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MIRALLES, GRAIVER Y CAMPS

La obsesión de un genocida como Ramos Camps para hallar la fortuna de David Graiver la pagó en carne propia una familia y en especial el padre de ella, un ex ministro bonaerense de Economía, Ramón Miralles. Su caso serviría después en democracia para llevar a Camps a la Justicia, lo cual en pleno gobierno radical le significaron a él y  a los suyos nuevas torturas. Su abogado y amigo: Alberto González Arzac, más conocido por su denuncia contra Papel Prensa.

Por Armando Vidal

¿Cómo responder de inmediato a un requerimiento de reparación que no comprometiera la estrategia que en el campo de las normas concebía el abogado y graduado en Oxford en filosofía, Carlos Nino, asesor de Alfonsín, que en el terreno de la filigrana militar implementaba el ex diputado e inesperado ministro de Defensa, Raúl Borrás, y en el de las operaciones políticas el titular de Interior, Antonio Tróccoli?

Un ciudadano tesonero con infinidad de padecimientos a cuesta sería fundamental para posibilitar una respuesta política concreta: detener al hombre que se ufanaba de la desaparición de 5000 personas en sus provocativas declaraciones a poco del triunfo de Alfonsín.

Ese ciudadano, que a diferencia de Carlos Menem y muchos políticos, no se presentó a reclamar ante la Justicia un resarcimiento económico por las penurias sufridas, era el abogado Ramón Miralles, ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Oscar Bidegain y de Victorio Calabro, quien lo sucedió cuando presentó la renuncia tras el paso al costado de Cámpora.

Miralles, radical platense que a la hora de la división del partido se enroló en la línea de Arturo Frondizi junto con Oscar Alende, a cuyo gobierno en la provincia pertenecería, se encontraba al margen de la política cuando desde la Confederación General Económica alguien propuso su nombre para formar parte del gabinete de Bidegain.

Nunca le quedó bien en claro por qué lo habían elegido pero aceptó con el propósito de verificar la capacidad que le atribuían. Luego de tres años complejos se sintió conforme porque entendía que había permitido activar y ordenar los recursos de la provincia, lo cual oficiaba de contraste con relación al mismo cuadro a escala nacional en ese mismo período.

Sin embargo, este hombre que con el tiempo adquiriría un gran parecido físico con Juan Carlos Pugliese, nunca fue muy agudo observador, lo cual pudo verificar antes y -fundamentalmente- después de su gestión.

Cuando Bidegaín asumió y formó su gabinete -el 26 de mayo de 1973-, a la hora que tenía que jurar Miralles se produjo un revuelo en el salón protagonizado por bandas montoneras contrarios a su desginación que el propio afectado, acusado de ser un “exponente de la oligarquía”, tuvo que enfrentar conminando a un vacilante Bidegaín que le tomase el juramento igual, pese al tumulto, bombos, gritos e insultos.

Así comenzó.

Si lo recibieron mal los montoneros, tres años después los militares lo despidieron del ministerio con todos los honores, especialmente conferidos por el personal que había tenido a su cargo y por las nuevas autoridades que lo reemplazaron.

El inusual acto le permitió disfrutar generosos elogios del coronel Fernández Torres, quien siete años después sería jefe del estado mayor conjunto con Alfonsín, además de los aplausos de funcionarios y empleados que lo acompañaron hasta la salida. Fernández Torres declaró su reconocimiento a la organización del ministerio que recibía y la eficacia de los colaboradores de Miralles, motivo por los cuales quería declarar que un gran ministro debía salir por la puerta grande del ministerio.

Así pareció que terminaba el paso por el gobierno de un ciudadano. Pero no: en poco más legarían los días del infierno.

Camps venía tras el dinero que los montoneros pusieron en manos de los Graiver, esa familia de La Plata: en junio de 1977 tomaron por asalto la casa de Miralles y se llevaron a su esposa, hijos, nuera, dos hermanos y la empleada porque no pudieron encontrarlo a él.

Era una busca a ciegas que ni siquiera fue el tema de los interrogatorios cuando finalmente lo tuvieron a merced atado al eslástico de hierro y desnudo para someterlo a continuadas descargas eléctricas. Sólo buscaban denuncias contra de negociados que involucrasen a otros.

