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OTRO PASO ATRÁS
Tres años después de la privatización de YPF (1992), la todavía dupla Carlos Menem y Domingo Cavallo redujo al mínimo los derechos que restaban del Estado. Esta es la crónica sin firma de Armando Vidal para la sección Economía del diario Clarín en el que entonces trabajaba.
La Cámara de Diputados transformó en ley el proyecto que autoriza a disminuir la participación accionaria del Estado en YPF S.A. por debajo del 20 por ciento y hasta conservar una sola acción para retener las facultades que la ley de privatización de la empresa le reserva.
Según la fundamentación del PEN a la iniciativa original -modificada por el Senado- se trata de facilitar la financiación de la reconversión de las administraciones provinciales, situación "particularmente más urgente" en el caso de los bancos total o parcialmente de las provincias, afectados por la caída de los depósitos por la repercusión local de la crisis financiera proveniente del exterior.
El radicalismo colaboró al tratamiento de la ley -a la cual se opuso del mismo modo que lo hizo con la que privatizó la empresa creada en el gobierno de Hipólito Yrigoyen- al facilitar los dos tercios imprescindibles por no cumplirse los siete días hábiles luego de la aprobación del dictamen de comisión.
La necesidad de esta ley responde a una modificación del Senado cuando se aprobó la privatización que impuso este requisito en el caso de que el Estado decidiera desprenderse de las acciones por debajo del tope indicado.
Las acciones son: "A", las pertenecientes al Estado; "B", las que adquieran las provincias petrolíferas y las no productoras hasta un 39 por ciento; "C", las que adquiera el personal de la empresa (hasta el 10 por ciento), y "D", las acciones que el Estado nacional y las provincias vendan al capital privado.
La norma que modifica el capital social de YPF -sigla que en el dictamen de comisión se desglosa como Yacimientos Petrolíferos Fiscales- autoriza al PEN a "reducir su tenencia del paquete accionario de la Clase "A" hasta una sola acción, pudiendo disponer del resto a los fines previstos en el decreto Nro. 286 del 27 de febrero de 1995".
También exime al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial -al que las acciones habían sido transferidas- del pago de impuestos o contribuciones nacionales, provinciales o municipales.
El justicialista Oscar Lamberto, presidente de la comisión de Presupuesto, avaló la sanción de la ley para "acelerar el proceso de privatización de los bancos provinciales, mientras el radical santacruceño Héctor Di Tulio sostuvo en una apasionada intervención que "este es otro paso de la desnacionalización de quienes ayer presidían una empresa deficitaria y hoy preside una empresa que nos deja sin recursos renovable", alusión a José Estenssoro.
* Exenciones en el IVA
La Cámara dio media sanción, asimismo, a ley que amplía la base imponible del Impuesto a las Ganancias y al Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Una de las modificaciones con relación al proyecto del PEN es la exclusión de la norma del pago del impuesto a las ganancias a las cooperativas, mutuales, ministros de la Corte y de los tribunales provinciales, jueces nacionales y provinciales y legisladores.
Previamente, la diputada radical Martha Mercader obtuvo ayer (NdE: por el 23/5/95) el apoyo de varios justicialistas a su proyecto destinado a impedir la privatización de Radio Municipal, dispuesta por un decreto del PEN.
Los peronistas Roberto Digón, Ermán González, Patricia Bullrich y Jorge Argüello, en ese orden, se manifestaron a favor del proyecto de la escritora -que hoy será aprobado en comisión-, quien contrastó la visión gubernamental de la "teología de la privatización" con el gesto que, dijo, tuvo María Luisa Bemberg al donar su valiosa pinacoteca al Estado. ˜
Fuente: Material para su publicación remitido a Clarín el 22/3/95.