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LA DEUDA, DE UBALDINI AL HUGO MOYANO ACTUAL

Para cotejar diferencias entre las conducciones de la CGT y los gobiernos en democracia puede recordarse que en el choque de posiciones entre el presidente Raúl Alfonsín y  Saúl Ubaldini,  tuvo por respuesta un plan de  lucha de 26 puntos, con el rechazo a la ilegalidad de la deuda externa.

Por Juan Manuel Camilo C. Camilloni (*)

El 15 de marzo de 1984 el Gobierno sufre su primera derrota parlamentaria al ser rechazado el proyecto por la Cámara de Senadores (NdE: alusión del autor a la llamada Ley Mucci; ver notas en  Grandes Debates/Ley gremial rechazada). Es indudable que la áspera confrontación (...) no va a favorecer las posibilidades de una concertación entre el Poder Ejecutivo y la CGT.

La consecuencia inmediata es la renuncia del ministro de Trabajo y su remplazo por Juan Manuel Casella (NdE: hasta ese momento diputado nacional).

El nuevo ministro comienza una delicada negociación con el sindicalismo que permite en julio la sanción de la ley 23.071.

Esta ley reconoce a las direcciones existentes el derecho a convocar y conducir el proceso electoral, facultades que van a ser ampliadas por el decreto reglamentario (0.2.504/84).

El Poder Ejecutivo pretende recuperar la iniciativa política instrumentando un acuerdo con los principales partidos políticos (Acta de Coincidencias).

Las coincidencias logradas responden al interés del Gobierno de presentar un frente unido en los siguientes asuntos que preocupaban al país:

• La aceptación de las sugerencias de Juan Pablo II respecto al Beagle.

• La inclusión del tema de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur en las negociaciones correspondientes.

• La defensa del orden constitucional y del sistema republicano de gobierno.

El Acta de Coincidencias no fue firmada por razones diversas por: Frente de Izquierda Popular, Partido Popular, Partido Federal, Partido Intransigente, Unión de Centro Democrático y Partido Comunista.

* Propuesta obrera

El 27 de junio la CGT propone al Presidente, ante la situación económica, realizar una concertación. En el documento sindical se manifiesta que: “La concertación implica la participación de la central obrera en los funcionamientos de los organismos de aplicación de la política económica y social”, destacando que la democracia por sí sola no garantiza el crecimiento económico.

Ante los escasos resultados obtenidos por el acuerdo político, que se evidencian en la actitud de la CGT al adoptar a los pocos días de su firma un plan de lucha contra la política económica y social, el Gobierno agiliza la concertación como una forma de negociar con el peronismo gremial y las principales asociaciones empresariales.

Limitan seriamente el espacio inicial de las negociaciones las dificultades propias de un proceso de transición democrática –en la que los actores políticos deben asumir sus identidades de oficialismo y oposición-, la aguda crisis económica, el fracaso de las medidas originales con las que el gobierno había pretendido organizar la vida sindical y que solo habían servido para unificar a ese sindicalismo como oposición política –sin superar diferencias internas-, el proceso electoral que afecta a los gremios, la crisis del peronismo político ante la derrota electoral y, finalmente, la ambigüedad del Gobierno frente a la concertación, manifestada especialmente por el Ministro de Economía.

El Ministro del Interior, encargado de dirigir la concertación, preside la primera reunión formal, el día 7 de agosto, con la asistencia de la CGT, el Grupo de los 20 y, representantes de las principales organizaciones empresariales: Unión Industrial Argentina, Cámara Argentina de Comercio, Coordinadora de Actividades Mercantiles, Confederaciones Rurales Argentinas, Mesa Empresarial Argentina, Sociedad Rural Argentina, etc. y la ausencia de la Bolsa de Comercio, Cámara Argentina de la Construcción y sectores financieros.

La importancia de la reunión explica también la presencia de los ministros de Economía, Salud y Acción Social y Trabajo.

* Objetivos y dificultades

En las palabras inaugurales el Dr. (Antonio) Tróccoli explica que la estrategia del Gobierno se orienta a luchar contra la inflación, los desequilibrios fiscales y el análisis de las distintas áreas de la producción.

