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VETOS EN LA LEY

Todo el trámite de la privatización de Gas del Estado demuestra la determinación del PEN de concretarla,  que los legisladores de ambas Cámaras asumieron como una orden. Aquí se cuenta su paso por reuniones de comisiones y de negociadores. El peronista santacruceño Rafael Flores va marcando sus diferencias que, a la postre, serian insalvables entre él y los Kirchner.

Por Armando Vidal

La operación de asalto al recinto fue el sello de esta ley que constituía el penúltimo paso del ciclo de desestatización en el área de los hidrocarburos que se completaria con la transformación de YPF (ver GRANDES ESCADALOS).

En ese momento tenía sanción del Senado, Cámara a la que volvería con reformas para su sanción definitiva.

Era un proyecto que José Estenssoro, máxima autoridad en YPF y de tutela de Paddy Perkins en Gas del Estado en ese momento, además de Luis Prol, secretario de Hidrocarburos y Minería.

Si los funcionarios debieron ceder en algunos casos, sólo lo hicieron para lograr la sanción de la ley a la que el veto presidencial devolvería su concepción original. Resultaba lo menos que los diputados patagónicos podian hacer, tanto en el caso de Neuquén como de Santa Cruz, por ser ambas provincias proveedoras del elemento que según Estenssoro aporta el 42,3 por ciento de la energía (gas natural sólo).

La jornada en la que se invirtió más esfuerzo para acercar posiciones fue el domingo 4 de marzo cuando los diputados oficialistas de la comisión de Energía y algunos de otras comisiones (Obras Públicas, Presupuesto y Legislación General) discutieron a puertas cerradas con Perkins , asesores y funcionarios. Hacerlo de ese modo constituía una violación a los procedimientos parlamentarios que son públicos, salvo determinación expresa que no era el caso.

En ese plenario sui generis, el neuquino Oscar Parrilli propuso que las representaciones en el Ente Regulador de las Provincias quedasen conformados por partes iguales entre los delegados de la Nación y de los respectivos estados. También propuso la regionalización por provincias, en lugar de las ocho áreas.

Por su lado, el santacruceño Rafael Flores reclamó precisiones acerca del criterio empleado para determinar el pago del diez por ciento para las provincias proveedoras y la razón por la que se dividia ese porcentaje por mitades (coparticipación en un caso e índice de temperatura invernal en el otro).

Otro asunto de interés era saber cuál era la estimación de las futuras tarifas.

Estaba claro que para Santa Cruz, que sumnistra el ochenta por ciento del fluido y soporta temperaturas extremas en el invierno, era el punto medular la cuestión.

El chubutense José Corchuelo Blasco, el rionegrino Carlos Soria, el mendocino Nicolás Becerra, el ex gobernador santacruceño Arturo Puricelli y el bonaerense Gustavo Green estuvieron junto con Parrilli y Flores en cuanto a la necesidad de no poner un plazo para el régimen de subsidio a las tarifas patagónicas.

* Cambios acordados y no aparecidos

Pero, un par de días después, cuando estaba pasado en limpio el proyecto con las modificaciones, los cambios convenidos no aparecieron, lo cual no impidió que los mismos legisladores que los impulsaron firmarsen igual el texto que los ignoraba. La dupla Estenssoro- Prol y Perkins desestimó esa base mínima de coincidencias. Sólo Flores firmó en disidencia.

A la semana siguiente, el dictamen incluía además la figura de la venta de las acciones de Gas del Estado. El único que volvió a reaccionar en soledad fue Flores, a quien la brega marcó tanto en la comisión como luego lo haría en el recinto. "La intransigencia de Estenssoro y Prol tiene su correlato con la dócil actitud de los componentes de la comisión de Energía", dijo Flores con signo de fatiga.

Después del bochorno del 26 de marzo, el Senado convalidó los cambios y remitió la sanción al PEN, cuya palabra final fue un veto expreso al subsidio explícito (art. 92, que incluía un porcentaje para las provincias sin gas), otro para los consumidores patagónicos (salvo Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut), además de otros cuatro artículos (54, 77, 80 y 95).

El artículo 77 aludía a la participación de las provincias involucradas, o sea las proveedora en los estudios de factibilidad; el 80, a la emisión del 10 por ciento de acciones para los empleados en cumplimiento a la propiedad participada prevista en la ley 23.696 (ley de Reforma del Estado), y el artículo 95 se relacionaba con un reintegro especial en acciones para las provincias en relación con la propiedad de las redes.

Matzkin no puso el bloque en estado de movilización para ratificar la sanción del tramo vetado de la ley: ni siquiera lo intento.

* El papel de Parrilli

Parrilli, que venia trabajando con las expectativas de asegurar su reelección en la banca, sufrió allí su primer traspié. Peleó no obstante para conseguir que Cavallo admitiera incluir en el presupuesto de 1993 una partida especial de 17 millones de pesos -siete para Neuquén y diez para Río Negro- tendientes amortiguar el impacto tarifario. El renovador que hacía hacer deberes menemistas perdió la interna, con lo que perdió la banca que había ganado en 1989 con la ayuda de Menem en la primera victoria peronista en la provincia de los Sapag.

Pese a eso, Parrilli fue luego un batallador comprometido en la posterior sanción de la reforma previsional.

Fuente: El Congreso en la trampa, Planeta, 1996, pags. 105/162. Versión con cambios formales en la edición impresa