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ULTIMATUN DEL GAFI Y LEY

El Grupo de Acción Financiera Internacional le dio a la Argentina un ultimátum para demostrar en cien días su voluntad en la lucha contra el lavado de dinero. Dice que desde junio/ 2004 no avanzó lo suficiente con lo indicado. CF envió el proyecto al Congreso, el 1/3/11 lo reclamó y en junio se aprobó la ley 26.683 (1).

Por Daniel Gerardo Perrotta 

La forma más gráfica de establecer la real gravedad de la situación argentina, surge del análisis del informe  que detalla la calificación de  cumplimiento de las 40 + 9 recomendaciones del organismo: Argentina incumple 47, con un detalle de 250 deficiencias.

El resumen es el siguiente:

• Cumplidas: 2 • En gran parte cumplidas: 1 • Parcialmente cumplidas: 26 • No cumplidas: 16.

Con holgura estos guarismos, reflejan la criticidad de la situación, siendo menester la adopción de concretas medidas en el plazo brindado de cien días, para evitar formar parte de la problemática Lista Gris. Objetivo que considerando, el punto de partida será trabajoso y difícil de alcanzar.

Entre las principales críticas planteadas, se destacan:

• La legislación positiva argentina en la materia, adolece de deficiencias técnicas, planteadas ya en el año 2004 y aún no resueltas.

• Inoperancia de la UIF para el análisis de operaciones sospechosas.

• Escasos avances observados en el Poder Judicial para investigar y condenar casos.

• Avance del Poder Ejecutivo sobre la autonomía del Banco Central.

• Marco limitado para congelar los activos relacionados con el FT.

• Limitaciones en la eficiencia de la supervisión de las instituciones financieras.

• Necesidad de armonizar y actualizar las normas y requisitos para las instituciones financieras y extender las exigencias normativas a otras instituciones.

Corolario de la Situación: El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le dio un ultimátum a la Argentina para que en 100 días demuestre su voluntad en la lucha contra el lavado de dinero.

El Gobierno tendrá hasta febrero para encuadrarse en las recomendaciones del organismo internacional.

En caso de no cumplir, podría ser considerado un país de riesgo.

 Si bien en los últimos años, Argentina ha adoptado un peligroso autismo frente a observaciones, sugerencias y críticas provenientes de organismos internacionales o multilaterales, la realidad indica que estos modelos en el mundo actual tienen sus límites, toda vez que las eventuales sanciones internacionales pueden efectivamente perjudicar cuando se trata principalmente de países no centrales.

Se puede disentir en la magnitud del proceso de cambio que se avecina, pero seguramente habrá coincidencia respecto a que el próximo año (NdE: alude al presente) se modificarán los escenarios actuales en esta materia.

Considerando las graves responsabilidades administrativas y penales que pesan sobre su gestión, no deberían los directivos de las entidades obligadas, asumir que no se modificarán normas o que los organismos de supervisión no ejercerán mayor control sobre las entidades.

* Otros impulsores del cambio

El Informe GAFI, no es el único factor que sustenta la idea del advenimiento de cambios. Tanto a nivel internacional, como nacional, están sucediendo acontecimientos que no deben ser soslayados en al análisis proyectivo. 

Desde lo interno, la visita del Presidente de GAFISUD, los cambios en la UIF y en la Superintendencia de Seguros de la Nación, son señales en la materia.

• El Presidente de Gafisud, el mexicano Luis Urrutia Corral se encuentra de visita en Argentina (NdE: fue en diciembre), para relevar la situación, visitando entre otros a los distintos organismos supervisores, BCRA, SSN, CNV, etc. El Gobierno por su parte, presentará un plan de tareas para intentar mitigar los riesgos de la inacción.

 • El reemplazo del titular de la Unidad de Información Financiera, en enero pasado, intentó exponer una suerte de profesionalización en la dirección del organismo. Sin embargo, el cambio ha sido insuficiente en cuanto a sus efectos y un decreto para ampliar sus atribuciones, elaborado de urgencia, será presentado esta semana al Presidente del GAFISUD.

• El cambio en la Superintendencia de Seguros, por su parte e independientemente de sus razones, agrega incertidumbre respecto a nuevas exigencias en el modelo de supervisión, tanto en materia de prevención del lavado, como de control interno y gestión de los riesgos.

Desde lo externo, las señales son también importantes.

