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CORTE SUPREMA

CORTE SUPREMA

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CORTE Y DESMEMORIA

"Veinte años después cayó en el olvido el parto de aprobar con trampas la ampliación de la Corte menemista". Así comenzaba el justificado reproche a los medios por parte del editor de Congreso Abierto pero que terminó comprendiendolo a él porque omitió recordar el escándalo cuando se cumplió un cuarto de siglo.

En la madrugada del 5 de abril de 1990 se consumó en Cámara de Diputados de la Nación lo inimaginable hasta ese momento: una operación sostenida en mecanismos fraudulentos y tramposos para votar nada menos que la ampliación de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Allí estuvo la razón de lo que dos años después evitarían los periodistas parlamentarios con la privatización de Gas del Estado. Los negociados en torno de las privatizaciones no se detenían con facilidad ante cuestiones meramente formales como era la aprobación de las leyes que las hacían posibles. El control de la Corte era parte de ese plan.

Veinte años después -ni taampoco cuando se cumplió un cuarto de siglo- nadie recordó este grave episodio, que en 2010 caso se consignó en tapa para muestra de la desmemoria argentina.

El artículo se halla aquí mismo,  en Grandes escándalos/Corte Suprema.

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INICIO DE LA SESIÓN

Lograr el inicio de una sesión bajo el apuro y sobre todo la presión del Poder Ejecutivo urgido de una ley ha sido el dilema constante de todos los tiempos y de todos los gobiernos cuando no se tienen categóricas mayorías en el Congreso. Aquí están contado -gran papel de José Luis Manzano, presidente de bloque- los prolegómenos del arranque de la sesión del 4 de abril de 1990 que a la madrugada siguiente llevaría a nivel de escándalo su tramo final. Era nada menos que la ampliación de miembros de la Corte Suprema de Justicia. El  Grupo de los 8, que todavía formaba parte de la bancada menemista, colabora con la formación del quórum.

Por Armando Vidal

El viaje, los festejos, la transición, el presidente de la Cámara (1): llegó el turno del recinto para ver cómo en pleno debate el tucumano Exequiel Avila Gallo lanzó la pregunta que se perdió en el aire:

 – Señor presidente: deseo hacerle llegar una inquietud ya que desde que estoy sentado aquí el tablero, que acaba de apagarse, registra la presencia de 118 señores diputados, cuando en realidad no creo que sea así. Considero necesario que dicho tablero sea sometido a una revisión técnica.

Era la madrugada del 5 de abril de 1990. Se debatía la ampliación de la Corte y los radicales todavía estaban en sus bancas. Presidía la sesión Augusto Alasino, por ausencia temporaria de Alberto Pierri. Alasino respondió:

 – Así se hará, señor diputado-, sin que quedase constancia de verificación alguna.

 ¿ Este sistema de contralor único en el mundo e invento argentino es garantía de fidelidad absoluta en la Cámara de Diputados?

Por ahora nadie objetó formalmente la exactitud de sus cálculos: si marca 130 se descuenta que son 130 los diputados presentes, incluyendo al que preside la sesión. No hay otra forma de comprobación. Ni una, ni dos ni diez personas pueden contar a los diputados, ni siquiera cuando ocupan la mitad del recinto.

Primero, porque no componen una imagen estática sino en movimiento.

Segundo, porque cuando se quedaron por fin quietos es para votar lo cual se realiza con la mayor rapidez siguiendo las indicaciones del presidente de la Cámara.

Tercero, porque la sola diferencia en uno torna normal o viciada de nulidad la votación y no hay modo de realizar cálculos exactos sobre la marcha.

Cuarto, porque no necesariamente debe haber trampa.

Y quinto -y fundamental-, porque en caso de haberla la votación sería por signos (o sea levantando la mano) y no con la llave (nominal), lo cual reduce la posibilidad de verificación visual a unos pocos segundos en los cuales aparece el número de presentes en el tablero marcando el quórum mínimo reglamentario en el caso de las leyes con forceps.

De allí, la dimensión que tuvo el escándalo del diputrucho que fue posterior a lo sucedido con la votación en Diputados de la ley de ampliación de miembros de la Corte Suprema de Justicia, que es lo que aquí se pretende reconstruir.