A continuación el ministro de Economía (NdE: Bernardo Grispún) presenta la posición del Gobierno en un extenso documento de 84 carillas donde se pretende delinear los aspectos básicos de la política salarial, programa fiscal, reforma del sistema financiero y sector externo.

Distintos factores conspiran contra el éxito inicial de la concertación, destacamos los siguientes:

• Falta de previsión en cuanto a los procedimientos y organismos correspondientes para hacer operativa la concertación.

• Recelos en cuanto a la representatividad de algunas organizaciones convocadas.

• El clima electoral en el que se encontraban los sindicatos.

• La discusión salarial correspondiente al mes de agosto, que se da entre el Gobierno y la CGT, en el marco de un agudo proceso inflacionario.

La posición de la CGT se manifiesta claramente desde el comienzo.

Uno de los secretarios (Saúl Ubaldini) expresa al salir de la reunión: “acá lo que debemos generar de una vez por todas es una economía que produzca reactivación, salarios dignos y que sirva para que sectores empresariales –más allá de intervenir en financieras- lo hagan en la producción” (La Nación, 8 de agosto).

El 24 de agosto, la CGT ante las dificultades que enfrenta en las negociaciones del sueldo mínimo de convenio, emite un duro comunicado: “Este gobierno se está tornando en el reino del revés, productor de la improvisación, de la ineptitud y de una absoluta falta de previsión nacional, tornando realidad la triste paradoja de un gran país potencialmente rico con un pueble empobrecido”.

Las críticas no se limitan al sector gremial, la UIA pide al Gobierno la instrumentación de un plan global económico.

El 29 de agosto, la CGT, reunida en la Asociación Obrera Textil, aprueba en una fervorosa reunión y por unanimidad, un plan de lucha que incluye un paro general.

Ubaldini declara que “íbamos a participar en la concertación cuando hubiese salarios mínimos adecuados (…) porque el mandato del plenario era sí a concertación, no al hambre” (La Nación, 30 de agosto).

Para el Gobierno –expresiones del ministro Casella- el paro es una agresión a la democracia.

* Paro sin ruptura

El paro general, efectuado el 3 de setiembre, cuenta con el apoyo de los partidos Justicialistas, Comunistas, Demócrata Cristiano e Intransigentes (con reservas).

Para la CGT la medida alcanza un acatamiento del 87%, mientras que el Gobierno estima el ausentismo en un 40%.

En realidad el paro no va a constituir una ruptura definitiva de las negociaciones –ni una pausa prolongada- en la negociación de la concertación. Rápidamente, la CGT y la Comisión de los 20 resuelven volver a la Mesa de la Concertación, pero aclarando que su presencia no puede interpretarse como asumiendo compromiso alguno, ni avalando medidas gubernamentales.

Con el retorno se consigue un ligero avance al adoptarse la decisión de crear una comisión de técnicos representantes de cada sector.

La confrontación de la CGT con el gobierno, evidenciada en el rechazo tajante del documento con el que el Ministro de Economía pretendía hacer un diagnóstico de la situación adquiere una dimensión especial al lograr la central obrera una alianza con las ocho entidades más importantes de la producción (incluido el Frente Liberal Empresario).

Las coincidencias se reflejan en un documento conjunto que expresa que en los 10 meses de gobierno no se han movilizado los recursos que tiene la nación con la finalidad de responder a las expectativas de un pueblo que considera que democracia no sólo implica virtudes políticas y derechos y garantías de las personas.

La declaración de siete puntos manifiesta la necesidad del paso de una economía de la especulación a una de producción y el fortalecimiento de la inversión privada, cuestionándose el manejo que hace el Gobierno de la coyuntura.

* En los sindicatos

Las elecciones efectuadas entre octubre y noviembre -1984- en los sindicatos –que comprenden a más de ochocientas organizaciones- suspenden las negociaciones.

No se puede discutir la corrección de su realización y demuestran claramente el triunfo del justicialismo en sus distintas corrientes (62 Organizaciones, Comisión de los 25, Comisión de los 20, Gestión y Trabajo y peronismo combativo).