“Ustes es inteligente, pase la pelota” le dijeron a Miralles cuando lo tenían a merced, antes de someterlo a la picadora. Pasar la pelota era mencionar a cualquier otro con cualquier excusa o motivo. ¨De qué negociados, pensaba, si él no había visto ninguno? ¨Inventarlos frente al espanto? No pudo.

Días atrás, Ramón Miralles había respondido públicamente las imputaciones del general Ibérico Saint James, indignado porque pese a los reconocimientos formulados por otro exponente del poder de facto acerca de su gestión, aparecía declarando que el gobierno desalojado en la provincia era “una organización montada para delinquir”.

Miralles se defendió públicamente por esa imputación de Saint James publicada en los diarios el mismo día que aparecían los cadáveres de Michelini y Gutiérrez Ruiz (21//5/76) (*).

Con esta reacción, en tiempos que muchos políticos ejercían los hábitos del avestruz, terminó poniendo a Miralles en la mira de Camps. Bastó que dijera “traiganmeló” para que el juez procesista Rafael Sarmiento ante cuyo juzgado se presentó el ex ministro el 16 de julio, lo ofreciera en bandeja.

Terminó en manos del “capitán Trimarco” (alias del subcomisario Eros Amílcar Tarella) y de “Saracho” (alias del subcomisario bonaerense Valentín Milton Pretti) en COT I Martínez (Av. Libertador 14237), un centro clandestino dependiente de la policía bonaerense, a cargo del último de los nombrados, donde también estarían los periodistas Rafael Perrotta y Jacobo Timmerman; el representante de la CGE, Juan Ramón Nazar, a la vez dueño de un diario en Trenque Lauquén y otros ex funcionarios del gobierno de la provincia como Alberto Liberman (ministro de Obras Públicas), Juan Destéfano (secretario de la gobernación) y Héctor Ballent (ceremonial y relaciones públicas, detenido en dos ocasiones, una de ellas en el propio despacho de Saint James), el mismo que en el Senado sufiría otra clase de padecimientos, según se relató anteriormente en el capítulo respectivo (“El poder de las sombras”) (**).

Lo picanearon hasta en los ojos mientras sufría por pensar que sus hijos y nuera, que también estaban allí, estarían atravesando iguales padecimientos.

Permaneció detenido catorce meses, incluyendo sus posteriores pasos por Puesto Vasco (Pilcomayo 59, cerca de la estación Don Bosco), donde siguió recibiendo sesiones de picana, encerrado en una celda oscura y con angustia por la suerte de su hijo Julio cuyo calvario terminaría para él finalmente en ese lugar (Carlos y su esposa habían sido liberados en COT I Martínez), y por Arana (137 y 640, La Plata).

Allí siguieron las torturas del “capitán Trimarco”, vio un simulacro de ejecución con la presencia de Camps (recuerda que se trataba de una persona mayor que la obligaban a correr mientras le disparaban pero sin dar en el blanco) y, finalmente, lo llevaron al Puesto Vasco para pasarlo a la comisaría de Monte Grande para compatir el encierro y trato de preso común.

Con esta historia y una indignación tan grande como la fe en su inocencia, Miralles buscó un juez apenas llegada la democracia pero encontró los mismos de la dictadura, lo cual no le extrañó demasiado tomando en cuenta la poca celeridad que tenía el gobierno de Alfonsín para resolver un asunto primordial cuya importancia no evaluó al priorizar la ley gremial como recurrentemente se planteaba en el debate parlamentario.

* En Diputados

La misma discusión política en torno de la sanción de la ley de defensa de la democracia puso el carro delante del caballo por el mal tino de Alfonsín de atacar al peronismo en lugar de concentrar su empeño en el frente militar.

Esa madrugada de enero, un grito en su discurso del en ese momento incisivo Néstor Perl (PJ) en cuanto a que “el camino de la liberación no se hace derribando la puerta de los sindicatos sino de la oligarquía privilegiada, que aún sustenta todas y cada una de sus prebendas”, transformó al recintode la Cámara de Diputados en un gallinero alborotado, en especial cuando el soberbio Marcelo Stubrin retrucó con “aquí no habrá Triple A de atrás de algún ministerio con el protexto de defender a la democracia”, mientras un incendiario Adolfo Torresagasti (PJ) calificaba al alfonsinismo de “gatopardismo” y el radical entrerriano José Rodriguez Arturi se desmoronaba de espaldas al romperse su butaca bañando con café a su correligionario de Mataderos, Liborio Pupilo, dando lugar a las risotadas en un escenario con más extras que protagonistas sin diferencias profundas en torno de la ley que poco después votaron.

