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SOBORNOS EN EL SENADO

SOBORNOS EN EL SENADO

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Y, DE PRONTO, TODO FUE UNA FARSA

Casi catorce años después del resonante escándalo por el presunto pago de sobornos en el gobierno de De la Rúa para que algunos senadores justicialistas votaran una nueva ley de flexibilidad laboral, la Justicia absolvió a todos y calificó al hecho del que dio cuenta inicialmente el periodista Joaquín Morales Solá, en La Nación, como una patraña.

Por Irina Hauser

La absolución en masa a los acusados en el juicio sobre las coimas en el Senado se palpitaba en el chusmerío de los tribunales federales desde hace varias semanas.

Los defensores y sus clientes tenían casi la certeza de que así sería.

Pero lo que causó verdadero impacto generalizado fueron los términos del Tribunal Oral Federal 3 (TOF3), que en un anticipo escrito de sus fundamentos afirmó que las coimas a senadores para que aprobaran la reforma laboral en abril de 2000 “no existieron” y que el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, cuyo testimonio fue base de la acusación, es un “embaucador” que ofreció un relato “inconsistente”, “inverosímil” y “autocontradictorio”.

En el veredicto, que fue unánime, el tribunal pidió que el Consejo de la Magistratura investigue al juez Daniel Rafecas, ya que consideró que actuó con “parcialidad” en el caso.

Cuestionó a la fiscalía de instrucción y del juicio, a la querella de la Oficina Anticorrupción, denunció al abogado de Pontaquarto, Hugo Wortman Jofre, y pidió que se abran causas por posibles delitos durante la investigación inicial.

El juez Miguel Pons leyó cerca de las tres y media de la tarde los nombres de los ocho acusados, todos absueltos.

Cuando mencionó a Fernando de la Rúa –sentado todo el juicio en la primera fila, igual que el ex jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes– se escuchó un aplauso solitario entre las butacas del público, donde estaban su esposa, Inés Pertiné, con anteojos de sol y su hijo Aíto.

Al terminar la lista, las palmas fueron más, sin llegar a convertirse en un festejo rotundo.

Pero aun en medio de la moderación irrumpieron algunas emociones fuertes.

El ex senador Augusto Alasino le lanzó un cachetazo al arrepentido Pontaquarto, que le había gritado “puto, cagón”, mientras Alberto Tell rompía en un llanto catártico y el ex presidente desplegaba en el hall un papel con el discurso que había llevado preparado, que decía que el juicio dejó a su gobierno “libre de sospechas de corrupción” y que todo fue una “infamia” fruto de “un complot político”.

La hoja de De la Rúa decía, con iguales palabras que el tribunal, que “el hecho no existió” (...).

* Coimas, no hubo

Los fundamentos completos de los jueces Guillermo Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez se conocerán el 31 de marzo, pero en las veinte páginas que difundieron ayer anticipan su descrédito a toda la investigación de origen que, entienden, llevaron a que la historia de los sobornos se presentara e instalara “de manera irresponsable y sin fundamentos”.

Es común que los tribunales digan que no hubo pruebas para demostrar un hecho. Pero en este caso, el TOF3 afirma que lo que se probó es la inexistencia de los sobornos y lo hace con una enumeración de los sucesos centrales que componían la acusación, que define como sostenida en una “disparatada versión” que relaciona con un texto anónimo que circuló en el Senado en agosto de 2000 y con el relato de Pontaquarto que, señala, “no resiste el cedazo de la sana crítica racional ni de la prueba”.

El anónimo, sin embargo, fue descartado al inicio de las pruebas.

El resumen de fundamentos cuestiona: “No existió una reunión en la Casa Rosada con el objeto de acordar el pago de un soborno; no existió una reunión entre De Santibañes y Pontaquarto el 18 de abril de 2000 al mediodía para convenir la entrega de dinero; no es cierto que Pontaquarto concurriera a la Secretaría de Inteligencia ese día, en horas de la tarde o noche, para retirar 5 millones de pesos; no es cierto que faltare esa suma de dinero de la entonces SIDE. No es cierto que Pontaquarto llevara y guardara en su casa esa suma entre el 19 y 26 de abril de 2000. Tampoco lo es que dejara ese dinero en una habitación del Hotel Howard Johnson durante la jornada del 26 de abril, para retirarlo luego de la sesión parlamentaria de ese día, ni que lo llevara al domicilio de Emilio Cantarero en horas de la noche, ni que hubiera entregado a José Genoud la suma de 700 mil pesos en la mañana del día siguiente, en el despacho que ocupara en el Senado de la Nación”.