Terminada esta pausa, la concertación parece reanimarse cuando el Presidente recibe a los integrantes de la Mesa Política de la concertación y se compromete a entregarles un proyecto de reforma tributaria y un programa económico de mediano plazo elaborado por la Secretaría de Planeamiento.

A la reunión, a la que se asigna especial importancia desde el Gobierno, asisten los ministros del Interior y Salud y Acción Social, los secretarios de Agricultura y Ganadería y Comercio.

El sector empresarial incluye por primera vez a representantes del medio financiero (ADEBA, ABRA y ABIRA).

El 3 de enero de 1985, en forma abrupta, la CGT se retira de la Mesa de la Concertación hasta tanto el Gobierno responda a sus demandas y condiciona un eventual acuerdo con el sector empresario a que éste acceda a apoyar la acción sindical en materia de obras sociales.

Exige además:

• La inmediata convocatoria de las convecciones colectivas.

• El abandono del sistema de pautas salariales.

• Una política bancaria que privilegie el esfuerzo y no la especulación.

• La reactivación del mercado interno.

 • El pago puntual de los sueldos en la Administración Pública.

• La estabilidad del trabajador y la derogación del seguro de desempleo.

Como consecuencia de un acuerdo logrado en una reunión celebrada en Olivos entre el Presidente y tres de los cosecretarios de la CGT (Ramón Baldassini, Jorge Triacca, Osvaldo Borda y sin la presencia y con el desconocimiento de Ubaldini), la CGT vuelve a la concertación entregando un documento en el que denuncia la dramática situación de los trabajadores y exigiendo la solución del problema de la desocupación, salarios dignos y la devolución de las obras sociales.

* Respuesta

El Gobierno presenta a la Mesa de Concertación un documento de trabajo denominado Compromiso de Concertación.

En el preámbulo de los aspectos fundamentales se manifiesta que “Las partes firmantes tienen conciencia de la gravedad de la crisis que soporta el país y que por ello declaran su intención de superar egoísmos sectoriales que permitan enfrentarla a través de una política de solidaridad social en la que todos los sectores sean protagonistas y realicen esfuerzos de manera equitativa y en proporción a sus posibilidades”.

El Estado se compromete a:

• Reducir el déficit fiscal al 6% del PBI.

• Aumentar la recaudación impositiva y mantener las tarifas oficiales.

• Controlar la política monetaria, establecer la reforma tributaria y aumentar la inversión pública.

• Mantener los salarios en un nivel no inferior a 1984 e incluir en las convenciones colectivas aumentos por productividad.

• Transformar el sistema de control de precios por el de control de costos.

• Conformar con participación sindical y empresarial mecanismos de autocontrol de la inflación.

• Pagar puntualmente la obra pública.

El 24 de enero de 1985 se reúne la Comisión asesora del Presidente para la concertación. En la reunión se resuelve llegar a acuerdos sobre la coyuntura más que acordar sobre un plan a mediano plazo y crear subcomisiones destinadas a perfeccionar el documento entregado por Alfonsín a comienzos del mes.

Como telón de fondo de estas complicadas negociaciones se va a producir la fractura del movimiento peronista con la convocatoria al congreso justicialista a celebrar en la ciudad de Río Hondo (NdE: congreso de la renovación peronista que en esa instancia encabeza el senador de origen gremial, Oraldo Britos, factotum del rechazo en el Senado a la ley gremial del ministro Antonio Mucci), congreso al que adhieren las organizaciones mayoritarias sindicales.

* Treguas y obras sociales

Como un indicio significativo de avances logrados puede interpretarse el ofrecimiento que hace la CGT de una tregua social sin medidas de fuerza ni despidos de personal.

El día 5 de febrero la Comisión Técnica de la concertación dispone una tregua de treinta días y la creación de una comisión técnica para elaborar estrategias antiinflacionarias con un plazo de 30 días para expedirse.

Estos acuerdos se logran en el marco de un acentuado proceso inflacionario que para el mes de enero lleva el índice al 25,1%.