El propio ministro del área, Alconada Aramburu, no era un desconocido -ni mucho menos- para Miralles, como no lo era Tróccoli, con quien vino alimentado una amistad a lo largo de los años y al que salvaría como un tablón al náufrago cuando el gobierno no sabía que hacer para encarcelar a Camps.

* Encarcelar a Camps

De Alconada recordaba que en el ‘55 lo había invitado a tomar por la fuerza el Poder Judicial de La Plata, donde ambos ejercían la profesión, y a quien le había respondido con un tajante rechazo porque no entendía procedente obrar de tal modo con jueces con quienes había tenido una respetuosa relación y le citó el ejemplo de Raúl A. Tierno, un magistrado del crimen, conocido peronista.

En 1983, Alconada, el ex ministro de la Revolución Libertadora, no tenía el mismo apuro contra los jueces designados por los militares.

Alfonsín se justificaría después atribuyéndole al peronismo en el Senado y, especialmente, al catamarqueño Vicente L. Saadi, la responsabilidad en el armado de una Justicia que respondiera a la Constitución, lo cual era una excusa que tendía a disimular una manifiesta incapacidad operativa y política que pasaba por el subsecretario de Justicia, Odriozzola, seguía por el ministro Alconada y culminaba en él.

Un ejemplo fue la remisión del pliego del juez procesista Nicasio Dibur, el mismo que atendió en la causa de la desaparición del dirigente radical Héctor Hidalgo Sol cuando era embajador de Videla en Venezuela.

Era Alconada -y no Saadi- el que en medio de la algarada revindicativa de la Junta Coordinadora (“somos la vida, somos la paz”), declaraba que los magistrados que actuaron durante el régimen de facto podían continuar en funciones, incluyendo jueces federales y camaristas, al tiempo que comisionaba al juez platense De la Serna (ex teniente coronel retirado) para que tomase declaraciones a Camps en dependencias del regimiento 7, donde estaba detenido por disposición de Alfonsín gracias a Miralles.

* ¿Dónde está la Justicia?

Fue Miralles el que comenzó a buscar el camino de la justicia y encontró a Tróccoli interesado en dar una muestra de poder en medio de la confusión de algunos funcionarios radicales que no sabían acabadamente qué hacer una vez que vieron las primera dificultades para modificar la realidad desde un escritorio sin llave y un timbre que nadie parecía escuchar.

En su extravío mental, Camps cargaba las tintas: los desaparecidos estaban muertos. Era una provocación en medio de la algarabía radical por el triunfo del 30 de octubre (sus declaraciones a la revista española Tiempo se publicaron el 5 de noviembre de 1983) que el gobierno hubiese dejado pasar por carecer en ese momento de una denuncia testimonial que le permitiese movilizar al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

El caso del socialista y dirigente de los maestros, Alfredo Bravo, no alcanzaba a oficiar de palanca a esa intención inicial de Tróccoli de no haber aparecido Miralles en busca de una reparación que separase a los asesinos de sus víctimas.

Fue una reacción fulminante: Miralles entregó su escrito dirigido al Consejo Supremo de las Fuerzas y Jaunarena firmó la constancia que lo recibía; mientras ello se realizaba, salía el decreto de Alfonsín por el cual se disponía la detención de Camps.

En tanto, en una confitería de la Av. Santa Fe, el abogado Alberto González Arzac aguardaba el retorno de su amigo Miralles en compañía de la mujer de éste, cuando escuchó el voceo de un canallita y vio el título de La Razón anunciando lo que todavía no había pasado. “Parece que los radicales se mueven”, dijo.

No tanto, como luego podía comprobar Miralles, otra vez dolorosamente y en plena democracia.

* Otra tortura

Con la democracia, no sólo vio pasar a su lado a los torturadores, a sentir sus miradas y gestos, y a aguardar lo peor mientras otra vez los argentinos -o al menos muchos de los que estaban en el gobierno- parecían hacerse los distraídos.

En julio de 1985, María Arana de Miralles, su mujer, fue secuestrada por unas horas y torturada por un grupo que le requería las supuestas pruebas contra Camps que según ellos tenía él a quien le atribuían “haber fundido” a su jefe.

Poco antes, el estudio jurídico de César y Julio Miralles, sus hijos, fue violado por desconocidos que revolvieron todo procurando hallar esa documentación. El miércoles 10 fue baleada su casa en 1 y 55, lo que dejó como saldo un sargento herido de la policía bonaerense que se encontraba de custodia.

