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SIN CENSO, CORRUPCIÓN

Si el gobierno estuviera actuando con un mínimo de transparencia y honestidad, antes de cerrar ningún trato u oferta tendría que llevar a cabo un censo de acreedores, plantea este especialista. ¿Por qué es secreto ser acreedor financiero del Estado? ¿Pacto entre quienes deciden los pagos y los desconocidos que se benefician con los cobros?, pregunta. Allí está “el más grande negociado de la corrupción argentina”, dice.

Por Héctor Luis Giuliano

En el marco de la tradicional complicidad que existe entre los gobiernos de turno y los acreedores financieros del Estado junto con sus permanentes bancos intermediarios, la administración Kirchner pugna actualmente por cerrar en forma acelerada y secreta un acuerdo con los bonistas que no entraron en el megacanje Kirchner-Lavagna del 2005 (los holdouts) sin identificar, entre otras cosas, una información clave en estas negociaciones: a quiénes les debe hoy la Argentina.

La esencia del Plan Brady de 1992 fue pasar la deuda externa del Estado, arrastrada desde el Proceso con una serie fuertemente concentrada de bancos acreedores, a deuda "anónima" expresada en títulos públicos. Lograda esta maniobra básica, la servidumbre al sistema de la deuda perpetua venía consolidada por añadidura porque el argumento acordado de ahí en más entre los verdaderos acreedores y los gobiernos que rotasen en el poder formal del país iba a ser que las nuevas administraciones no podían identificar a los tenedores de bonos.

Este replanteo fundamental de la relación del Estado con su deuda pública - precedida por el acuerdo de Nueva York de 1985, en que el gobierno Alfonsín emitió Bonods y Promissory Notes en respaldo de las acreencias nominativas de los grandes bancos y acreedores - fue consolidado después con la transformación de la deuda externa en bonos Brady durante 1992-1993 y constituyó el hito principal en la nueva etapa de endeudamiento público de la década del ´90: la ola de deuda nueva, después de la primera gran ola de "deuda vieja" durante el Proceso militar de 1976-1983.

Los bonos Brady fueron luego canjeados en su mayoría por nuevos títulos a través de la operación cuasi-delictiva del megacanje De la Rúa-Cavallo del 2001, pactada con una serie de grandes bancos bajo la coordinación del Credit Suisse-First Boston, dirigido por David Mulford (el mismo que, como subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, había intervenido en la gestación del plan Brady y que, junto con el titular del Comité de Bancos Acreedores, William Rhodes, recibiera las máximas condecoraciones del Estado Argentino por parte del Gobierno Menem).

Cuando el Gobierno Kirchner acordó su megacanje de junio de 2005 no sólo reconoció y absorbió entonces la mayor parte de los títulos originados en el negociado del megacanje anterior del 2001 (pese a que esa operación está siendo investigada por la justicia federal) sino que cedió además en un punto clave que fue boicoteado por los acreedores: la identificación de los tenedores de bonos. Esto configuró una actitud tan importante como insólita: los acreedores - al contrario de lo que ocurre, por lógica, en todo concurso privado - se negaron a identificarse; y la administración Kirchner lo terminó aceptando así. Es que el anonimato en las grandes renegociaciones de la deuda es consustancial al mecanismo de la deuda como instrumento de dominio.

Es una de las piezas clave a través de la que los gobiernos de turno aceptan la sumisión al poder de la banca acreedora y los fondos de inversión que actúan mimetizados a través de la pantalla de ser representantes de bonistas anónimos. Ésta es, repetimos, una de las piezas esenciales dentro de las negociaciones secretas de todas las reestructuraciones de deuda; y los gobiernos de turno son, en este punto, cómplices de los acreedores en contra del interés nacional. No existe justificación alguna para que estos acreedores sigan siendo titulares no identificados: si la administración de Gobierno actuara con la mínima transparencia y honestidad lo primero que debe hacer es exigir la identificación de todos los acreedores no sólo involucrados en la presente refinanciación sino la de todo acreedor del Estado en general.

 * Datos de cada tenedor de bonos

Hoy en día no existe excusa válida para rehusar la constitución de un banco de datos que contenga los registros de todos y cada uno de los acreedores del Estado, empezando por aquéllos que se presenten hoy al canje de los holdouts.

Este mecanismo sería simple y directo: a cada tenedor de bonos se le debieran pedir básicamente cinco tipos de datos:

1. ) Su identificación personal (que en caso de ser persona jurídica debiera identificar además los titulares personalizados de la firma),

2. ) El lógico detalle de los títulos de deuda argentina en su poder,

3. ) La fecha y operación de compra de esos títulos,

 4. ) A quién se los compró (esto es, la identificación del vendedor),

 y 5. ) A qué precio los pagó en su momento, ya que este último dato es fundamental a los efectos de cuantificar el resarcimiento monetario pertinente, si es que se tratase de una deuda legítima; porque en principio, el Estado, por fundadas razones de fuerza mayor - incapacidad de repago - no estaría obligado a rescatar dichos títulos a mayor valor que el precio abonado por el acreedor. Jactarse el gobierno, el día de mañana, de haber "conseguido" una quita del 40, 50 ó 60 % sobre títulos que los acreedores especulativos anónimos compraron al 30, 20 o menos por ciento de su valor es, en principio, una burla a la opinión pública; y convalida un negociado de tales acreedores. Es justamente lo que configura la ganancia típica de los fondos buitre.

La identificación de las operaciones de adquisición es importante no sólo como dato sino también como fuente de información - nacional e internacional - sobre eventuales operaciones de lavado de dinero. Y ésta es una de las razones por las que los acreedores tratan siempre de evitarla escondiendo así sus operaciones de triangulación financiera. Este sólo proceder estatal - si existiera la mínima voluntad de confrontar y no convivir con el problema de la deuda - constituiría un giro copernicano frente a todos los falsos planteos gubernamentales que se sostienen en complicidad con los acreedores y sus intermediarios financieros.

Detrás de las operaciones de reestructuración de deuda pública están los más grandes negociados de la corrupción argentina y la identificación de los actores - el censo de acreedores - es la herramienta idónea para empezar a desarmar el mecanismo de complicidad de la deuda perpetua.

Si el gobierno Kirchner estuviera actuando hoy con un mínimo de transparencia y honestidad, antes de cerrar ningún trato u oferta tendría que llevar a cabo este censo de acreedores; y darlo a publicidad acerca de ¿por qué es secreto ser acreedor financiero del Estado? Se trata de un pre-requisito elemental para el inicio de la defensa del interés soberano de la Argentina: saber a quiénes le estamos hoy debiendo.

Volanta y título: Quién es quién, esa es la cuestión / Deuda pública externa y censo de acreedores

Fuente: Agencia de comunicación Rodolfo Walsh, 29/1/10