El 7 de febrero, la CGT y las organizaciones empresariales que participan en la concertación presentan una propuesta conjunta de un plan económico-social en un documento titulado Una propuesta de crecimiento en libertad y con justicia social.

El acuerdo entre la central obrera y los sectores empresariales es la culminación de una trabajosa negociación iniciada en setiembre de 1984 y que se había manifestado en el diagnóstico conjunto de la situación económica (8/10/84) firmado por la CGT y el entonces Grupo de los 8 (Cámara Argentina de la Construcción, Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República Argentina, Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresariales; Cámara Argentina de Comercio; Confederación Intercooperativa Agropecuaria; Confederación Rural Argentina y Social Rural Argentina).

El aval otorgado por la CGT a un plan económico ortodoxo –que no podía beneficiarla ni en la política de empleos, ni en la de salarios- puede ser interpretado como la búsqueda de apoyo empresarial para la restitución de las obras sociales.

La propuesta, que manifiesta que las obras sociales deben ser gobernadas y administradas por las organizaciones gremiales, incluye los siguientes puntos:

• Reorientación del ahorro hacia los sectores más productivos orientados hacia la exportación. • Tipo de cambio elevado.

• Reducción del gasto público.

• Aliento de inversiones extranjeras directas.

• Achicamiento del Estado empresario.

• Eliminación de subsidios encubiertos y explicitación de los necesarios.

Las negociaciones se dan dentro de un proceso inflacionario elevado y con la discusión entre el Gobierno y CGT acerca del monto del aumento a fijar para el mes de febrero.

* Idas y vueltas

Cuando el Gobierno anuncia un aumento del 14%, la CGT se retira nuevamente de la concertación y sólo retorna el 14 de febrero al acordar con el Presidente en Olivos una serie de alternativas para la recuperación del salario real –ajuste cercano a la inflación del mes anterior y recuperación trimestral- y convocatoria a paritarias no más allá del 1 de junio, medida que cuenta con el apoyo empresarial.

Ha sido necesario detenerse, quizás en exceso, en estos acuerdos y desacuerdos, para comprender las dificultades de concertar en una situación de inflación y recesión y en la que el Gobierno no obtiene resultados satisfactorios con las políticas económicas implementadas.

Sin embargo en una evaluación provisoria, podemos considerar que en este período, que va a culminar con la renuncia del Ministro de Economía Grispun el 18 de febrero, es cuando más cerca se estuvo de llegar a alguna forma de concertación.

La etapa que comienza con (Juan Vital) Sourrouille, va a ser claramente de confrontación, enfrentando al Gobierno con los sindicatos y los representantes empresariales.

Con respecto al sector gremial poco se avanza con la propuesta gubernamental de reconocer el protagonismo de los sindicatos en la administración y gobierno de las obras sociales al no poderse llegar a acuerdos en la política salarial.

El día 29 de febrero la CGT se declara en estado de alerta y movilización y presenta en un extenso documento (atribuido al economista Alfredo Gómez Morales) una propuesta socioeconómica manifestando que: “nuestra voluntad actual de concertación está condicionada a un manejo autónomo de nuestras políticas económicas y sociales".

La confrontación con un sector del empresariado se evidencia con el paro ruralista de 48 hs. dispuesto para el 27 de marzo –con el apoyo de la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas- que asume la forma de protestar activa contra la política aplicada al sector, movilizada bajo las consignas de no pagar impuestos y por la derogación de las retenciones para las exportaciones.

La gravedad de la situación política es reconocida por el Presidente en una entrevista concedida a un diario español al manifestar “La Argentina enfrenta la crisis más grande de su historia, pero nada ni nadie podrá acabar con nuestra democracia, porque hemos iniciado un proceso irreversible apoyado sobre la experiencia de muchos años de horror que no olvidaremos jamás” (La Nación, 15 de marzo).

* Paro y "economía de guerra"

En este contexto la CGT, el 19 de marzo, propone un general. En un documento suscripto con el Grupo de los 11 –que defiende el sistema democrático- se dice que “la inflación y desinversión creciente, el deterioro del salario real, el incremento de la desocupación que son sus consecuencias, configuran un panorama agobiante que debe revertirse con urgencias”.

