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ACCIONES JUDICIALES DE CLARÍN

En su sección Télam Investiga, en un trabajo dividido en dos despachos, la agencia estatal de noticias detalla los "artilugios"  judiciales del Grupo Clarín contra la ley de medios audiovisuales, a más de dos años de haber sido aprobada por el Congreso y promulgada por el PEN.

* Suspendan las sesiones del Congreso

“Un juez federal suspendió la sesión de la Cámara de Senadores”: ese hubiera sido el titular de la noticia si Edmundo Carbone, juez subrogante del Juzgado Civil y Comercial Federal Nro.1, hubiera aceptado la pretensión del Grupo multimedios Clarín cuando le reclamó que “ordene la suspensión del tratamiento legislativo del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) presentado por el Poder Ejecutivo Nacional”.

El proyecto de ley enviado al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo, luego de ser aprobado por la Cámara de Diputados pasó al Senado para su tratamiento.

El grupo multimedios le demandó al juez que comunique a los presidentes de todas las comisiones de Senadores donde se debía tratar el proyecto de ley, que “se suspenda cualquier trámite parlamentario hasta tanto recaiga pronunciamiento en la acción de fondo a promoverse”.

Esa “acción de fondo” ni siquiera estaba presentada. Carbone rechazó la exigencia del grupo mediático sosteniendo que “De hacerse lugar a la pretensión de la actora se incurriría en una manifiesta invasión en el campo de las potestades propias de otra autoridad de la nación”.

Es decir, recordó que la Argentina tiene una Constitución y que su arquitectura institucional descansa sobre la división de poderes: un poder no puede interferir sobre el otro. A continuación de esa respuesta, ordenó se archive la causa.

Clarín intentó manejar su oposición a la LSCA mediante un doble artilugio: bloquear su tratamiento en el Congreso de la Nación y que la justicia comercial y no el fuero nacional en lo contencioso administrativo, se encargue de sus pretensiones.

No logró su primer cometido pero tuvo éxito en el segundo, a pesar de que dos fiscales sostuvieron que la causa debía tramitarse en el fuero administrativo.

El fiscal federal Fernando Uriarte manifestó que los reclamos del multimedia no debían tratarse en el fuero comercial por “encontrarse en juego la actividad regulatoria ejercida por el Estado Nacional en materia de servicios de comunicación audiovisual”.

Uriarte invocó jurisprudencia de la propia Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, fuero buscado por Clarín, que reconoce la competencia de la jurisdicción administrativa en litigios relacionados con la ley de radiodifusión por inscribirse “claramente en la órbita del derecho público”.

El fiscal general ante las Cámaras en lo Civil y Comercial y en lo Contencioso Administrativo Federal, José María Medrano, en su intervención recordó haber postulado la competencia del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal “en los casos en que aparecen en primer plano normas de la ley de radiodifusión”.

El juez Carbone aceptó los criterios de fiscalía respecto del fuero que debe encargarse de la pretensión del grupo multimediático pero la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, con dos votos sobre tres, resolvió que la medida de no innovar presentada por Clarín contra la Ley de Servicios Audiovisuales debía ser tratada en el fuero comercial, es decir por Carbone, quien entonces decide rechazar esa solicitud y archivar la causa.

El rechazo del magistrado a la medida de no innovar estuvo fundado en que el poder judicial no se encuentra facultado para impedir el tratamiento legislativo de un proyecto de ley.

Al día siguiente de que el juez subrogante del Juzgado Civil y Comercial Federal Nro.1 resolviera rechazar la pretensión de Clarín de impedir el tratamiento parlamentario del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ordenara su archivo, la propuesta del Poder Ejecutivo recibe sanción parlamentaria y de inmediato es promulgada como Ley 26.522

La batalla de Clarín contra la ley de medios estaba perdida.

Sus abogados intentaron tres días después de la promulgación de la LSCA, reflotar la cautela judicial para lo cual solicitaron se les permitiera reformular el reclamo.

Apoyándose en el sentido común de tribunales, Carbone declaró que habiendo sido sancionada la ley, resultaba abstracta la demanda de suspensión del tratamiento parlamentario.

El grupo empresario insistió un par de semanas después pero limitando la medida cautelar a la suspensión de la aplicación y efectos de los artículos 41 y 161 de la Ley 26.522. Junto con esa pretensión, apeló la decisión del magistrado de declarar abstracta la demanda y ordenar su archivo.

El artículo 41 regula la transferencia de licencias y el 161 fija el plazo para adecuarse a quienes fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una composición societaria diferente a la permitida. El cuestionamiento a la decisión de Carbone de declarar abstracto el reclamo a partir de la sanción de la LSCA, fue fundado por Clarín en “la manifiesta inconstitucionalidad de la ley”.

El magistrado no hizo lugar a ninguno de los reclamos del grupo pero concedió el recurso de apelación que acompañaba el pedido de reformulación de la medida cautelar.  

(Parte II)

* Por una cautelar sin límites

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal que anteriormente se había expedido por dos votos contra uno a favor de mantener el litigio en la justicia comercial, dejó sin efecto las resoluciones de Carbone de declarar abstracto el reclamo, es decir, carente de contenido, y enviarlo al archivo.

