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POL. DE ESTADO - CONGRESO ABIERTO - armandovidal
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AMLO Y AF, CAMBIO PROGRE

La interpretación del reconocido especialista de la visita a México del presidente Alberto Fernández y las particularidades que la diferencian de cualquier otra es para el autor una puesta fuerte a la integración latinoamericana en franco desafío a la política norteamericana y a los medios de comunicación que están a su servicio.

Por Pedro Briger

Las visitas de Estado tienen múltiples dimensiones y hay diferentes criterios para evaluarlas más allá de las afinidades políticas, entre otros, la duración de una visita y las actividades que se realizan. Muy lejos en el recuerdo quedan las giras de semanas, como la del presidente de Francia Charles de Gaulle en 1964.

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LOS MEDIOS DE LA GUERRA

Parte de la guerra que los medios de comunicación dominantes le han planteado sin tregua al gobierno de Alberto Fernández está referida a la ley sobe los servicios de comunicación audiovisual, aprobada en octubre de 2009, que el gobierno de Mauricio Macri modificó por DNU, al igual que otra ley de 2014. La réplica por DNU de AF-decreto mata decreto- a nueve meses de su gestión. Aquí, la medida, después la  de Macri y finalmente Chequeado. La pelea continúa.

A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), del 23/8/2020 el PEN determinó como "servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia" a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, al tiempo que suspendió "cualquier aumento de precios o modificación de los mismos" hasta el 31 de diciembre.

A continuación, las razones para esta medida, publicada en el Boletín Oficial. 

* Comunicación como "derecho humano"

En los considerandos, la disposición remarca que, durante la gestión de Cambiemos, "mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/2015 se derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación". Y subraya que esa decisión se tomó "abandonándose la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional".

Recuerda que la Carta Magna "en su artículo 42 establece el deber de las autoridades de proveer a la protección de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados así como a la calidad y eficiencia de los servicios públicos".

* Regulación para "acceso equitativo"

"El derecho humano al acceso a las TIC y a la comunicación por cualquiera de sus plataformas requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables". Señala que "es necesario recuperar los instrumentos normativos que permitan garantizar para la totalidad de los y las habitantes de la Nación el acceso a  las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), estableciendo además planes accesibles e inclusivos que garanticen una prestación básica universal obligatoria".

* Sin aumentos por la  pandemia

El Poder Ejecutivo justificó la decisión de extender el congelamiento de los aumentos de los servicios. Explica que es debido a la "situación de emergencia sanitaria que se está atravesando en el marco de la pandemia de COVID-19 ". Añade que la consecuente disminución de la circulación de personas para mitigar los contagios "configuran una situación de urgencia que impone la necesidad de otorgar una inmediata protección de estos derechos". Y remarca el DNU que "en efecto, en este contexto, cobra mayor relevancia aún el acceso a las TIC y a las redes de telecomunicaciones tanto para las empresas como para los y las habitantes de nuestro país".

* Las modificaciones

En su articulado, el DNU ordena incorporar como artículo 15 de la Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones N° 27.078, el siguiente texto: "Se establece que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad".

Luego, sustituye el artículo 48 de la mencionada ley por el siguiente: "Los licenciatarios y las licenciatarias de los servicios de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación".

Y añade: "Los precios de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de los prestados en función del Servicio Universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, serán regulados por esta. La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad".

Asimismo, el artículo 3° agrega como segundo párrafo del artículo 54 de la Ley N° 27.078, el siguiente texto: "Incorpórase como servicio público, al servicio de telefonía móvil en todas sus modalidades. Los precios de estos servicios serán regulados por la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad".

El artículo 4°, en tanto,  ordena: "Suspéndese, en el marco de la emergencia ampliada por el Decreto N° 260/20, cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC, incluyendo los servicios de radiodifusión por suscripción mediante vinculo físico o radioeléctrico y los correspondientes al servicio de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades. Esta suspensión se aplicará a los servicios de televisión satelital por suscripción".

Sobre el final, el artículo 5° dispone que "las prestadoras deberán dar adecuada publicidad a lo dispuesto en el presente decreto respecto de los servicios a su cargo", y el artículo 6° designa como Autoridad de Aplicación del presente decreto al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)". (DIB)

Fuente: Agencia Télam 

                                                                                                                                                                                              

LO QUE MACRI HIZO DE ENTRADA

¿En qué cambian a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual los decretos del Poder Ejecutivo Nacional? La Defensoría del Público lo señala aquí.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015 del PEN modifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 comenzando por la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la remoción de su Directorio. También altera aspectos centrales como la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización; la integración del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA); la adjudicación para servicios de radiodifusión por suscripción, prórroga, transferencia y multiplicidad de licencias, y el cambio de sus titulares.