El día 21 de abril el Presidente dirige un mensaje a la ciudadanía denunciando la actividad disolvente de quienes pronostican el caos y la anarquía, presagian estallidos sociales y auguran aislamientos internacionales, convocando al pueblo para que concurra el día 27 de abril a la Plaza de Mayo en defensa de la Constitución.

Esta convocatoria no va a contar con el apoyo de la CGT –que fija la fecha del paro general para el 23 de mayo porque “en el Gobierno que es el árbitro final de la situación, no hemos encontrado la atención ni las respuestas que la gravedad de la situación que sufre el pueblo trabajador merecen de quienes enuncian dramáticamente la necesidad de lograr la coincidencia de todos los argentinos para defender la democracia”-, pero sí con el de los partidos de izquierda, peronismo renovador y organizaciones de derechos humanos.

La estrategia presidencial de convocar al pueblo a un acto de masas está orientada por la necesidad de buscar respaldo ante la iniciación inminente de los juicios a las tres primeras juntas militares del Proceso y es aceptada por 15 partidos políticos que firman un documento de defensa de la democracia –no fueron invitados a suscribirlo la línea Odeón del peronismo, UCD y MID-.

El Partido Autonomista Liberal de Corrientes no lo firma pero adhiere en una declaración a la defensa de sistema democrático.

En un acto multitudinario el Presente se dirige al pueblo denunciando el golpismo de algunos sectores, defendiendo el orden democrático y anunciando una “economía de guerra”.

Los anuncios de cambios en la política económica agudizan el enfrentamiento con la CGT.

En actos celebrados en el interior del país, preparatorios del paro general, Ubaldini manifiesta: “El Gobierno no quiere el diálogo con los trabajadores, mientras sí habla con los generales en actividad y con los representantes de las multinacionales” (Córdoba, 11 de mayo).

Aumenta (NdE; Uballdini) el nivel de la confrontación “El próximo 23 el pueblo trabajador marchará hacia Plaza de Mayo para decirle al Gobierno que cambie sus política socioeconómica o que se vaya” (Formosa, 13 de mayo) y en la ciudad de Mendoza el día 17 expresa “ya cubierta la cuota de mentira electoral les tenemos que decir: o cumplen con la reactivación de la política socioeconómica o se van”.

La pacificación de los espíritus se dificulta cuando el Presidente se refiere en forma indirecta a Ubaldini como “mantequita y llorón”.

El paro y la movilización dispuestos por la CGT encuentran al movimiento obrero dividido por las declaraciones de Triacca y Baldassini en la Cámara Federal (NdE: esta alusión está referida a declaraciones de ambos en el juicio a los ex comandantes de las FF.AA que transcurre paralelamente).

En ese momento podemos distinguir en el sindicalismo las siguientes alineaciones: Grupo de los 20, miguelismo, Gestión y Trabajo, los 25, independientes y no alineados.

El paro cuenta con un relativo apoyo empresario (CRA y CAME), la opinión desfavorable de Coninagro, CAC, Unión de Entidades Comerciales Argentinas y la equidistancia del resto de las organizaciones empresariales.

No se puede ignorar el éxito del paro y de la movilización –(...)- que destaca a la figura de Ubaldini quien ha motorizado la protesta con sus duras declaraciones.

Como una forma de disminuir las tensiones, el Gobierno procura reflotar a la Multipartidaria, recibe a la CGT y le anuncia la restitución del edificio de la calle Azopardo y de todos sus bienes una vez constituida la comisión normalizadora.

Ante estos anuncios y el compromiso asumido de reunir a representantes de la central obrera y del sector empresarial para la elaboración de un nuevo plan económico se reanuda la concertación por un breve lapso.

Al congelarse nuevamente las negociaciones, la CGT instrumenta la segunda etapa de su plan de lucha bajo la consigna “Abramos las fábricas y combatamos la usura internacional”.

* Plan Austral

La respuesta del Gobierno ante la agobiante situación económica y los reiterados fracasos en su política de concertación es el lanzamiento del Plan Austral, adoptado bajo su exclusiva responsabilidad.

