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REFORMA IMPOSITIVA

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OPINAN TRES TRIBUTARISTAS

Salvador Treber, Juan Carlos Gómez Sabaini y Jorge Gaggero, tres tributaristas evalúan la actual estructura impositiva. Coincidencias y matices. Tres opiniones cortas, precisas y textuales.


SALVADOR TREBER

 Profesor de la Universidad Nacional de Córdoba

* Régimen regresivo

 “Es necesario llevar adelante una reforma tributaria para fortalecer el proceso de redistribución del ingreso. En los últimos veinte años se han registrado muy pocos avances en ese sentido. Entre los principales defectos de nuestro régimen tributario sobresale su gran regresividad. El IVA representa al 30 por ciento de los recursos tributarios. Es un impuesto de una alícuota elevada y debería ser posible realizar mayores diferencias entre los consumos de los distintos sectores así como la exclusión de todos los productos de la canasta familiar.

El impuesto a las Ganancias debiera ser el más importante en el país. Hoy no lo es. En la Argentina, por cada 100 pesos de Ganancias, 23 pesos corresponden a las personas físicas que lo pagan y el resto a las empresas.

Un impuesto a las Ganancias que recae sobre las empresas es regresivo para el resto de la población porque, además de pagar poco, las compañías pueden precalcularlo y compensarlo subiendo el precio de sus productos. Los únicos tributos que son progresivos son las retenciones a las exportaciones de cereales.”  


JUAN CARLOS GOMEZ SABAINI

Economista

* Plagada de beneficios

 “Al sistema fiscal argentino le falta balance entre tributos directos e indirectos. Está muy cargado de impuestos indirectos y el peso de la renta personal es escaso. Por eso, hay que replantear el impuesto a la renta. Con mayores tasas a las personas físicas y menores a las sociedades se fortalece la inversión y mejora la distribución. Es necesario atenuar el peso de imposición indirecta. Fortalecer impuestos sobre patrimonios.

El sistema está plagado de beneficios que favorecen a determinados sectores, gastos tributarios y exenciones, como el tratamiento particular a los dividendos de las sociedades que están excluidos de pagar renta de personas físicas. Hoy hay rentas que no tributan sin que existan razones claras para que no lo hagan, como plazos fijos, títulos públicos y hasta los jueces. Se debe restablecer el impuesto a las ganancias de capital o beneficios eventuales para las personas físicas.

El impuesto a los débitos y créditos o los derechos de exportación, si bien son necesarios en el escenario actual, en una perspectiva de largo plazo no deberían continuar.” 


JORGE GAGGERO

 Economista

* Zonas grises

 “Una reforma tiene que ser progresiva, procompetitiva, anticíclica y asegurar la estabilidad de los recursos fiscales en el tiempo. Una reforma en este sentido debe ser fiscal y no puede concebirse como meramente tributaria. Ingresos y gastos son inseparables.

Incrementar la presión en algunos impuestos para recaer sobre los más ricos y poderosos y no tanto sobre el consumo implica necesariamente repensar y reformar la estructura del gasto. Por eso, como punto de partida es necesario encarar una reforma del gasto con objetivos de mayor redistribución, eficiencia y transparencia. Eliminar los subsidios a la clase media, ricos y aquellos subsidios indebidos al sector empresario.

También es necesario transparentar la inversión pública y los procesos de licitaciones. A su vez, se debe repensar algunos mecanismos de promoción industrial, ya que muchas veces se exime de pagar impuestos a grandes empresas que no necesitan esos beneficios para llevar adelante sus emprendimientos. Hay que ajustar distintas normas que ofrecen zonas grises para la evasión y la elusión.”

Fuente: Página 12, suplemento Cash, 22/5/11.

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TERMINAR CON EL MODELO NEOLIBERAL

Dos especialistas indican el camino para una reforma tributaria que aproveche las experiencias y apuntale los cambios económicos que se vienen registrando desde desbarranque de los postulados del llamado Consenso de Washington. Se trata, en síntesis, de poner fin en ese campo al modelo neoliberal, aperturista y financiero contrario al desarrollo de la industria argentina. Hay que terminar con la tendencia de no reinvirtir con las ganancias. Al final, las propuestas y una síntesis del artículo.

Por Alfredo Iñiguez  y Ramiro Manzanal (* )

La apelación a la necesidad de una reforma tributaria se ha transformado en un recurso sobreutilizado, parte integrante de un discurso basado en la corrección política y recostado en la comodidad que implica la evidente dificultad de sostener lo contrario. A pesar de que pareciera haber tantas concepciones de reforma tributaria como actores que la reclaman, en la mayoría de los casos el convite no logra penetrar su superficie.