 “La vueltita, hay que buscarle la vueltita”, declaraba Menem cada vez que se interponía algún resguardo o vallado legal.

Esa madrugada, la “vueltita” era para sortear la Corte con la cual había gobernado Alfonsín, de modo de poder alcanzar otra de nueve miembros que le aseguraba el control político del cuerpo que controla la constitucionalidad de los actos. La otra posibilidad era volver al pasado y descabezar la Corte como había hecho Perón.

Nadie imaginaba una escena como esta: - “De conformidad con lo que establecen los artículos 13 del reglamento y 15 de la Constitución Nacional, se declara al acusado doctor Antonio Sagarna incurso en la destitución de su empleo” sentenció Hortensio Quijano, vicepresidente y titular nato del Senado, en la cual el ministro decano de la Corte Suprema perdía su condición, tras un juicio político, al que quedarían sometidos con el mismo desenlace los ministros Francisco Ramos Mejía y Benito Nazar Anchorena, al igual que Juan Alvarez, procurador general de la Nación. “No hay tribunales ni justicia”, gritaba en vano Alfredo Palacios, ex senador, defensor frustrado de los acusados, obligado a retirarse del recinto del Senado porque se había suprimido previamente del reglamento de la Cámara el derecho a la defensa oral.

* Presiones del PEN

La sesión tuvo un intento frustrado por falta de quórum, bien entrada la noche del 29 de marzo. Manzano estaba que ardía por las presiones del PEN, equivalentes a la que recibiría después su sucesor Matzkin por el marco regulatorio para la privatización de Gas del Estado. Pero además era blanco de hostigamientos públicos y sordos de parte del ministro del Interior, Julio Mera Figueroa y Alberto Pierri, quien no estaba dispuesto a que el mendocino pasase sobre él en su afán de congraciarse con Menem.

Pese a que podía sortear a periodistas siempre molestos, tras un almuerzo con Pierri en el despacho de la presidencia de la Cámara, el ministro convocó a los cronistas a la hora del café para declarar que el Poder Ejecutivo “quiere que el bloque funcione y no es un secreto que esto ahora no ocurre”, lo cual era un palo directo y a la cabeza de Manzano, quien por supuesto no había sido invitado a la comida lo que ya de por sí constituía un desaire tratándose del presidente de la bancada oficialista.

Llegaría la hora de la venganza pero mientras confiaba en un acuerdo político con el radicalismo que le diera fuerza a él y a Jaroslavsky -interlocutor y amigo- y en no ofrecer flancos a sus enemigos internos para lo cual debía hacer los deberes.

 “No estamos reclamando sino algo que ha sido casi una tradición de la política argentina, diría yo, de que los gobiernos constitucionales organizaran o promovieran la organización de la Corte Suprema de Justicia “, dijo sin prurito alguno el 29 de marzo desde su banca al expresar su enojo porque el radicalismo retaceaba su aporte a la formación del quórum en la primera definición contra el avance justicialista que desde el 10 de diciembre anterior tenía 120 legisladores propios, once ucedeístas y otra veintena de aliados potenciales provenientes de partidos provinciales.

Un solitario Jaroslavsky ensayó una explicación no muy convencido ni convincente acerca de porqué antes los radicales penaban porque los peronistas no daban número y ahora eran los radicales los que hacían lo mismo. Dijo que era para defender el sistema, argumento de los alfonsinistas verticalizados pero no precisamente el suyo.

Ese jueves todo terminó en una frustración para Manzano. Apenas unos noventa y tres oficialistas respondieron al llamado.

Entre quienes no asomaron la cabeza estuvieron Germán Abdala, Darío Alessandro, Chacho Alvarez, Luis Brunati, Moisés Fontela, José “Conde” Ramos y Juanpi Cafiero. Participó, en cambio, Franco Caviglia.

