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LEY DE MEDIOS

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LOS MEDIOS Y YANQUIS CONTRA NUESTRO CINE

La Ley del Cine nació contra la voluntad de los grandes medios (se comprende que no los nombre el autor) y de la industria norteamericana. Uno de los enemigos, señala, era el presidente de Disney Argentina. Finalmente se aprobó y abrió paso a la ley del Teatro. Fue en 1994.

Por Pacho O’Donnell

En los días que corren hay declaraciones y movilizaciones en defensa de la Ley de Fomento Cinematográfico ante el riesgo de que pudiera ser limitada o eliminada. Será bueno entonces recordar las dificultades de su aprobación y así comprender cuáles son los factores amenazantes aún hoy.

La Ley 24.377 tuvo su aprobación final por unanimidad en el Senado el 29 de septiembre de 1994 y se publicó en el Boletín Oficial el 19 de octubre de ese año. Fue consecuencia de una larga tramitación llevada adelante a pesar de muchos obstáculos.

Asumí como Secretario de Cultura de la Nación (hoy Ministerio) (NdE: También entre paréntesis decía: Ministro en lugar de Ministerio) en 1993 y entre los objetivos que me propuse fue lograr la aprobación de la Ley del Cine. Hacía tiempo que daba vueltas por el Legislativo un proyecto impulsado por el entonces director del INCA (entonces sin la A de audiovisuales) Guido Parisier, pero luego de una dificultosa aprobación en Diputados se había estancado en el Senado.

Las razones me fueron claras: había un fuerte lobby en contra por parte de dos sectores de poder. Por un lado los medios nacionales que aportaban impuestos al Comfer, institución cuya eliminación buscaban pero que les iba a resultar difícil lograrlo porque de aprobarse la ley reaccionaría el gravitante y mediático mundo de la cultura, no sólo cinematográfica, ya que perdería una importante fuente de financiación.

Ya conocemos cuál fue el destino del Comfer.

El otro factor de presión fue la industria cinematográfica norteamericana.

Fue entonces cuando comprendí una de las razones del poderío económico y financiero del país del norte. ¡Los alarmaba el posible desarrollo de la cinematografía de un país periférico como el nuestro!

Uno de los más activos opositores fue el presidente de Disney Argentina, Diego Lerner, quien recorrió programas de televisión protestando por el gasto de apoyar una industria según él inexistente a costa de los impuestos de los ciudadanos. Recuerdo un áspero debate que sostuvo con un inspirado Javier Torre, creo que en el programa de Bernardo Neustadt. No fue de extrañar que periodistas de nota se alinearan con el boicot a la Ley y sostuvieran el argumento de lo absurdo de que el Estado subsidiara una industria sin futuro.

Afortunadamente hubo otros que la defendieron.

Algo relevante fue la ejemplar movilización de la gente del cine en apoyo de la Ley, rompiendo una tradición de cierta prejuiciosa pereza de la gente del arte y la cultura a manifestarse activamente a favor de sus intereses.

Me emociono al recordar la sala del Senado repleta de fervorosos técnicos, directores, productores, actores, actrices, celebrando la aprobación por unanimidad.

Para ello fueron necesarias algunas reuniones con el bloque de senadores peronistas, entonces mayoría numérica, en las que puse en claro los beneficios no sólo culturales sino también políticos de la probación.

Esa actitud proactiva de los cinematografistas favoreció más tarde la aprobación de la Ley del Teatro, pues los teatristas adoptaron la evidencia de que las cosas se consiguen con movilización y formaron el recordado MATE (Movimiento de Apoyo al Teatro) cuya memoria evoca a la gran Alejandra Boero.

La presión de la industria norteamericana hizo que viajara a Buenos Aires el presidente de la Motion Pictures –no creo que ése sea el nombre correcto– la asociación que agrupa a los integrantes de la industria cinematográfica de USA, y que forzó varias reuniones conmigo en las que me amenazó amablemente con los inconvenientes que me acarrearía si no retiraba el proyecto de Ley. Valga esta evocación histórica para comprender que una institución cuya existencia estuvo amenazada desde su principio merece ser defendi

da con uñas y dientes. Es decir con movilización y más movilización.

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TODO AL SERVICIO DE LOS QUE PUEDEN TODO

Prestigioso juez federal que renunció cuando Menem indultó al genocida Benjamín Menéndez, advierte en este reportaje todo lo que encierra el DNU que puso fin a la ley de medios audiovisuales, calcula en 40 mil millones de dólares la pérdida del interior con la concentración porteña de los cables y anticipa que periodismo y periodistas serán las víctimas con la obra de este gobierno.  Relato sobre poderosos que aplastan y cuando pierden acuden al Estado, como en 2001.

Por Martín Granovsky

A los 32 años, Miguel Julio Rodríguez Villafañe fue juez de la democracia nombrado por Raúl Alfonsín. Detuvo al criminal nazi Joseph Schwamberger y le concedió la extradición a Alemania para que fuera juzgado. En 1989, integró la cámara que juzgaba al terrorista de Estado Luciano Benjamín Menéndez. Cuando en 1990 Carlos Menem dictó el indulto y entre otros benefició a Menéndez, Rodríguez Villafañe abandonó la Justicia.

