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ASIGNACION UNIVERSAL

La presión por una asignación básica universal destinada a menores provino inicialmente del solitario diputado Claudio Lozano, ligado a ATE y a la CTA, que fue cobrando envergadura con el paso de los años y el aumento de la desnutrición infantil. Luego se sumaron la Iglesia, otros sectores de la oposición y finalmente el Gobierno que antes había semgrado dudas acerca de su propuesta. Aquí se cuenta uno de los tramos de ese camino.

Por Sergio Rubin

Mientras el Gobierno sigue sin fijar su posición acerca de una asignación universal para menores de 18 años, la Iglesia -una de las fogoneras de la iniciativa junto con buena parte de la oposición- escuchó ayer la propuesta de los sectores de la izquierda que encabezan los diputados Pino Solanas y Claudio Lozano.

Si bien durante el encuentro hubo coincidencia acerca de que la ayuda económica debe alcanzar a todos los niños y jóvenes de las familias que no cobran salario familiar, la idea de Solanas y Lozano es más ambiciosa que la del Episcopado: pese a que coinciden en que debe partirse de los $ 180 -la asignación por hijo que rige tras el aumento de esta semana-, creen que el objetivo debe ser llegar a los $ 300.

Al salir de la reunión -realizada en la sede del Episcopado-, Solanas expresó los mismos temores que la Coalición Cívica y la UCR en cuanto a que el Gobierno se resistirá a que la ayuda sea universal porque evitaría el clientelismo.

Con el agravante de que también incluyó a las principales fuerzas de la oposición. "Hay una resistencia del núcleo duro del poder económico y político a las políticas sociales universales, como a dotar de más capacidad a los trabajadores para discutir la distribución del ingreso", disparó. Y agregó que ello es así porque, de lo contrario, "las políticas de carácter clientelar a las que están acostumbradas las principales fuerzas políticas serían menos viables".

A su vez, Lozano explicó que proponen que el monto llegue a los $ 300 porque con ello "se eliminaría el hambre" en el país. Explicó, por otra parte, que de los 13 millones de menores sólo 5 millones reciben la asignación, por lo que la universalización de la ayuda debería sumar a 8 millones (dos millones más que los calculados por la Iglesia).

Así, la extensión de la ayuda de $ 180 insumiría $ 10.500 millones y, cuando llegue a los $ 300, unos $ 22.000 millones. Para Lozano, esos montos no son inalcanzables si se suprimen ciertos planes sociales, se eliminan exenciones impositivas -que en 2010 llegarán a los $ 26.000 millones- y se reducen subsidios a las petroleras y el transporte. "La asignación equivale sólo al 6 por ciento del presupuesto nacional por lo que se trata de una decisión política de priorizar la lucha contra la pobreza", redondeó Lozano.

Para los visitantes -que fueron acompañados por Liliana Parada y Fabio Basteiro- su propuesta fue muy bien recibida por los interlocutores de la Iglesia: el presidente de la Pastoral Social, monseñor Jorge Casaretto, y el titular de la comisión Justicia y Paz del Episcopado, el laico Eduardo Serantes.

Como también la idea de convocar a una sesión en la Cámara de Diputados antes del 10 de diciembre para comenzar a tratar el tema. El martes habían presentado su propuesta a la Iglesia Elisa Carrió y el presidente del radicalismo, Gerardo Morales, quiénes van más allá -sobre todo la UCR- y propician una reforma global del sistema de asignaciones.

Fuente: Clarín 24/10/09