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LOS CEOs QUE SIRVEN A ESAS GRANDES EMPRESAS

En los 367 altos cargos del gobierno nacional hay 114 ejecutivos de grandes empresas, dato que da muestra del significado cuando esos funcionarios tienen en sus manos el manejo del Estado. El caso argentino y de EE.UU en el análisis de un especialista en energía de reconocida ética, aliado de Pino y fundador de Proyecto Sur.

Por Félix Herrero

El derecho es tan flexible como las fuerzas que lo impulsan; hacia adelante, acercando al ciudadano a los funcionarios, o hacia atrás, con formulaciones que parecen legado de las épocas monárquicas. También lo empujan hacia la derecha, donde se concentra el poder real de las democracias corporativizadas.

O hacia la izquierda, donde aún esperan los pueblos que la democracia representativa se acerque más a su voluntad soberana. Este manipulado derecho administrativo encuentra rápidamente formas que lo llevan hacia atrás y hacia el costado derecho.

Así, el funcionario estadual que ha pertenecido y aún ––aunque lo jure–– pertenece, se puede recusar y no tomar medidas sobre su empresa. Para ver a quiénes sirven, sería bueno que usted tenga la posibilidad y oportunidad de preguntar a míster Rexx Tillerson en Estados Unidos, o al ingeniero Juan C. Arangueren en nuestro país cuánto tiempo estuvieron sirviendo a ExxonMobil uno, y a Shell Dutch el otro, y seguramente sabremos contestar la pregunta sin equivocarnos.

Tomando un ejemplo, 34 años dedicados a una multinacional tiene algún peso cuando apenas tienen un año y algo en el gobierno federal o nacional de sus respectivos países.

Claro que hay otras muchas jugarretas para dejar de lado la voluntad del legislador de que se establezca un conflicto de intereses.

Se recusa pero los secretarios de los ministros, o los ministros del presidente no hacen excusar a sus funcionarios inferiores.

Decidir, regular, definir contra la empresa del jefe es prácticamente presentar la renuncia al cargo, y para el funcionario corrupto es dejar de lado la potencialidad de servirse a sí mismo o a su o sus empresas, cuyas acciones para continuar con la farsa suelen ser transferidas a hijos y entenados.

Hay empresas de tan gran extensión por lo cual son actores de cientos de decisiones, y por lo tanto, Tillerson y lo mismo los que están en situaciones similares, no debería haber aceptado el ofrecimiento para convertirse en ministro de Relaciones Exterior del aún más poderoso país del mundo.

En muchísimos de los casos internacionales o energéticos domésticos tienen que ver con su cargo doble de presidente de directorio y CEO de ExxonMobil.

En estos días se ha recusado y no participa de las decisiones o definiciones acerca del oleoducto XL y de su tramo Dakota Acces. Pero para algunos estadounidenses lo que es bueno para la Standar Oil es bueno para Estados Unidos.

El secretario de Energía y el presidente del ente regulador del ambiente y la energía también debieron abstenerse de las decisiones que fueron a favor del oleoducto y modificaron normas que había adoptado el ex presidente Barak Obama.

En el caso argentino, no parece lógico el juego de papeles en que un ministro no firma lo suyo pero si lo del secretario, y que el secretario firme lo que le interesa al ministro de Energía y Minería. Así, el ministro firma los precios subsidiados de exportación de crudo pesado de Cerro Dragón de la triada británica BP, de la china CNOOC y la local Bridas, mientras el subsecretario puede firmarle cuando Shell está interesada, por ejemplo los precios de importación de gas licuado y la cantidad que se traiga al país.

Además de la excusación de los cargos superiores pero no de los inferiores que debe decidir ante la excusación del superior, tenemos otra triquiñuela.

Es cuando pueden aparecer obstáculos del derecho administrativo en la designación de parientes: se aplica el principio “yo por vos y vos por mí, y ganamos los dos”. Es fácil imaginarse que el ministro de Energía nombre al hijo del secretario, y el secretario del ministro nombre a la cuñada del ministro.

El otro juego es respecto a la tenencia de acciones de las grandes empresas: Tillerson lo arregló vendiéndolas por decisión superior, y Juan C. Aranguren también debió hacerlo con las acciones de Shell.

Lo real es que cuando un ministerio es tomado por funcionarios de las empresas energéticas no hay método indiscutido de recusaciones, excusaciones y otras salvedades en situaciones singulares, porque hay vivezas que permiten superar el espíritu de la ley.

La solución es única: no permitir que los interesados en beneficiar a sus empresas o a sus ex patrones puedan asumir cargos de decisión relacionados.

El caso argentino justifica el uso del verbo “tomar”.

La Universidad Nacional de San Martín en una investigación de Ana Castellani y Paula Canelo, según publica la revista Realidad Económica, concluye que son 114 los ejecutivos de las principales empresas y estudios jurídicos que fueron designados en algunos de los 367 cargos de ministros, secretarios y subsecretarios del gobierno nacional.

No basta que Rexx Tillerson se coloque una venda en su boca para “no beneficiar” a ExxonMoibil en el oleoducto, ya que la multinacional petrolera de los Estados Unidos tiene intereses inmediatos porque su filial canadiense Imperio Oil tiene participación en la firma constructora TransCanadá que tiene el contrato de obra.

Las empresas interesadas en mantener a sus ex (¿ex?) empleados en los cargos decisión del gobierno propician que el tratamiento debe ser “caso por caso” que provoque la recusación o excusación.

No debe ser así: cuando se gobierna para un sector poderoso que es parte de las decisiones de gobierno no se debe asumir: debe ser “todo por todo”.

En el oleoducto de casi 2.000 kilómetros de largo hay otros interesados directamente, como el ministro de energía que tiene acciones de la empresa constructora.

Pero todo es un asunto de la moral y ética media de los llamados a cargos en función de las empresas y no por su capacidad, experiencia gubernamental y comportamiento legal y ético.

Claro que hay personas que no deben pertenecer a la empresa para “ayudarla”.

Nunca se podrá olvidar que la ex diputada que preside la Oficina Anticorrupción no provenía de Chevron, firma a la que favoreció en no dar a conocer del corrupto y “confidencial” contrato con YPF.