Ni Cantarero ni Genoud estuvieron en el juicio. El primero por Alzheimer, el segundo se suicidó.

Aunque quedaba poca gente en tribunales ayer a la tarde, la noticia repercutió entre otros jueces y funcionarios judiciales que percibieron la sentencia como algo “intimidante” por el tono y el ataque directo al juez Rafecas, sin decir ni una palabra sobre las tres ocasiones en que la Cámara Federal se expidió sobre el tema: la primera para confirmar una tanda de procesamientos iniciales; la segunda para confirmar entre otros el procesamiento de De la Rúa; la tercera para respaldar la elevación del caso a juicio oral.

En un caso votaron Horacio Vigliani y Martín Irurzun; en otro, Irurzun junto con Eduardo Farah. Estos camaristas, que avalaron la investigación de Rafecas y del fiscal Federico Delgado (quien por entonces también compartía la fiscalía con Eduardo Freiler), no son mencionados en la síntesis de fundamentos, que califica como “una afrenta que el sistema de enjuiciamiento penal permitiese el avance de la causa” hasta el juicio donde desembarcaron “quienes fueran presidente y senadores de la Nación, un ministro y un secretario de Estado”, por lo que ellos consideran un relato “contradictorio y mendaz”.

El TOF3 no le cree a Pontaquarto y señala que “se contradijo, se desdijo y corrigió sistemáticamente, con el objeto de adecuar su historia a los datos objetivos que surgían a medida se producía la prueba, y no a imprecisiones ocasionadas por el paso del tiempo”.

Para los jueces, un relato “inverosímil” no puede ser base de la acusación penal. Algunas páginas de su explicación están dedicadas a detallar contradicciones del arrepentido y cambios en su relato.

Por ejemplo, dicen que fue cambiando el número de personas que lo acompañaron a la reunión en la Casa Rosada, señaló a un edecán que ese día no estaba, cambió en distintas declaraciones el horario de una reunión con De Santibañes, cambió el horario y el piso de donde contó que retiró el dinero de la SIDE, no le dio relevancia a los 50 kilos que debían pesar 5 millones de pesos para trasladarlos, cambió el horario en que dijo que llevó la plata a la casa de Cantarero, además que una vez dijo que fue por el ascensor y otra por escalera, entre otros ejemplos.

Otros datos que señalan los jueces: no hay constancias del ingreso de Pontaquarto, Genoud, Alasino y Tell a la Casa Rosada el 30 de marzo de 2000 ni tampoco nadie los vio; cuando Pontaquarto dice que se reunión con De Santibañes, este estaba con otras personas en un almuerzo, lo mismo que cuando dice que va a darle dinero a Genoud; si salían 5 millones de la SIDE eso “hubiera impedido el normal funcionamiento del organismo”.

* Llamados y dudas

Cuando se conozcan los fundamentos completos, va a ser importante también el análisis de los llamados telefónicos.

Rafecas utilizó el análisis de la ubicación de los celulares para ver si coincidía con el relato de Pontaquarto, ya que no se pudo probar una ruta del dinero.

El TOF3 anticipó que, en el análisis de ellos, en algunos casos no hay coincidencia, pero más allá de las discrepancias plantean que la información que ofrecen las compañías telefónicas es relativa porque “no ofrece la fidelidad necesaria para conocer el asiento exacto desde el cual una persona cursó una llamada”.

Y le atribuyen a Rafecas haber (NdE: ¿...realizado?) la “invención de diálogos” y “dar por sentado que la comunicación se concretó entre titulares de línea”.

El TOF3, sin embargo, no hace ninguna referencia al hecho de que otro tribunal, el 1, condenó en 2011 a dos peritos, uno policial y otro presentado por la defensa de De Santibañes, por presentar una pericia telefónica falsa en este expediente con el objetivo de desvirtuar lo que decía Pontaquarto. ampoco está claro cómo analizan –por citar un ejemplo– algunos llamados que, según concluyó el juez Rafecas, los hizo Costanzo desde la propia casa de Cantarero el día que se supone que llevó la plata.

