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PRIVATIZACIÓN DE YPF

PRIVATIZACIÓN DE YPF

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OTRO PASO ATRÁS

Tres años después de la privatización de YPF (1992), la todavía dupla Carlos Menem y Domingo Cavallo redujo al mínimo los derechos que restaban del Estado. Esta es la crónica sin firma de Armando Vidal para la sección Economía del diario Clarín en el que entonces trabajaba. 

La Cámara de Diputados transformó en ley el proyecto que autoriza a disminuir la participación accionaria del Estado en YPF S.A. por debajo del 20 por ciento y hasta conservar una sola acción para retener las facultades que la ley de privatización de la empresa le reserva.

Según la fundamentación del PEN a la iniciativa original -modificada por el Senado- se trata de facilitar la financiación de la reconversión de las administraciones provinciales, situación "particularmente más urgente" en el caso de los bancos total o parcialmente de las provincias, afectados por la caída de los depósitos por la repercusión local de la crisis financiera proveniente del exterior.

El radicalismo colaboró al tratamiento de la ley -a la cual se opuso del mismo modo que lo hizo con la que privatizó la empresa creada en el gobierno de Hipólito Yrigoyen- al facilitar los dos tercios imprescindibles por no cumplirse los siete días hábiles luego de la aprobación del dictamen de comisión.

La necesidad de esta ley responde a una modificación del Senado cuando se aprobó la privatización que impuso este requisito en el caso de que el Estado decidiera desprenderse de las acciones por debajo del tope indicado.

Las acciones son: "A", las pertenecientes al Estado; "B", las que adquieran las provincias petrolíferas y las no productoras hasta un 39 por ciento; "C", las que adquiera el personal de la empresa (hasta el 10 por ciento), y "D", las acciones que el Estado nacional y las provincias vendan al capital privado.

La norma que modifica el capital social de YPF -sigla que en el dictamen de comisión se desglosa como Yacimientos Petrolíferos Fiscales- autoriza al PEN a "reducir su tenencia del paquete accionario de la Clase "A" hasta una sola acción, pudiendo disponer del resto a los fines previstos en el decreto Nro. 286 del 27 de febrero de 1995".

También exime al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial -al que las acciones habían sido transferidas- del pago de impuestos o contribuciones nacionales, provinciales o municipales. 

El justicialista Oscar Lamberto, presidente de la comisión de Presupuesto, avaló la sanción de la ley para "acelerar el proceso de privatización de los bancos provinciales, mientras el radical santacruceño Héctor Di Tulio sostuvo en una apasionada intervención que "este es otro paso de la desnacionalización de quienes ayer presidían una empresa deficitaria y hoy preside una empresa que nos deja sin recursos renovable", alusión a José Estenssoro. 

 * Exenciones en el IVA

La Cámara dio media sanción, asimismo, a ley que amplía la base imponible del Impuesto a las Ganancias y al Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Una de las modificaciones con relación al proyecto del PEN es la exclusión de la norma del pago del impuesto a las ganancias a las cooperativas, mutuales, ministros de la Corte y de los tribunales provinciales, jueces nacionales y provinciales y legisladores.

Previamente, la diputada radical Martha Mercader obtuvo ayer (NdE: por el 23/5/95) el apoyo de varios justicialistas a su proyecto destinado a impedir la privatización de Radio Municipal, dispuesta por un decreto del PEN. 

Los peronistas Roberto Digón, Ermán González, Patricia Bullrich y Jorge Argüello, en ese orden, se manifestaron a favor del proyecto de la escritora -que hoy será aprobado en comisión-, quien contrastó la visión gubernamental de la "teología de la privatización" con el gesto que, dijo, tuvo María Luisa Bemberg al donar su valiosa pinacoteca al Estado. ˜

Fuente: Material para su publicación remitido a Clarín el 22/3/95.

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TABLERO Y DENUNCIAS HACE 20 AÑOS POR YPF

En 1992, luego del escándalo por diputruchos en la privatización de Gas del Estado llegarían las irregularidades en la sesión de Diputados que liquidaba a YPF, incluyendo una denuncia sobre pagos a los que la habían votado en la otra Cámara. 

