afuera de todo.

Que son muchos, demasiados, todavía.