La exuberancia del discurso y la infaltable combinación con la palabra “progresiva” (aun desde aquellos que no pueden encontrarse más lejos de dicha concepción) son elementos que atraviesan todos los llamamientos.

Así se arroja la mágica sensación de que sin más trámite que la sanción de una ley, de manera cientificista, y mediante una receta de precisión matemática, se conducirá a la Argentina, en un breve lapso, a disponer de un sistema tributario comparable con el existente en los países escandinavos. Pues bien, en primer lugar, una estructura tributaria no puede ni debe pensarse en el vacío.

Es necesario plantearse unas cuantas preguntas antes de avanzar. Para qué, cómo, cuándo, son algunos de los interrogantes obligatorios para llevar a cabo cualquier iniciativa, y en especial en esta materia. No es lo mismo definir cuáles deberían ser las características ideales de un sistema tributario, que decidir cuáles son las mejores recomendaciones de política para modificar uno existente.

El punto de partida es insoslayable, comenzando por el contexto macroeconómico, la historia reciente, y los intereses que serán afectados por las modificaciones. Todos estos factores obligan a recorrer un camino diferente del pensado desde una especie de big bang tributario, donde todo está por hacerse.

*Aprovechar la experiencia

La Argentina es rica en cuanto a las diferentes etapas por las que el sistema ha atravesado, por lo que el camino recorrido es vasto y no sería correcto apelar hoy a una reforma con los mismos clichés que aparecían formando parte del sentido común pocos lustros atrás.

Durante la década del ’90 –y antes, durante la dictadura–, la política tributaria estaba limitada al papel de ayudar a reducir la brecha fiscal, al tiempo que se intentaba arribar a lo que la ortodoxia económica consideraba eficiente en materia tributaria, eliminando ciertos impuestos, denominados distorsivos, porque alteran los precios relativos que determina el sagrado mercado y en consecuencia eran considerados poco menos que sacrílegos.

En ese escenario, el IVA se transformó en el “Impuesto Vedette Argentino”, por permitir la consecución de ambos objetivos: su ampliación e incremento fue la contracara de la eliminación o reducción de los impuestos que gravan el capital y la renta financiera, encargados de imprimirle equidad al sistema.

Las modificaciones tuvieron como resultado una nueva estructura tributaria, acorde con el modelo de apertura y liberalización financiera instaurado a mediados de los años ’70. Dos décadas más tarde, en la Argentina, como en otros países de la región, se están produciendo acontecimientos que permiten conjeturar un cambio de época.

La reciente crisis a escala global fue la última evidencia del fracaso de las políticas destinadas a redefinir el rol de Estado, que se pueden sintetizar en el decálogo de recomendaciones del Consenso de Washington y terminó por convalidar la orientación de las transformaciones iniciadas en gran parte de Latinoamérica.

* Apuntalar lo logrado

En consecuencia, una reforma debería dirigirse a acompañar y sostener el cambio iniciado, y reforzar la función de los tributos como instrumento de política fiscal para incentivar la acumulación productiva y la generación de empleo, y morigerar las desigualdades sociales que legó el régimen anterior.

El sistema tributario es una manifestación de la potencia y la voluntad con la que se encara la lucha por el reparto del excedente. Es ahí donde comienza a delinearse el patrón de distribución del ingreso.

Es el paraguas del sistema productivo al que habrá de adaptarse obligatoriamente el sistema tributario. No es posible separar uno de otro, no por lo menos sin caer en profundas contradicciones. Así las cosas, para proponer una reforma en el sistema tributario deberemos primero dar cuenta de cuál es la situación actual, cómo se ha arribado a ella y cuál es el sistema productivo al que deberá adaptarse.

En este sentido, si bien desde 2003 no se produjeron cambios significativos en la política tributaria –aunque se lograron avances en materia de administración–, no parece correcto menoscabar las diferencias existentes entre el sistema impositivo actual y el vigente en la década de los años ’90.

* Record histórico

En 2010, la presión tributaria nacional alcanzó el 28,8 por ciento del PBI, que significa un record histórico y supera a la existente en el período 1996-1998 (los años más representativos de la convertibilidad) en 11,9 puntos porcentuales del PBI.

