A+ A A-

2001: LOS SENADORES REHUYEN DE PODER CIUDADANO

El sendero hacia el final con la explosión social y política que sacudió al sistema a fines de 2001 tiene incontables señales en el propio Parlamento y, en particular, en el lugar desde donde se proyectó la figura del radical Fernando de la Rúa: el Senado, la Cámara de los sobornos. Esta podría ser una radiografía a partir de cómo se comportó cada uno de los senadores  frente a la consulta de Poder Ciudadano siete meses antes del estallido, Era acerca de patrimonios personales,  distribución de pensiones y manejo de fondo reservados , información que debían brindar para la confección de un banco de datos. El 76,11 por ciento eludió contestar.

"No he podido hablar con el senador porque él está en cosas más importantes.", respondió un asesor legislativo a Poder Ciudadano. Esas palabras anticipaban el resultado final del trabajo que preparaba la fundación: siete de cada diez senadores se negaron a entregar la información personal y patrimonial requerida. Esta entidad sin fines de lucro la había solicitado para confeccionar el primer banco de datos de la Cámara alta, que finalmente pudo terminar pese a la escasa colaboración de los protagonistas.

En el bloque del PJ se decidió que no iban a ayudar en este emprendimiento, porque ya habían entregado sus declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción. De los 39 integrantes de esa bancada, sólo tres desafiaron la disciplina partidaria.

En la oficina del senador Ramón Ortega (PJ-Tucumán) respondieron a los voluntarios de Poder Ciudadano que su jefe era fácilmente "ubicable en la organización del Festival de Cosquín".

La actitud reticente de la mayoría peronista -no ocultada en público- fue decisiva para que la obtención de información fuera realmente magra. El 76,11 % de los legisladores -53 sobre un total de 69- eludió contestar un cuestionario repartido por Poder Ciudadano, en diciembre último, que incluía preguntas no sólo sobre la actividad parlamentaria o el patrimonio de cada senador, sino también respecto de si manejaba fondos reservados, con qué criterio distribuía las pensiones y becas o si tenía familiares en la función pública.

"Fue una decisión de todo el bloque no responder estos cuestionarios -ratificó el senador Osvaldo Sala (PJ-Chubut)-. No veo qué sentido tiene, cuando habíamos respondido ante Anticorrupción".

A cinco meses de las elecciones legislativas, Poder Ciudadano se propuso realizar este dossier sobre quién es quién en la Cámara alta para poner a disposición del público información sobre sus representantes. "Quisimos recuperar la fe en el Senado que se percibe como el emblema de la corrupción, como fue el caso de los sobornos. Tendremos que seguir trabajando, porque todavía no hay una cultura institucional de brindar datos", se lamentó ante La Nación el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Carlos March.

Pocos senadores avisaron a Poder Ciudadano que no iban a prestarse a este interrogatorio. Ellos fueron los radicales Eduardo Angeloz (Córdoba) y Humberto Salum (Jujuy) y los peronistas Carlos Corach (Capital), Carlos de la Rosa (Mendoza) y Osvaldo Sala (Chubut). El resto ensayó evasivas o hizo atender el teléfono por sus secretarios.

Hubo también quienes extraviaron los cuestionarios. El presidente provisional, Mario Losada (UCR-Misiones), lo perdió tres veces, aunque finalmente completó sus datos. El jefe del bloque del PJ, José Luis Gioja (San Juan), explicó que en el bloque se había decidido archivar la encuesta, "porque ya habíamos entregado declaraciones juradas".

 * Respuestas positivas

En cambio, 16 legisladores (el 23,19% del cuerpo) aceptaron dar detalles de su situación patrimonial y legislativa: 3 del PJ, 8 radicales, 1 del Frepaso y 4 de los partidos provinciales. En términos porcentuales, esto equivale a un 8% del bloque peronista, el 40% de la Alianza y la mitad de los provinciales (...).

Esta respuesta obligó a la fundación a acudir a la página web del Senado para completar el banco de datos, que sigue abierto al ingreso de nuevo material. Echar mano al sistema informático, sin embargo, fue un recurso limitado, puesto que algunos senadores no pusieron en Internet más que sus antecedentes laborales o de filiación partidaria. Este es el caso de Augusto Alasino (PJ-Entre Ríos).

Otros legisladores directamente quedaron fuera del relevamiento, ya que ni siquiera poseen un espacio en la web, como los justicialistas Corach, Ortega, Manuel Rodríguez (Formosa), Liliana Negre de Alonso (San Luis), José Carbonell (Tucumán) y Carlos Funes (Santa Fe). "No es que no quisiera responder. Lo que ocurre es que no recuerdo que nos haya llegado ninguna encuesta en particular", afirmó Carbonell al ser consultado por La Nación . Corach también dijo haber olvidado este formulario. Para completar el banco de datos, la fundación solicitó a las autoridades del Senado que enviaran una copia de las declaraciones juradas que tenían en su poder. Esta solicitud fue rechazada con el argumento de que, como todavía no estaba creada la comisión de ética pública, éste era un resorte exclusivo de cada legislador.

