Hay más, mucho más para decir, pero aquí va algo de lo que se desprende de una sesión que fue todo un resumen de lo que es y le aguarda a la Argentina. Fue en Diputados. Fue un escándolo. Fue una señal más del rumbo que preanuncian los hechos que desligitiman los votos que tuvo Macri y lo acercan, gradual y progresivamente, hacia una dictacracia. Una porquería.
Por Armando Vidal
En la madrugada del jueves 22 de marzo, al final de la sesión -en ese momento en minoría- en la Cámara de Diputados, el presidente de la bancada peronista K, Agustín Rossi, dijo que el bloque oficialista era "una porquería", por haber abandonado el recinto luego de la aprobación de proyectos que reemplazaban al DNU dictatorial del PEN, que así quedó en vigencia, lo cual violó lo acordado. Todo, incluido el escándalo, pasó al Senado donde el ex menemista y ex K, Miguel Pichettto, representa a los gobernadores pactistas y es clave en tan delicada cuestión.
Frontal y preciso, conocido médico peronista entregado a la política, ex funcionario nacional, revela en esta carta pública dirigida al gobernador Gerardo Morales, a quien define como empleado de los Blaquier, que en su viaje a Jujuy tomo conocimiento de horribles torturas a otro detenido. (1)
Por Jorge Rachid
Gobernador, he estado en la provincia que usted conduce con firmeza, decisión y autoritarismo expresado en cada una de sus medidas políticas públicas y vergonzosas políticas no públicas. En especial aquellas relacionadas con el Sr. Blaquier, líder civil de la dictadura, dueños de la provincia.
Antes de la ruptura del bloque peronista/K, conducido por Héctor Recalde, las señales de la prudencia de la principal fuerza opositora estuvieron dadas en este primer pronunciamiento, presentado en nombre de un Observatorio de diputados del sector. Eran los días en que estaban todos de vacaciones, menos los que comenzan hacerse dueños del Estado.
A menos de un mes de gestión del Gobierno nacional ya hay señales muy preocupantes con respecto al empleo público: más de 10 mil despidos y con anuncios concretos de sumar otros muchos miles a esa lista. Lo primero que hay que pensar es que no sólo se trata de un número elevadísimo, sino que se trata de personas, de familias que sufren.
Esto es muy grave se mire por donde se mire.
Si es para achicar el Estado, significa que se dejarán de proteger los derechos de los trabajadores, de los consumidores, de los usuarios y de toda la sociedad. Si es para disciplinar, es una brutal vuelta al pasado. Y si es una caza de brujas política, resulta un macartismo injustificable, inhumano.
¡No nos engañemos! La enorme mayoría (72%) de los trabajadores/as públicos/as realizan tareas de salud, educación y seguridad. ¿A ellos quieren despedir?
¡Hasta músicos de orquesta caen en la volteada!
Ya lo vivimos.
¿O con la nefasta persecución política están encubriendo algo siniestro, como generar una masa de desocupados para que presione y “discipline” al conjunto de los trabajadores?.
Con el miedo. Otra vez: asustan para ajustar.
Como proyecto político somos fieles defensores del empleo público. Porque creemos que debe existir un Estado fuerte y presente, para estar cerca de todos y como siempre de los más vulnerables.
Se suele hablar livianamente del crecimiento del empleo público. Un dato: en los últimos 12 años, de los casi 6 millones de puestos de trabajo que se crearon, sólo el 19% se explica por el empleo público.
El resto fue empleo privado registrado.
¿El “cambio” era dejar a miles de argentinos sin trabajo, era la quita de subsidios, era la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, era gobernar con un DNU tras otro?
Nuestro proyecto puso al empleo en el centro de las políticas públicas por tres razones fundamentales: por el desarrollo económico, por la gobernabilidad democrática y por la justicia social.
Estamos convencidos que es el trabajo el que genera riqueza y no al revés. Que el empleo es indispensable para la gobernabilidad de los países.
Hay que tener claro que sin ciudadanía no hay democracia. Y sin trabajo no hay ciudadanía. Eso es lo que debemos defender.
Título: Sobre la ola de despidos en organismos públicos denunciada por el Observatorio de los Diputados del FpV
Con la camiseta puesta del equipo contrario (las trasnacionales de medicamentos), Macri acaba de designar al frente del INPI (patentes), a los abogados Dámaso Alejandro Pardo y José Alfredo Martínez de Hoz (h) que tienen su propia historia.