Una proporción muy importante de esta expansión se explica en decisiones de política trascendentales aplicadas en este período: el 27,1 por ciento del aumento (3,2 por ciento del PBI) lo sostienen los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, a partir de la recuperación de los recursos que se desviaban a las AFJP y el aumento del empleo formal. Y el 26,5 por ciento del crecimiento (3,1 por ciento del PBI) se origina en la recaudación por Derechos de Exportación (conocidos como retenciones).

También fueron relevantes los aportes del impuesto a las Ganancias y a la propiedad, con el 20,8 y el 16,8 por ciento de los recursos adicionales (2,5 y 2 por ciento del PBI), respectivamente.

El otro dato destacado es que los impuestos al consumo, básicamente el IVA, estuvieron entre los que registraron menores aumentos y sólo contribuyeron el 7,9 por ciento del alza (0,9 por ciento del PBI).

Con estas variaciones, la composición de la estructura tributaria es muy distinta de la de los ’90. En aquellos años, de cada 100 pesos de recaudación, 53,2 pesos lo aportaban los impuestos al consumo, mientras que en 2010 aportaron 34,5 pesos.

Los gravámenes al Comercio Exterior en los ’90 aportaban apenas 5,5 pesos y con el nuevo modelo lo hacen con 13,8 pesos. Los impuestos sobre la propiedad contribuían con 1,6 peso y ahora con 7,9 pesos.

En los impuestos a los ingresos (básicamente Ganancias) y en las contribuciones sociales, las diferencias no son tan manifiestas, pero en la actual estructura aportan casi 2 pesos más cada uno.

En consecuencia, para avanzar con la reforma se requiere una revisión integral del sistema tributario que contemple los avances logrados y un análisis profundo de las resistencias al cambio de quienes se sentirán perjudicados. Se deben construir los consensos indispensables y esperar a que se den todas las condiciones para poder implementarla. Las modificaciones deben concentrarse en los problemas manifiestos y de indispensable resolución para la consolidación del modelo productivo con inclusión social.

La política económica dispone de diversos instrumentos para actuar contra la desigualdad, en algunos casos para procurar mejorar la distribución del ingreso, como lograr mejores condiciones laborales (aumento del salario real, disminución del trabajo no registrado) y mejores condiciones de vida (vivienda, educación, salud, previsión social) y en otros actuando sobre sus consecuencias, sin resolver el problema, mediante la asistencia social en general.

* Revertir la no reinversión

Pero si de promover una estructura productiva dinámica se trata, son pocos los instrumentos disponibles, y por esta razón resaltan los impuestos para intervenir en este aspecto. Uno de los problemas sobre los cuales es necesario avanzar es la tendencia marcada a no reinvertir las ganancias en activos productivos, bloqueando el proceso de desarrollo iniciado en 2003.

Salvo algunas excepciones en el debate económico, durante muchos años se había instalado un fuerte consenso en contra de la capacidad del sistema impositivo para orientar el desarrollo productivo y morigerar las desigualdades de ingreso y de riqueza.

Y no es casualidad.

En todo ese período (desde mediados de los años ’70), el régimen de acumulación, además de ser decididamente desigual, se basó en la valorización financiera y no en la inversión productiva.

Así, algunos de los pasos posibles y necesarios para transitar hacia un sistema tributario más igualitario serían los siguientes:

 - La ampliación de la base del impuesto a las Ganancias, principalmente mediante la eliminación de las exenciones a las rentas por colocaciones financieras y bursátiles.

- Desandar el camino de la involución producida durante la dictadura y el menemismo en los impuestos sobre los patrimonios.

 - La utilización de los impuestos selectivos para gravar el consumo suntuario o superfluo.

- Extender la reducción de la alícuota del IVA a más bienes de primera necesidad, previo acuerdo de precios sectoriales y la implementación de adecuados sistemas de seguimiento. - Mejorar la articulación entre la AFIP y las administraciones tributarias subnacionales.

- Un acuerdo para una nueva ley de Coparticipación Federal.

Estas modificaciones afectarán intereses de quienes ostentan el poder real. Entonces, la reforma tributaria requiere elaborar un plan global estructurado por etapas, contrapesar con poder político para sostenerla ante sus potenciales detractores, y encontrar el momento oportuno para implementarla


Síntesis del artículo

-“Una reforma tributaria debería dirigirse a acompañar y sostener el cambio iniciado en materia económica.”

-“Reforzar la función de los tributos como instrumento de política fiscal para incentivar la acumulación productiva y la generación de empleo.”

-“Además debería morigerar las desigualdades sociales que legó el régimen anterior.”