Sólo autorizaron el trámite Leopoldo Moreau (UCR-Buenos Aires) y Marcelo Romero (Movimiento Popular Fueguino).

La estrategia de Poder Ciudadano es trabajar en varios frentes el hermetismo del Senado.

El banco de datos será complementado con un monitoreo cívico de las comisiones y un seguimiento de las sesiones públicas, tarea que ya se tropezó con innumerables escollos. A los integrantes de la fundación no los dejaron ingresar en las sesiones como ciudadanos comunes (tuvieron que identificarse) ni se les permitió participar de las reuniones de comisión. En una de ellas se les informó que los encuentros eran de carácter reservado, mientras que en otra un asesor explicó que "los temas que se tocan pertenecen al área privada de cada legislador". "El Senado demostró que acceder a información de interés público depende, por ahora, de la voluntad individual. Esto tiene que cambiar", opinó una de las coordinadoras de la fundación, María Batch.

* Perlitas

Algunos datos sugestivos se desprenden de las 16 declaraciones juradas que ahora son de consulta pública. El senador Raúl Galván (UCR-La Rioja), por ejemplo, declaró que había repartido 7000 pesos de subsidios entre distintos comités de su provincia, cuando en realidad estos fondos deberían destinarse a ayudar a escuelas o entidades de bien público.

Otro dato es que todos los senadores dejaron en blanco la casilla que corresponde a los montos percibidos en concepto de gastos reservados, aunque Eduardo Arnold (PJ-Santa Cruz) y José Genoud (UCR-Mendoza) reconocieron su existencia (los fondos son por bloque).

Parece que no todos los legisladores ganan lo mismo a fin de mes. Los sueldos denunciados oscilan entre los 3000 y los 8200 pesos. En el apartado vinculado con el estado patrimonial hubo de todo: tachaduras, respuestas poco claras con abreviaturas, signos confusos y renglones en blanco.

También, información consignada de manera muy precisa, como la de Omar Vaquir (PJ-Santiago del Estero). Entre las curiosidades se destaca que el senador Antonio Cafiero (PJ-Buenos Aires) declaró una bóveda en el cementerio de San Isidro que vale un peso. La tarea de recopilación de datos, a cargo de una de las voluntarias de Poder Ciudadano, Nora Baragli, duró cuatro meses y fue artesanal. Se hizo el seguimiento de cada legislador. En un cuaderno se registraron los cientos de llamadas efectuadas al Senado para reclamar los papeles y, también, cada una de las respuestas. En la fundación quedaron impresionados por la actitud del senador Luis Molinari Romero (UCR-Córdoba) que, en este contexto, resultó excepcional: pospuso una audiencia para atender en persona a los miembros de Poder Ciudadano.

* Quiénes aceptaron

Partido Justicialista: Eduardo Arnold (Santa Cruz), Antonio Cafiero (Buenos Aires), Omar Vaquir (Santiago del Estero). Unión Cívica Radical: Raúl Galván (La Rioja), José Genoud (Mendoza), Mario Losada (Misiones), Alberto Maglietti (Formosa), Susana Martínez Peláez (Santa Cruz), Javier Meneghini (Santiago del Estero), Luis Molinari Romero (Córdoba) y Horacio Usandizaga (Santa Fe). Frepaso: Pedro Del Piero (Capital). Provinciales: Juan Carlos Loza (Cruzada Renovadora de San Juan), Felipe Sapag (Movimiento Popular Neuquino), Roberto Ulloa (Partido Renovador de Salta), Pedro Villarroel (Frente Cívico y Social Catamarqueño).

* Dudas en las pensiones

No es fácil sacar una conclusión acerca de cuántos subsidios, pensiones y becas distribuyó cada senador. En la mayoría de los formularios de los 16 senadores que respondieron a Poder Ciudadano faltan datos como el año o los montos asignados. A la hora de contestar sobre este punto, el senador Losada remitió a la nómina de las pensiones que tiene la Anses "por lo engorroso del listado" y no informó sobre cantidad de becas y subsidios entregados. El senador Genoud, por su parte, declaró haber entregado 30 becas el año último, pero no consignó el importe de cada una. El senador Maglietti mencionó 65 pensiones, de entre 100 y 200 pesos cada una, aunque no especificó a qué período correspondían. El senador Ulloa dijo simplemente haber entregado 100 becas a lo largo de toda su gestión como diputado y senador. Los legisladores Vaquir, Molinari y Villarroel fueron los más detallistas. Cafiero no respondió este punto.

Por lo que pudo saber La Nación , a los senadores se les entregarían 5000 pesos anuales para pensiones, 10.000 pesos para becas y 20.000 pesos para subsidios. El encargado de procesar estos datos en Poder Ciudadano, Diego Montero, no pudo cotejar esta información con los números reales.

Volanta, título y bajada: Fue ante un pedido de Poder Ciudadano / Senado: el 76% no quiso responder sobre fondos / El objetivo de la institución era conformar un banco de datos Siete de cada diez senadores no completaron un formulario con preguntas sobre patrimonio, gastos reservados y pensiones. El bloque del Partido Justicialista decidió no colaborar

Fuente: La Nación, 7/5/01.