El plan es esencialmente antiinflacionario y de “shock” –basado en las experiencias alemanas de 1923 y 1948 y en las de Bélgica (1944) y Austria (1945)-.

La medidas económicas cuentan con el apoyo inicial de la opinión pública y de las principales figuras del empresariado y con el rechazo del sindicalismo preocupado por la desocupación, las políticas de privatizaciones que anuncian y lo que consideran una evidente transferencia de ingresos del sector asalariado al sector del capital.

Para lograr recrear el consenso y facilitar las negociaciones, el Gobierno crea por decreto la Conferencia Económica y Social, organismo consultivo integrado por cinco integrantes de cada uno de los sectores: Gobierno, empresarios y sindicatos.

La respuesta de la CGT es continuar con su plan de lucha que se materializa en un paro general y movilización en defensa de la producción y del trabajo a efectuarse el día 29.

La convocatoria a la movilización –que se debe a la decisión de Ubaldini- reúne a una multitud que se aproxima a las 300.000 personas.

Al fundamentar la medida la CGT afirma que: “el pomposamente denominado Plan Austral, sólo ha revelado ser, en la práctica, un virtual shock emisionista, precedido por un descontrolado aumento de precios y tarifas, que ha colocado a las familias argentinas al borde de la desesperación, ante la más descarada indigencia y extendido un panorama de recesión y desocupación, que no reconoce precedentes en la historia laboral argentina. Todo ello bajo el pretexto de “combatir la inflación”.

Para superar la situación expresa que “hace falta una firme voluntad política decidida a romper la coyuntura infame impuesta por el FMI” y, a tal fin, exige una moratoria de la deuda externa.

Al mismo tiempo la central obrera da a conocer un importante documento que bajo el título de “Convocatoria a la Unidad Nacional” incluye el denominado Programa de los 26 puntos.

El Programa de los 26 puntos constituye la respuesta del movimiento obrero al Plan Austral.

Además de la moratoria, la CGT propone la nacionalización de los depósitos bancarios, la caducidad de la legislación obrera sancionada durante la última dictadura militar y una mejora de las remuneraciones.

Sus propuestas son recibidas favorablemente por los sectores de izquierda y producen el distanciamiento de la CGT con los sectores empresariales.

Esto se manifiesta claramente en el documento presentado por la UIA al Gobierno, luego del paro del 24 de enero de 1986, donde la estrategia para la reactivación económica no incluye la moratoria para el pago de la deuda externa.

El 3 de noviembre de 1985 se efectúan las elecciones nacionales para la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados, triunfando nuevamente el radicalismo sobre el justicialismo.

Los resultados obtenidos pueden interpretarse como un respaldo al Gobierno ante la relativa estabilidad lograda con el plan económico.

Desde el punto de vista del justicialismo es importante destacar el avance del sector “renovador” sobre el “ortodoxo” (Antonio Cafiero obtiene 1.550.000 votos contra los 563.000 de Herminio Iglesias).

La derrota electoral del peronismo repercute en forma negativa sobre las posibilidades de concertación, el único peronismo verdaderamente organizado pasa a ser el sindical, asumiendo la CGT la oposición política. Se suceden durante el gobierno radical una serie de paros generales con perfiles esencialmente políticos.