En relación a las condiciones de admisibilidad de personas de existencia ideal, se permite emitir cualquier tipo de obligación negociable inferior al 30% del capital social. En caso de ser mayor al 30 % del capital social, deben pedir autorización. La ley 26.522 requería siempre la previa autorización. La adjudicación para servicios de radiodifusión por suscripción excluye a la TV por cable y la Televisión Digital Terrestre (TDT) paga, de la aplicación de la Ley 26.522. De esta forma la televisión por suscripción que no sea satelital pasa a ser regulada por la Ley de Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), 27.078.

La prórroga de licencias se podría entender que al excluir de la regulación al servicio de televisión por cable, las licencias de este tipo de servicio dejarían de tener un plazo de vencimiento. Por otro lado, se flexibiliza la posibilidad de prorrogar los plazos, sin vencimiento concreto y dejando a la discrecionalidad del Ministerio de Comunicaciones la posibilidad de convocar a nuevos concursos. A su vez, elimina el mecanismo de transparencia y participación ciudadana que establecía el artículo 40 de la LSCA al disponer la previa celebración de audiencias públicas en la localidad donde se preste el servicio para autorizar las prórrogas.

En cuanto a la transferencia, regresa la concepción de la regulación existente en la Ley de Reforma del Estado de 1989, donde se permitió la posibilidad de vender y transferir las licencias, considerando a la comunicación audiovisual como una mercancía, es decir priorizando el derecho privado sobre el derecho público.

Este artículo inclusive tiene mayor flexibilidad que la Regulación de la derogada ley 22.285, ya que posee un mecanismo de aprobación tacita de las transferencias de licencias. La multiplicidad establece que no existe mas el limite de licencias de servicios por suscripción físico y de TDT pago, ya que no son considerados servicios de comunicación audiovisual.

Flexibiliza la cantidad de licencias que puede tener un licenciatario de Radio y Televisión abierta. Elimina límites a la titularidad de registros de señales. El artículo 17 del Decreto, además de ampliar de 10 a 15 las licencias de servicios audiovisuales admitidas, también elimina el límite del 35% del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios regulados por el artículo 45 de la LSCA. En el “orden local”, excluye de la regulación de límites cruzados, del artículo 45, apartado 2.c) y d), respecto de las licencias de radiodifusión televisiva por suscripción.

Con respecto a la apertura del capital financiero, aumenta los porcentajes de comercialización en el mercado de valores de su capital social. Unifica el tope en 45 % y excluye de todo límite de comercialización al cable. La vinculación de emisoras es flexibilizada por la posibilidad de constituir redes de emisoras. El aumento de los porcentajes de retransmisión en red, potencia la concentración de contenidos y la retransmisión de la programación generada por los canales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo cual se debilita la producción de contenidos propia, locales, federales e independientes en las distintas regiones del país, con sus correspondientes efectos en la homogenización de contenidos y la reducción de puestos de trabajos en las provincias. También elimina requisito de que las redes sean entre prestadores del mismo tipo y clase de servicio.

Las definiciones de los párrafos 34, 35, 36 y 40 del artículo 4 de la LSCA, modificadas por el DNU, implican que la televisión por cable y la TV paga con uso de espectro que no sea satelital, pasan a ser reguladas por la Ley TIC. Los licenciatarios dejan de tener como objeto social único de servicio de comunicación audiovisual.

Deroga el artículo 43 de la LSCA y los bienes de radiodifusión dejan de ser bienes afectados a la radiodifusión. Derogan el artículo 44 que impedía delegar la explotación de los servicios de comunicación audiovisual. Esto permitiría que cualquier Fondo de inversión internacional alquile medios de comunicación en la Argentina. Deroga el artículo 48 de la LSCA, profundizando los mecanismos de concentración de medios audiovisuales. Deroga el segundo párrafo del art. 55 de la LSCA flexibilizando la posibilidad de constituir fideicomisos sobre acciones de sociedades licenciatarias. Deroga el abono social del art. 73 de la LSCA. Deroga el art. 158 que limitaba la posibilidad de solicitar prorrogas de licencia, deroga el art. 161 y con ello todo el proceso de adecuación.