• La Reforma Financiera de EEUU y el rol del G20 como impulsor primario de estos cambios a nivel sistémico mundial: existe consenso a nivel de líderes del mencionado Grupo, en aceptar el nuevo marco de exigencia de capitales (Basilea III), en el fortalecer la regulación preventiva de los sistemas financieros, en implementar estándares más severos en prevención de lavado de dinero, Terrorismo y Evasión Impositiva y definir marcos de supervisión de entidades internacionales. Recordemos que Argentina forma parte del G20.

• La evolución de mercados comparables: por ejemplo la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, ya han adoptado modelos avanzados de supervisión basada en riesgos, considerando el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, como uno de los riesgos que las entidades deben gestionar.

• Finalmente la tendencia mundial hacia la adopción de mejores prácticas en materia de gobierno corporativo, estableciendo nuevas y serias responsabilidades a la alta dirección de las entidades. 

Los posibles impactos 

 La lógica indica entonces, que la Argentina realizará esfuerzos para evitar ser “condenado a integrar la Lista Gris”.

Para cumplir este objetivo, el Gobierno deberá asumir una serie de compromisos concretos en pos de mostrar algún grado de vocación por la resolución de las deficiencias estratégicas. Por lo pronto ha informado al GAFI, que algunas de las 250 deficiencias se encuentran en vías de resolución, pero el marco legal será tratado por el Congreso recién en noviembre (sic) del próximo año.
 
Estos plazos podrían hacer peligrar la situación del país, por ende una salida esperable y factible es el avance en la implementación de aquellas medidas que exigiendo esfuerzos limitados al Gobierno, generen igualmente impacto positivo.
 
En este contexto es dable esperar la adopción de aquellas, que a través de los organismos de contralor aumenten las responsabilidades de la alta dirección y las exigencias a las entidades obligadas, mostrando así un compromiso del Gobierno, pero transfiriendo la carga del esfuerzo a las mencionadas.
 
Bajo esta lógica, las entidades se verán sometidas a mayores exigencias y controles más profundos por parte de los distintos organismos de supervisión, lo cual requerirá sin dudas adaptaciones estructurales, de procesos y planes de capacitación que permitan y aseguren la pronta adecuación.
 
Esto debería ser materia de preocupación de la alta dirección de las entidades obligadas, toda vez que se consideren las graves sanciones de carácter administrativo y penal, que alcanzan a las personas físicas responsables del ejercicio. En próximas entregas propondremos metodologías para adecuarse exitosamente a las nuevas exigencias.

Fuente: http://www.dpya-sa.com.ar/articulos/Informe-GAFI-Argentina, Diciembre, 2010.

(1) SALIÓ LA LEY

A fines del año pasado, la Presidenta de la Nación envió al Parlamento dos proyectos de reforma del Código Penal, los cuales fueron sancionados en el mes de diciembre: uno en materia de delitos con finalidad terrorista y financiamiento del terrorismo ( ley 26.734), y otro que incorpora las figuras de manipulación de mercado y uso indebido de información privilegiada, entre otras, bajo el título de los "delitos contra el Orden Económico y Financiero", creado para el nuevo tipo penal de lavado de activos ( ley 26.733).

En junio de 2011, se sancionó la ley 26.683, que modificó el tipo penal de lavado de activos, creando un título especial a nuestro Código Penal, referido a los delitos contra el orden económico y financiero. 

Dicha norma también introdujo cambios novedosos, como el establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la fijación de nuevas reglas para el decomiso de bienes sin necesidad de sentencia condenatoria, herramientas por completo innovadoras para nuestra legislación.

A fines del año pasado, la Presidenta de la Nación envió al Parlamento dos proyectos de reforma del Código Penal, los cuales fueron sancionados en el mes de diciembre: uno en materia de delitos con finalidad terrorista y financiamiento del terrorismo ( ley 26.734), y otro que incorpora las figuras de manipulación de mercado y uso indebido de información privilegiada, entre otras, bajo el título de los "delitos contra el Orden Económico y Financiero", creado para el nuevo tipo penal de lavado de activos ( ley 26.733).

Asimismo, con el objeto de aunar los esfuerzos de todas aquellas entidades públicas, privadas y de la sociedad civil involucradas en la prevención y persecución de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la Presidenta de la Nación dictó el Decreto N° 1642/2011, mediante el cual creó el "Programa Nacional de Monitoreo de la Implementación de Políticas para la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo", que es presidido y coordinado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Se establecen de este modo mecanismos de coordinación de todos los actores, en procura de fomentar instancias de consenso y fijar metas que permitan implementar la totalidad de los recursos y herramientas disponibles, con el fin de potenciar y direccionar los esfuerzos en esta materia.

Fuente: Argentina.gob.ar