A+ A A-

1979, OEA, DENUNCIA DEL PJ

Este es el documento entregado por Deolindo Bittel y Herminio Iglesias, presidente y vicepresidente, respectivamente. del Partido Justicialista, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. Fue el 12 de setiembre de 1979, en la histórica visita de una comisión que estuvo varios días ante la magnitud de los hechos denunciados, que la prensa local acallaba. Plena dictadura de Jorge Rafael Videla,  en tanto que en los Estados Unidos ocupaba la presidencia el demócrata James Carter, el más digno de los mandatarios norteamericanos en la relación con las naciones latinoamericanas.

Por Partido Justicialista

El Justicialismo denuncia la violación de los Derechos Humanos.

I – El Justicialismo, desde 1946, representa a la gran mayoría del pueblo argentino, sin que nada ni nadie hasta la fecha haya desvirtuado esta aseveración tantas veces confirmada como cuantas veces nuestro pueblo logró ser protagonista de la historia de la Patria a través de la consulta
electoral.

II – Con esta representatividad incontestable el Justicialismo se dirige a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considerando que ella representa una instancia internacional creada por la Organización de Estados Americanos, de la que la República Argentina es miembro desde su fundación; que su visita tiene por objeto verificar la observancia, por parte del gobierno de facto, de los derechos humanos, y que la presencia de la Comisión responde a una generalizada inquietud de la comunidad internacional – de la que nuestro pueblo forma parte – que considera que el comportamiento de la autoridad militar que ejercita el mando en la República Argentina, es francamente violatorio de los derechos humanos.

III – No hemos de abundar en la descripción de nuestro movimiento político y de sus banderas. Pero cabe señalar que desde 1946 hasta la fecha en el
Justicialismo se traducen las legítimas aspiraciones espirituales y materiales del hombre argentino.

- Nuestro concepto de Justicia Social, la idea de una sociedad igualitaria, ha afectado y continúa afectando el privilegio.
- Nuestro concepto de la Independencia Económica, el manejo de nuestros recursos en función de los intereses nacionales, ha lesionado y lesiona el privilegio.
- Nuestro concepto de Soberanía Política, de que nadie puede subrogar al pueblo, también ha afectado y afecta al privilegio.
- Por todo esto, los beneficiarios de la actual situación, son y serán nuestros implacables adversarios. Y sostenemos que quienes se aferran al privilegio no encontrarán otra manera de mantenerlo sino solo mediante la violación sistemática de los derechos humanos.

IV – Los hombres del Justicialismo, los que ejercieron la primera magistratura de la Nación, los que integraron el Poder Legislativo, los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, los dirigentes políticos y sindicales, los docentes, las mujeres y la juventud, han sido el blanco de una indiscriminada represión. Y están los otros hacedores y fundamento de nuestro accionar y de nuestra historia: el obrero silencioso, el estudiante, el
profesional, el empresario, en fin, los que trabajan con esperanza y creyeron y creen que la Patria es un techo generoso que puede cobijar a todos. Tal vez esta creencia sea el delito que le asignan al pueblo.

V – No podemos aceptar que la lucha contra una minoría terrorista – de la que también hemos sido víctimas – se la quiera transformar en una excusa para implantar el terrorismo del Estado. “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, decía nuestro líder, el teniente general Juan Domingo Perón. Este concepto es el que ha regido nuestro gobierno y es el que exigimos se ponga en inmediata vigencia, porque no puede haber Doctrina de la Seguridad Nacional que esté por encima de la ley que debe amparar por igual a todos los ciudadanos. Aceptar cualquier otro criterio significaría transformar a la persona humana en simple objeto de los delirios represivos de las minorías.

VI – Nosotros, hombres del Justicialismo, no hemos de permanecer impasibles, no hemos de hacer de nuestro silencio una conducta. Sentimos un imperativo,producto de nuestras convicciones y de nuestra larga y dura militancia en la causa de la Patria. En consecuencia, el dolor de una madre es nuestro dolor; el dolor de un hijo es también nuestro; el obrero al que le falta el pan y no permiten decir lo que le falta, se hará voz en nuestras voces. Y esto nos compromete a asumir el dolor de aquellos que padecen la cárcel, a través de “actas”, “decretos” o “bandos” en las prisiones, embajadas, domicilios y confinamientos; y de los que padecen – y son millones – este exilio interior dela represión, el silencio y el hambre.

VII – Finalmente, hacemos nuestras las palabras de Su Santidad Juan Pablo II cuando dice: “La Iglesia (…) quiere hoy continuar su misión de fe y de defensa de los derechos humanos, invitando a los cristianos a comprometerse en la construcción de un mundo mas justo, humano y habitable, que no se cierra en sí mismo, sino que se abre a Dios”. Hacer ese mundo mas justo significa, entre otras cosas (…) que no haya injusticia y desigualdad en la impartición de la justicia; que no haya nadie sin amparo de la ley y que la ley ampare a todos por igual; que no prevalezca la fuerza sobre la verdad y el derecho, sino la verdad y el derecho sobre la fuerza; y que no prevalezca jamás lo económico ni lo político sobre lo humano.

VIII – Por ello, el Justicialismo DENUNCIA:

a) el encarcelamiento, vejación y confiscación de sus bienes de la señora presidente de la Nación Argentina, doña María Estela Martínez de Perón; de nuestro prestigioso dirigente gremial, don Lorenzo Miguel y de otros tantos que padecen las consecuencias de las llamadas “actas”;

b) la muerte y/o desaparición de miles de ciudadanos, lo que insólitamente se pretende justificar con la presunción de fallecimiento, que no significa otra cosa más que el reconocimiento de quienes se han atrevido o se atreven a levantar su voz y que han llevado o llevarán como “pena” desde un silencio impuesto, hasta la muerte.

Nota: Con la firma de las autoridades mencionadas se entregó este documento elaborado por abogados allegados del partido Justicialista y Alicia Oliveira. integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), creado y presidido por Emilio Mignone.