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LEY DE TRASLADO DE LA CAPITAL FEDERAL

LEY DE TRASLADO DE LA CAPITAL FEDERAL

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EL TRASLADO COMO ESPECULACIÓN

Este artículo resume la historia de una frustración, como parte ahora de una promoción electoral del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez y de la que habló Cristina Kirchner.

Por Mempo Giardinelli

Desde hace algunas semanas se viene instalando un tema recurrente de la política argentina: el traslado de la Capital a una ciudad del interior.

Treinta años después del presidente Raúl Alfonsín, quien en 1984 lanzó la idea de llevar la Capital Federal a la rionegrina Viedma, ahora Cristina Kirchner, y su vocero en este asunto, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, abren el debate.

 “La capital del futuro debe ser Santiago del Estero”, dijo Domínguez, ya precandidato a la sucesión presidencial por el kirchnerismo en 2015.

Como no podía ser de otra manera, la idea generó un rechazo inmediato en la oposición. Rápida y brevemente se manifestaron en contra dirigentes como Hermes Binner, Pino Solanas y Laura Alonso.

Por supuesto, otros destacaron que “hay problemas mucho más urgentes que resolver”, declaración habitual de la izquierda argentina.

Claro que en general el rechazo fue más bien frío y poco apasionado, seguramente debido a la marcada indiferencia al respecto por parte de los medios y periodistas que les dicen a los opositores lo que deben decir.

Y se enfrió aún más cuando empezó a rodar el chisme de que era una nueva artimaña de la Presidenta para distraer al auditorio, si bien desde el kirchnerismo duro nadie se pronunció con vehemencia. Salvo la senadora del Frente para la Victoria, Silvina García Larraburu, quien sorprendió retomando la idea del presidente radical de trasladar la capital a Viedma.

Por cierto, uno de los pocos dirigentes de la oposición que se manifestó con serenidad fue Ricardo Alfonsín, actual diputado e hijo del recordado presidente, quien dijo estar “conceptualmente de acuerdo”, aunque estimó que “el momento no es oportuno”.

Como sea, el asunto quedó como en un freezer, aunque según una encuesta de la consultora Equis el 44 por ciento de los encuestados dijo estar de acuerdo con la idea, mientras un 30 se manifestó en desacuerdo.

Entre los argumentos a favor: que habría mayor oferta de trabajo en el interior. En contra: el costo del traslado, que fue determinante del fracaso en los ’80.

Así las cosas, y al menos a juicio de quien firma este artículo, es una lástima que la idea se bastardee porque sigue siendo una cuestión esencial para esta república.

Por razones geopolíticas, históricas, culturales, económicas y de ordenamiento y mejor administración futura, hay argumentos de peso para que la ciudad de Buenos Aires deje de ser capital nacional.

Ellos constan en las actas de la memorable sesión del Senado del 29 de Mayo de 1987 cuando se aprobó la propuesta de trasladar la Capital Federal a Viedma.

En un artículo días después sostuve –como ahora– que había que apoyar enfáticamente el cambio de sede de los tres poderes de la república, aunque Viedma no era la mejor elección, porque no se integraría el país si la capital sólo cambiaba de puerto y no tenía sentido repetir esa mala costumbre de imperios y colonias.

Como fuere, ese sueño de Alfonsín fue una de las mejores ideas de aquel gobierno tan zarandeado como incomprendido en sus mejores intenciones y debió tener mejor suerte.

Hubiera descentralizado a este inmenso país neurotizado por una ciudad –Buenos Aires– tan hermosa como frívola. Pero en la realidad no supieron enfrentar la incomprensión y la ignorancia: una pésima docencia al respecto permitió que el argentinísimo miedo reaccionario a los cambios frustrara la iniciativa.

Con argumentos más pasionales que objetivos, y más necios que racionales, y con una visión minúscula del futuro, se impidió aquel último intento serio de quebrar la macrocefalia porteña y de iniciar nuevas conductas políticas. Incluso la hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires se hubiera beneficiado, aliviada entre otras cosas del peso muerto que significa ser depósito del resentimiento del interior.

No es algo nuevo.

La historia argentina está atravesada por la necesidad de sacar la Capital de Buenos Aires. Por lo menos desde que Sarmiento soñó a mediados del Siglo Diecinueve con su Argirópolis, capital de los Estados Unidos de América del Sur instalada en la isla Martín García, pequeño paraíso perdido en medio del Río de la Plata.