"Si la ley establece un mínimo y un máximo de pena para un delito, quiere decir que le deja al juez que opina qué castigo exacto corresponde - explicó Villafañe ayer en diálogo con Página/12-.  ¿Con qué criterio le iba a dar un día de cárcel a un ladrón de gallinas si genocidas como Menéndez quedaban libres e impunes? La justicia es impiadosa con los débiles y genuflexa con los poderosos. Por eso después de ser juez como abogado patrociné a Radio La Ranchada de la mutual Carlos Mujica y combatí contra el artículo 45 de la ley de radiodifusión de la dictadura. El artículo 45 era el más cruel porque impedía tener licencias a asociaciones sin fines de lucro".

Con su experiencia en el tema y en derechos humanos en general, ¿está de acuerdo con el cambio de régimen para medios audiovisuales y telecomunicaciones?

– No. El artículo 4 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) definía tipos de servicios de radiodifusión. Estaba el cable. Con el DNU la regulación sobre el cable desaparece porque desaparece la tipificación del servicio de cables. Es gravísimo para el federalismo. El artículo 22 del DNU deroga justo estas definiciones: “Radiodifusión por suscripción”, “Radiodifusión por suscripción con uso de espectro radioeléctrico”, “Radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico” y “Radiodifusión televisiva a pedido o a distancia”. Chau cable.

Y además hay un error: la LSCA hablaba de “Radiodifusión televisiva a pedido o a demanda”, no “a distancia”.

– Sí, efectivamente hay error en el decreto. O sea, adiós a la regulación sobre el cable y, en consecuencia, a la cantidad de licencias que un prestador puede tener. Cuando la LSCA dio tanta importante a un máximo de licencias de cable también aportó un elemento enorme al federalismo. Los cables fueron la primera revolución comunicacional de la Argentina que surgió del interior. El fenómeno no comenzó en Buenos Aires. La lógica fue diferente y la expansión siguió otro camino. En el interior eran peligrosas las parrillas tradicionales para televisión por los vientos y los rayos. Los movimientos cooperativos del interior del interior, que ya garantizaban luz, agua y teléfonos, llegaron a preguntarse por qué no hacer una antena bien sólida para llevar cable a todos. Por eso en el interior hubo tantos cables. En el Totoral, en Córdoba, hasta podían verse 11 ó 12 canales cuando en Córdoba capital era imposible ver más de tres. El problema es que el ánimo de lucro neoliberal y el autoritarismo militar fueron una combinación perversa. Por eso quisieron siempre ahogar las cooperativas y las mutuales donde la gente se reunía para discutir cuestiones sociales. Por eso estaba claro para qué querían el artículo 45 de la vieja Ley de Radiodifusión. Por ese artículo la dictadura impedía a las asociaciones civiles sin fines de lucro acceder a licencias de radio, televisión y servicios complementarios.

 – ¿Y en democracia?

– Seguía vigente el otro aspecto, el de la búsqueda del lucro sin límites. Tampoco en democracia los grupos hegemónicos querían las cooperativas. ¿Quién le paga al interior lo que perdió entre 1980 y 2009?

¿Está hablando de una cifra?

 – Tengo un cálculo, sí: es una pérdida de unos 40 mil millones de dólares. Con la concentración de los cables y sin cooperativas se terminó la ganancia local y la generación de trabajo. Cuando los grandes operadores se hicieron dueños de todo consiguieron que a la casa le entrase un caño. Por ese caño cada uno pagaba. El dinero ya no quedó en el pueblo, como antes, sino que fue por otros caños a grandes empresas o a monopolios y en parte al exterior, cosa que no es difícil de imaginar si uno piensa en el 18 por ciento de Clarín en manos de Goldman Sachs. Cablevisión empezó a subirse a los postes sin pedirnos permiso en muchos lugares. Aprovechó la infraestructura. En los últimos años, en Córdoba, quedaron obligados por ley a subir las noticias de CBA 24N, el canal de la Universidad Nacional de Córdoba. Ya logramos nueve fallos y aun no subieron integralmente las señales a la grilla. El sistema siempre fue desparejo. Una vez que pudieron intervenir en la comunicación audiovisual, las cooperativas siempre tuvieron que demostrar que no gozaban de subsidios cruzados. Cuando se trata de grupos hegemónicos todos los lujos están permitidos. Incluso el dumping.

 – ¿Dónde hubo un juego con precios bajos para tumbar a la competencia?