Hay llamados a su hijo, a dirigentes de distintas provincias a una asesora suya.

Otro llamado clave es de Pontaquarto a la secretaría De Santibañes el día que dice que se ven. El TOF3 sostiene que se debe investigar “el modo oscuro en que llegó Pontaquarto a declarar a los tribunales el 12 de diciembre de 2003”.

Aluden a que se reunió con autoridades políticas previamente, mencionan al ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y al ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, de quien piden el falso testimonio (porque hizo una breve declaración al inicio de la causa y una coincidente con la de Pontaquarto en el juicio) igual que de Sandra Montero y Jorge Barca.

Añaden sospechas sobre el modo en que declaró un chofer de De Santibañes, Luis Alberto Ruidía.

Los jueces afirman que “se interrogó de manera intimidatoria a algunos testigos; se persiguió sistemáticamente a todo aquel que no ratificara la hipótesis acusatoria; se manipuló la prueba para arribar a construcciones preestablecidas”.

Faltó, dijeron “sentido crítico” sobre los dichos de Pontaquarto.

A Rafecas piden que lo investigue el consejo; al abogado de Pontaquarto, el tribunal de ética del Colegio de Abogados; dicen que la Oficina Anticorrupción (OA) debe pagar las costas del juicio, “que implicó un costo económico para el estado y las partes”.

Señala que ni la OA ni los fiscales fueron objetivos.

Pontaquarto, dicen, es un “embaucador que involucró a terceras personas en la comisión de un delito, viéndose afectada la vida de éstas y sus familias durante diez años”.

Como se trata del mismo tribunal que anuló la investigación y la acusación del juicio sobre el atentado a la AMIA, comparan este caso con aquél porque “la mendacidad de un imputado produjo, además de irreparables perjuicios a sus consortes de causa, una grave afectación moral de toda la comunidad”.

En el caso de los sobornos, dicen, “se puso en jaque el funcionamiento del sistema republicano”.

La fiscalía y la OA analizan cómo cuestionar la sentencia y a partir de este hecho planteaban sus dudas sobre las posibilidades de éxito y las herramientas disponibles para las investigaciones sobre casos de corrupción.

Volanta, título y bajada: El TOF3 absovió a todos los acusados por el caso de sobornos en el Senado rente el gobierno de De la Rúa/ Según el Tribunal, la Banelco no existió/ Como se esperaba, el fallo absolvió a todos los acusados. Pero lo sorprendente fueron los términos que utilizó el tribunal, que aseguró que los hechos no existieron y pidió que se investigue a Rafecas, el juez de primera instancia. 

Fuente: Página /12,, 24/12/13.

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ANTES DE LA CACHETADA Y LO QUE NADIE RECORDÓ

El 17 de noviembre, en el Día del Militante en homenaje al reencuentro del peronismo con su líder después de 17 años en el exilio, otra vez una diputada peronista le pegó una  cachetada a un diputado peronista. En la última, en defensa de un marido que tiene una historia, del mismo modo que ella la tiene con la ley de la Banelco hace diez años.

Por Armando Vidal

Otra vez, el escándalo. Fue en una reunión de comisión, la de Asuntos Constitucionales, protagonizado por su presidenta, Graciela Camaño, quien le estampó un bofetón al grandote Carlos Kunkel.

Una reunión en la que tres diputadas (la cívica Elisa Carrió, la ex Pro Chintya Hotton y Elsa Alvarez,radical), no dijeron nada que pudiera justificar el gran despliegue periodístico con la denuncia de coimas para torcer la voluntad de algunos legisladores en el tratamiento de la ley de Presupuesto 2011, finalmente no aprobado por responsabilidad de la oposición.

El hecho, el cachetazo, de una gravedad minimizada por los grandes medios y por la misma oposición, fue más serio que todos los que lo precedieron en los últimos años.

