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ADIÓS A LA LEY DE ÉTICA

La ley de ética fue un intento de reparación del prestigio de los políticos, pensada también para terminar con el descontrol en el Estado por parte de quienes se servían de él para atender los negocios de las empresas que se quedaron con los servicios públicos. Ahora la dan por muerta. 

Por Sandra Elena (*)

El proyecto de declaraciones juradas de bienes aprobado por el Congreso de la Nación modifica las normas sobre ética pública vigentes, e implica un retroceso en materia de control de la transparencia de los funcionarios públicos.

Hasta ahora, los funcionarios estaban obligados a dar información detallada y respaldada sobre su patrimonio, el de sus cónyuges, el de sus hijos menores no emancipados, y sobre las actividades y los intereses económico, comercial, financiero y profesional que tuvieron hasta el momento de ingresar a la función pública y de los que continúan ejercitando.

Las declaraciones se actualizan anualmente y los funcionarios deben presentar una declaración al egreso de su función.

La ley también ordenaba crear una Comisión Nacional de Ética Pública, que recibiría denuncias sobre funcionarios por conductas antiéticas y copias de las declaraciones juradas de los funcionarios obligados, y establecería un sistema de prevención y control. Por razones de índole político, la Comisión nunca se creó.

En 2002, la Corte Suprema decidió no integrar la Comisión. Argumentó que integrar un organismo compuesto por los tres poderes podía afectar su independencia. Así, dispuso que ella misma se encargaría de aplicar la ley en su ámbito, creando su propio sistema de publicidad.

Este sistema fue defectuoso porque no dio a publicidad ninguna declaración jurada, a pesar de varias solicitudes de organizaciones de la sociedad civil y la presentación de una acción de amparo judicial.

Más tarde, el Consejo de la Magistratura entendió que la administración de las declaraciones juradas de los tribunales inferiores de la nación (con excepción de la propia Corte) era de su competencia, simplificó el régimen anterior y estableció plazos más concretos.

Ahora se usarán formularios utilizados por la AFIP y no los específicos para este tipo de declaraciones. No será ya obligatorio declarar los bienes de los convivientes, y no podrán realizarse comparaciones temporales.

Además, define que el control de las declaraciones se centra en los ciudadanos y ordena su publicación.

Si bien el control ciudadano siempre es positivo, el texto del proyecto resulta ambiguo; es fundamental que el control de la ciudadanía se complemente con el de un organismo técnico con competencias claras para los tres poderes.

Para ello, sería necesario que este organismo tenga autoridades que no puedan ser removidas por desacuerdo con el poder político.

Además, su constitución, estructura y misión deberían ser producto de una decisión del Congreso, lo que supone el consenso político de todas las fuerzas respecto al funcionamiento de un órgano del Estado vinculado con la transparencia y la prevención de la corrupción.

(*) Directora del Programa de Justicia de CIPPEC

Título: Certificado de defunción de la Ley de Ética

Fuente: Clarín, 17/5/13.