– El caso notorio es el de Bahía Blanca y Punta Alta, donde la misma empresa cobraba una tarifa distinta aunque una está al lado de la otra. Cuando la empresa lograba derrumbar al cable local la tarifa más baja volvía a subir y se equiparaba a la otra. Pero la competencia ya no existía. Una vez controlado el mercado se podía avanzar con nuevos precios. El hombre y la mujer común a veces están colonizados semánticamente y no ven estos detalles. Dicen: “Se acabó el cepo para la radio”. Ponen una equivalencia entre cepo y normas antimonopólicas. Pero esas normas son el reaseguro de la sociedad para preservar libertades esenciales como la libertad de expresión. Si no, no habrá posibilidad de generar un juicio crítico ante la realidad de que en las sociedades las cosas son como los grandes medios dicen que son. El pluralismo mediático es una necesidad de la democracia y no del mercado. El mercado no busca la justicia ni la igualdad. En la democracia todos pueden ser incluidos. El Gobierno parece estar cambiando el eje de las garantías constitucionales. Pasa del eje persona y ciudadano al de cliente, usuario o consumidor. Y además desproteger a los usuarios y consumidores. Solo juegan los que tienen plata. El desfasaje del eje es de gran gravedad institucional. Librar al mercado es soltar los pollitos a manos del zorro.

 – ¿Por qué dijo al principio de este diálogo que eliminar la regulación del cable ponía en juego el federalismo?

 – Porque el cable, como lo describí, es un fenómeno que comienza en el interior del país y porque la concentración atacó los cables del interior y de las localidades más pequeñas. Eso viola el federalismo, lo cual no es un tema menor. El federalismo es bastante más que la preservación de los festivales de Cosquín o de Jesús María. Disculpe que le haga un poco de historia, pero no viene mal. Cuando la Constitución se plasmó entre 1852 y 1860 el pacto tenía varios pivotes para funcionar bien. Por un lado las provincias cedían a la Nación facultades como la política exterior, por nombrarle una sola. Y por otro lado se le daba relevancia al Senado como sitio específico de consulta. En algunas ocasiones al Senado el Ejecutivo lo consulta en términos generales o para legislar. En algunos casos la consulta es específica. Por ejemplo para la aprobación de los ascensos, aunque después los oficiales dependan del Presidente. Y para ser ministro de la Corte no por casualidad hace falta una sesión especial con mayoría especial.

¿Cuál era el papel pensado entonces para la Corte Suprema?

 –Sería el ente articulador. El tribunal para resolver cualquier problema entre las provincias o entre alguna provincia y la Nación. Si las provincias tuvieran algún reclamo económico deberían ir a la Corte Suprema. Y aun hoy es así. Es más rápido.

¿Más rápido que cuál otra cosa?

– Que cualquier otro trámite judicial. La LSCA fue promulgada en 2009 y la Corte fallo sobre su constitucionalidad en 2013. Cuatro años después. Y no es el lapso mayor que uno puede imaginar observando lo que pasa en la práctica. A veces no se tienen en cuenta los alcances de la violación del federalismo y el nivel de problemas que podrían presentarse. Mire: Córdoba, como cualquier otra provincia, diseñó y aprobó un presupuesto con los parámetros existentes en su momento a nivel nacional. Con una determinada paridad entre el dólar y el peso. ¿Qué ocurre cuando el gobierno nacional cambia la paridad? ¿Qué sucedería si los cordobeses pidieran compensación por la deuda que contrajeron a determinado valor del dólar? No importa ahora la respuesta. Importa el mecanismo. ¿Quién debería resolver un problema tan complejo? La Corte Suprema. Es el único tribunal que podría afectar el manejo económico de ciertas variables en lo inmediato. Eso nos lleva otra vez a subrayar el valor original del federalismo y al mismo tiempo a constatar que las medidas del nuevo gobierno están tratando de neutralizar organismos e instancias desde donde se pudieran hacer reclamos a la Nación. Es un tema no menor, relacionado con la lógica de lo que han tocado en la LSCA. Al haber eliminado el Afsca quedan prácticamente eliminados varios de sus órganos. ¿Qué pasará con el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, integrado no solo por universidades nacionales, medios públicos, sindicatos o representantes de pueblos originarios sino también por delegados de las provincias? Lo peor con estos cambios es que se produjeron mediante un accionar tramposo.

¿Dónde estaría la trampa?

–Anuncian medidas pero no las publican en el Boletín Oficial hasta varios días después. El jefe de Gabinete y el ministro de Comunicación anunciaron el miércoles 30 de diciembre que habría un DNU especial sobre el régimen de medios y telecomunicaciones. El anuncio fue a la mañana. ¿Por qué ese mismo día no publicaron el DNU en el Boletín Oficial?

¿Cuál es su interpretación?

