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SOCIALISTAS CONTRA KIRCHNER

Ante las primeras elecciones parlamentarias que enfrentaba y cuando creía que podía formar una nueva fuerza al margen del  PJ, el gobierno de Néstor Kirchner dispuso por un decreto que se reconocieran como partidos políticos a grupos que no lo eran. Como ello violaba lo dispuesto por la Constitución, la medida fue duramente cuestionada por la oposición. Aquí se consignan los fundamentos de un proyecto de ley de derogación del decreto impulsado por diputados que luego serían firmes aliados del kirchnerismo como los socialistas Jorge Rivas, autor de la iniciativa y Ariel Basteiro; el primero, bonaerense, brillante orador a quien el destino le jugaría después una mala pasada y el segundo, también bonaerense, gremialista. Ambos, hijos rebeldes del socialismo democrático y seguidores de Alfredo Bravo, destacado diputado fallecido en 2003 y quien abriera su propio paso dentro de esa vertiente derivada del pensamiento y obra de Juan B. Justo. Otro de los firmantes, que no provenía del mismo sector ni cambiaría de posición política fue Claudio Lozano, un economista, vinculado a ATE y la CTA.

El Boletín Oficial del 26 de mayo (2005) publicó el Decreto 535 que habilita a oficializar candidaturas para los comicios convocados para el 23 de octubre de 2005 a “los Partidos Políticos (sic) que, habiendo iniciado el trámite de reconocimiento a la fecha del presente Decreto, lo obtuvieren con posterioridad a la fecha prevista para la constitución de las Juntas Electorales Partidarias (...)”.

El decreto en cuestión es manifiestamente ilegal en tanto vulnera todo el andamiaje en el que se sustenta nuestro sistema electoral y desnaturaliza el régimen de existencia y funcionamiento de los partidos políticos. Realizamos esta afirmación al verificar que –como hemos visto- el decreto mencionado habilita a presentar candidaturas a cargos públicos electivos a agrupaciones que no son partidos políticos en tanto no han sido reconocidos como tales por la justicia.

 La ley orgánica respectiva (Nº 23.298 y modificatorias) prevé que un partido político es una persona de derecho público no estatal desde el momento en que una sentencia judicial le otorga su personería jurídico política. Asimismo, la norma aludida establece el procedimiento especifico, que deben cumplir necesariamente las agrupación que pretenden ser reconocidas (…).

Hasta tanto se produzca tal reconocimento, el grupo de personas que se asocia con fines políticos es una mera asociación civil privada, carente de legitimidad para presentar candidatos a ocupar cargos públicos; ya que esta facultad es privativa de los Partidos Políticos reconocidos e inscriptos en el Registro Público que gobierna el otorgamiento de la personería jurídico política.

Este reconocimiento no sólo carece de efecto retroactivo, sino que es -en un primero momento- provisorio; toda vez que se otorga condicionado a que, en el plazo de seis meses se realicen elecciones internas para constituir autoridades definitivas (art. 7, inc. e) de la ley 23.298).

En consecuencia, sólo los partidos políticos reconocidos judicialmente -esto es con personería jurídico política debidamente inscripta en el Registro Público antes aludido- están en condiciones de presentar candidatos para cargos públicos electivos. Así surge con meridiana claridad tanto del texto de la Ley Orgánica de Partidos Políticos ya citada, como de la interpretación que de ella ha realizado la Cámara Nacional Electoral.

La primera, en su artículo 2º, expresa: “Los partidos son instrumentos necesarios para la formulación y realización de la política nacional. Les incumbe, en forma exclusiva, la nominación de candidatos para cargos públicos electivos”.

En tanto que el máximo Tribunal Electoral del país ha dicho: “El reconocimiento judicial importa conferir a una agrupación política la autorización para actuar en la esfera del derecho público participando de las elecciones” (Fallos: 1815/95). Por su parte, el Código Nacional Electoral, en congruencia con el resto del ordenamiento, establece que sólo los partidos políticos registrarán las listas de candidatos a cargos públicos (artículo 60 y concordantes).