Al excluir al servicio de televisión por cable, se deroga indirectamente todas las obligaciones en materia de composición y orden de grillas de programación dispuestas en el artículo 65 de la LSCA para los cables, continuado sólo para los servicios satelitales. En tal sentido y a modo de ejemplo cualquier operador de TV por cable podría quitar de sus grillas los canales abiertos de su área de cobertura, tales como TV Pública, Telefe, America, Canal 9 en CABA, dando prioridad a las señales internacionales. Asimismo la TV por cable tampoco deberá incluir una señal de producción local, afectando el derecho de información de distintas localidades del interior de país y perdidas directas de fuentes de trabajo.

Los cableoperadores no tendrán mas la obligación de incorporar las señales abiertas generadas por Universidades, provincias y municipios que se encuentren localizadas en su área de prestación de servicio. Tampoco los servicios de TV por cable a convertirse en TIC por medio del DNU tendrán la obligación de cumplir con las cuotas de pantalla de películas nacionales y telefilmes producidos por productoras independientes nacionales, establecidas en el artículo 67 de la LSCA.

A los servicios por suscripción (cables y televisión digital paga) ya no se le aplicará el régimen de sanciones previsto en el título VI de la LSCA creando una evidente desigualdad con los servicios satelitales.

La ley 23.696 de Reforma del Estado, -promulgada en 1989- era mas restrictiva en cuanto a las condiciones societarias que el DNU publicado, ya que estipulaba en su articulo 65 (sustituyendo a la Ley 22.285), que las sociedades comerciales o las personas físicas, adjudicatarias de una licencia, no podrían tener vinculación jurídica societaria u otras formas de sujeción con empresas periodísticas o de radiodifusión extranjeras. Dicho articulo fue derogado oportunamente por el articulo 164 de la LSCA.

En cuanto a los bienes afectados a un servicio de comunicación audiovisual, si bien se mantiene el artículo 42 que establece la “inembargabilidad” de las licencias y autorizaciones, la derogación del artículo 43 y su reglamentación, significan un grave retroceso, ya que permiten embargar los bienes imprescindibles para la prestación regular del servicio de comunicación audiovisual, antes considerados también inembargables como parte integrante de la licencia o autorización. Lo cual, frente al incumplimiento de los aspectos técnicos que exige la adquisición de estos bienes para mantener la operatividad, habilitación y prestación regular del servicios de comunicación audiovisual conforme el artículo 85 y 87 de la LSCA, fuerza a los licenciatarios a transferir voluntariamente su licencia a personas que reúnan las condiciones de acuerdo al nuevo régimen, según el artículo 20 del Decreto 267/2015.

En este punto, cabe destacar que la ley 22.285, sancionada por la ultima dictadura cívico militar en 1980, estipulaba en su articulo 63 que los bienes afectados a un servicio de radiodifusión, considerados imprescindibles, son los detallados en los pliegos de condiciones y en las propuestas de adjudicación como equipamiento mínimo, son inembargables.

La derogación del artículo 44 de la LSCA que trata la indelegabilidad de las licencias, abre la puerta para delegar la prestación efectiva de servicios de comunicación audiovisual a terceros, sin que hayan sido sometidos a la evaluación previa que debe realizar la autoridad de aplicación de la ley para considerarlos licenciatarios. De esta forma se autoriza a que terceros se hagan cargo indirectamente de las licencias debido a un procedimiento de adjudicación flexibilizado y poco riguroso, que oscurece la propiedad real y el funcionamiento en los hechos de los verdaderos titulares de las licencias, favoreciendo a su vez, la concentración indirecta a través de terceros.

Las prácticas de concentración indebida, al derogar el artículo 48 de la LSCA se elimina el régimen de verificación de vínculos societarios que exhiban procesos de integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social. Por lo tanto se desconocen los estándares de la relatoría sobre la necesidad de establecer regulaciones específicas en el ámbito de los servicios de comunicación audiovisual además de la regulación sobre defensa de la competencia, por lo tanto aniquila las medidas de desmonopolización.

Los debentures pueden ser emitidos y constituir fideicomisos sin la necesidad de autorización de la autoridad de aplicación de la LSCA, cuando antes se requería su previa autorización. Aunque el artículo 13 del Decreto 267/15 establece que las personas jurídicas pueden emitir debentures, acciones, bonos sin autorización hasta el 30% del capital social que forma la voluntad social, un porcentaje mayor requiere la autorización del nuevo Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Respecto del abono social, se deroga el artículo 73, por lo cual se establecen condiciones excluyentes para acceder al servicio de televisión por cable para los sectores económicamente más desaventajados.