– Que así neutralizan el accionar de la Justicia o de particulares ante la Justicia. Si usted no sabe cómo es la norma, ¿qué puede hacer? Nada. Van de decreto en decreto. Los escalonan. Fíjese que por un DNU reformaron la Ley de Ministerios. Ese DNU, el número 13, ya de por sí se metía con la LSCA porque cambiaba la ubicación del Afsca. Luego se crea un organismo no previsto por la LSCA, que dependerá directamente del ministro de Comunicaciones. El ministro queda con las mismas facultades que antes eran del Afsca y de la Aftic. El Afsca, aunque con lugar cambiado, seguía existiendo, aunque con un aumento de la autoridad del ministro. Más adelante vino otro decreto, el 136, que intervenía el Afsca. Si la intervenía, de hecho la estaba reconociendo, ¿no? En el medio de ese proceso, cuando el tema estaba bajo análisis de jueces, fiscales y actores de la comunicación, se produjo el llamado a conferencia de prensa del miércoles 30. Un día hábil. Después vinieron el jueves 31, el viernes 1, el sábado 2 y el domingo 3. En el medio el ministro Aguad se dio el lujo de decir que la decisión del juez de La Plata Luis Arias, que el mismo 30 dijo que estaba prohibido alterar o cambiar las funciones o la existencia del Afsca, no debía cumplirse porque alteraba el nuevo decreto. Pero nadie conocía ese nuevo decreto. ¿Qué clase de juego sin reglas es ése? Es como si el Gobierno dijera que un tiro de ellos es gol aunque sea con la mano y desde fuera de la cancha, y encima vale tres. En el caso de los otros el gol sigue valiendo uno, sin la mano y desde dentro de la cancha. Así no se puede jugar en serio. Cambian las reglas a cada rato. Un primer decreto (malo y todo) presupone la existencia del Afsca. Cuando uno cuestiona ese decreto la respuesta es: “No importa, el Afsca ya desapareció y ahora está el Ente Nacional de Comunicaciones”. Para colmo ni publican a tiempo el nuevo régimen legal. Y atentan contra el federalismo también en la posibilidad de ampliar las redes. Lo hacen al cambiar el artículo 63. El texto de la LSCA establecía que “la emisora adherida a una o más redes no podrá cubrir con esas programaciones más del 30 por ciento de sus emisiones diarias”. En la formulación nueva aparece relacionado ese concepto con los habitantes de una ciudad. Por ejemplo, permite que puedan trabajar en red y emitan de ese modo la mitad de su programación emisoras ubicadas en ciudades de menos de 600 mil habitantes, o sea la mayoría. El 30 por ciento de tope rige solo para una ciudad de más de 1.500.000 habitantes, como la Capital Federal, y el 40 por ciento para poblaciones de más de 600 mil habitantes. También liquidaron el abono social, que compensaba los casos en que en ciertos sitios el “prestador de servicio de radiodifusión por suscripción a título oneroso” (así decía la nota de la ley) era el único servicio existente para mirar televisión.

 – El DNU insiste en la convergencia digital entre comunicación audiovisual y telecomunicaciones.

 – Mezclan las cosas. Claro que hay que prestar atención a las cuestiones tecnológicas. En su momento las cooperativas eléctricas o telefónicas teníamos ventaja para dar Internet porque los postes eran nuestros. Ahora con wi-fi ya eso no importa tanto. Pero eso no justifica pasar por encima de una ley vigente y anularla. Dicen que recién en marzo comenzará a estudiarse la reforma de las leyes para terminar en un nuevo régimen. Invirtieron la regla legal. Ante el hecho de que la tecnología avanza (y recordemos que las AM no tienen la fuerza de antes porque las FM están en los Ipod y los autos) no se puede invalidar una ley y crear una comisión para proponer. Más allá de los cambios tecnológicos, lo fundamental es entender una lógica de mercado que tiene otras implicancias. En los años ‘90 estos mismos grandes medios que ahora volverán a beneficiarse no dijeron nada del megacanje ni de la deuda ilegítima de la Argentina. Analizar el origen de los fondos buitre depende de una prensa libre y del empoderamiento democrático de la sociedad. Cuando dicen que al cambiar o vaciar la LSCA se terminó la guerra contra el periodismo falsean la verdad: quieren terminar la guerra contra los monopolios. El periodismo y los periodistas serán las víctimas de este proceso. La reaparición de cadenas y redes y la desaparición de cables hará peligrar los empleos y el periodismo del interior, que va a quedar solo para que diga la temperatura o comente algún choque en la provincia de Córdoba. En el mercado neoliberal el periodista es una mercancía más. El día que no sirva se tira. Cablevisión prefería dar dos veces  CNN en español a subir el canal de la Universidad de Córdoba. La ciudad de Atlanta para ellos era más importante. Con la penetración social de los grandes medios que estimulará el DNU aumentarán los condicionamientos políticos y sociales. El político que no se adapte desaparecerá del país. Desde Buenos Aires volverán a construirse diputados, senadores y gobernadores. Se potenciarán negativamente las identidades culturales si no hay límite a las licencias. Si Clarín se queda sin el techo del 35 por ciento no habrá diversidad en lo que hay que pensar, sentir y creer. Porque cuando estos grupos operan en el mercado no quieren la libertad de los más chicos, aunque cuando les va mal piden al Estado que los defienda como en el 2001 con la ley de industrias culturales para salvarse. Espero que los diputados y los senadores lo piensen más de una vez antes de integrar la comisión bicameral que dispone el artículo 31 del DNU.

La de Promoción y seguimiento de la comunicación audiovisual, las tecnologías de las telecomunicaciones y la digitalización. ¿Por qué deberían pensarlo?