Aquel breve libro publicado en 1850 y de marcada y fantástica intención utópica, rescataba entre otras cosas el valor de las piedras (fundamento de las civilizaciones duraderas, y material del que carecía la barrosa Buenos Aires) porque “no hay gloria sin granito que la perpetúe”.

Después hubo proyectos para llevar la Capital a Rosario, San José de la Esquina, Santa Fe, Huinca Renancó y otros pueblos y ciudades del interior.

Pero más allá del sitio, si se pensara seriamente –es un decir, si la política argentina fuera capaz de ello– no sólo habría que trasladar la Capital al interior sino, y sobre todo, separar los tres poderes republicanos. Hay quienes sostienen que Córdoba o Tucumán deberían ser sede de la Corte Suprema de Justicia, mientras que Paraná o Santa Fe –donde se reformó y juró la Constitución nacional– del Congreso y el Poder Legislativo.

De ser así, forzosamente debería instalarse el Ejecutivo en el interior, sea en Santiago del Estero (que fue la primera ciudad que se fundó en este país) o en alguna más pequeña de las muchas que también se han propuesto alguna vez como Río Cuarto, Rafaela, Santa Rosa y sigue la lista.

Pero en la Argentina, ya se sabe, los grandes temas y las mejores ideas suelen dejarse para después. Quién sabe cuándo.

Título: El sueño siempre postergado de la nueva capital

Fuente: Página /12, 7/9/14.

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SÍNTESIS

La ley del traslado de la Capital Federal a Viedma/Carmen de Patagones fue una iniciativa del presidente radical Raúl Alfonsín imprevistamente lanzada en abril de 1986 que terminaría coincidiendo con el tratamiento de las leyes de Punto Final y de una nueva modificación al principio militar de la Obediencia Debida que, en los hechos, significaba una virtual amnistía. Los juicios a los responsables de crímenes atroces y aberrantes son los que transcurren y continuarán a lo largo del Bicentenario dado que las normas que lo impedían fueron primero derogadas y luego anuladas en todos sus efectos. De aquella ley no quedó nada porque jamás se cumplió y años después sería derogada. El traslado como tal volverá por imperio de la necesidad cuando sea un asunto de fondo y no un telón como en la frustrada experiencia. Consulte además al buscador que lo llevará a una nota de Emiliano Vidal guardada en Notas de tapa.

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CAPITAL Y CUARTELES

El proyecto del PEN sobre el traslado de la Capital Federal a una región con Viedma, la capital de Río Negro, como epicentro, generó un largo debate en una serie de sesiones -es decir, una continuada otro día luego de un cuarto intermedio-  en ambas Cámaras.  Fue el modo más adecuado de mantener alerta al Congreso debido a la tensa situación militar. Pero al margen de ello, la discusión tuvo un interés específico con miras a un futuro quizás no demasiado lejano.

Por Armando Vidal

El Senado abrió la discusión en la sesión del 18 de marzo de 1987 –casi un año después de haber recibido la iniciativa- y la continuó los días 19, 20, 24 y 25, cuando lo aprobó con modificaciones.

La Cámara de Diputados lo consideró en las sesiones del 6, 7, 13, 14, 15, 16, 20, 21 y lo aprobó en la del 27 de mayo de 1987.

No fue tanto la envergadura del asunto, que de por sí la tenía, sino la necesidad aún mayor de mantener al Congreso en estado deliberativo debido a la tensa situación militar que había alcanzado su máximo extremo de tensión con el alzamiento carapintada en Semana Santa, a mediados de abril de ese año.

La ley finalmente fue aprobada pero nunca entró en vigencia. Y varios años después fue derogada por el Congreso sin ninguna clase de trascendencia.

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TEXTO DE LA LEY

Porque alguna vez volverá el Congreso a ocuparse por más necesidad que deseo de hacerlo para muchos de sus legisladores, aquí se reserva el texto de la ley que nació pero que no vivió. Su número fue la 23.512 y se llamó Ley de traslado de la Capital de la República. La sancionó el Congreso el 27 de mayo de 1987, la promulgó el PEN el 8 de junio y la publicó el Boletín Oficial cuatro días después, todo en ese año y casi paso a paso con el alzamiento de los cuarteles hasta lograr la virtual amnistia. Un año inolvidable para el gobierno y Alfonsín que, además, el 6 de septiembre siguiente perdió las elecciones a casi cuatro años de aquel 30 de octubre de 1983.