Por Armando Vidal

La ley que en la primavera del ‘92 se definía en Diputados incluía dos líneas en su último artículo añadidas en el Senado por Alberto Rodriguez Saá, en ese momento presidente de la bancada mayoritaria. La ley era la privatización de YPF y esas dos líneas decían que los recursos de la venta de las acciones en manos del Estado debían ser destinado exclusivamente al aumento de los haberes previsionales.

El propio presidente Carlos Menem remarcaba que con esa norma se terminaban los pesares de un Estado sin medios suficientes para pagar el 82 por ciento de los haberes activos.

A la hora que recibió la ley, Menem tomó el bisturí y vetó el agregado de Rodriguez Saá, un asunto que el gobierno consideraba fuera de contexto.

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A DIEZ AÑOS DE LA PRIVATIZACION

Como si nada hubiera pasado, diez años después dos hombres que habían apoyado la privatización de YPF aparecían como candidatos posibles en las presidenciales de 2003. Uno era Juan Carlos Romero, menemista, el que fundamentó la ley en el Senado y el otro Néstor Kirchner, el mandatario de Santa Cruz que por entonces hacía más ruido del que podía escucharse desde Buenos Aires.

Por Armando Vidal

El 24 de septiembre de 1992, la Cámara de Diputados transformó en ley la privatización de YPF.

Diez años después, los protagonistas que lo hicieron posible son parte de la danza de candidatos a jefe de Estado en las próximas elecciones como el caso del entonces senador Juan Carlos Romero, hoy gobernador salteño y del gobernador, ayer y hoy, de Santa Cruz, Néstor Kirchner.

Lo logró el justicialismo, sin sentimiento de pesar alguno por el general Enrique Mosconi, creador de la empresa durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen.

Y lo hizo con el apoyo de expresiones políticas minoritarias como la Ucedé, hoy virtualmente desaparecida, igual que su mentor, el casi nonagenario Alvaro Alsogaray, entonces diputado.Pese a las denuncias de corrupción del paso del proyecto por el Senado surgidas del propio seno del oficialismo, luego desmentidas.

Pese a la resistencia del radicalismo, en especial de los patagónicos con discursos cargados de un dolor nunca visto en el debate de una ley. Pese a las denuncias previas en la Justicia de presuntos delitos en el ejercicio de sus funciones de José Estenssoro, presidente de YPF, impulsor del proceso.

Pese a que todo el trámite transcurrió en un tiempo sembrado de suspicacias –seis meses antes se había producido el escándalo del “diputrucho” con la ley de liquidación de Gas del Estado-, el bloque que conducía Jorge Matzkin logró la preciada votación.

* Dólares para las provincias

La ley transfería los yacimientos a las provincias, transformaba YPF en S.A., vendía sus activos (sin cotización previa) y acordaba el pago de viejas regalías a los estados provinciales productores, lo que puso de inmediato a los gobernadores en la causa que alentaba el ministro Domingo Cavallo (Salta, 120 millones de dólares; Santa Cruz, 480 millones; Mendoza, 638; etc.), todo sin una ley que fijase el marco regulatorio de la privatización ni tampoco una nueva ley de hidrocarburos.

Los justicialistas festejaron al final con la alegría que reflejaron para la historia las portadas de los diarios del día siguiente, seguramente por los frustrados intentos de alcanzar quórum a lo largo de tres semanas.

La llave que abriría la sesión se registró el 23, o sea el día anterior a la definición, cerca del mediodía, cuando, impacientes, los justicialistas esperaban que el tablero registrase 130 presentes (en aquel momento ése era el número reglamentario).

El radicalismo y otras expresiones de la oposición (como los cinco del bloque Movimiento Peronista, ex Grupo de los 8) mantenían su resistencia y aguardaban fuera del recinto que el PJ consiguiera quórum por las suyas.En el estrado, expectante, estaba el jefe de la Cámara, Alberto Pierri, a la sazón uno de los máximos referentes del duhaldismo. Si bien se hallaban varios de los diputados de extracción gremial, que ocuparon sus bancas luego de un acuerdo de último momento con el propio Menem, igual faltaba uno.

De pronto, imprevistamente, el radical riojano Raúl Galván ingresó al recinto para denunciar de pie y a los gritos que no había número para votar el plan de labor, en momentos en que el tablero electrónico marcaba 129 presentes.