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  • Escrito por Mariano Obarrio
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UN ACUERDO QUE DEJÓ HERIDOS

Luis Barrionuevo y Enrique "Coty" Nosliglia aparecen como eje de la negociación de la ley de flexibilización laboral de cuya triste fama se ocuparía después el Senado. Graciela Camaño, esposa de Barrionuevo, se convirtió en portavoz del acuerdo con la Casa Rosada, señala el autor. Un acuerdo que generaría la reacción del bloque del PJ entonces presidido por el cordobés Humberto Roggero.

Por Mariano Obarrio

De la Redacción de La Nación

Pocas veces como ahora un acuerdo entre la Casa Rosada y la CGT causó la amarga sensación de dejar tantos heridos: el Gobierno, la central obrera, el PJ, la Alianza, el MTA, el CTA, e, incluso, la reforma laboral, objeto de aquel acuerdo.

En la Cámara de Diputados nadie salió bien parado.

La reforma laboral se aprobó sin el consenso del PJ, como se proponía el presidente Fernando de la Rúa, y con un escaso margen de apoyo parlamentario.

Quedan grandes incertidumbres acerca de la suerte que la ley correrá en el Senado, donde el PJ cuenta con cómoda mayoría, con la que podría trabar el proyecto.

Se registró ayer el primer gran fracasó del acuerdo de alta política que De la Rúa había imaginado con los gobernadores "grandes" del PJ, Carlos Ruckauf (Buenos Aires), José Manuel de la Sota (Córdoba) y Carlos Reutemann (Santa Fe).

De nada sirvió ese entendimiento. Se demuestra que esos mandatarios no controlan a todos los legisladores peronistas.

Los diputados del PJ, como los de la Alianza, responden a múltiples causas y la disciplina a sus gobernadores no es la principal; así, el bloque peronista se alineó y votó en contra del acuerdo radical-sindical.

La CGT de Rodolfo Daer (alimentación) quedó sola y colgada del pacto con Balcarce 50.

Es cierto que retendría lo que realmente quería, los aportes sindicales a la gran "caja" y un grado de participación en los convenios colectivos. Empero, su legitimidad quedó más dañada que antes.

La imagen y la escena fotografiada de su abrazo con De la Rúa en el Salón Blanco de la Casa Rosada no fue acompañada por sus "compañeros diputados".

Ello puede tener sus consecuencias.

Dentro de la Alianza también disgustó la foto publicada ayer por La Nación con el Presidente junto a gremialistas cuestionados, como Armando Cavalieri (mercantiles), Oscar Lescano (Luz y Fuerza), Juan José Zanola (bancarios) y Daer.

El poder de los gremios combativos, contrarios a aquel pacto, también quedó relativizado. Hugo Moyano (camioneros), del MTA, y Víctor De Gennaro (estatales), del CTA, no lograron, a la vez, asustar al Gobierno con una movilización exitosa. Más bien, todo lo contrario.

De todos modos, el PJ quedó del lado de Moyano a De Gennaro.

* Un arreglo sin consenso

¿Qué salió mal en el pacto sindical-radical? Los diputados peronistas no toleraron el "acuerdo de cúpulas", con compensaciones económicas para los sindicatos.

Cualquier reparto en el peronismo que no beneficie "al conjunto" tiene patas muy cortas. Ello se demostró cuando creció la versión de que el acuerdo era un asunto entre los sindicalistas Luis Barrionuevo (gastronómicos) y Cavalieri, por el PJ, y Enrique "Coti" Nosiglia, por la UCR, y cuando la diputada Graciela Camaño, esposa de Barrionuevo, se convirtió en vocero del convenio con la Casa Rosada.

Fue entonces cuando flotó la sospecha de que esos negociadores sólo habían pensado en el beneficio para las "cajas" sindicales.

Cuando se menciona a Barrionuevo y a Nosiglia, por cierto, nunca se relaciona su acercamiento político a supuestas coincidencias ideológicas.

Este delicado asunto causó irritación en el bloque de la Alianza.

El protagonismo de Nosiglia produjo amargas quejas del vicepresidente Carlos Alvarez en reuniones privadas. Es que afectaba directamente el desempeño del ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, hombre del Frepaso y de Alvarez.

Quizás, esos acuerdos no sean para algunos el mejor ejemplo de "las nuevas formas de hacer política" que la Alianza promocionó antes de llegar al poder.