Las comparaciones de las medidas y los personajes que condujeron al país la última dictadura y en los noventa con la impronta del actual gobierno son inevitables. Y las designaciones de funcionarios de Mauricio Macri son parte esencial de esas similitudes.
Al frente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), organismo encargado de proteger las patentes de la actividad fabril, el gobierno designó como presidente a Dámaso Alejandro Pardo, quien estará acompañado por José Alfredo Martínez de Hoz, hijo del ex ministro de Economía de la dictadura.
Tanto Pardo como Martínez de Hoz (h) fueron denunciados por el Observatorio Sudamericano de Patentes por incompatibilidad de funciones, dado que ambos son socios y representantes legales del estudio Pagbam (Pérez Alati, Grondona, Benites Arntsen & Martínez de Hoz) que asesora a las principales empresas transnacionales en propiedad intelectual.
No es la primera vez que el macrismo designa funcionarios que evidencian un claro conflicto de intereses entre la función pública en la que son designados y las actividades que ejercían anteriormente.
En un gabinete compuesto por ex CEOs de multinacionales y banqueros y financistas del JP Morgan, los nombramientos en distintos organismos de contralor de directivos que estuvieron del otro lado del mostrador también son una constante.
El caso más llamativo es la Unidad de Información Financiera (UIF), conducida por Mariano Federici y María Eugenia Talerico, que antes defendían a empresas que litigaban contra ese mismo organismo. Lo mismo sucede ahora con el INPI, a lo que se suma la historia de sus protagonistas.
El INPI tiene por objetivo la protección de los derechos de propiedad industrial, a través del otorgamiento de títulos o efectuando los registros establecidos en la legislación para ese fin.
El Gobierno designó a Pardo al frente de la entidad, mientras que Martínez de Hoz (h) lo acompañará en la presidencia de la oficina de marcas y patentes.
Martínez de Hoz es el primogénito del ex ministro de Economía, de quien heredó su pensamiento.
El 21 de mayo de 2010 publicó una solicitada donde sostuvo que la detención de su padre fue “un trofeo para el Bicentenario” que la Justicia entregó al Gobierno y a los organismos de Derechos Humanos.
Sus primeras armas en el mundo jurídico las hizo en el influyente estudio Klein & Mairal, donde trabajó desde 1981 hasta 1991.
En 1991 fundó su propio buffet con Jorge Pérez Alati, Mariano Grondona, Manuel Benites y Alan Arntsen.
Pardo también integraba el bufete, pero lo abandonó para conducir el INPI.
Desde el Observatorio Suda mericano de Patentes señalan que hay un conflicto de intereses en relación a Pardo, ya que co-encabeza el área de Propiedad Intelectual de Pagbam y es el agente de la propiedad industrial.
“Según su currículum, Pardo tiene experiencia en todas las áreas de propiedad intelectual, incluyendo la tramitación de marcas, diseños industriales, patentes y todas las transacciones relativas a la propiedad intelectual”, detalla el Observatorio. También presta asesoramiento jurídico y litiga en cuestiones de marcas, infracciones de patentes, asuntos de protección al consumidor, derechos de autor, publicidad y derecho de Internet y tecnología, privacidad y los nombres de dominio de Internet, según la página Web del estudio Pagbam en el área de propiedad intelectual.
Su práctica también se centra en asesorar a las agencias de publicidad y a las empresas en temas relativos con la publicidad y la competencia desleal. Pardo y Martínez de Hoz (h) reemplazaron a Mario Aramburu y Mario Díaz, respectivamente, quienes estuvieron durante 15 años dirigiendo el INPI.
Se especula con un cambio en el manejo de las patentes, en especial en materia de medicamentos.
Con el objetivo de estimular la producción local y el empleo nacional, el régimen de patentes para medicamentos obligaba a las empresas extranjeras a fabricarlo en el país para poder acceder a la patente.
Las patentes son nacionales y las otorga cada país e incluye a todas las ramas productivas.
La anterior conducción del INPI fue removida por el macrismo por haber congelado el otorgamiento de patentes principalmente en el sector de medicamentos, pese a haber sido una medida para fomentar esa industria.
Pardo participó en los noventa de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial, integrada por los principales estudios que representan a empresas extranjeras en el país. Ahora, junto a Martínez de Hoz (h) deberán intermediar en la pelea constante entre cámaras industriales que agrupan a laboratorios nacionales y las multinacionales.