Con el nuevo DNU, el régimen de licencias vigente, permite las prorrogas sucesivas de las licencias de radio, TV abierta, dejando al arbitrio del Ministerio de Comunicaciones la facultad de obligar a vender a aquellos licenciatarios que supuestamente no cumplen con la LSCA. El artículo 161 de la LSCA que establecía parámetros de adecuación equitativos para aquellos titulares de licencias que fuera ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) luego de ser cuestionado, quedó derogado por completo bajo la nueva reglamentación.

En cuanto a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización es modificada en sus funciones y potestades. Con respecto a la AFSCA crean un nuevo Organismo dependiente del Ministerio de Comunicaciones, donde el Directorio se asegura una amplia mayoria, ya que de un total de siete miembros, el Poder Ejecutivo nombra cuatro. Tres propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, uno por la mayoría o primera minoría, uno por la segunda minoría y otro por la tercera minoría.

Esto habilitaría a que el partido oficialista tenga un Director más propuesto por la mencionada Comisión Bicameral, lo que asegura al Poder Ejecutivo una mayoría automatica de cinco miembros en el Directorio del ENACOM, en contraposición con lo resuelto en el año 2013 por la CSJN en el caso ” Grupo Clarin”y los standares internacionales sobre los Organismos Reguladores en la materia. Se faculta al Poder Ejecutivo también a remover sin expresión de causa y sin derecho de defensa a todos los directores, incluidos los propuestos por el Congreso Nacional, afectando de esta manera la división de poderes, el federalismo, el sistema republicano y el derecho de defensa.

Quedan sin reglamentar artículos clave como la naturaleza y domicilio de la Autoridad Federal, su presupuesto, directorio. También queda sujeto a disposición del ENACOM la creación del Consejo Federal de Comunicaciones en sustitución del Consejo Federal de Comunicación audiovisual como la designación de sus integrantes.

 * LA VERSIÓN DE CHEQUEADO 

El presidente Alberto Fernández comunicó el viernes último (NdE: 22/8/2020) a través de su cuenta oficial de Twitter la decisión de declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga y congelar hasta el 31 de diciembre las tarifas de los tres servicios. Las claves de la medida.

La decisión se efectivizó a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020, que aplica modificaciones a la Ley N° 27.078 (conocida como “Ley Argentina Digital”). Esta norma fue sancionada en 2014, durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, pero luego fue modificada durante el gobierno de Mauricio Macri.

El DNU, como todos los decretos de esas características, deberá ser analizado y validado por el Congreso de la Nación.

* Los argumentos

El DNU publicado por el Presidente considera, entre otros puntos: que el derecho de acceso a internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión; que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) representan no sólo un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituyen además un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social; y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012 estableció que “el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables (…).

El texto del decreto destaca los ejemplos de México y Francia, en donde en el primero se consagró el derecho de acceso a Internet, mientras que en el país europeo fue considerado un derecho fundamental. Además, en una entrevista radial tras la publicación del decreto Fernández declaró: “Admiro a Noruega y Finlandia, y en estos dos países son servicios públicos”.

Por su parte, también critica el DNU 267/2015, emitido por Macri, que estableció la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y modificó la “Ley Argentina Digital”. Así, el reciente DNU considera que esa decisión “derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, abandonándose la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional”.

Según explicó Damián Loreti -abogado, doctor en Ciencias de la Información y secretario del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- “esta modificación le dio a las empresas de TV por cable la condición de prestadores de servicios TIC. Es decir, las equiparó a las compañías de telecomunicaciones y los liberó así de las obligaciones que imponía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

Además, el especialista agregó que no hubo más límites a la concentración, obligaciones de emitir una señal propia, ni de pasar las señales locales de TV, ni de respetar el orden de la grilla. También se terminaron las disposiciones que obligaban a incluir señales producidas por otros.

* Las modificaciones

El decreto establece que los servicios de las TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia, que sus licenciatarios fijarán los precios, que deberán ser justos y razonables, y regulados por la autoridad de aplicación, es decir, el Enacom. Además, incorpora como servicio público al servicio de telefonía móvil, cuyos precios también serán regulados por el Enacom.

Finalmente, en el marco de la emergencia ampliada por el Decreto N° 260/20, suspende cualquier aumento o modificación de precios establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC. Esto incluye a la televisión por cable, internet, a la telefonía fija o móvil y también a los servicios de televisión satelital.