– Sería grave que diputados o senadores integraran una comisión si no dejaran en claro que parten del presupuesto de que la ley anterior para ellos todavía rige. Podría ser una violación de los deberes de funcionario público porque la ley no fue derogada. No tengo ninguna necedad. El Congreso puede sancionar nuevas leyes. Pero si un diputado o un senador valida la suma del poder público ayuda a una ruptura institucional y negará su propia razón de ser. El Ejecutivo podría hacer lo mismo con una eventual nueva ley. El Gobierno pregona la legalidad democrática pero no deja de violar artículos de la Constitución. La urgencia es la inundación de la Mesopotamia. Los otros son temas que corresponde abordar pero respetando las leyes, la diversidad y el federalismo. En fin, habrá que seguir defendiendo a los más débiles.

Volanta, título y bajada: Entrevista al ex juez Rodriguez Villafañe sobre el nuevo régimen legal/ “Los periodistas serán víctimas del DNU”/ Dejó la Justicia por el indulto a Menéndez y desde entonces se dedicó a defender a cooperativas y mutuales. El cordobés Rodríguez Villafañe opina que la desregulación del cable castigará al federalismo, critica la transmisión en red y alerta contra la eliminación de empleos.

Correo del autor: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Fuente: Página /12, 5/1/16.

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LA SITUACIÓN ANTES DEL HACHAZO DE MACRI

El cuadro previo a la decisión del presidente Mauricio Macri de liquidar apenas asumió sus funciones, con un DNU groseramente inconstitucional, la más que debatida ley de medios audiovisuales sancionada en 2009, fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia (12(11/15) contra la adecuación de oficio del multimedios del Grupo Clarín dispuesta por la Afsca el 8 de octubre de 2014. Se publica aquí este artículo del reconocido especialista tomado del servicio de Diario sobre Diarios (DsD) que a sus vez lo hizo del propio blog del autor.

Por Martín Becerra

Con la ratificación de la cautelar (por denegación del recurso extraordinario del Estado), entonces, será durante el mandato del próximo presidente (que asumirá el 10/12/2015) que se resolverá cómo y cuándo se adecua el grupo Clarín a la ley audiovisual, o incluso –versión más fatalista- si es que se adecua a la normativa.

Sin embargo, hay motivos para pensar que esta cautelar, previsible, en el fondo no incomoda a ninguno de los actores que protagonizan la controvertida aplicación (o no aplicación) de la ley audiovisual al grupo Clarín.

Datos importantes a tener en cuenta:

1. La causa en trámite no juzga la vigencia o no de la ley audiovisual. Esta materia fue saldada en octubre de 2013 por la Corte Suprema de Justicia en un contundente fallo contra el grupo Clarín. Lo que está en discusión es la adecuación del grupo de medios más grande en cantidad de licencias de tv cable y las cosas no son tan simples como parecen.

2. H. Alfonso, titular del Juzgado Civil y Comercial Federal nº1, es quien en diciembre de 2012 había fallado a favor de la plena constitucionalidad de la ley audiovisual, que luego refrendaría también la Corte (ver punto anterior). Es quien firmó la cautelar suspendiendo la 'transferencia de oficio'.

3. La medida cautelar, ratificada en febrero por la Cámara Civil y Comercial y renovada en julio por seis meses, vence en febrero de 2016. Ahora bien, es preciso hacer precisiones sobre la cuestión de fondo.

La ley audiovisual fijó límites a la concentración del mercado y topes a la cantidad de licencias. Los principales grupos como Clarín, Telefónica (Telefé) y Vila-Manzano, entre otros, debieron presentar planes de adecuación a la norma.

Una vez que la Corte Suprema en 2013 avaló la constitucionalidad plena de la ley, todos los grupos presentaron sus planes y el oficialismo, que conduce y tiene mayoría en la autoridad de aplicación (AFSCA), admitió a todos ellos.

Declarar admisibles los planes implica que los grupos tienen un plazo de aproximadamente un año para concretarlos.

Al finalizar este proceso (que en los casos más importantes todavía no ocurrió) es que los grupos están “adecuados a la ley”.

En otro texto hemos evaluado de qué modo el gobierno tuvo criterios dispares en la consideración de esos planes, lo que –esto no lo ignora ninguno de los actores de peso- tendrá consecuencias judiciales y políticas.

El Grupo Clarín presentó su plan de adecuación, pues, a fines de 2013.

El plan de Clarín buscaba sacar provecho del principio de que los multimedios pueden desafectar unidades de negocios siempre que éstas no crucen accionistas y que operen de modo separado.

Este aprovechamiento está presente en las propuestas de otros grupos de medios, algunas ya aprobadas y en curso de adecuación.

Si se concretaba ese plan, el grupo Clarín hubiese cambiado radicalmente su composición y su fisonomía, pues debía separar al menos su actividad periodística y de contenidos (Canal 13, radios Mitre, FM100, señal TN) de su actividad como cableoperador y proveedor de acceso a Internet (Cablevisión y Fibertel) donde está asociado a David Martínez (Fintech, que tiene el 40% de esta unidad de negocios), además de vender señales (Metro, Volver) y licencias de tv cable.

Sin ser un giro copernicano en la materia, hubiera sido la primera vez en la historia latinoamericana que un gran multimedios se adecuara “voluntariamente” a una ley ratificada por los tres poderes del Estado y redujera su tamaño.