 -“No parece correcto menoscabar las diferencias existentes entre el sistema impositivo actual y el vigente en la década de los años ’90.” -“Para avanzar con la reforma se requiere una revisión integral del sistema tributario que contemple los avances logrados.”


* Iñiguez es economista de la UNLP, investigador del Ciepyc y miembro de AEDA, en tanto que Manzanal es economista de la UBA y también miembro de AEDA.

Fuente: Página 12, suplemento Cash, 22/5/11.

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TRABAJADORES PAGAN MAS

" Ganancias: paga cada vez más el salario y menos la renta financiera” sostiene Clarín bajo el cintillo “la presión impositiva”.

 El artículo de Ismael Bermúdez desarrolla en la bajada que “el 80% del aporte por personas físicas viene del trabajo. Y sólo el 20% del capital”.

Consigna que como este año el Gobierno no actualizó el mínimo no imponible de Ganancias, hay alrededor de 700.000 asalariados a quienes se les descuenta una mayor parte del sueldo, o de los haberes jubilatorios, según el caso.

La nota hace foco en denunciar una política impositiva que perjudica a los contribuyentes que tienen ingresos que provienen de su trabajo y beneficia –mediante exenciones- a las rentas financieras.

Fuente: diariosobrediarios, 28/12/09

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DESIGUALES ANTE LA LEY

Al día siguiente de que se subiera por decreto el tope mínimo para el pago del impuesto a las ganancias, viejo reclamo gremial y esperado anuncio formulado luego de una reunión de la cúpula de la CGT con la presidente Cristina Kirchner, este destacado columnista revisa en detalle el cuadro tributario para dejar en claro la inequidad tributaria en la Argentina.

Por Alfredo Zaiat

Inversores de títulos públicos y ahorristas de plazos fijos no pagan el Impuesto a las Ganancias por la renta de esos activos financieros.

Dueños de empresas o propiedades que venden esos bienes no tributan por la ganancia de capital que implicó esa transacción.

Los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacional y provinciales están exentos de pagar Ganancias.

Un Informe elaborado por la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía estimó que para este año las exenciones por rentas de títulos públicos sumarán 3627 millones de pesos, por intereses de depósitos en entidades financieras y de Obligaciones Negociables percibidos por personas físicas alcanzarán 971 millones de pesos, y el beneficio para miembros de la Justicia, 269 millones de pesos.

En total, 4867 millones de pesos que dejará de recaudar el fisco.

En ese contexto tributario, con esas inequidades en su estructura, se reedita todos los años el debate sobre la actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia.

A medida que se reitera esa discusión, los reclamos son cada vez más agudos.

La central de trabajadores dirigida por Pablo Micheli presentó un recurso judicial para que se elimine “el impuesto al salario” al calificarlo de “injusto” e “inconstitucional”.

La CTA de Hugo Yasky también pidió derogarlo o subir al doble el mínimo no imponible.

La CGT propuso algo similar, manteniendo la carga sólo sobre niveles jerárquicos.

El tema es complejo por el tipo de estructura impositiva vigente, pero resulta controvertido bregar por la distribución del ingreso al tiempo de demandar la anulación de Ganancias para trabajadores de salarios medios y altos.

Pese a ese peculiar comportamiento, esa medida reúne apoyo mayoritario.

No se presenta políticamente correcta, desde el arco político denominado progresismo, la crítica a una medida que beneficia a trabajadores. Y no resulta oportuno, desde el ubicado en el centro hacia la derecha, el cuestionamiento a una iniciativa que favorece a las empresas en la negociación salarial con los gremios, además de que alivia la carga tributaria de cuerpos gerenciales y jerárquicos.

Por ese motivo, la reducción impositiva anunciada ayer, que involucra 3245 millones de pesos anuales menos de recaudación (el año pasado sumó 3184 millones), logra el apoyo de sectores diversos y el elogio casi unánime de parte de los medios de comunicación.

Esa coincidencia tiene su motivo: periodistas que definen líneas editoriales y otros mediáticos pagarán menos y recibirán un sueldo de bolsillo mayor; las empresas podrán mostrar que abonan salarios más elevados; los sindicalistas, que pelearon y consiguieron ingresos mayores para los trabajadores; y los gurúes de la city se olvidan su obsesiva preocupación por las cuentas fiscales y el recalentamiento de la demanda porque sus clientes estarán satisfechos con que el Estado haga ese aporte para mejorar los salarios de los deciles (sic) más altos de la pirámide de ingresos.