Santiago Marino -director de la Maestría en Industrias Culturales: políticas y gestión de la Universidad Nacional de Quilmes y docente en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de El Salvador- analiza que una parte relevante de esta medida deberá ser definida en resoluciones específicas de la autoridad de aplicación.

Entre ellas, si la definición de “servicio público” extendida en el artículo 3 “a la telefonía móvil en todas sus modalidades” alcanza a la TV de pago en general y por satélite en particular; las exigencias que debería tener la prestación básica universal; las obligaciones de calidad, velocidades y prestaciones en cualquiera de las modalidades y las pautas para el corte del servicio en caso de falta de pago, entre otras.

Chequeado se contactó con la Cámara Argentina de Internet que, por el momento, no tienen una posición pública adoptada respecto al DNU.

Por su parte, la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI) emitió un comunicado el 4 de agosto último, previo al decreto, ante el surgimiento de diversos proyectos de ley que proponían lo que finalmente Fernández decidió vía DNU en el que expresó su rechazo: “Internet no debe ser un servicio público (…) por entender que una mayor intervención del Estado no solo no asegura el objetivo último que se declama, que es la universalidad de la conectividad a internet, sino que como ha sucedido en otras oportunidades, probablemente genere un menor desarrollo y penetración de los servicios de banda ancha”.

Y agrega: “La mera calificación de un servicio o una actividad económica como servicio público no hace por sí misma que esos servicios sean más baratos ni mejores, o siquiera que lleguen a más personas, algo que sí puede lograrse generando condiciones de mayor competencia y una promoción activa e inteligente de la industria por parte del Estado, a través de políticas públicas de incentivo de la inversión, para que sean los actores del sector privado quienes lleven internet de calidad a precios competitivos al cien por cien de los hogares del país”.

GSMA América Latina -entidad que representa los intereses de operadores móviles y compañías relacionadas- también difundió un comunicado el que sostiene que las medidas adoptadas van en detrimento de más conectividad para la sociedad y “manifiesta que medidas que modifican las estructuras de precios en mercados en competencia con una proporción significativa de insumos dolarizados resultan regresivas en materia de inversión en infraestructura digital y nuevas tecnologías. Lejos de garantizar el acceso a todos los ciudadanos, las disposiciones ponen en riesgo la calidad de los servicios para el consumidor y la ampliación de la conectividad, pudiendo redundar en un aumento de la brecha digital”.

 

 

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ONU, VOTO QUE DESHONRA

Contundente condena de este especialista en temas internacionales, periodista y escritor,  por el vergonzoso voto de la Argentina en la ONU contra Venezuela, convalidando el informe Bachelet, un grosero conjunto de mentiras, dice. Y en franca contradicción con la posición en la OEA sostenida por el embajador Carlos Raimundi.  

Por Carlos Aznares  

En una actitud abiertamente complaciente con la política exterior norteamericana, el gobierno argentino, a través de su representante oficial, votó en contra de la República Bolivariana de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Repitiendo una conducta errática que tienen antecedentes muy cercanos, la Cancillería presidida por el ministro Felipe Solá, siguiendo las estrictas instrucciones del presidente Alberto Fernández, coincidió y respaldó plenamente un informe falaz, mentiroso e injerencista elaborado por Michelle Bachelet.

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VACUNAS, PERO NO PARA TODOS

La acaparamiento de los países ricos de las vacunas condena a los países pobres. Peor aún es permitir a las empresas hacer lo que quieran con las licencias. Se repite con el covid  lo sufrido con el sida. La ONU dice que es la crisis mayor en sus 75 años de vida.

Por Thalif Deen (*)

Existe la creencia de que prácticamente todo en este mundo conspira contra los pobres y los oprimidos. La vacuna contra la covid no es una excepción. Algunas de las naciones más ricas del mundo, como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, parecen haber acaparado la mayoría, mientras se margina a las más pobres.

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1959, TRATADO ANTÁRTICO

Firmado el 1º de diciembre de 1959 en Washington, por doce países, entre ellos la Argentina y puesto en vigencia el 6 de junio de dos años después, el Tratado Antártico y los convenios posteriores conforman un sistema de protección a ese extremo del planeta amenazado por el calentamiento global. Aquí,  lo que hay que saber.

Por Base Marambio

Desde comienzos del siglo XIX diversas expediciones y actividades foqueras que tuvieron a Buenos Aires como puerto de partida, pueden considerarse los inicios del interés argentino por la Antártida. La presencia permanente de nuestro país en ella es de principios del siglo XX, con el observatorio meteorológico y magnético de la isla Laurie, de las Orcadas del Sur.

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