Sin embargo, en un trámite exprés en el que privó de conocimiento del expediente a algunos directores de la autoridad regulatoria, diez meses después de declarar admisible el plan de Clarín, el gobierno dijo haber descubierto súbitamente que el mismo no se encuadraba en la reglamentación de la ley.

Esto, que parece un detalle, es importante: la metodología para que los grandes conglomerados mediáticos se adecuen a la norma legal no está prevista en la ley sino en su reglamentación posterior.

El método consiste en que los grupos pueden adecuarse 'voluntariamente' o, en su defecto, el Estado los adecuará 'de oficio'.

En este caso, no es el propio grupo el que propone qué licencias transferir y a quién se las vende, sino que es el propio Estado el que tasa el conjunto de activos del multimedios, les pone precio y ejecuta la venta, eligiendo además a quién y en qué condiciones realiza esa operación.

Desde el cuartel general de Constitución, la conducción del grupo Clarín interpretó la “transferencia de oficio” como un intento manifiesto de desguace.

Ahora bien: al declarar la 'transferencia de oficio' del grupo Clarín, el gobierno tomó una decisión que sabía que se judicializaría, es decir, que iniciaba una nueva etapa de la batalla judicial que entretuvo al gobierno y al conglomerado conducido por Héctor Magnetto durante años, y que en los hechos colocaba el desenlace de la controversia en el siguiente mandato presidencial (sin tener entonces claro quiénes iban a disputar la elección que los argentinos definirán en ballotage entre Daniel Scioli y Mauricio Macri el próximo 22/11).

Además, el procedimiento de 'transferir de oficio' al grupo Clarín contrasta con la tramitación de los expedientes de otros conglomerados, a los cuales se les pidió enmiendas y aclaraciones como condición necesaria para continuar el proceso de 'adecuación voluntaria'.

Este 'derecho' fue, pues, gestionado en forma discrecional ya que el gobierno, una vez más, dispensó un trato desigual a grupos que, según la ley, deberían recibir igual consideración, todo lo cual es aprovechado por el multimedios para victimizarse y sobreactuar su previa decisión de desatender el respeto por la ley audiovisual.

De manera que la 'transferencia de oficio' reactivaba la escalada del conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el grupo Clarín iniciado tras la ruptura de las excelentes relaciones cultivadas durante la gestión presidencial de Néstor Kirchner (que culminó en su último día de mandato el 7 de diciembre de 2007 avalando la fusión de Cablevisión y Multicanal).

La “transferencia de oficio” fue una fuga hacia adelante a la que son tan afectos los principales actores políticos y económicos argentinos.

La judicialización posterior estaba, pues, escrita y la ratificación de la cautelar por la Corte Suprema se inscribe en esa historia.

Por supuesto, el Poder Judicial, lejos de ser prístino, también juega políticamente administrando sus tiempos vaticanos y dosificando fallos y recursos.

No es cierto es que haya beneficiado sólo a uno de los dos contendientes en la causa Clarín aunque es verdad que permite al grupo arribar al escenario de fin de mandatos kirchneristas sin alterar su estructura de propiedad.

¿Por qué las conducciones del Poder Ejecutivo y la cúpula del Poder Judicial, teniendo intereses y posicionamientos supuestamente contrarios –anche antagónicos-, sirven en bandeja al futuro presidente la resolución de un entuerto que protagonizó parte de la agenda política reciente? Quizá porque el primero elige capitalizar en lo inmediato la más redituable resistencia del holding y su narración de haber combatido al 'monopolio', mientras que el segundo mantiene –con la cautelar vigente- una (entre varias) prenda valiosa de negociación con poderes formales (PEN) y fácticos (Clarín) en la Argentina poskirchnerista.

Con la judicialización el gobierno y el grupo Clarín de modo directo, y otros conglomerados mediáticos de modo indirecto, tienen una coartada funcional a la falta de aplicación de la ley audiovisual y a la decisión de no respetarla, de eludir la contradicción entre representar el interés de 'la gente' y ejercer prácticas oligopólicas que terminan subordinando el ejercicio periodístico a la lógica de trinchera (en el caso de Clarín).

Fuente: Diariosobrediarios, 13/11/15.

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MARTÍN BECERRA DICE QUE MACRI RETRASA

Reconocido especialista,  Martín Becerra no deja duda alguna acerca de la dimensión del estropicio que hizo Mauricio Macri con la ley de medios audiovisuales. Dice que se avecina una guerra de la que será responsable un Presidente que obra como en tiempos de Julio A. Roca

Por Diego Genoud

(Lapoliticaonline)

“Clarín va a ir por Telecom y si lo logra, va a ser el dueño del circo”, advierte el especialista Martín Becerra. Crítico riguroso de la aplicación discrecional de la ley de medios que ejecutó el kirchnerismo, Becerra logró sobrevivir al debate de los últimos años con el mérito de que las partes en conflicto lo reconocieran como interlocutor válido.

Investigador del Conicet, profesor de la UBA y de la Universidad Nacional de Quilmes y autor de varios libros sobre el tema, Becerra dice que los decretos de Mauricio Macri en la materia sugieren que el gobierno tiene una idea del sistema de medios que es del siglo XIX.

