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ÉTICA PARA TODOS ES LO QUE NINGUNO PIDE

El Círculo de Periodistas Parlamentarios prohíbe a sus miembros tener relación laboral alguna con legisladores, bloques y Cámaras del Congreso de la Nación, dato  para recordar en tiempos que preanuncian un debate sobre la ética periodística, sin excluir, lógico, a las empresas del sector.

Por Armando Vidal

Después de la dura carga de Cristina Kirchner contra Marcelo Bonelli, el primer periodista que lanzó la idea de discutir una ley de ética dentro de los canales de representación de los trabajadores del noble oficio fue Alberto Dearriba, en su columna política del sábado 11/8/12 en  Tiempo Argentino. Y, un día antes, el primer periodista que se opuso fue Daniel Santoro, en una nota en Clarín, en respuesta a los dichos de la Presidente en la jornada anterior.

El domingo, en Página /12, acompañando a su habitual columna, Horacio Verbitsky se refirió a los códigos de ética del Foro de Periodismo Argentinos (FOPEA) y a la declaración de principios sobre la misma cuestión del Sindicato de Prensa de Rosario, ejemplos surgidos de las propias organizaciones y no de una norma general.

Una ley tiene otra dimensión y se comprendería menos si no incluye en primer lugar a los empresarios periodísticos, que aquí ni siquiera tienen la obligación de ser argentinos, motivo por el cual hay tantos oscuros personajes en este negocio. Sólo pensar en un debate de esta naturaleza torna la cuestión en mera utopía.

Obviamente que este tema, en el plano de los trabajadores, concierne también a los periodistas parlamentarios a los que en su nota hace referencia Dearriba, quien por su lado fue y es un acreditado permanente ante ambas Cámaras desde los tiempos en que trabajaba para el diario La Voz, siguiendo por Página /12 y Télam y un activo miembro del Círculo de Periodistas Parlamentarios en los albores de la democracia recuperada cuando se registraron choques de disimulada naturaleza ideológica entre los escribas. 

Con la misma decisión con la que un día enfrentó en la vieja sede de San Lorenzo a un tan joven como él Ringo Bonavena, a quien le demostró que era más rápido con las piernas que el quemero con los puños, Dearriba habla de los cronistas parlamentarios y de sus peleas en torno de un artículo del estatuto que les prohíbe tener relación pecuniaria alguna con legisladores, bloques y Cámaras del Congreso de la Nación. Tema directamente vinculado con la política salarial de algunas empresas que ponen a sus periodistas ante dilemas de conciencia en una casa llena de tentaciones, cualquiera sea el oficialismo y la oposición de turno.

Esas largas discusiones estallaron con la crisis que precipitó el fin de la gestión de Raúl Alfonsín y la llegada triunfal al gobierno del menemismo, lo cual repercutió fuerte en el Congreso.

Esa crisis –simbolizada por los súbitos y premeditados ataques a los supermercados, en la entrega anticipada del gobierno y en la votación a tambor batiente de las leyes que abrieron paso a las privatizaciones- generó una especie de desborde en los propios periodistas, algunos de los cuales comenzaron a fomentar la derogación del artículo 12 del estatuto del Círculo, aprobado en 1984. Duras asambleas en las que el artículo 12 quedó en pie.

Visto hoy una barrera disuasiva contra quien quiera cobrar de sus fuentes -porque de comprobarse singificaría la expulsión del Círculo-, el artículo 12 tuvo una génesis diferenciada porque quien lo escribió pensaba en que había que evitar algo todavía peor que una canonjía. Ese periodista que lo propuso y logró su aprobación, provenía de la experiencia de los setenta y temía la reaparición de pseudoperiodistas que en tiempos de la triple A, apañados por el oficialismo, eran sospechados de pertenecer a servicios.

Una preocupación que tenía muy presente porque dos periodistas parlamentarios, el Negro Eduardo Suárez, querido compañero y el inquieto Rodolfo Fernández Pondal, integran desde 1976 y 1977, respectivamente, la larga nómina de asesinados en dictadura.

En 1984, las sombras de la dictadura todavía se extendían sobre los primeros tiempos de la democracia, porque había secuestros y torturas, que el entonces ministro Antonio Tróccoli atribuía a la “mano de obra desocupada” y que los casos, entre otros, del ex ministro bonaerense Ramón Miralles y del secuestrado y asesinado empresario Osvaldo Sivak, así lo demuestran.

Crímen y corrupción tienen una ligazón mayor que la letra inicial que comparten.

“Para encarar una norma que redefina la actividad periodística –dice Alberto Dearriba-, lo primero sería establecer quién es legalmente periodista en la Argentina. Si se salvara esa dificultad inicial, se plantearía luego una cuestión más espinosa aún: ¿Quién define lo que es ético y lo que no? Obviamente esa potestad no puede quedar en manos de las empresas ni de los gobiernos de turno, sino de los trabajadores de prensa y sus organizaciones gremiales”. Y añade que “una delicada norma sobre ética periodística, debería construirse mediante un amplio debate popular como el que precedió a la Ley de Medios Audiovisuales”.

Por su lado, Santoro había dicho que la ley de ética “es para los funcionarios y los periodistas no somos funcionarios” y que este debate en las democracias de América y Europa “se zanjó impulsando la creación de códigos de ética para periodistas como el de FOPEA y empresas periodísticas pero de carácter voluntario sin la intervención del Estado”.

Una idea que comparte el profesor de Medios en la George Washington University, Silvio Waisbord, en La Nación, del sabado 11, cuando señala que “hay amplio consenso en que la regulación del periodismo en democracia no le compete al Estado”, si bien, párrafos más adelante, remarca que así como los mandamientos bíblicos no impiden los pecados, los códigos voluntarios “son invisibles hasta el punto que suelen ser desconocidos por la mayoría de los periodistas” porque, dice, "carecen de fuerza legal".

Quizás la ética periodística no sea una meta sino un camino llamado debate para tenerla presente en la digna labor de trabajadores  honrados con la misión de contar lo que creen es la verdad y de empresarios comprometidos con el bien de la sociedad y no con sus miserias.