A+ A A-

ESA DEUDA HAY QUE PAGARLA

El increíble fallo de la Corte Suprema generó una reacción popular tan fuerte que estremeció al poder de facto y por ende a su gobierno. Esa conciencia surgida de las entrañas del dolor por los 30 mil desaparecidos en la dictadura cívico militar tuvo en el Congreso de la Nación un ámbito de difusión en los primeros pasos de la recuperada democracia. Cárcel para los genocidas, deuda de la Justicia que tres cortesanos quisieron burlar. Hay otras deudas del pasado que no pasa.

Por Armando Vidal

El más categórico repudio social - hito histórico- a un fallo de la Corte Suprema de Justicia destinado a quebrar una política de Estado sobre los derechos humanos en la Argentina no fue, no es, sólo por la vergonzosa obra de tres jueces, con el apoyo del presidente de la Nación, sino por una conciencia popular que exige que paguen con la cárcel los responsables de cada uno de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura cívico militar que padeció nuestro país.

Ninguna maniobra aviesa, artera o tramoyista será posible con un pueblo movilizado y consciente como se vio el miércoles 10 en la Plaza de Mayo y en el mundo entero.

Verdad, memoria y justicia con los 30 mil desaparecidos es hoy un capítulo abierto, con juicios que transcurren en las distintas jurisdicciones con creciente demora, en especial desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri. Igual  aconteció -y se repite- con la justicia penal por delitos comunes, motivo central de la pasajera ley del 2x1, que los tres cortesanos quisieron utilizar como ganzúa y ahora quieren enmendar para salvar sus cabezas de un juicio político que el Congreso de la Nación no hará, al menos por ahora.

Fue en la recuperación de la alicaída democracia argentina y en el Congreso de la Nación que mejor la representa, aún hoy, donde sonó fuerte en la dimensión del horror desde el primer día de la gestión del entonces presidente Raúl Alfonsín.

Historia que los radicales de Cambiemos olvidaron, rémora de la cual el diputado Ricardo Alfonsín quiere salir, como se notó en su último discurso sobre la ley correctiva de la sentencia – embrollo jurídico-, recurso propiciado por el oficialismo para cubrir sus propias apariencias y votado por casi unanimidad en la Cámara baja.

En el Senado no hubo excepciones, tras un debate que fue cerrado con el discurso del radical Angel Rozas, quien, desmemoriado o confundido con la alianza conservadora que integra, dijo que Alfonsín había anulado la ley de facto de la autoamnistía con un decreto.

No, señor senador, fue el primer proyecto el PEN remitido al Congreso, la primera ley, la 23.040, votada por Diputados y el Senado en el término de una semana, segunda quincena de diciembre de 1983. El que apenas asumió usó un decreto para anular una ley del Congreso (no de la dictadura) es el Presidente que su partido sostiene como hizo con la ley de medios audiovisuales.

De modo que fue en el Congreso, donde comenzaron a ampliarse las fronteras de la verdad de un pasado que los diarios nacionales de la época ocultaron y no por falta de valentía cívica, al menos no sólo por eso, sino por deducibles compromisos adquiridos con el régimen de facto encarnado por Jorge Rafael Videla (Léase: Papel Prensa).

Esa dimensión de horror surgió de los debates generados en la confección de los instrumentos legales para juzgar a los miembros de las tres primeras juntas y, como complemento, con las discusiones por la creación en el área del PEN de la CONADEP, que el peronismo se negó a integrar porque reclamaba que fuera en la órbita parlamentaria. Una aspiración válida pero que comprometía la necesidad de un trámite acelerado, como lo fue la propia investigación de esa Comisión cuyos resultados fueron sostén de la acusación en un juicio consumado, con sentencia incluida, a fines de 1985.

Fue el Congreso, en primer lugar y después los testimonios en el juicio, con sus amplios ecos en los diarios, comenzando por Clarín (Página /12 no había nacido), con un equipo de periodistas que tuvieron al frente al recordado Claudio Andrada, quien eligió como colaborador a un joven de la sección Deportes, que sería un abogado de notoria actuación en ese mismo campo de los derechos humanos: Pablo Llonto.

El Congreso, el mismo Congreso que ayer y hoy, es complaciente con la otra deuda, la deuda externa, y que dejó las huellas de su resignación votando el acuerdo macrista con los buitres - inaugural política de otro largo ciclo de miseria en el país de las riquezas-, fue donde se descorrió el primer velo instituciconal sobre la dimensión de la tragedia.

Una democracia, fracasada en la mayor parte de sus valores menos en consagrar el significado de los derechos humanos en nuestro país. Por ello, en todos los niveles, surgieron expresiones claras de rechazo al 2x1 a favor de genocidas.

En todos los niveles -hasta finalmente... ¡en el propio Gobierno!-,  hubo categóricos rechazos al fallo a favor de genocidas votado por aquel prometedor joven constituyente que fue Horacio Rosatti; por la inexplicable Elena Highton de Nolasco –salvo, quizás, por su lejano pasado y su voltereta para continuar en el cargo- y por el todavía desconocido Carlos Rosenkrantz, que más que ser cuestionado por haber sido abogado defensor de los intereses del Grupo Clarín –lo cual no es poco-, se destacó por haber estado en contra de la declaración de la Corte de la inconstitcionalidad de las leyes de punto final y de obediencia debida, además de convalidar la constitucionalidad de los indultos a procesados por parte del entonces presidente Carlos Menem, antecedentes que no podía ignorar el senador Miguel Pichetto, presidente del bloque del PJ en el Senado, que votó su pliego a juez.

Por si fuera poco, Rosatti y Rosenkrantz, marca en el orillo, cargan con la compartido anuencia de haber aceptado la designación inicial por decreto realizada con la frescura de su caradurismo por el Presidente, en grosera violación a la Constitución.

Mutis por el foro de los futuros cortesanos.

Entre las pocas luces y las demasiadas sombras, el Congreso de la Nación sigue cargando su propia deuda: dejar hacer, dejar pasar la política de endeudamiento atávico del neoliberalismo. Lleva diecisiete años de espera el pedido del juez Jorge Ballestero de la causa Olmos  para que no se repita la inmunidad que, por falta de una ley específica, tuvo en dictadura el entonces ministro José Alfredo Martínez de Hoz.

Deuda externa que crece a pasos agigantados, fuga proporcional de capitales, desindustrialización. desempleo, pobreza, rasgos progresivamente del gobierno del empresario Macri.

El Congreso de la Nación, el que ayudó a tomar conciencia sobre el valor supremo de la vida y sus derechos, en materia de deuda externa, derivaciones y consecuencias, no sabe, no contesta.

Hasta que explote todo como en el 2001 porque para ese tema, el de la deuda que le impone la Constitución (Art. 75. Inc. 7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación) el pasado... no pasa.

Nota: la actualización de este artículo se debió a errores de edición como la repetición de un párrafo sobre quiénes eran los cortesanos Rosatti y Rosenkrantz, quien, de paso sea dicho aquí, es uno de los hijos del entonces diputado ucrista Samuel Eduardo Rosenkrantz en el gobierno de Arturo Frondizi (1958/1962).