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INVESTIGAR, NO

Una sesión en la Cámara de Diputados, en 1986, a lo largo de varias semanas en torno de la creación de una comisión investigadora, que el peronismo reclamaba y el radicalismo ni siquiera quería tratar, fue el debate más extenso en el Congreso sobre la deuda externa. Esta nota publicada exactamente a los 10 años del golpe militar que aumentaría diez veces esa dependencia, resume un poco las posiciones y razones de la puja.

Por Armando Vidal

El debate sin fin sobre la deuda externa en Diputados pasó a cuarto intermedio hasta el 3 de abril. Hasta ahora –conflicto social, al margen- la discusión se ha concentrado en el choque de antecedentes, mediatos e inmediatos, con los cuales las bancadas mayoritarias se cuestionan mutuamente el manejo de un problema que en el término de un decenio creció diez veces en importancia.

Sobre Las facultades parlamentarias, todas las bancadas con excepción del oficialismo, coinciden en reivindicar los alcances de la Constitución (Art. 67 inciso 6º) (*) a favor de que el Congreso tenga una participación protagónica y someramente expectante en el arreglo de la deuda. 

El bloque de César Jaroslavsky, en cambio, la limita a la oportunidad del tratamiento de la ley sobre el Presupuesto y evoca las argumentaciones del gobierno de María Estela Martínez de Perón, como las expuestas en nota a la Cámara el 17 de noviembre de 1975, que era de rechazo a la potestad de una comisión creada por empuje radical y destinada a investigar la política económica, en especial por las secuelas del viraje impreso por la gestión de Celestino Rodrigo.

La nota a la Cámara leída el último miércoles en el debate por el mendocino Raúl Baglini, explicitaba que para la investigación de los actos del PEN al Congreso no le quedaba otro camino que el pedido de informes.

Esta es la visión que el oficialismo hace suya en el tema de la deuda por lo cual se opone frontalmente a la creación de una comisión con poder pesquisante pese a que tendría un tema específico.

El peronismo, por su parte corrigió de algún modo lo hecho en el Senado cuando se creó la Comisión de Ilícitos, muerta por inanición en medio de la indiferencia oficial y los pleitos internos de la principal bancada opositora, puesto que en la Cámara baja –donde el bloque lo manejan los renovadores- vigorizó el tono de sus reclamos.

Cuando los radicales imprevistamente trajeron la discusión a la Cámara, pocos días antes de la visita del presidente Alan García, dieron lugar a que el justicialismo extrajese el máximo aprovechamiento político del asunto. Y el ángulo central de sus críticas –pormenorizadas inicialmente por el diputado Antonio Cafiero- no fue hurgar antecedentes lejanos sino contraponer lo que se decía y hacía en momentos en que Bernardo Grispún era ministro de Economía, a lo que se hace y se dice hoy. (…) 

 ¿Hasta cuándo seguirá la Cámara joven concentrando su esfuerzo en un debate únicamente útil para aclarar posiciones pero inútil para conciliar una actitud parlamentaria?

Por un lado están los radicales que quieren cortar la discusión pero no encuentran otra salida que la de esperar que todos se cansen de hablar. Por otro, están los peronistas que usaron la polémica para caldear el ambiente a favor del paro de la CGT y para diferenciarse de los radicales y de su propio pasado.

La discusión empezó el 6 de marzo y a lo largo de estas sesiones (la misma que pasa a cuarto intermedio) el oficialismo ha sido blanco de las criticas más duras que se le hicieron en estos dos años y cuatro meses. Tanto fue el fragor en el pleito que nadie en el recinto se acordó que hoy se cumplen diez años del verdadero origen de este debate sin fin.

(*) Actual Art. 75 inciso 7)

Volanta y título: Debate en Diputados/ Las deudas del pasado

Fuente: Clarín, 24/3/86.