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Anexo
* Programa de la CGT los 26 Puntos para la Unión Nacional, 1986
Deuda externa
 1) Establecer una moratoria para el pago de los servicios de la pretendida deuda externa, en razón de la necesidad vital de aplicar los recursos nacionales a la inmediata reactivación de la economía nacional.
2) Someter al Congreso Nacional, como lo establece la Constitución, la decisión sobre la naturaleza y legitimidad de la pretendida deuda externa y sobre los compromisos y plazos a negociar una vez superadaza la actual emergencia nacional, excluyendo terminantemente toda formula que implique la renuncia a la inmunidad soberana, admita jurisdicción judicial extranjera y coloque al Estado como garante total y solidario por la devolución de créditos contraídos o en gestión.
3) No contraer nuevas obligaciones para pagar servicios ni admitir el crecimiento usurario de la pretendida deuda externa por recargo de intereses bancarios.
Reordenamiento financiero
4) Colocar el sistema financiero al servicio del país mediante un Banco Central que actúe como orientador del crédito, Privilegiando las actividades productivas, a través de una ley de entidades financieras de prioritario tratamiento por el Congreso de la Nación para poner coto a un sistema financiero dirigido aun por la ley 21526, de la dictadura, que desestabilizó a todo el sistema productivo a traves de la especulación y concertación del crédito.
Naciconalización de los depósitos bancarios
5) Reimplantar la nacionalización de los depósitos bancarios, que son el resultado del ahorro publico, para que esos recursos genuinamente argentinos sean empleados para impulsar la producción y los servicios de interes primordial del pueblo y de la Nación a traves de normas y pautas crediticias decididas por el Banco Central con participación de los sectores de la producción y el trabajo. De esta forma el sistema bancario oficial y privado será la palanca esencial de la reactivación económicas.
Reformulación tributaria
6) Impulsar una reforma impositiva inspirada en el crecimiento de la actividad productora de bienes y servicios e impulsar una reforma impositiva que estimule la producción, libere el trabajo y desaliente la especulación.
Movilización productiva
7) Movilizar el alto margen de capacidad ociosa mediante medidas de inmediato apoyo fiscal y crediticio, directamente condicionadas a planes efectivos de mayor producción y de preservación y aumento de los niveles de ocupación, con control de su efectivo cumplimiento.
Vivienda popular
8) Poner inmediatamente en marcha planes de construcción de viviendas a todos los sectores mediante un crédito ágil, con rapido empleo de los recursos bancarios. Dichos planes, ademas de contribuir a solucionar un agudo problema social, actuaran como fuerte multiplicador de la ocupación y complementaran la politica de reactivacion con uso de insumos no sujetos a las necesidades de importacion.
Exportaciones
9) Promover estimulos directos e indirectos que permitan organizar corrientes sostenidas de exportaciones con algo nivel agregado que, paralelamente con las de la producción primaria, consolidan la actividad economica y privilegian el trabajo nacional.
10) Impulsar un proceso de sustitución de importaciones congruente con el esfuerzo de reactivacion del aparato productivo nacional, generando el adecuado ahorro de divisas que impone la actual situación.
11) Recuperar la paridad en la asignación de fletes navales y terrestres de nuestro comercio exterior, evitando la evaporación de divisas hacia transportistas extranjeros.
12) La perspectiva exportador5a no debe limitarse a una extrema liquidación de stocks, forzada por la inducida anemia del mercado interno, con el solo propósito de allegar dólares al pago de obligaciones de la pretendida deuda externa, sino organizarse como una estrategia nacional permanente.
Inversión pública reactivadora
13) Revalorizar la inversion publica articulando un estricto orden de prioridades para facilitar que los servicios y empresas del Estado recuperen su mayor nivel de eficiencia y concurran a aumentar la capacidad productiva nacional y de exportacion de bienes y tecnologia.
Organismsos y empresas del Estado
 14) Defender enérgicamente el fortalecimiento y desarrollo de las empresas estructurales del Estado, y las destinadas a la explotacion de sus riquezas naturales y servicios publicos, y todas las relacionadas con el desarrollo tecnologico que son propiedad del pueblo y patrimonio de la Nación, indispensables para consolidar la independencia económica y la soberanía nacional, y propender a la participación de los trabajadores en la conducción y contralor de dichas empresas, para garantizar el éxito de la gestion empresaria y la puesta en marcha de las obras publicas paralizadas con grave daño para el bienestar general.
Defensa y recuperación industrial