“Macri ni siquiera tiene una política pro-mercado. Es una política anti-concurrencial, que no estimula la competencia sino que la obtura”, afirma.

El especialista habla del despido de Víctor Hugo Morales y sostiene que el nuevo marco regulatorio que ordenó el gobierno beneficia a los gigantes de la comunicación pero no evita que las disputas entre ellos se profundicen.

Además, advierte que el Grupo Clarín va a intentar nuevamente hacer su ingreso a Telecom, el detonante que desató la guerra con el kirchnerismo.

- Mencionó a la Corte. ¿Con que preceptos básicos del fallo de 2013 no está cumpliendo Macri?

Todo el fallo de La Corte Suprema está siendo desautorizado por Macri en este mes de gobierno.

Primero porque enfatiza la importancia de que existan distintos actores para garantizar la pluralidad: no es condición suficiente pero es condición necesaria.

Por eso a mí me preocupa lo de Víctor Hugo Morales, más allá de que me guste o no me guste: se reduce la cantidad de perspectivas.

El fallo de la Corte se dedica largamente a explicar que el Estado está obligado a emitir regulación y producir políticas para estimular el pluralismo. Además, critica al kirchnerismo y dice que la autoridad de aplicación no puede estar subordinada al Poder Ejecutivo.

Con todo eso, no cumple Macri.

Título: “La restauración de Macri a los grandes medios es peligrosa para sus propios intereses".

Fuente secundaria: ARBIA, Informativo Federal para más de 1500 radios en el Territorio Nacional.

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DECRETO MATA LEY EN EL RÉGIMEN DE MAURICIO

Un decreto del PEN, que es una voluntad unipersonal, modificó sin otra razón que su incapacidad palpable para hacerlo  como constitucionalmente correspondía por el Congreso de la Nación,  que en 2009, luego de varios meses de debates afuera y adentro del Palacio Legislativo, aprobó la norma. Como en dictadura, decreto mata ley.
 
Por Werner Pertot
 
El Gobierno nacional publicó el DNU firmado por Mauricio Macri que modifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, disuelve el Afsca, la Aftic y crea el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que presidirá Miguel de Godoy. En líneas generales, prorroga las licencias actuales por diez años, amplía la cantidad de licencias que podrá tener un sólo medio y permite su transferencia.
 
El kirchnerismo cuestionó el uso del DNU y sostuvo que se trata de una medida anticonstitucional y a la medida del Grupo Clarín.
 
La Defensora del Público, Cinthia Ottaviano, reclamó una reunión urgente de la OEA y la intervención de la CIDH dado que se “vulneran los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad”.
 
La decisión se dio tras la intervención de la Afsca y la Aftic y de la clausura de sus oficinas con la policía, que luego fue suspendida por una medida precautelar firmada por el juez de La Plata Luis Arias.
 
El decreto 267 publicado ayer tiene 15 páginas, en las que modifica la ley de medios y la de Argentina Digital.
 
No obstante, lleva la fecha del 29 de diciembre de 2015, un día antes del fallo del juez Arias que ordenó no tomar medidas que modifiquen las funciones de la Afsca (el DNU la disuelve).
 
La abogada Graciana Peñafort –una de las redactoras de la ley de medios– acusó al Presidente y sus ministros de falsificar un documento público, dado que es sabido que en esa fecha Macri se encontraba de vacaciones en el sur.
 
* A decreto limpio
 
El DNU disuelve la Afsca y la Aftic, así como el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones.
 
En estos dos consejos participaban representantes de las universidades, los sindicatos y las provincias.
 
En su lugar, crea un nuevo ente, el Enacom, que estará subordinado al Ejecutivo y un Consejo Federal de Comunicaciones, cuya conformación será definida por el Gobierno dentro de 60 días.
 
El decreto firmado por Macri argumenta que la existencia de los dos entes llevaba a la existencia de “inseguridad jurídica” e indica que el objetivo del Decreto de Necesidad y Urgencia es fortalecer la seguridad jurídica y fomentar las inversiones.
 
El Enacom será el ente único que controle las licencias de medios audiovisuales y las telecomunicaciones. Dependerá del Ministerio de Comunicaciones, que conduce Oscar Aguad, aunque será un “ente autárquico y descentralizado”.
 
El directorio del Enacom tendrá cuatro integrantes del Poder Ejecutivo sobre un total de siete. Los otros tres serán designados por el Congreso (primera, segunda y tercera minoría). Es decir que el PRO se asegura mayoría en la toma de decisiones. Los directores asumen por cuatro años y “podrán ser removidos por el Ejecutivo en forma directa y sin expresión de causa”.
 
Además, dispone la transferencia de Arsat, Argentina Conectada y el Correo Oficial al Ministerio de Comunicaciones y crea una comisión bicameral “de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización”, integrada por ocho senadores y ocho diputados.
 
Esa comisión tendrá entre sus tareas elegir al titular de la Defensoría del Público, actualmente ocupada por Cinthia Ottaviano. También tendrá la potestad de removerla del cargo.
 