Recientemente, el decreto 292/2005 reglamentó el artículo 29 bis de la ley 23.298, que manda a realizar las elecciones internas abiertas, obligatorias y simultáneas; mientras que el 295/2005 estableció el cronograma electoral fijando los plazos a los que los partidos políticos deben ajustarse. Frente a ello y de modo sorpresivo, el Poder Ejecutivo sancionó el decreto 535/2005 (…).

Lo señalado resulta manifiesto al observarse que:

1) el artículo 6 del citado decreto 292 establece que los partidos políticos, con una antelación mínima de 30 días a la fecha de las elecciones internas abiertas, deben registrar ante los Juzgados Federales competentes las listas de candidatos, tanto en el caso que haya lista única como varias que compitan entre sí;

 2) el 7 de agosto es la fecha establecida por el decreto 295/2004 para celebrar las elecciones internas; por ello, resulta que 60 días antes –o sea el día 8 de junio (que es la fecha de conformación de las Juntas Electorales Partidaria conforme lo ordena el artículo 6 del decreto 451/05)-, la agrupación que proponga candidatos debe ser un partido político, esto es contar con la personería jurídico política.

 De ello deviene ineludiblemente que si una agrupación política, aún cuando haya iniciado trámite de reconocimiento judicial, no es partido político para el día 8 de junio, no estará en condiciones de constituir su Junta Electoral y en consecuencia de inscribir candidatos para la confrontación en elecciones internas abiertas. Por tanto, cuando el decreto 535/2005 habilita a una mera asociación civil privada para que oficialice candidaturas en vista a los comicios convocados para el 23 de octubre de 2005, está concediendo legitimación a quien legalmente carece de ella, y -de ese modo- vulnera todo el ordenamiento legal.

Atento lo expuesto, la nueva norma generará todo tipo de presentaciones judiciales tendientes al dictado de la nulidad de las situaciones generadas bajo su amparo, lo que seguramente corresponderá teniendo en cuenta las vulneraciones normativas ya denunciadas y los perjuicios que acarreará tanto a particulares como a agrupaciones regularmente constituidas al tiempo de tener que cumplirse con los cronogramas electorales ya fijados. Por si lo dicho no bastara, agreguemos que a través de la norma que estamos cuestionando el Poder Ejecutivo busca alterar lo prescripto en leyes vigentes, en tanto equipara en materia electoral a los partidos políticos con las asociaciones civiles que pretenden serlo.

Sabido es que para que un decreto del Ejecutivo tenga este efecto debe fundarse en razones de necesidad y urgencia y –a la vez- ser decidido en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlo, juntamente con el jefe de gabinete de ministros.

Es evidente que el decreto 535/2005 carece de esos requisitos; pero -aún si los reuniese- sería inválido; ya que el inciso 3, del artículo 99 de la CN impide que el Ejecutivo utilice el mecanismo de los llamados decretos de necesidad y urgencia para regular cuestiones electorales o atinentes al régimen de los partidos políticos.

Por último, no puede dejarse de señalar que al planteo realizado se aduna el hecho de que lo dispuesto en el decreto 535/2005 no aparece como necesario ni viene corregir defecto legislativo alguno, lo que nos lleva a presumir fundadamente que se trata de una manipulación del cronograma electoral con un sentido de interés particular que no se condice con la generalidad que debe caracterizar a este tipo de normas.

Por ello, dada la ilegalidad demostrada del Decreto 535/2004, solicitamos la aprobación de este proyecto de ley.Jorge Rivas, Eduardo A. Di Pollina. Sergio A. Basteiro, María E. Barbagelata. Margarita O. Jarque, Héctor T. Polino y Claudio Lozano.

Fuente: diputados.gov.ar