ARTÍCULO 1.-

Declárase capital de la República, una vez cumplido lo dispuesto por el art. 5º, a los núcleos urbanos erigidos y por erigirse en el área de las actuales ciudades de Carmen de Patagones (provincia de Buenos Aires) y Viedma y Guardia Mitre (provincia de Río Negro) con el territorio comprendido en las cesiones dispuestas por las leyes 10.454 de fecha 17 de octubre de 1986 de la provincia de Buenos Aires y numero 2.086 de fecha 10 de julio de 1986 de la provincia de Río Negro, que en conjunto constituyen el área de la nueva Capital Federal. El territorio cedido por la provincia de Buenos Aires es el que se delimita a continuación: Al N.E. y hacia el S.E. la línea que separa las parcelas 367aa, 367u, 367v, 367w, 367gg, 367y, y 367z, correspondientes a la circunscripción VI, de la calle que la deslinda de la circunscripción V; ambas del partido de Patagones; desde su intersección con el eje de la zona del Ferrocarril General Rocca (vértice norte) hasta su intersección con la parcela 370f de la circunscripción VI. Desde este punto y hacia el S.O., por la línea que separa esta parcela de la calle que deslinda las mencionadas circunscripciones hasta su intersección con la prolongación del deslinde entre las parcelas 226ª, de la circunscripción V y la parcela 370f de la circunscripción VI. Desde este punto y con rumbo S.E., la línea que marca el deslinde entre las parcelas 226a, 226b, 226c, 227, 228, 235c, 235d, correspondientes a la circunscripción V y las parcelas 370f, 370c, 370d, 370e, de la circunscripción VI, hasta el Océano Atlántico. Desde este punto, por el S.O., la costa marítima hasta su intersección con el limite interprovincial de Buenos Aires y Río Negro, en la desembocadura del río homónimo. Desde este punto y hacia el N.O., el limite entre las provincias de Buenos Aires y Río Negro hasta su intersección con la prolongación de la línea divisoria entre las parcelas 61b y 42 de la circunscripción II. Desde este punto y con rumbo N.E. por el deslinde de las parcelas 61b, 41b, 41a, 32a, 29a, 22a, con las parcelas 42, 32b, 24a, hasta su intersección con el paralelo terrestre 40º 35´ 3´´. Desde este punto hacia el E., el mencionado paralelo hasta su intersección con el límite N.E. El territorio cedido por la provincia de Río Negro es el que se delimita a continuación: Costado Norte: Se lo describe en tres tramos: Primer tramo a partir del centro de río Negro, en la prolongación del costado norte de la fracción E. De la sección sexta, se seguirá en dirección Este por el Norte de los lotes pastoriles números dos, tres, cuatro, y cinco, hasta interceptar la línea trazada por el ingeniero Don. Juan Pirovano en el año 1881 como límite entre la provincia de Buenos Aires y las tierras nacionales, conocida como Meridiano Quinto Oeste de Greenwich. Son sus linderos al norte, los lotes veintidós, veintitrés, veinticuatro y veinticinco de la fracción C de la misma sección. Segundo tramo: La del citado meridiano que conforma el costado Este de los lotes cinco, seis y quince de la mencionada fracción y sección, prolongándose hasta el cause del Río Negro, lindando con las tierras de la provincia de Buenos Aire. Tercer tramo: Desde el punto arriba indicado se continuara hacia el sudeste de la línea sinuosa del cause del río Negro en la parte que delimita con la provincia de Buenos Aires, hasta su desembocadura en el mar Argentino en el Océano Atlántico. Costado Sudeste y Sur: La línea marítima desde la desembocadura del río Negro hasta enfrentar la línea central divisoria del lote quince fracción F de la sección primera a uno(I a 1) lindando con el golfo San Matías en el Océano Atlántico. Costado Oeste: También de describe en tres tramos. Primer tramo: A partir del ultimo punto mencionado se seguirá por la línea divisoria de los lotes quince, seis y cinco de la fracción F de la sección I a 1, ya citadas, hasta interceptar el costado sur del lote veinticinco de la fracción E de su misma sección; donde se cuadrará hacia el Oeste para luego tomar la línea quebrada que forma el costado suroeste de las propiedades de Modesto Iturburúa y de Julia Andreu y Herrero, hasta alcanzar el costado oeste del mencionado lote pastoril veinticinco; en donde se tomará rumbo al norte hasta un punto ubicado a cien (100) metros del eje del canal principal de riego del Valle Inferior. Son sus linderos, la mitad oeste de los lotes citados, quince, seis y cinco, ángulo sudoeste del lote veinticinco, parte del veinticuatro y diecisiete de su misma fracción. Segundo tramo: A partir del punto norte de la descripción anterior se trazará una línea sinuosa paralela al eje del proyectado canal de riego, a una distancia de cien (100) metros del mismo, en la zona de secano, hasta interceptar el centro del río Negro. Son sus linderos: Parte de los lotes pastoriles veinticuatro, diecisiete de la fracción E de la sección I a 1, parte de los lotes dos y uno de la sección segunda y lo lotes diecisiete a cuatro de la sección tercera, ambas de la margen sur del río Negro. Tercer tramo: La línea que forma el centro del cause del río Negro entre el punto de intersección citado anteriormente y el punto de partida de este deslinde, limitando con el sector sur del río Negro. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para proceder de común acuerdo con los Gobiernos de las provincias de Río Negro y Buenos Aires al deslinde y demarcación del territorio que se federaliza.