El decreto crea también, en el ámbito de ese ministerio, una “Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación” de las dos normas, a las cuales –a la vez– modifica sustancialmente.
 
* Los cambios a la ley
 
Las modificaciones que Macri resolvió hacer vía DNU apuntan al corazón antimonopólico de la norma.
 
El decreto establece una prórroga del plazo de licencias por 10 años y modifica el artículo 41 por el que las licencias eran instranferibles: ahora serán transferibles, con la aprobación posterior del Enacom. Si el ente no se pronuncia en 90 días, la transferencia se considera aprobada tácitamente.
 
El DNU de Macri también amplía la cantidad de licencias: en el orden nacional, pasan de 10 a 15 y en el orden local, de 3 a 4. También aumenta de 15 a 45 por ciento las acciones de los titulares (que) se podrán cotizar en bolsa.
 
Pero quizás la modificación más importante es que las empresas de cable pasan a tener una licencia nacional única, lo que las exceptúa de cualquier cláusula antimonopólica.
 
Además –como había anunciado el jefe de Gabinete, Marcos Peña– las telefónicas podrán operar el servicio de cable dentro de dos años (a partir del 1º de enero de 2018). El Enacom puede extender esa prohibición por un año más.
 
Sobre la prórroga de licencias, si antes la ley preveía una única prórroga de diez años previa audiencia pública, ahora tendrán una prórroga automática de cinco años y otra más de 10, por concurso.
 
Como argumentación para estos cambios, destaca que la “convergencia tecnológica entre medios y telecomunicaciones, caracterizada por la competencia entre diversas tecnologías en los servicios de comunicaciones, caracterizada por la competencia entre diversas tecnologías en los servicios de video, telefonía –voz– y banda ancha –internet– es una realidad indiscutible” y que así ocurre en “los países líderes en el sector”.
 
Da como ejemplos Estados Unidos, Brasil, México, Gran Bretaña, España, Italia y Australia.
 
El DNU busca evitar “la ejecución selectiva de sanciones, el otorgamiento discrecional de licencias y cualquier mecanismo de premios y castigos arbitrarios” y critica a la ley de Medios por ser una “norma anticuada y distorsiva”.
 
Sin embargo, no profundiza en una argumentación sobre la necesidad y urgencia de modificarla salteando el Congreso. Simplemente indica que se “impone la necesidad de revertir inmediatamente el consecuente proceso de deterioro y regresión verificado en la industria”, que está en un “estado crítico” –sobre el que no se dan mayores pruebas– y que “esperar la cadencia habitual del trámite legislativo dificultaría actuar en tiempo oportuno”.
 
También advierte que existen “una gran cantidad de conflictos judiciales” en torno a la ley de medios y que “si bien algunas de sus disposiciones fueron declaradas constitucionales por la Corte Suprema, diversos actores afectados (empresas de medios, periodistas y asociaciones de consumidores) han planteado judicialmente la inconstitucionalidad sobreviniente del cuerpo normativo al momento de su aplicación”.
 
* Réplicas
 
La Asociación Argentina de Televisión por Cable fue de las primeras en festejar el DNU: “La derogación de muchas de las irracionales asimetrías que regulaban el sector redundará en más inversiones y, por ende, en mejor calidad de servicios para los usuarios”.
 
En tanto, Martín Sabbatella consideró que el decreto es “brutal, ilegal, anticonstitucional” e indicó que está desobedeciendo una orden judicial. “La única necesidad de urgencia es la de responder a los intereses de Héctor Magnetto y Clarín, de pagarle los favores que le han hecho en campaña y de tener un blindaje mediático por las medidas antipopulares que han puesto en marcha”, sostuvo el dirigente, quien remarcó que es la “necesidad y urgencia de las corporaciones y poderosos y la complicidad de los sectores políticos que representan esos poderosos y una parte del Poder Judicial que está colonizado de los intereses corporativos o tienen cosas para esconder y tienen miedo que Magnetto las ponga en la tapa de los diarios”.
 
Desde una perspectiva crítica al kirchnerismo, el especialista en comunicación Martín Becerra consideró que “en vez de gestionar la adecuación de los multimedios a la ley, el Estado adecua la ley a la estructura y necesidades de los multimedios”. “Los beneficiados son no sólo los dos gigantes (Telefónica y Clarín), sino también todo licenciatario y todo actor del mercado telefónico. Considerando que las leyes audiovisual y de telecomunicaciones ameritaban cambios, hacerlo por DNU debilita su eficacia, sobre todo si el fundamento es la excesiva discrecionalidad de los órganos reguladores y su dependencia política del gobierno (anterior). En Enacom el Ejecutivo tiene mayoría y puede remover a todo el directorio”.
 
Volanta, título y bajada: Publicaron el DNU de Mauricio Macri que modifica la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual/ Para que los medios queden en pocas manos/ Además de disolver la Afsca y la Aftic, el decreto prorroga las licencias actuales por otros diez años, amplía la cantidad de licencias que puede tener cada medio y permite transferirlas. Los especialistas critican que beneficia a los medios más grandes.
   

Fuente: Página /12, 5/1/16.