Claro que el Gobierno transita los meses de su "luna de miel".

Título: Un acuerdo que dejó demasiados heridos

Fuente: La Nación, 25/2/00

  • Escrito por Laura Serra
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EL COMIENZO DEL FINAL DE DE LA RÚA

Duro fue el precio que pagó la Alianza por impulsar una ley de flexibilización laboral en favor de las empresas, montada en un acuerdo con los “gordos” de la CGT,  a poco de asumir De la Rúa.

Por Laura Serra

El Gobierno no imaginaba que la aprobación del proyecto de ley de reforma laboral en la Cámara de Diputados tendría los sobresaltos de último momento que finalmente tuvo.

Tras el acuerdo con la cúpula de la CGT, sellado luego de febriles negociaciones, el oficialismo se sentía seguro de que el camino en el recinto iba a despejarse, convencido de que el justicialismo lo apoyaría. Pero no fue así.

A última hora, el bloque que conduce Humberto Roggero (Córdoba) dispuso votar en contra de la iniciativa oficial y, sólo por un momento, la tranquilidad dio paso a la preocupación.

Fue un nerviosismo pasajero.

El justicialismo se opuso a la iniciativa, pero a sabiendas de que su voto negativo no alteraría, a la postre, la votación final en favor del proyecto de ley del Gobierno.

Las cifras eran ampliamente favorables a la Alianza, que cuenta con un número holgado de diputados (124 en total) y, además, tenía el respaldo de los legisladores provinciales y del bloque cavallista de Acción por la República.

¿Por qué decidió el justicialismo dar marcha atrás con el acuerdo sellado con la Alianza? No fue una postura antojadiza. En las últimas horas, el bloque que conduce Roggero se vio sumido en una de sus crisis internas más graves, esta vez como consecuencia directa de la fractura que exhibió la CGT.

Como un calco de lo que sucedió en la central obrera, la bancada se dividió entre los conciliadores con el Gobierno y los rebeldes, que rechazan el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la CGT.

Ante la inminente ruptura, la conducción del bloque dio antenoche libertad a sus diputados para que votaran según su conciencia. No fue suficiente. Las grietas eran demasiado profundas.

Finalmente, se impuso por su mayor número la postura de los disidentes y la conducción de la bancada, en un intento por preservar la unidad, dispuso el voto en contra. La unidad se mantuvo, aunque frágilmente.

La cúpula del bloque fue duramente cuestionada por la mayoría de los diputados peronistas, que no toleró que no se le diera participación en las negociaciones con la Alianza.

* Disensos

Pese a que contaba con el respaldo de los diputados cavallistas y de los provinciales, la conducción de la Alianza no estaba tranquila.

A la inesperada decisión del PJ, se sumaba la rebeldía interna en el bloque oficialista, donde una decena de diputados, encabezada por la frepasista Alicia Castro (Buenos Aires) se resistía a apoyar la iniciativa del Gobierno.

Anoche, durante la reunión del bloque de la Alianza, la conducción procuró que las disidencias no hicieran metástasis en el resto de los diputados.

"Si a 70 días de gestión de gobierno, cuando las encuestas nos son favorables, el bloque oficialista no puede garantizar disciplina, ¿qué sucederá más adelante? - planteó un importante diputado radical-. El Poder Ejecutivo ha recepcionado muchas de nuestras inquietudes en materia laboral; incluso hemos logrado revertir otras leyes de difícil aceptación social. No podemos ir contra nuestro propio gobierno".

La temida metástasis no se produjo.

Sin embargo, quedó latente en la conducción del bloque la preocupación de que la masa crítica de diputados oficialistas que se ha gestado crezca con el paso del tiempo y con el desgaste natural que va sufriendo todo gobierno.

Título: La Alianza sufrió más de lo previsto

Fuente: La Nación, 25/2/00

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VOTOS Y AYUDAS EN DIPUTADOS

Jorge Giles y Marcela Bordenave, por pedido del ministro Alberto Flamarique, abandonaron el recinto para colaborar con la aprobación en particular de algunos artículos de la ley de reforma laboral que luego sería motivo del resonante escándalo en el Senado. En esta crónica, que no lleva firma, se hace alusión al discurso “lavado” del justicialista Alfredo Atanasoff que había llevado a su bloque a votar afirmativamenente hasta que una rebelión obligó a un cambio abrupto de estrategia. Contra lo que diría diez años después, Graciela Camaño –de papel clave junto con Atanasoff en las negociaciones con el oficialismo- no fijó ninguna posición en contra.  La esposa de Luis Barrionuevo ni siquiera habló en esa sesión.