15) Defender y recuperar el nivel alcanzado por la Argentina en sus industrias de base y punta, en tanto las mismas constituyen los pilares fundamentales e insustituibles de un crecimiento economico y tecnologico nacional.
Federalismo económico
16) Asegurar la legitima, equitativa y efectiva asignación de la coparticipacion de los recursos tributarios, garantizando, mediante el federalismo economico, el papel fundamental que deben cumplir las provincias en el desarrollo armónico de la Nación. Es imprescindible evitar que el paternalismo administrativo del gobierno nacional desvirtúe la presencia federal de nuestro régimen constitucional.
Promoción de la inversión privada
 17) Promover el apoyo al esfuerzo inversor mediante un conjunto de reglas claras y estables, dentro de un orden de prioridades que informe un modelo de desarrollo nacional explicito.
Ordenamaiento constitucional
18) Defender el orden democratico y republicano en relacion con las facultades reservadas al Congreso Nacional por la Constitución, como el tratamiento de las cuestiones economicas fundamentales: signo monetario, deuda externa y presupuesto de la Nación, y luchar para que no se exceda la autoridad economica, por ningun concepto, de la juridisccion constitucional, especialmente en sus negociaciones con el exterior.
Legalidad y justicia social
19) Declarar cuanto antes la caducidad de las disposiciones dictatoriales que anularon las leyes democraticas de organización sindical, contrato de trabajo, convenios colectivos, etc., y volver al pleno imperio de las leyes democraticamente sancionadas, cuya reforma solo puede operarse por el Congreso Nacional. El mantenimiento de la legislación dictatorial repugna al espiritu democratico argentino.
20) Garantizar en la practica los derechos del trabajador establecidos por la Constitucion Nacional, asi como el funcionamiento de las convenciones colectivas de trabajo, amparadas expresamente en el texto constitucional.
21) Preservar el cumplimiento de las finalidades de las obras sociales del constante deterioro que se viene produciendo en su situación economico financiera, en virtud de la caida del salario, la persistente mora empresaria en el deposito de los aportes y la conducción ineficiente de las intervenciónes prolongadas inexplicablemente por el gobierno democratico.
22) Defender el sistema de obras sociales del absorcionismo oficial, y propender a su recuperacion y funcionamiento mediante el cese inmediato de las intervenciones que aun susbsisten, procediendose al reintegro a la organización gremial correspondiente, como unico medio de garantizar prestaciones médicas indispensables que hoy se encuentran en falencia cuando no suspendidas.
23) Normalizar el Instituto Nacional de Obras Sociales integrando a su conducción a la representacion de la CGT.
24) Elevar el salario de los trabajadores y jubilados para asegurar una retribucion justa que contribuya como mecanismo de reactivacion a traves del consumo interno.
Reforma del sistema previsional
25) Redefinir globalmente el sistema jubilatorio, determinando que sus recursos se forman como aportes que son salarios diferidos de los trabajadores y no mediante impuestos inespecificos que se recaudan con cualquier fin y con total desvinculacion de su funcion social. Las Cajas de Previsión son organismos de esencia social vinculados al trabajo y deben ser conducidas con participación directa de los trabajadores activos y pasivos. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre movilidad de los haberes jubilatorios en relacion con los sueldos percibidos por los trabajadores en actividad.
Educación y Cultura
 26) Promover la urgente reforma educativa en todos los niveles, a fin de alcanzar la formación de una conciencia nacional independiente, con amplio respeto por las modalidades regionales y las expresiones culturales de las provincias, acentuando la integración federalista de nuestro pais y reformular el plan de alfabetizacion sobre pautas culturales y sociales propias de nuestro pueblo. Reclamar el urgente aumento del presupuesto educativo para remediar la desercion escolar, el aumento del analfabetismo, la falta de escuelas, el funcionamiento inapropiado de las necesidades reales de los comedores escolares y la casi total ausencia de escuelas hogares. Revalorizar la funcion de los trabajadores de la educación, en lo referente a la legislación, los salarios y el sistema previsional. Defender los valores culturales propios, con amplia participación del pueblo y mediante la inclusión de expresiones artisticas que amplien y aseguren equitativamente fuentes de trabajo a creadores y artistas identificados con estos altos fines, en los medios masivos de difusion cultural.  

Fuente: La concertación social en la Argentina, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales A. L. Gioja Cuadernos de Investigación Nº 21, 1991, Pags. 16/22. (http://www.derecho.uba.ar)