ARTÍCULO 2º - 

 Habiéndose dispuesto la cesión de los territorios enunciados en el art. 1º mediante la ley 10.454 de fecha 17 de octubre de 1986 de la provincia de Buenos Aires y la ley 2.086 de fecha 10 de julio de 1986 de la provincia de Río Negro, considérese cumplido lo dispuesto en el art. 3º de la Constitución Nacional.

ARTÍCULO. 3º -

Hasta que se halla cumplido lo dispuesto en el art. 5º, coexistirán en el territorio al que se refiere el art. 1º, la jurisdicción federal para todo lo concerniente al traslado de la Capital, y las jurisdicciones locales para todo lo que no se refiera a ello. En consecuencia, con la salvedad señalada y sin perjuicio de lo dispuesto por los arts. 4º y 7º, continuaran rigiendo en dicho territorio los ordenamientos legales y administrativos locales, manteniendo ambas provincias y las municipalidades de Viedma, Guardia Mitre y Carmen de Patagones sus facultades jurisdiccionales y el dominio de sus bienes, en cuanto no se opongan a las disposiciones de la autoridad nacional concernientes al traslado e instalación de la Capital, comprendiéndose en ello la realización de obras, expropiación y afectación de tierras, formulación de planes urbanísticos y de asentamiento poblacional, y todo lo demás concerniente a cumplir los objetivos de esta ley.

ARTÍCULO 4º. -

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a convenir con los Gobiernos de las provincias de Río Negro y Buenos Aires y las municipalidades de Viedma, Guardia Mitre y Carmen de Patagones la transferencia: / a) De los bienes de dominio público; / b) De los bienes de dominio privado; / c) Del uso de los bienes de dominio público y privado de los Estados provinciales y de los municipios, para la instalación de las autoridades nacionales; / d) De los registros y demás antecedentes inmobiliarios, catastrales e impositivos, relativos a los vienes situados en el territorio; y e) De las deudas y créditos de las citadas municipalidades y de los Gobiernos provinciales concernientes al territorio que se federaliza.

ARTÍCULO 5º.-

El Poder Ejecutivo nacional, previa conformidad de ambas Cámaras del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, declarará habilitados los locales e instalaciones suficientes; aptos para el desempeño de las autoridades que en virtud de la Constitución Nacional ejercen el Gobierno Federal. A partir de ese momento, el territorio del art. 1º será la Capital de la República y las autoridades se constituirán en su nueva sede. Con aquella declaración se operará la plena federalización del área delimitada en el art. 1º a todos los efectos institucionales, legales y administrativos, cesando en consecuencia las potestades jurisdiccionales provinciales y municipales. Sin embargo, si aún no se ha organizado la nueva justicia nacional ordinaria, subsistirán hasta que ello ocurra la competencia de los tribunales provinciales existentes.

ARTÍCULO  6º. -

 La ciudad de Buenos Aires continuará siendo Capital de la República hasta cumplirse lo dispuesto en el art. 5º. A partir de ese momento la ciudad de Buenos Aires, con sus límites actuales, constituirá una nueva provincia, debiéndose convocar para su organización una Convención Constituyente. / El Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y el Gobierno Municipal, continuarán ejerciendo sus actuales poderes constitucionales y de gobierno de la ciudad de Buenos Aires hasta la instalación de las nuevas autoridades provinciales.

ARTÍCULO. 7º.-

 Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación, inmediata o diferida, u ocupación temporánea, aquellos bienes de propiedad privada situados en el territorio del art. 1º, que resulten necesarios para en establecimiento de la nueva Capital Federal como asimismo todos aquellos cuya razonable utilización sobre la base de planes, planos y proyectos específicos convenga material o financieramente al mismo efecto de modo que se justifique que las ventajas estimadas serán utilizadas concretamente en la ejecución del programa que motiva esta declaración, o que hagan al desarrollo integral o asentamiento de población en el área.

