A+ A A-

ACEPTAR LA CRÍTICA

El Estado como promotor de consensos y no de divisiones, es lo que afirma el autor como sostén de su posición contra la ley. Dice que hay que aceptar el reino de la critica. Cierto, críticas para todos lados, también para los que critican.

 Por Hugo Quiroga (*)

A pesar de la derrota electoral del 28 de junio, el oficialismo retomó la iniciativa política con una enérgica ofensiva que ha quebrado la resistencia de una oposición todavía tenue y disgregada.

El corto tiempo del que dispone lo obligó a apurar sus pasos. La incorporación de los nuevos miembros del Congreso, que modificará la relación de fuerzas en ambas cámaras, tendrá lugar en el mes de diciembre. El escenario futuro puede ser otro, menos ventajoso para el oficialismo desde el punto de vista de la cantidad de legisladores propios, con la probable pérdida de poder en la toma de decisiones.

El gobierno nacional alineó todas sus fuerzas para obtener la aprobación de la ley de facultades delegadas y firmar el acuerdo con la AFA para la comercialización del fútbol con el dinero del Estado. La estrategia oficial prosiguió con el tratamiento del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que siembra muchas dudas -aunque se fundamente en la democratización de la comunicación- sobre el destino de la libertad de expresión, que es un valor constitutivo de los Estados democráticos.

La estrategia de Néstor Kirchner demuestra que las ambiciones de poder lo movilizan más a actuar por desesperación que por ordenación. La idea de "buen gobierno" no es otra cosa en la actualidad que sinónimo de Estado bien ordenado. Precisamente, una de las falencias de la Argentina. Un Estado bien ordenado refiere, pues, a la construcción de consensos básicos, a la garantía de la seguridad jurídica, y a la producción de estabilidad política.

El Estado no puede convertirse en un instrumento que divida y separe la sociedad frente a temas vitales que conciernen a todos en común; tampoco puede constituir enemigos entre sus miembros, porque es una instancia de mediación del orden colectivo.

Tal como sucedió con el tratamiento de la Resolución 125, la democracia argentina pasa nuevamente por otra gran prueba, que se vincula a un principio universal, presupuesto insoslayable de toda democracia republicana: la libertad de pluma. En el conflicto con el campo, el eje de la discusión fue sectorial, aunque el mismo afectó a un segmento sustancial de la producción económica y a millones de argentinos que viven del agro y sus industrias. Hoy, en cambio, se centra en uno de los derechos fundamentales, la libertad de expresión, verdadera garantía de la vida democrática, que corresponde a todos los ciudadanos.

El sentir de la sociedad en ambos debates ha sido manifiestamente diferente. Para decirlo en términos de Toccqueville, la libertad exige esfuerzos y vigilancia, es difícil de alcanzar y fácil de perder, sus excesos son evidentes a todos y sus beneficios pueden escapar fácilmente de nuestra atención. Por el contrario, las ventajas de la igualdad (bienestar, trabajo) se sienten sin mayor esfuerzo, sólo hay que vivirla.

Se trata, entonces, de valorar para cuidar tanto la igualdad como la libertad. Cuidar la libertad, en el debate de la ley de medios, implica salir de un estado de crispación generalizado, comenzando por el Gobierno, cuya voz debe ser ejemplarmente serena y equilibrada. El conflicto político vuelve a colorearse de oscuras tonalidades, cuya condición de operatividad parece ser la distinción entre amigos y enemigos. La ley que pretende regular la libertad de expresión y el derecho a la información deber ser susceptible del mayor consenso. Es la tarea que debería cumplir el Senado. Las libertades públicas son bienes comunes, socialmente compartidos.

La democracia es lenta en sus decisiones, porque se basa justamente en el principio de la deliberación. El apresuramiento disminuye o anula la capacidad de participar efectivamente en el proceso argumentativo. Por eso, el argumento de la urgente necesidad de sancionar una ley en tiempo record por el hecho de haber sido dictada por la dictadura hace 29 años es inconsistente, como también lo fue alegar la postergación del debate hasta el 10 de diciembre; o el error de retirarse del recinto de sesiones de Diputados por irregularidades y vicios de procedimiento.

El Código Aduanero sancionado por la dictadura militar en 1981, que delega en el Ejecutivo facultades legislativas para gravar las exportaciones, no ha sido todavía derogado. La libertad de expresión y el derecho a la información constituyen el núcleo central de una comunidad política y de una ciudadanía republicana, que no puede quedar subordinado al revanchismo del oficialismo contra la "oposición mediática".

La palabra, la comunicación política, que no tolera ni atadura ni mordaza, es lo que permite la conversación entre los hombres en el espacio público, con el fin de evitar los abusos y atropellos. La ley en debate sólo puede estar orientada a la defensa y promoción de la libertad de expresión y del derecho a la información, y la mejor manera de hacerlo es aceptando el reino de la crítica.

Título y bajada: Gobernar no significa actuar por desesperación/ Las democracias modernas se fundan en un Estado ordenado, que funcione con consensos y seguridad jurídica. Precisamente, esta es una falencia de la Argentina actual. /

Fuente: Clarín, 21/9/09. (*) Hugo Quiroga es politicólogo de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Nacional del Litoral. Es autor de varios trabajos, entre ellos El tiempo del "Proceso", conflictos y coincidencias entre políticos y militares 1976-1983.