Los camaristas remitieron las actuaciones al juzgado de ese magistrado y le ordenaron que se pronuncie sobre la reformulación de la pretensión de Clarín, consistente en cambiar la demanda dirigida a impedir el funcionamiento del Congreso de la Nación, por otra destinada a darle amparo al multimedios para no cumplir con dos artículos de la nueva ley de medios de comunicación audiovisual. Carbone se pronunció cuatro días después aceptando la orden recibida y eximió provisoriamente al grupo Clarín de cumplir con los artículos 41 y 161 de la LSCA.

Sin embargo, reiteró que su Juzgado “no resulta competente para entender en la presente contienda, toda vez que la decisión de la acción incoada involucra necesariamente el análisis de funciones y prerrogativas regidas por el derecho público, propias del derecho administrativo”.

Luego de la afirmación doctrinaria que fundamenta la tramitación del litigio en el fuero administrativo, el magistrado aceptó la competencia que le adjudicó la Cámara Comercial en vistas de la “posible aplicación de normas y principios derivados del derecho común” al caso cuyo tratamiento tantas veces había rechazado.

Tres veces negó el juez Carbone la validez de los reclamos del grupo de Clarín contra la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) hasta que la Sala número 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial le ordenó se aboque a dar una respuesta distinta a la pretensión del multimedio.

Carbone cumplió con la instrucción recibida dejando a un lado el principismo procesal que había guiado sus anteriores intervenciones en el caso. La mutación de criterio fue acompañada por un cambio en el enfoque utilizado para tratar el reclamo del grupo Clarín.

El juez subrogante pasó a hacerse cargo de las pretensiones del multimedios al aceptarle la verosimilitud de los fundamentos utilizados en el reclamo. Y en esa jugada, Carbone se puso por encima de la Corte Suprema al acceder que el Grupo Clarín impugne el acto legislativo que había dado origen a la ley 26.522.

Desde esa posición, el titular provisorio del Juzgado Civil y Comercial Federal Nro.1, hizo lugar a la medida cautelar presentada y ordenó la suspensión provisional para el grupo de los artículos 41 y 161 de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El Estado nacional respondió al giro dado en la causa por Carbone con una apelación que la Cámara, la misma que insistió tres veces para que el recurso del multimedios fuere tratado, aceptó parcialmente.

Los jueces María Najurieta y Francisco de las Carreras, sin la firma de Martín Farrell por haber sido recusado, confirmaron la suspensión del artículo 161 y la revocaron respecto del artículo 41.

Tres días después de conocida esa resolución, la Jefatura de Gabinete de Ministros, en representación del Estado Nacional, interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la nación, quien confirmó la medida cautelar pero introdujo un criterio que hasta entonces había estado ausente en las intervenciones del Juzgado y de la Cámara: el tribunal supremo precisó que la medida cautelar debe tener un límite razonable de tiempo.

Convertido en cruzado de la causa del multimedio, Carbone rechazó el pedido del Estado nacional de que se aplique la resolución de la Corte.

Esa oposición dio lugar a un nuevo recurso de apelación de la Jefatura de Gabinete que la Cámara respondió fijándole a la medida cautelar un plazo de vigencia de 36 meses contados a partir de la notificación de la demanda La demanda fue notificada el 17 de noviembre de 2010, por lo que Clarín goza del privilegio de no cumplir con la ley hasta el 17 de noviembre de 2013.

Semejante plazo motivó que el Estado Nacional presente un recurso extraordinario que la Cámara rechazó, por lo que tuvo que recurrir en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El año 2011 fue consumido en el recorrido tribunalicio que se le obligó a hacer a la representación del Estado Nacional en su reclamo de racionalidad en materia cautelar.

El juez Carbone también consumió ese tiempo pero para agotar su ciclo de funcionario judicial: hacia fines de noviembre se retiró finalmente de la administración de justicia. Antes, convocó a una audiencia de conciliación.

El 24 de noviembre de 2011 reunió en su despacho a los representantes del Estado nacional y del grupo Clarín. Lo hizo en aplicación del Código de Procedimiento Civil y Comercial, que dispone la realización de una audiencia preliminar de conciliación.

Las partes descartaron esa instancia y a continuación el ahora ex juez, resolvió abrir la causa a prueba a fin de que las partes acrediten sus posiciones. Mientras se instrumentan las pruebas con intervención de los peritos designados, sigue en lista de espera la resolución de los dos recursos de queja interpuestos por la representación del Estado nacional ante la Suprema Corte de Justicia.

Uno de ellos, por el plazo concedido a la medida cautelar respecto de la desinversión, reclamo que cuenta con una resolución favorable del Procurador General de la Nación Esteban Righi, dada a conocer en el día de la fecha; y otro por la asignación de competencia al fuero civil y comercial y no al contencioso administrativo.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue promulgada el 10 de octubre de 2009. Casi un año después, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual reglamentó la aplicación del artículo 161 de la Ley que establece el plazo de desinversión.

Los mecanismos de adecuación en materia de licencias fueron establecidos por la AFSCA el 9 de septiembre de 2010, por lo que el período de adaptación venció el 8 de septiembre de 2011. De acuerdo con la posición asumida por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, habrá que esperar dos años más para que el Grupo Clarín pase a ser sujeto de la ley argentina.

Fuente: Agencia Télam, 19/12/11