ARTÍCULO. 8º. -

Los gastos que irrogue el establecimiento de la nueva Capital Federal serán solventados con recursos provenientes de Rentas Generales en la partida correspondiente al presupuesto nacional y con recursos provenientes de la ejecución de la presente ley. En ningún caso el gasto que demande el cumplimiento de esta ley y la instalación de la nueva Capital Federal podrán afectar los fondos y recursos que corresponde percibir a las provincias por cualquier concepto, tales como los derivados de la coparticipación impositiva federal, fondos especiales determinados a programas de desarrollo provinciales, Fondo Nacional de la Vivienda u otros similares creados o a crearse con los mismos fines.

ARTÍCULO 9º. -

 Los agentes de la Administración pública nacional que revistan en organismos cuyo traslado se disponga como consecuencia de la sanción de la presente ley, no podrán ser trasladados sin su previo y expreso consentimiento, manteniendo en todo caso la garantía de estabilidad. Los agentes que no acepten el traslado serán reubicados en otros organismos en la forma y plazos que determine la reglamentación.

ARTÍCULO  10º. -

El Poder Ejecutivo nacional presentará al Congreso de la Nación para su aprobación, dentro del plazo de un año a partir de la sanción de la presente, un plan nacional, que vinculado con los fines tenidos en cuenta para el traslado de la Capital y sin perjuicio de otros objetivos, contenga obras y medidas que sirvan a la integración territorial, el equilibrio demográfico, la reforma y descentralización administrativa, así como al desarrollo patagónico y de las otra regiones del país y al aprovechamiento del litoral marítimo y la explotación de los recursos naturales. Asimismo informará anualmente al Congreso sobre el desenvolvimiento de dicho plan.

ARTÍCULO 11º. -

Dentro de los treinta (30) días de promulgada esta ley, el Poder Ejecutivo nacional, nombrará una Comisión Honoraria que deberá efectuar una amplia consulta para recibir sugerencias con el fin de adoptar un nombre para la nueva Capital de la República. El Poder Ejecutivo fijará el plazo en que deba serle elevada la propuesta a los fines indicados.

ARTÍCULO 12º. - 

Cumplidos los requisitos previstos en el art. 5º quedan derogados las leyes 1029, 1585 y 2089.

ARTÍCULO. 13º. -

Comuníquese, etc.

 Fuente: trasladodelacapital.blogspot.com/

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TRASLADO, MILITARES Y DIVORCIO

Los sueños del presidente Raúl Alfonsín por llevar la Capital Federal a la Patagonia pretendieron superar sus propias pesadillas por la combustión militar generada con la rebelión carapintada. Nada quedó de aquello salvo la necesidad de hacerlo cuando estén dadas las circinstancias. EL PEN y el Congreso no pudieron vencer la fuerza de otros hechos y ambos poderes cedieron.

Por Armando Vidal

La estrategia del gobierno radical se basó primero en el factor sorpresa porque el anuncio con un mensaje del presidente Raúl Alfonsín significó un fuerte impacto en la oposición que no esperaba una iniciativa de tal naturaleza y escasa fundamentación.

No quedaban en claro las reales intenciones de ese proyecto anunciado en abril de 1986, en momentos en que crecía la tensión en los cuarteles como consecuencia de las derivaciones de los juicios a los ex comandantes, que habían concluido con duras condenas a fin de año y extendían sus derivaciones hacia quienes habían cometido hechos atroces y aberrantes.

Ambas Cámaras, por ello, habían aprobado a las corridas la llamada ley de Punto final, que no será sería solución sino un problema mayor (ver GRANDES DEBATES/DERECHOS HUMANOS).

En consecuencia, una sorpresa se correspondió con otra: el Senado, donde el peronismo concentraba su fuerza, dilató un año el tratamiento del proyecto de traslado.

Por lo tanto, abril de 1987 no pasaría a la historia por este debate en la Cámara alta sino por el alzamiento carapintada de Semana Santa.

La Cámara de Diputados, en tanto, atravesó todo 1986 con hechos de fuerte repercusión como el debate de la ley de divorcio y las interpelaciones, entre ellas la que arrastrarían de sus cargos a los ministros del Interior Antonio Tróccoli y de Defensa Germán López.

Difíciles sueños los del presidente Alfonsín.