Con el sorpresivo rechazo del bloque peronista en pleno, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma laboral acordado el martes último entre el Gobierno y un sector de la CGT.

El debate llevó doce horas antes de que 138 diputados votaran favorablemente la norma, a las 23.50 de anoche.

El voto negativo de 88 legisladores de la bancada peronista preocupó seriamente a la Alianza, que hasta anteayer apostaba a que el acuerdo con la CGT se traduciría en un apoyo del PJ a la norma.

Nueve diputados de la Alianza, entre ellos Alicia Castro, de extracción sindical, votaron también en contra de la reforma, pero eso estaba previsto por el oficialismo.

Los argumentos de quienes se opusieron fue básicamente el mismo: que la ley no beneficiaría a los trabajadores.

La posición favorable al proyecto sostiene, en cambio, que ayudará a fomentar la creación de empleo. La iniciativa aprobada establece un período de prueba de tres meses que podrá ampliarse a seis, la descentralización de los convenios colectivos, la continuidad de los aportes gremiales de los trabajadores y la caída de los convenios de ultraactividad, entre otros puntos.

Poco antes de la medianoche, el bloque de la Alianza amagó con modificar un artículo, referido a los aportes sindicales de los trabajadores, pero una llamada del presidente Fernando de la Rúa al Congreso frenó al oficialismo.

La siguiente preocupación del Gobierno es el Senado, donde prevalece la incertidumbre sobre el futuro de la reforma.

Aprobaron el proyecto sin apoyo del PJ La norma impulsada por el Gobierno tuvo el voto favorable de 138 diputados, 93 se opusieron y hubo tres abstenciones.

A un día de que el Gobierno sellara un acuerdo con un sector de la CGT y en medio de una movilización de protesta convocada por el ala dura de la central sindical, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley de reforma laboral, que esta madrugada se votaba en particular.

Luego de doce horas de debate ininterrumpido en el recinto, la mayoría del bloque de diputados de la Alianza logró el apoyo del cavallismo y de los legisladores de partidos provinciales para avanzar con una ley reclamada con insistencia por el presidente Fernando de la Rúa y cuestionada por un amplio sector del sindicalismo.

* Piruetas peronistas

Los diputados del justicialismo, que un día antes se mostraban en favor de la iniciativa, ayer, sorpresivamente, cambiaron de actitud y decidieron romper con el acuerdo CGT-Gobierno.

Esto generó malestar y cierta preocupación en la Alianza (de lo que se informa por separado).

A su vez, un grupo de nueve diputados de la bancada oficialista se mostró contrario a la iniciativa de flexibilización laboral y cuestionó los puntos principales del proyecto.

De esta manera, 138 diputados votaron en favor del proyecto de reforma laboral, 93 lo hicieron por la negativa y tres se abstuvieron.

De los 93 legisladores que votaron en contra del proyecto acordado entre la CGT y el Gobierno, 84 eran del bloque peronista y nueve de la Alianza (ver aparte).

Los legisladores aliancistas que responden al gremio opositor de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), los frepasistas bonaerenses Marcela Bordenave y Jorge Giles, aceptaron un pedido que les había hecho el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y se retiraron del recinto en el momento de la votación para facilitar el número de votos favorables a sus pares oficialistas.

Las tres abstenciones fueron de los justicialistas Claudio Sebastiani, María Mosso y Juan Domingo Zacarías.

* Lo aprobado

El proyecto de ley de reforma laboral que ayer se aprobó en general contempla, entre otras cosas, un período de prueba de tres meses que se podrá ampliar a seis, la descentralización de los convenios colectivos, la continuidad de los aportes gremiales que hacen los trabajadores para la "caja" de los sindicatos, la creación de una comisión bicameral del Congreso para realizar un seguimiento de los convenios colectivos de trabajo, la obligatoriedad de las empresas de brindar información sobre su situación económica, la creación de una unidad de arbitraje obligatorio para pactar los convenios que no pudieron ser acordados en forma pacífica y la caída de los convenios de ultraactividad (aquellos que datan de 1975 y 1988 y que se renuevan cada año en forma automática), para ser reemplazados por otro convenio.