El ministro de la seguridad interior era Tróccoli; el gobernador provincial Alejandro Armendáriz, el secretario de gobierno, de quien depende la policía provincial, Juan A. Portesi, y Miralles era un ciudadano indefenso, no obstante haber acudido a formalizar la denuncia según el procedimiento convenido con el gobierno nacional.

No era la democracia, a al cual él acudía en su defensa, la que le devolvía su gesto con la protección requerida y que iba más allá de un policía de custodia en la puerta de su casa. No sólo no había castigo para los torturadores -a esa altura el Congreso de la Nación había hecho ley la equiparación de la tortura con el homicidio simple-, sino que, encima, se los promovía.

Al propio González Arzac le llegaban amenazas a las que estaba acostumbrado porque eran riesgos inherentes a su defensa de los derechos humanos y a su amistad con Miralles, quien en las horas inciertas de 1977, hasta que decidiera presentarse, se movilizaba con su cédula de identidad ya que, aunque con menos edad, sus cabellos canos y anteojos le conferían un parecido al ex ministro prófugo.

En 1985, el discurso radical eran palabras que resbalaban a la hora de los hechos.

- Antonio, sos mi amigo y vengo a informarte que pienso pedir asilo, el primer asilo en plena democracia, le dijo Miralles al ministro Tróccoli, cansado de tantos padecimientos y a punto de comenzar a arrepentirse por haber dado la cara contra Camps.

- No me hagas eso, Ramón, vamos a reforzar la vigilancia.

- Pero Antonio, vivo en La Plata y me cruzo con mis torturadores. ¡ ­Qué querés que haga! Tengo a mi mujer desesperada con lo que le pasó a ella y a los chicos. ¨Quéres que volvamos a pasar por lo que ya pasamos?

- Tendrías que irte de la provincia..., dijo Tróccoli con gesto de resignación.

 - ¨Irme yo? Pero Antonio, esto está patas para arriba, no somos nosotros, las víctimas, los que tenemos que irnos, no es justo...

- No puedo hacer más, imaginate, necesito tiempo...

- Y si no hay otra posibilidad, si el gobierno no me da garantías, o me voy a otro lugar del país o directamente me voy del país, puntualizó Miralles que había ido a ver a Tróccoli para informarle aquello que naturalmente el ministro sabía.

- ¿Por qué no te vas a Santiago del Estero?, propuso de golpe Tróccoli como muestra de un lugar donde nunca pasaba nada.

- No, gracias, no me inspira confianza el gobernador Carlos Juárez, respondió Miralles.

- ¨Y dónde querés ir?

 - Prefiero ir a La Rioja.

Poco después, el ex ministro alquilaba una casa al lado de la residencia de Carlos Menem.

La democracia de Alfonsín podía vivirse mejor en la provincia del pintoresco gobernador del cual González Arzac no sólo era amigo sino uno de los testigos claves en el juicio ganado por los años de Tandil y Las Lomitas.

Raro destino del hombre criado entre las diagonales de la ciudad de Dardo Rocha mientras caminaba del brazo con Coca, su mujer como dos novios enamorados frente a los ocres y verdes del cerro Velazco.

(*) El ex senador oriental del Frente Amplio Zelmar Michelini y su compatriota y amigo, el ex presidente de la Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez Ruiz, del partido Blanco, fueron secuestrados en Buenos Aires el 18 de mayo de 1976 por un comando uruguayo a cargo del mayor José Horacio Gavazzo, con la complicidad de las autoridades argentinas. Torturados en Automotores Orletti, sus cuerpos aparecieron en un auto abandonado en Av. Perito Moreno y Dellepiane, junto con una pareja de ex tupamaros (William Whitelaw Blanco y Rosario Barredo), asesinados al solo efecto de confundir. Los asesinos fueron indultados en 1989 por Carlos Menem a pedido de Julio María Sanguinetti, tal como reveló en su momento la misma fuente de la cual se extrae este material y que el entonces presidente uruguayo no pudo desmentir.

(**) Capítulo de El Congreso en la trampa sobre ilícitos realizados en el Senado de la Nación con la venta de pasajes.

Fuente: El Congreso en la trampa, de Armando Vidal (Planeta, 1995), Pag. 28/32, versión con cortes por razones de espacio.

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