Congreso Abierto reproduce aquí lo que además ha sido consignado en GRANDES DEBATES/DERECHOS HUMANOS como marco de la situación que puso en un plano de diálogo y entendimiento a radicales y peronistas, además de otras expresiones de la oposición, durante la rebelión militar de Semana Santa de 1987, que luego no se tradujo a la hora de definir si profundizaban los acuerdos o se cedía a la presión de los cuarteles. El gobierno de Raúl Alfonsín eligió esta última opción por temor a nuevos derramamientos de sangre entre argentinos. Una decisión que, no dudó, sería sometida al juicio histórico.

Por Armando Vidal

En la Semana Santa de 1987 estalló la rebelión militar que venía en camino desde el fallo del 9 de diciembre de 1985 de la Cámara de Apelaciones que juzgó y condenó a los ex comandantes. Ese fallo había abierto los procesos contra personal subordinado, motivo por el cual se activaron las causas a lo largo de 1986, ante la resistencia militar y de las fuerzas de seguridad.

Para encontrar un dique de contención, a fines de año el gobierno logró la sanción de la ley de Punto Final que procuró restringir en un corto plazo calendario, improrrogable, el momento de hacer las denuncias. Después, no podían hacerse. No consiguió los efectos buscados.

Una señal de lo que se avecinaba la había dado el 3 de marzo el jefe del Estado Mayor de la Armada, Ramón Arosa, cuando declaró que la Marina no “está dispuesta al escarnecimiento del honor de sus hombres”.

El 15 de abril, Ernesto Barreiro, un mayor que había perdido su grado, se recluyó en un cuartel (Regimiento 14 de Infantería Aerotransportada, bajo la protección de su jefe, el teniente coronel Luis Polo. A Barreiro lo buscaba la Justicia por hechos cometidos –secuestro, tortura y muerte de María Luz Mugica de Ruarte- en “La Perla”, el centro clandestino del III Cuerpo de Ejército, a cargo de Luciano Benjamín Menéndez, durante la dictadura. Comenzaba la rebelión militar, que tendría por protagonista a un teniente coronel que abandonó un regimiento en Misiones y se atrincheró en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo: Aldo Rico, un desconocido que luego pretendería ser conductor político.

Salía a la luz una situación profundamente conflictiva que ponía en jaque a la democracia, tensaba al extremo las instituciones de la República y sacudía al pueblo, convocado a defender un sistema que amenazaba zozobrar. La respuesta de las organizaciones políticas fue inmediata en favor del gobierno y de la estabilidad del Presidente.Esa situación de fuertes tensiones se prolongó cuatro días y tuvo tres áreas físicas claramente determinadas: los cuarteles, el Congreso y Plaza de Mayo.

“Exigimos la solución política que corresponde a un hecho político como es la guerra contra la subversión” decía uno de los puntos de la proclama de esos rebeldes que tenían las armas en ristre y se habían pintado la cara en señal de combate.

El jueves 16, por la noche, respondió el Presidente con un mensaje en el Parlamento ante una virtual Asamblea Legislativa, y con miles de personas en la calle bramando de indignación contra los uniformados sediciosos. “Se pretende por esta vía imponer al poder constitucional una legislaciòn que consagre la impunidad de quienes se hallan condenados o procesados en conexión con violaciones de derechos humanos cometidos durante la pasada dictadura. No podemos, en modo alguno, aceptar un intento extorsivo de esta naturaleza”, replicó Alfonsín, en medio de las ovaciones.

El domingo 19, Día de Pascuas, se concentrarían todos los ingredientes de la crisis con la sublevación centrada en Campo de Mayo; los partidos, dirigentes y legisladores movilizados y una multitud en Plaza de Mayo, ante la cual se abrió el balcón de la Casa de Gobierno, apareció Alfonsín y dijo: - Les pido a todos que me esperen acá y si Dios quiere dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares...Luego subió a un helicóptero que lo llevó al lugar de los hechos para hablar con los militares rebeldes, ya que había fracasado un acuerdo para que depusieran su actitud en el que había participado Horacio Jaunarena, ministro de Defensa.

La reunión con Rico y los suyos, preparada con el apuro propio de las circunstancias, se realizó en otro lugar dentro del amplio predio, a donde debieron acudir los oficiales. Además de Alfonsín y Rico, participaron el teniente coronel Enrique Venturino y el coronel Luis Pedrazzini, que era el jefe leal de la dependencia sublevada.

Según el relato posterior de Alfonsín, Rico le habló de las frustraciones en la guerra de las Malvinas, dijo que la conducción del arma (Héctor Ríos Ereñú) era la “continuadora del Proceso” y que el Ejército viejo pertenecía al generalato y el nuevo a los insubordinados. Alfonsín, por su lado, habló de las medidas del gobierno relacionadas con la situación militar y anticipó que Ríos Ereñú había pedido el retiro.

Luego Rico insistió en manifestar su adhesión al orden institucional y Alfonsín llamó a su edecán para que explicase en qué figura se encuadraba la situación dentro del Código de Justicia Militar. Mencionó la de motín, que a la postre sería la carátula del proceso que en la justicia civil había iniciado como rebelión –una figura penal mucho más grave- el entonces juez federal Alberto Piotti. Motín fue, finalmente, lo determinó la Suprema Corte en votación dividida.

Según contó mucho después Alfonsin, al salir de la reunión lo esperaba un capitan (Gustavo Luis Breide Obeid), quien lo conmovió cuando le habló de los padecimientos en Malvinas, del modo en que fueron escondidos cuando volvieron y de cómo los habían llevado a la lucha contra la subversión. “El muchacho habló con voz temblorosa y tenía lágrimas en los ojos cuando se despidió de mí”, recordó Alfonsín.

Con esta impresión volvió a la Plaza, donde la muchedumbre lo esperaba. No se habían registrado incidentes pese a la impresionante movilización de gente que también se había dirigido a Campo de Mayo.

Fue entonces cuando dijo que “los amotinados” habían depuesto su actitud, que entre ellos había “héroes de Malvinas” y que tomaron una posición equivocada, por la que iban a ser detenidos y sometidos a la Justicia. “La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina”, subrayó. “Vuelvan a sus casas a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz en la Argentina”, concluyó.

Concluían un centenar de agitadas horas en el país. Pero la crisis seguiría su propia dinámica.

El sabado 16 de mayo –un mes después del estallido-, Diputados volvió a modificar los alcances de la obediencia debida (119 votos contra 59) y el 28 de mayo lo hizo el Senado, ampliando sus límites hasta transformar la ley en una amnistía encubierta, decisión aceptada por la Cámara baja el 5 de junio.

Dos datos más para completar este cuadro. Primero, el 6 de septiembre de 1987, el gobierno perdió las elecciones. Segundo, se completó la tríada iniciada en Semana Santa con otras revueltas militares: Monte Caseros (17/2/88) y Villa Martelli (14/12/88).

Faltaba lo más sangriento: el ataque de un grupo extremista al cuartel de La Tablada, con la aparente razón de querer evitar un golpe carapintada” (23/1/89) y la también sangrienta rebelión militar con el asalto al edificio Libertador, al Regimiento Patricios y la fábrica de tanques de Boulogne (3/12/90, gobierno de Carlos Menem), a la postre el último episodio militar violento del siglo pasado.

Fuente:  Clarín, Historia visual de la Argentina. CD4.