El coro de la oposición parlamentaria con este tema ha sido oportunista y conceptualmente mediocre. Esta concurrencia de intereses no debería ocultar que el alza del mínimo no imponible se dispone en un universo laboral fragmentado y con aún una elevada informalidad y que ese beneficio involucra a un porcentaje reducido del total de las personas ocupadas.

Apenas al 10 por ciento de los empleos registrados y no más del 5 por ciento del total de los ocupados.

Resulta evidente que existe una situación compleja cuando los salarios van recuperando terreno perdido, y con más intensidad con petroleros, camioneros, obreros de la siderurgia y de la industria automotriz, entre otras ramas industriales dinámicas.

El cobro de gravámenes sobre los ingresos de los trabajadores existe en muchos países.

Se lo denomina impuestos sobre los salarios o sobre los ingresos personales; no Impuesto a las Ganancias.

La cuestión semántica no es irrelevante.

El salario no es la obtención de una ganancia sino la retribución a la fuerza de trabajo.

La recaudación de ese rubro en Argentina es muy baja en comparación con países desarrollados, y también es menor a la que se obtiene en Brasil.

Según datos elaborados por los especialistas Juan C. Gómez Sabaini y Dario Rossignolo, el Impuesto a las Ganancias recauda en el país el equivalente al 5,3 por ciento del PIB, representando el aporte de personas físicas apenas el 1,6 por ciento (incluyendo autónomos).

En Estados Unidos y en los países de la OCDE, esa participación se eleva al 9,0 por ciento del PIB.

Es cierto que para que esa comparación sea completa se debe incorporar otro factor: en esos países que recaudan más de los ingresos de las personas ofrecen servicios públicos básicos aceptables.

El mal denominado Impuesto a las Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia es progresivo en sentido doble.

Por un lado, no afecta a todos los trabajadores, sino sólo a aquellos de más altos ingresos; por otro, la tasa del impuesto se eleva a medida que son mayores las remuneraciones.

La administración de un sistema impositivo debe buscar el objetivo de equidad tributaria y equidad económica.

En el caso de la suba del mínimo no imponible probablemente se avance en ese último aspecto.

En cambio, es más controvertido con respecto a la equidad tributaria.

Especialistas en materia impositiva explican que para empezar a intervenir en ese desequilibrio debería estructurarse un tributo de base amplia y global, con un mínimo de exenciones subjetivas (que benefician a determinadas personas, físicas o jurídicas) y objetivas (que alcanzan, de modo general, a operaciones) que eviten los tratamientos diferenciados por tipos de rentas.

Al incorporar una definición global del concepto de renta se eliminan las brechas que favorecen la evasión y la elusión.

Señalan que resulta indispensable, en un contexto de necesidades fiscales, la ampliación de la base imponible y la generalización del tributo.

* Desviar la atención

Concentrar el tema en si los ingresos de los asalariados deben estar o no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias desvía la atención sobre la necesidad de corregir las distorsiones que se fueron generando en los últimos años: la curva de las alícuotas de ese tributo y el monto y el tipo de deducciones.

Al respecto, debería haber mayor progresividad en la actual escala de las alícuotas que pagan los trabajadores de cuarta categoría, puesto que la máxima es del 36 por ciento, inferior a la de países comparables.

Además, con la actual estructura de Ganancias se observa la paradoja de que, a medida que se sube en la pirámide salarial, gerentes y ejecutivos complementan sus ingresos con rentas financieras y ganancias de capital que hoy están desgravadas.

La cuestión equidad tributaria-justos reclamos de aumentos de salarios es muy complicada de resolver debido a las debilidades de la actual estructura del Impuesto a las Ganancias.

Esta contiene exenciones como las mencionadas (renta financiera, ingresos de jueces y utilidades obtenidas por ventas de activos) que distorsionan el cuadro impositivo y, por lo tanto, la discusión sobre justicia tributaria.

En esta circunstancia, resulta provocador en cuanto a equidad que un asalariado que va recuperando poder adquisitivo tenga que pagar Ganancias mientras que inversores financieros, hombres de negocios y magistrados no destinan ni un peso a cumplir con ese tributo.

Pero el camino a transitar es el de cerrar esas filtraciones y no profundizarlas.

Para ello se requiere plantear un debate integral del régimen y no saludar como una conquista una mejora de los salarios de la cúpula de la pirámide laboral en una estructura tributaria que en los últimos años ha registrado un estancamiento relativo de la recaudación de los impuestos más progresivos como ganancias o impuestos al patrimonio.

Se trata de pensar un sistema tributario progresivo, sustentable, transparente, simple y equitativo.

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Fuente: Página 12, 2/4/11.