Durante las diez horas del debate del proyecto de reforma laboral sólo se registraron menciones dispersas y menores del acuerdo sellado entre el Gobierno y la CGT de Rodolfo Daer.

Al parecer, ello no respondió a un simple olvido, sino a una estrategia política esgrimida por la Alianza, que temió ser cuestionada por el justicialismo y por los frepasistas duros.

Sucede que durante la jornada de ayer, tanto públicamente como en forma reservada, los peronistas y los frepasistas críticos se expresaron en contra del consenso alcanzado por el Gobierno con un ala del sindicalismo que, a su entender, está desprestigiada ante la sociedad.

* Una sesión aburrida

En líneas generales, la sesión resultó aburrida y no se percibieron sobresaltos ni debates profundos entre los peronistas y los aliancistas. Pero al promediar el tratamiento en particular del artículo nueve de la norma (aquel que se refiere a la continuidad de los aportes gremiales por parte de los trabajadores), la Alianza se dispuso a eliminar esa cláusula, teniendo en cuenta que los justicialistas no habían avalado parte de lo acordado entre la CGT y el Gobierno.

Allí la oposición interrumpió airadamente para exigir que no se cambie ese párrafo, porque de esa manera podría peligrar el sustento económico de los gremios.

Finalmente, De la Rúa llamó a sus legisladores y les pidió que mantuvieran lo acordado, por lo que no hubo ninguna modificación.

También hubo pequeños pasajes de tensión cuando, por ejemplo, el titular de la Comisión de Trabajo, Juan Carlos Passo (UCR-La Pampa), criticó al gobierno de Carlos Menem por haber dejado un alto índice de desocupación.

Ello generó la rechifla de los legisladores justicialistas.

A su turno, Gerardo Martínez (PJ-Buenos Aires) criticó el proyecto de ley del oficialismo porque entendió que esa iniciativa "privilegia el capitalismo por encima de los trabajadores". Y añadió que es un proyecto "pedido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que lo único que busca es la precarización del empleo".

* Criticas de Alicia Castro

La legisladora crítica de la Alianza Alicia Castro emitió un acalorado discurso que fue aplaudido efusivamente por los diputados peronistas, mientras que la Alianza respondía con un incómodo silencio.

"La receta de la reforma laboral para mejorar el nivel de empleo fracasó en el mundo. No debemos seguir un pensamiento neoliberal que ha penetrado en todos", dijo la sindicalista de los aeronavegantes.

Inmediatamente utilizó un golpe bajo hacia la Alianza y el peronismo al sostener: "No quisiera ver al partido de Yrigoyen (por la UCR), al de Germán Abdala (por el Frepaso) o al de Perón (por el PJ) votando por una ley que va en contra de los trabajadores".

El diputado Alfredo Atanasoff (PJ-Buenos Aires), uno de los artífices del acuerdo Gobierno-CGT, improvisó un discurso "lavado" donde destacó la necesidad de avanzar con los consensos entre el oficialismo y la oposición.

El diputado Carlos Balter (Demócrata de Mendoza) dijo que la reforma laboral "no es la solución definitiva, pero significa un aporte para resolver el problema del desempleo".

Desde la Alianza, la diputada Margarita Stolbizer destacó que la iniciativa "recuperará el poder de negociación en un escenario caracterizado por una tasa alta de desempleo".

Y en una suerte de respuesta por elevación a la diputada Castro, Stolbizer dijo que "el partido de Yrigoyen va a reflotar el derecho de huelga que derogó Menem".

Otro crítico de la Alianza fue el diputado Héctor Polino, que destacó "las buenas intenciones del Gobierno", pero añadió que "no creemos que la norma solucionará el problema del desempleo".

Título y bajada: Se aprobó en la Cámara baja la reforma laboral / Pese a la oposición del PJ, el proyecto obtuvo 138 votos contra 88 en Diputados.

Fuente: La Nación, 25/2/00