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TANDANOR Y LA GRAN INJUSTICIA

Grosero caso de corrupción institucionalizada, con intervención de la Justicia, en su peor papel. Los diarios ocultaron lo que sucedía o procuraron mencionarlo por compromiso pero no con su propio compromiso de evitar esta injusticia. A Tandanor la salvaron sus trabajadores. Sólo ellos.

Un grupo empresario compró en 1991 los estatales astilleros Tandanor en 60 millones de dólares, pagó sólo 7 millones y vendió parte del lote donde está la planta, sobre el río, cerca de Puerto Madero, en 18 millones de dólares para desarrollar un multimillonario emprendimiento inmobiliario.

Veinte años después, la causa judicial en la que se investigó la venta del astillero de la Armada quedó en la nada porque fue declarada prescripta hace dos meses.

Nadie fue condenado.

El Estado recuperó el dinero porque las acciones del astillero regresaron a sus manos, pero aún está pendiente de resolución el destino del negocio inmobiliario y la posibilidad de que los acusados puedan accionar ahora contra el Estado.

Los jueces del Tribunal Oral Federal N° 5 Ricardo Farías, Daniel Obligado y Oscar Hergot sobreseyeron a los acusados, entre los que se encontraban el delegado del Ministerio de Defensa en la empresa, los compradores y los responsables de la aseguradora que debía garantizar los pagos nunca realizados.

El ex ministro Antonio Erman Gonzalez estuvo imputado en la causa hasta que falleció y el ex ministro Oscar Camilión fue sobreseído en la instrucción.

La denuncia en este caso la hizo el propio Ministerio de Defensa.

Se señaló que la licitación que tendió a defraudar al Estado con la compra en 1991 de la empresa la ganó Inversora Darsena Norte con la insolvente Aseguradora del Litoral como garante del pago.

A su vez se vendió parte del predio a otra empresa.

El pago comprometido fue de 59.760.000 dólares. De ellos, 7.200.000 fueron pagados en efectivo y el resto se debía realizar contra la firma de pagarés. Se investigó el delito de fraude al Estado castigado con penas de hasta seis años de cárcel por un perjuicio de 70 millones de dólares, debido a los intereses.

Pero los compradores, según la acusación, no pagaron las cuotas por ser insolventes, al igual que la aseguradora.

En el medio se vendió en 18 millones de dólares un lote de la planta, junto a la ex Ciudad Deportiva de Boca.

En 2006, los fiscales pidieron la elevación del caso a juicio y el juez Claudio Bonadio lo dispuso en 2009 tras decenas de recursos de las defensas, que llegaron a la Corte.

Los abogados de los acusados señalaron que la causa estaba prescripta porque sostuvieron que el delito en todo caso ocurrió en 1991, con la firma del contrato, y que la primera indagatoria fue en 2000, con lo que pasaron más de seis años.

Dijeron que no es como lo declaró la fiscalía y como ya lo había resuelto Bonadio y luego la Cámara Federal, que se debía considerar la fecha de vencimiento del último pagaré impago en 2001 como el momento del delito.

El tribunal, con el voto de los jueces Farías y Obligado entendió que el caso prescribió en 1993, cuando dejaron su cargo Erman González como ministro y el representante del ministerio en Tandanor, pues su condición de funcionarios interrumpía la prescripción.

Es decir que pasaron más de seis años hasta la primera indagatoria, realizada en 2000. "El trámite que se le imprimió al proceso en la etapa instructora demoró nueve años", hasta llegar al tribunal oral, se quejaron los camaristas Frías y Obligado.

Volanta y título: Un caso emblemático que quedó en la nada/ Prescribió la causa por la venta de Tandanor

Fuente: La Nación, 7/5/11.