Todos ellos compondrían luego el “Grupo de los 8”, que venía funcionando en la intimidad del bloque y que romperían con el oficialismo, aunque sin actuar nunca orgánicamente, cuando Menem procedió a implementar su política de indultos. Tanto era el envión que Manzano quería aplicar una curiosa interpretación referida al momento en que vencían los términos para hacer observaciones al dictamen de comisión -impuesto por el oficialismo en un plenario de tres de ellas, que era el modo de sacarlo sí o sí-, que el liberal correntino Garay se opuso y le dio una lección acerca de que los días se cumplen a las 24 horas para demostrar que todavía no se había cumplido el plazo, procedimiento que calificó de “picardía”, como lo era en efecto. Como en otros temas, la primera puerta la había abierto Alfonsín, en este caso al remitir en 1987 un proyecto para elevar a siete el elenco de la Corte, argumento recurrente del oficialismo siempre empleado cuando los radicales se negaban a lo que ellos mismos habían propiciado realizar aunque de otra forma.

* El anzuelo

El miércoles 4 puede ser conocido como “el día del anzuelo”, que los radicales mordieron cuando Manzano les prometió la concurrencia del ministro Cavallo (entonces canciller) para lo que se suponía era un informe sobre la situación en Brasil que comenzaba a arrastrar a su engominado presidente Fernando Collor de Melo hacia su cáida por corrupto.

Mientras las huestes de Jaroslavsky discutían en el bloque, Manzano en un esfuerzo de movilización sin precedentes consiguió la asistencia de los bloques minoritarios y de los rebeldes “ocho”, incluyendo a Luis Brunati que entró, se sentó y salió. El forjista Alessandro asumiría por la suyas, tiempo después, la responsabilidad de la decisión de acudir que explicó como un error porque se resistía a acelerar el proceso de ruptura con el menemismo. En ese momento, el partido estaba en manos de su viejo amigo Antonio Cafiero que estaba de acuerdo con la ley.

La sesión se abrió con lo mínimo imprescindible: 128 (2). Vale la pena detenerse en lo que pasó después y que pudo ser distinto si los radicales no hubieran estado tan entretenidos en un debate inútil sobre Cavallo en el bloque; creían que el oficialismo iba a esperarlos a ellos cuando, en realidad, la presión de Neustadt y de otros comentaristas políticos afines al gobierno venían cargando las tintas sobre el papel del Congreso, del cual se puede hablar mal en todo momento pero algunas veces más que otras. Esa era una de ellas, el día previo a la realización de la “Plaza del sí”, organizada por la estrella de Tiempo Nuevo.

El plan de trabajo resuelto por la comisión de Labor Parlamentaria, que conforman el presidente del cuerpo y los jefes de cada bloque, aprobado también en el recinto, no significaba que comenzara la discusión sobre la Corte, el gran tema: se mantenía el turno previo en el cual los diputados formulan pedidos, trámite que normalmente insume una hora.

Manzano pidió la palabra para expresar el deseo de que se comenzase por el final pero omitió realizar una moción de orden de apartamiento del reglamento. Pierri lo dejó pasar naturalmente -a él pudo habérsele escapado pero no a los especialistas que lo rodean-, consiente igual que Manzano que no se podía perder tiempo. El “rompe”de Garay volvió a entrar en escena para frenar al impulsivo mendocino.Más nervioso que de costumbre, Manzano se opuso a rever la decisión de hacer las cosas sin cumplir las formalidades pero luego aceptó y formuló el planteo debido. ¿ Qué era lo que corría a Manzano y a Pierri? El miedo que los radicales finalmente se despabilasen y aparecieran en el recinto porque en tal caso no hubieran podido iniciar el trabajo de parto de la ley. /

Llamadas: (1) Títulos de los tramos que anteceden al que aquí se consigna del libro mencionado como fuente. De paso, vale decir que Ávila Gallo era un ocurrente diputado que había llegado aliado del bussismo y que luego rompería con ese sector. Era el que decía que si su segundo apellido se pronunciaba tal cual sonaba, el de Domingo Cavallo, también. (2).  El quórum entonces era de 128 porque la Cámara se componía de 254 miembros.

Fuente: El Congreso en la trampa, ( Ed. Planeta, 1995, Capítulo El poder de la trampa/ A la hora de sentarse. Pags. 89/93). Las diferencia de edición no alteran su texto.

