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LA LEY DE ELLAS

A veinte años de la aplicación de la ley de cupo femenino, la ex diputada peronista que firma  recuerda la dura pelea de las mujeres de distintos partidos por una causa en la que se impusieron a los hombres. Médica,  tenaz, siempre jovial, es la suegra de Sergio Massa. Texto extraído de su libro "Se dice de nosotras" con la historia de las mujeres argentinas, desde Ana Perichón y Juana Azurduy hasta Eva Perón.

Por Marcela Durrieu 

En 1989, una senadora de la UCR, Margarita Malharro de Torres, presentó un proyecto de ley de cupos. Una apuesta solitaria, sin el acompañamiento de su partido. Cuando se vencía el plazo para el tratamiento, legisladoras de todos los partidos convencieron a sus pares varones para que la votaran (*). En realidad se votó casi en silencio y con la certeza de que sería rechazada en la Cámara de Diputados o se dejaría vencer el plazo para su tratamiento.

La media sanción del Senado alentó a la dirigencia femenina de todos los partidos, especialmente del Justicialista, que encabezó un profundo proceso de movilización de todas las mujeres, trabajó con los medios de comunicación y presionó sobre los diputados para obtener el tratamiento.

Un grupo de mujeres dirigentes del partido Justicialista decidió debatir el tema con el presidente de la Nación (NdE: Carlos Menem), quien ofreció su decidido apoyo (…).

El día del tratamiento de la ley, el Congreso fue prácticamente tomado por mujeres militantes de todos los partidos políticos, que llenaron no sólo las galerías del recinto sino también las calles de alrededor con la consigna de no irse hasta conseguir la sanción.

La estrategia parlamentaria de quienes se oponían residía en prolongar indefinidamente el debate intentando que las mujeres desistieran de su propósito.

Asimismo, del contenido de los discursos surgía la escasa predisposición a votar afirmativamente. La presión de las mujeres presentes fue muy significativa y, así, diputadas que no habían tenido una participación clara ni en la movilización previa ni en la defensa de la ley en los respectivos boques, se manifestaron públicamente a favor de la norma.

Sin embargo, a la madrugada el panorama era desolador.

La mayoría de los diputados había anticipado su votación negativa.

El presidente Menem envió en ese momento a su ministro del Interior, José Luis Manzano, a hablar en su representación ante los legisladores. Manzano manifestó la opinión favorable del Poder Ejecutivo Nacional a la sanción de la ley en un inteligente discurso que apelaba, entre otros argumentos, a la historia del peronismo y los antecedentes de Eva Perón y el cupo partidario.

Esta intervención unificó la intención del voto de los legisladores oficialistas (partido Justicialista) y arrastró a gran parte de las otras bancadas, que no quisieron quedar frente a las mujeres movilizadas con una actitud contraria. Finalmente, la ley fue sancionada a la mañana del día siguiente.

Resulta curioso observar la incoherencia entre los discursos previos y el resultado de la votación.

Hubo sólo tres abstenciones y siete voto negativos contra 142 votos positivos. (…)

* Debut en 1993

En el proceso electoral de 1993, año en que se aplicaba por primera vez la ley de cupos, nuestro supuesto fue que la inexperiencia, el miedo a una política no probada y el alto costo político de una confrontación cuyos resultados se desconocían, condicionaban fuertemente a las mujeres a adoptar estrategias de supervivencia.

Aceptaban como un avance ser incluidas en las listas con un cumplimiento menos que formal de la ley, y les parecía un honor el hecho de estar, aunque fuera en lugares sin ninguna posibilidad de ser electas.

En esta etapa la dirigencia masculina se manejó con la certeza de que la sanción de la ley era sólo un planteo demagógico con las mujeres: poner algunos nombres en las listas como para “demostrar” su vocación participativa. (…)

Cuando se conformaron las listas de diputados nacionales (NdE: candidatos) para las elecciones de 1993 fueron muy pocas en las  que se respetaba el cupo femenino. Tanto en el discurso, como luego en las presentaciones ante la Justicia, la mayoría de la dirigencia masculina sostenía el 30 por ciento en las listas y no en las bancas. Criterio que subsistió aún en la elección de 1995.

A pesar de que la ley modificaba el Código Nacional Electoral, los jueces lectorales no aceptaban que ésta fuera una ley de orden público. Entonces, el único que podía impugnar legalmente las listas era el “particular damnificado”, o sea las propias candidatas.

Nos comunicamos con las mujeres candidatas de todos los partidos políticos cuyas listas no cumplían con la ley y organizamos un operativo bastante complejo con una abogada que nos patrocinaba en cada provincia. Y digo bastante complejo porque carecíamos de estructura y los plazos electorales, lógicamente, son muy cortos y estrictos, lo que nos obligaba a actuar simultáneamente en los 24 distritos electorales del país, con un total de 213 listas.

Fue necesario organizar una red de información para conocer rápidamente cómo se habían confirmado (NdE: ¿y/o conformado?) las listas de todos los partidos, y mandar a nuestros patrocinantes las impugnaciones, distintas en cada caso.

Ninguna de las abogadas cobró honorarios por esta tarea. También tuvimos que organizar una red de mujeres de los medios de comunicación que informaran y explicaran nuestra tarea. En tanto representábamos una política de gobierno, impulsamos la participación de las representantes de todos los partidos políticos, quienes nos acompañaron en la tarea.

Remitiéndose a la realidad jurídica que acabo de mencionar, todos los juristas aseguraban que no existía en nuestra legislación la posibilidad de que las listas fueran impugnadas por otra persona que no fuera la candidata y, por lo tanto, decidimos, no sin cierta audacia, inventar una figura jurídica inexistente: presentamos un “amparo preventivo”, acompañado de un gran despliegue de prensa en los medios nacionales y locales, con lo cual, pese a las presentaciones, fueron rechazadas in límine en el 100 por ciento de los casos.

Algunos jueces y sobre todo algunas juezas desestimaron la presentación pero no oficializaron las listas y las remitieron nuevamente a los partidos políticos para que las rehicieran dando cumplimento a la ley y su reglamentación.

Así obtuvimos los primeros fallos de la Cámara Nacional Electoral y el fallo de la Corte Suprema de la Nación del caso Darci Sampietro, que ocupaba el cuarto lugar de la lista de diputados nacionales por la provincia de Entre Ríos y fue reubicada en el tercer lugar por la Justicia. Estos fallos legitimaron que la ley 24.012 es una ley de orden público. (…).

A pesar de los inconvenientes logramos: 1) Que en el país hubiera 560 candidatas en las listas de diputados nacionales. 2) Que entraran 27 diputadas a la Cámara (1).

(*) Texto extraído de Se dice de Nosotras, uno de los mejores libros escritos por una mujer política, centrado precisamente en el papel de la mujer a lo largo de la historia argentina, incluyendo acabados retratos sobre Ana Perichon, Juana Azurduy Mariquita Sánchez de Thompson, Macacha Güemes, Encarnación Ezcurra, Josefa Gómez, Manuela Robustiana de Rosas y Ezcurra, Juana Manuela Gorriti, María Delfino, Aurelia Vélez Sarsfield, Felicitas Guerrero, Alicia Moreau y Eva Perón, entre otros. Catálogos Editora, 1999. Capítulo III, Pag. 143 y ss.

(1) Alude a las elecciones de 1993.