Volanta, título y bajada: El hijo del ex ministro de la dictadura fue desginado en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual/ Martínez de Hoz, de lobbista a funcionario/ El Gobierno designó al frente del INPI a Dámaso Pardo, quien llevó a Martínez de Hoz (h). Ambos son objetados porque antes estaban del otro lado del mostrador, como asesores jurídicos de multinacionales
Nota central sobre el interés de investigar si hubo pago de coimas para aprobar la ley de patentes, a partir de una confensión del entonces diputado Claudio Sebastiani y dos materiales más. Uno, el desinterés del entonces juez de la causa de los sobornos en el Senado.
Por Adriana Meyer
El periodista Martin Andersen ya tiene quien lo escuche. Los fiscales federales Carlos Rívolo y Claudio Navas Rial pidieron que sea llamado a declarar como testigo en la causa que investigó la presunta coima que habrían cobrado algunos diputados para aprobar la Ley de Patentes, en 1995.
Página/12 publicó el lunes que Andersen estaba dispuesto a testimoniar ante la Justicia que el diputado menemista Claudio Sebastiani le había confesado su participación en ese oscuro episodio.
El juez federal Jorge Ballestero ya ordenó que el expediente sea desarchivado y delegó la pesquisa en la fiscalía.
Los investigadores son cautos al momento de hablar de acusaciones pero la reactivación de una causa que no llegó a tener ningún imputado podría arrojar los primeros nombres. El de Sebastiani, en principio, aparecerá en el sumario como sospechoso.
“Se jactaba de haber sido uno de los individuos que repartieron 25 millones en coimas en la Cámara de Diputados en la época menemista para sacar una Ley de Patentes favorable a la industria farmacéutica argentina”, es la versión de Andersen, ex corresponsal de Newsweek y The Washington Post en la Argentina.
La confesión ocurrió en junio del año pasado en una mesa del Café de la Paix, en la Recoleta, ante el periodista, otra persona y el abogado y ex concejal demócrata Roberto Azzareto, a quien los fiscales también piensan interrogar.
Sebastiani, Andersen y dos personas más habían almorzado juntos y quedaron en encontrarse a las tres en el café.
“Se barajaron cifras, se llegó a hablar de 70 millones hasta que Sebastiani afirmó que habían sido 25. Ante la insistencia dijo en un tono jactancioso ‘me van a decir a mí que yo fui uno de los cinco tipos de hicimos los sobres’”, dice Azzareto que dijo Sebastiani.
Según Andersen, la conversación salió porque él quería precisar si era cierto que se habían pagado 40 millones en coimas para sacar la ley. Sebastiani se burló de esa cifra y, además, precisó que “la tarea de dividir el efectivo se hizo en la presidencia, sin dar más precisiones”.
El periodista publicó la historia en The Washington Post.
En la columna publicada hace dos días por este diario, Andersen se ofrecía a declarar frente al juez Carlos Liporaci, a cargo del caso de los sobornos que habrían cobrado algunos senadores para aprobar la Ley de Reforma Laboral.
Obtuvo una respuesta más veloz de lo presumible.
Los fiscales sacaron del archivo una causa iniciada en 1997 a partir de una denuncia formulada por Enrique Mathov. El entonces secretario de Gobierno porteño se hizo eco de las declaraciones de los lobbystas norteamericanos John Sweeney, de Heritage Foundation, y Leslie Ackerman, de Pharma Holding en los programas televisivos de Carlos Mira y Marcelo Longobardi.
Pero antes que Mathov, el 29 de mayo de 1996, la ex diputada Amalia Isequilla había planteado una cuestión de privilegio por la misma versión difundida en sendos programas. La causa recayó en manos de Ballestero y los fiscales Rívolo y Navas Rial, quienes tardaron varios meses en conseguir que Sweeney y Ackerman dieran su testimonio.
“A través de un exhorto respondieron las preguntas pero no aportaron nada significativo”, explicó a Página/12 un alto funcionario judicial. Ballestero archivó la causa el 22 de abril del año pasado, pero los fiscales continuaron la investigación.
Le pidieron a la embajada el detalle de los ejecutivos que estuvieron en Argentina entre noviembre de 1994 y mayo de 1995, cuando fue sancionada la norma. Y armaron el esquema de todos los que participaron en la sanción de la ley, ya sea en el Congreso o desde los laboratorios nacionales y extranjeros.