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CARLOS MOSCA, EL JUEZ QUE NO FUE

Cuando se quiera recordar la escandalosa sesión en la Cámara de Diputados de la Nación que en la madrugada del 5 de abril de 1990 aprobatía la ampliación de miembros de la Corte Suprema de Justicia, habrá que recordar la obstinada resistencia que hizo Carlos Mosca, diputado por el radicalismo, antes y sobre todo después de la sanción. Y lo hizo al punto de quedar peleando solo contra la Cámara y la Justicia que rechazó sus fundamentadas denuncias sin siquiera investigarlas. Carente de partícula alguna de antiperonista que pudiera enturbiar su condición demócrata y republicana, aquí se cuenta como Raúl Alfonsín quiso lograr una reparación para Mosca y el entonces presidente Carlos Menem  remitió el pliego al Senado para nombrarlo juez federal. Pero ell Senado, uno de cuyos hombres fuertes era Augusto Alasino (diputado en aquella sesión) prefirió designar en su lugar a Carlos Branca, un juez luego echado por corrupto. Carlos Mosca, que sigue viviendo en Pergamino, su ciudad, es el padre de Pablo Mosca, uno de sus siete hijos, que en 2006 fuera presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Por Armando Vidal

La historia transita, sin estaciones intermedias, entre lo increíble y lo absurdo, protagonizada, en silencio y durante casi diez años, por el ex diputado nacional (1987-1991) y abogado pergaminense Carlos Mosca.

Hijo de un diputado nacional médico en esa ciudad del norte bonaerense (Gabriel) y sobrino de otro diputado (Enrique) quien, además, fuera el segundo término de la fórmula de la Unión Democrática que, en 1946, enfrentara a Juan Domingo Perón, como parlamentario se distinguió por su lucha frontal contra el modo irregular --con tinte de resonante escándalo—de la Cámara para sancionar la ley de ampliación de miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Fue durante la madrugada del 5 de abril de 1990. Hubo de todo. Extraños en las bancas. Gente armada. Amenazas. Conclusión: el hecho derivó en un pleito judicial, a instancias de Mosca y de otros representantes de su partido, el radicalismo.

Ex profesor de derecho constitucional en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y, por entonces, miembro de la comisión de Juicio Político y de Asuntos Constitucionales de Diputados, Mosca quedó sólo pleiteando contra la Cámara. Fue abandonado incluso por su propio partido y perdió el juicio porque la Cámara de Apelaciones ratificó el fallo en primera instancia de la jueza Susana Córdoba, que desestimó la denuncia.

El argumento fue que Mosca carecía de derecho en reclamar justicia porque, al perder su condición de legislador, ya había dejado de ser parte interesada. En el marco de los acuerdos de Olivos de 1993 --que precedieron a la reforma constitucional del año siguiente--, Mosca fue propuesto como juez de la Nación por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999).

Pareció un acto de reparación promovido por Raúl Alfonsín (1983-1989). El pliego fue enviado el 11 de febrero de 1994 al Senado que, setenta días después, lo aprobó unánimemente. ¿El destino? Uno de los juzgados federales de la Capital Federal. A esa altura sólo el 12 quedaba libre. Pero en lugar de darle ese destino, el Poder Ejecutivo designó a Carlos Branca, luego destituido por la vía del juicio político y preso por formar parte de una asociación ilícita vinculada con acciones delictivas en la Aduana.

Pasó el tiempo, y como pese a tener el acuerdo del Senado, el Poder Ejecutivo no le asignó función alguna como magistrado, Mosca formuló un reclamo judicial basada en declaración de derecho (que se reconocieran sus derechos adquiridos).

La cuestión recayó en el juzgado contencioso administrativo 2 de Carlos Marianelli, quien lo tuvo varios años sin pronunciarse hasta que el 22 de mayo pasado desestimó el reclamo. Lo hizo sin argumentación alguna, basándose en una resolución administrativa de la Corte, la 215 de 1996, “ que no tiene vinculación con el hecho", se enojó Mosca. Convencido de estar obrando por una cuestión de principios sobre los que asienta sus 67 años en la vida, ahora, él mismo apeló la medida.

Título: El juez que no fue

Fuente: La Nueva Provincia, 17/8/03. Publicación de un despacho de Télam con la firma de quien por entonces ocupaba la vicepresidencia de esta empresa, cuyo titular era Alberto Dearriba..