En 2001, hace diez años, la creación de la comisión investigadora del lavado de dinero por parte de la Cámara de Diputados debía desde el inicio enfrentar el fantasma del fracaso de la creada  para investigar la estatización de la Ïtalo en tiempos de Martínez de Hoz y Videla. No era el único miedo.  Finalmente, la comisión, que entre otros controles, terminó promoviendo importantes cambios en las operaciones bancarias, fue la obra de un conjunto de diputados y en particular de una mujer, Elisa Carrió, entonces acompañada por “la hormiguita viajera” Graciela Ocaña, su gran colaboradora que un par de años después cambiaría de bando al formar parte del gobierno de Néstor Kirchner. Aquí, en el anuncio del comienzo, el periodista advierte acerca del riesgo de un escándalo en el propio seno de la comisión. No lo explica pero esa referencia se debía un asesor que se había acercado a Carrió -considerado un especialista en el tema- pero que cargaba y carga con un antecedente más propio de un pronturario que de un curriculo académico: el 26 de marzo de 1992 había sido uno de los diputruchos en la sesión sobre la privatización del gas. Un dato que Aldo Ducler y Raúl Moneta no iban a dejar pasar a la hora de las conclusiones. Y por eso el asesor no llegó a serlo.

Por Armando Vidal

La Cámara de Diputados tiene en sus manos una tarea con la que podría jugar a cara o cruz la credibilidad de los políticos y la de la propia institución legislativa. Ese es el principal desafío de la comisión investigadora del lavado de dinero en la Argentina, que se creará el miércoles en el recinto, luego de que mañana se apruebe en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.

Como un brazo auxiliar de la Justicia, la comisión —integrada por oficialistas y opositores— debe colaborar a esclarecer el lavado de dinero que los especialistas estiman en la Argentina en alrededor de 5.000 millones de pesos por año. Y además, señalar la responsabilidad que tuvieron entidades dirigidas por empresarios argentinos, entre ellos Raúl Moneta desde el Banco República y el Federal Bank, y Aldo Ducler, desde la financiera Mercado Abierto.

Se presume que muchos otros nombres vinculados a la política podrían estar involucrados.

Asumir ese cometido en un año electoral que incluye la renovación de la mitad de los diputados y la renovación total de los miembros del Senado, es parte de una experiencia riesgosa para los legisladores.

Uno de sus mayores peligros es el escándalo, o que aparezcan con juego propio personeros vulnerables que oficien de portavoces, sin pertenecer a la comisión.

Las ocho cajas llegadas de EE.UU. con el resultado de las actuaciones de la comisión investigadora del Senado norteamericano sobre lavado de dinero, no son patrimonio exclusivo de la Cámara de Diputados. Por ende, no será su responsabilidad excluyente velar por la reserva de los datos que contienen.

Los tres poderes están involucrados en la preservación de sus datos, luego de la remisión de una copia a la Justicia y de la retención de otra, en el seno del ministerio de Justicia, que conduce Jorge de la Rúa.

El singular proceso de Diputados tiene un único integrante fuera de toda discusión: la rebelde radical Elisa Carrió, cuya irrupción en la escena nacional ha sido de tal magnitud que ejerce una especie de poder de veto sobre el resto de los aspirantes.

El cordobés Mario Negri no se ha decidido todavía a responder la invitación a integrarla, como quiere Carrió y el propio titular de la bancada radical, Horacio Pernasetti. El radicalismo tiene a la vez que definir al segundo postulante —siempre que sean siete sus miembros y no nueve—, mientras que el bloque del PJ, que se halla envuelto en un clima de crisis desatado por el menemismo, todavía no ha promovido a nadie.

Por su lado, la frepasista Graciela Ocaña y el cavallista Franco Caviglia, así como el demócrata mendocino Gustavo Gutiérrez, son miembros firmes de esa comisión, según la voluntad de sus respectivos bloques.

Carrió y Gutiérrez, como se sabe, fueron actores de esta investigación en la Argentina que los llevó a tomar contacto con el subcomité del Senado de los Estados Unidos que lo hacía en ese país, bajo el impulso del demócrata Carl Levin.

A esa comisión no debe pasarle —es impresión generalizada en Diputados— lo que le ocurrió en 1985 a la comisión de esa misma Cámara que investigó la estatización de la Italo, producida en tiempos de Jorge Videla y José Martínez de Hoz. Tampoco lo que aconteció con la Comisión Mixta de Control de las Operaciones Relacionadas con el Lavado del Dinero del Narcotráfico, creada hace diez años en la órbita del Poder Ejecutivo.

A la comisión de Diputados, constituida durante el gobierno de Raúl Alfonsín, bajo la presidencia del fogoso diputado radical Guillermo Tello Rosas, la invalidó un pronunciamiento de la Corte Suprema debido al allanamiento del estudio Klein & Mairal, en uso de potestades implícitas que se arrogaron los legisladores pero que la Justicia desconoció.

Por su parte, a la comisión de Control que creó Carlos Menem, la atenazó la inacción —es decir no hizo nada—, motivo éste de una denuncia penal contra Pedro Pou, titular en ese momento del Banco Central y Manuel Domper, director de la institución, presentada por los diputados Jorge Rivas y Alfredo Bravo.

Ahora la causa se abrió en el juzgado de María Servini de Cubría, después que el fiscal Carlos Stornelli —el mismo de la venta ilegal de armas— había mandado archivar la denuncia sin más trámite.

Algo está por ocurrir con epicentro en Diputados.

Volanta y título: Lavado de dinero: se aprobará mañana en Diputados./ La comisión investigadora del lavado, ante un verdadero desafío

Fuente: Clarín, 7/5/01