Tras la revelación de Andersen, los fiscales pidieron el desarchivo del expediente y el juez les delegó la investigación.
Lo primero que le preguntarán al periodista y a Azzareto es el nombre de los otros testigos del episodio de la Recoleta.
* A Liporaci no le interesa
Los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado, a cargo de la causa de los sobornos en el Senado, habían pedido en su primer requerimiento que el juzgado convoque a “un periodista extranjero que tendría información sobre un caso similar ocurrido durante el trámite de la Ley de Patentes”.
Se referían a Martín Andersen, quien pocos días después ofreció su testimonio en forma espontánea.
El juez del caso del Senado, Carlos Liporaci, no hizo lugar a esa solicitud porque entiende que no es conveniente diversificar tanto la investigación.
Consultado por Página/12 manifestó que prefiere tener probado un hecho antes de dedicarse a otro, aunque no descartó que en el futuro pueda incorporarlo al expediente. Si bien no se trata de los mismos protagonistas, los investigadores sospechan que el sistema de coimas puede ser una “práctica habitual” en el Parlamento.
En el juzgado de Liporaci piensan que es muy prematuro pensar en una supuesta “asociación ilícita” de legisladores y prefieren ir más despacio.
LA INVESTIGACIÓN LLEGARÍA AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
Martin Andersen, testigo en los EE.UU.
Por M.G.
El periodista que puede convertirse en uno de los dos testigos claves de la Justicia argentina para la investigación de un gran caso de coimas presuntas en la Cámara de Diputados, Martin Edwin Andersen, acaba de producir un movimiento importante en los Estados Unidos.
Por una denuncia suya, el inspector general del Departamento de Justicia elaboró un informe de 400 páginas acusando a altos funcionarios de “inconducta” y fraudes con visas.
El inspector envió el informe al Congreso, donde podría ser tratado este mismo mes en la Cámara de Representantes (diputados) por la Comisión del Poder Judicial.
Las acusaciones alcanzan a Robert Bratt, el ex jefe de los programas internacionales del Departamento de Justicia, acusado de haber intentado tramitar visas irregulares para garantizar la entrada a los Estados Unidos de dos rusas que conoció en Moscú.
Andersen denunció en 1997 que altos funcionarios como Bratt y sus subordinados, Janice Stromsem, Joe Lake y Carey Hoover, también habrían violado las reglas sobre secretos de Estado en la manipulación de informes sobre distintos países y cables escritos por la Oficina de Drogas, la Agencia Central de Inteligencia y otros organismos.
Según el escrito de la Inspectoría General, una suerte de auditoría interna del Departamento de Justicia, Andersen alegó que muchos documentos eran utilizados sin guardar las normas mínimas de seguridad.
El inspector tomó la denuncia de Andersen, quien fue corresponsal de Newsweek y The Washington Post en la Argentina, y realizó alrededor de 200 entrevistas para profundizar la investigación. Ayer trascendió en Washington que Bratt habría incurrido en una relajación sistemática de los standards mínimos de seguridad en sus visitas a Moscú.
No habría consignado sus amistades con los rusos y tampoco habría evitado que algunos de sus subordinados, habitués de locales de strip tease y cabarets, quedaran desguarnecidos frente a posibles maniobras de provocación.
La acusación de cometer fraude con visas habría respondido al intento de introducir en los Estados Unidos dos rusas con el argumento de que resultaban imprescindibles para el Departamento de Justicia y eran traductoras, cuando en realidad no lo eran. Bratt se defendió ante la Inspectoría diciendo que el informe se debía a un comportamiento persecutorio contra él. La difusión del documento podría desatar un escándalo si la Cámara de Representantes profundiza la investigación y la eleva hasta Janet Reno, la fiscal general, como se llama en Washington a la secretaria (ministra) del Departamento de Justicia.
Volanta, bajada y título: Reabren un expediente por coimas en Diputados/ Otra Cámara en el banquillo/ Una denuncia formulada en Página/12 por el periodista del Washington Post Martin Andersen motivó a los fiscales a activar una causa que investigaba pago de sobornos por la Ley de Patentes. Claudio Sebastiani, el diputado menemista que, según Andersen, le confesó haber ensobrado coimas