Respondió su comprovinciano Jorge Yoma, en aquellos años menemista fiel y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, pidiéndole a Pierri que también computase la presencia de Galván, con lo cual sí se alcanzaba los 130. Que era lo que señalaba el tablero electrónico pero no por Galván, que seguía parado, sino por el latorrista Ricardo Molinas, quien en ese mismo instante se sentaba en una de las últimas bancas, rompiendo así su oposición a dar quórum.

Para Molinas, el capítulo coincidió con el pedido de desafuero que acababa de hacerle el juez Miguel Pons por una denuncia en su contra que provenía de cuando era titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y su hijo Fernando era su secretario personal.

Este estaba detenido por supresión y adulteración de documento público, causa de la que poco después sería absuelto y puesto en libertad.

Entre los sentados, estaba, también en el fondo, el diputado del Partido de los Jubilados, Juan Carlos Sabio, ex dirigente del gremio de los petroleros, quien votó a favor de la ley, como en abril de 1993 lo haría con la de privatización del sistema jubilatorio, pese a que había llegado al Congreso para hacer lo contrario.

Formaron parte de la cruzada, los diputados duhaldistas; los santacruceños alineados con el gobernador Kirchner como lo era por aquella época Rafael Flores, quien fue a la sesión pese a su pierna enyesada; delasotistas como Juan Carlos Maqueda, en la actualidad presidente provisional del Senado, y los puntanos de Adolfo Rodriguez Saá, cuyo hermano, Alberto, senador y jefe del bloque del PJ, había introducido un cambio al proyecto original para destinar exclusivamente a los jubilados el producto de la venta de las acciones en manos del Estado.

Aprobada la norma, Menem vetó el artículo.

El mendocino Hugo Bordín Carosio, justicialista, presidente de la comisión de Energía, ratificó que la ley era obra del “irrestricto y total apoyo a la política económica del Dr. Menem” y justificó su actitud en la “disciplina partidaria”.

La votación terminó con 120 a favor contra 10 en contra (la mayoría de partidos provinciales), sin la participación del radicalismo y otros bloques que se retiraron.

Festivos, varios oficialistas fueron hacia una de las bancas vecinas a la que ocupó el “trucho” Abraham Kenan el 26 de marzo de ese año para saludar al justicialista formoseño Julio Acevedo, quien padecía de una enfermedad terminal y estaba allí para participar del fin de YPF.

Moriría poco después.

No hubo sanciones para el diputado Luis Saadi por haber dicho desde su banca y desdecirse cuatro horas más tarde que en el Senado se había pagado “una coima de ocho millones de dólares” para aprobar la norma.

Tras largas horas de debate en una y otra ala del Congreso, nadie advirtió la profunda dimensión de las secuelas sociales en las áreas afectadas como que se evidenciaría antes de los cinco años en Cutral Có, Neuquén y en Tartagal, Salta, donde estallaron protestas nunca vistas.

Allí, en esas tierras del oro negro, nacería el movimiento piquetero, hoy con asiento en las inmediaciones de la ciudad donde se aprobó la ley que cumple diez años.

Nota: Texto para Clarín.

 

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CATORCE AÑOS DESPUÉS

A tres años de la presidencia de Néstor Kirchner, la creación de ENARSA como una sociedad anónima, en lugar de una sociedad del Estado, que la hubiera puesto bajo controles respetables del propio Estado, resultó para la oposición como el ADN de la estrategia de negocios del kirchnerismo. Diagnóstico de la oposición: puro menemismo con otro nombre. En el Bicentenario, todavía no estaba muy claro qué hacía esa empresa que funciona en la órbita de poder de Julio De Vido y está encargada de "estudios técnicos, económico financieros y legales tendientes a viabilizar inversiones en el sector eléctrico", según la información oficial.

 Por Armando Vidal

Para el bloque del Gobierno fue la primera sanción con sabor a sapo amargo. Este miércoles, los oficialistas del Senado —que son amplia mayoría— se aprestan a transformar en ley el proyecto.

Si la política petrolera de Néstor Kirchner es la continuación de la de Carlos Menem, como coincidió toda la oposición en Diputados (radicales, aristas, provinciales y otros), distinto fue en setiembre de 1992, cuando el oficialismo menemista de entonces, que devendría en el kircherismo de hoy, votó en esa misma Cámara la privatización de YPF.

La diferencia está en las portadas de los diarios de la mañana siguiente. En aquellas aparecía el jefe del bloque justicialista Jorge Matzkin festejando con sus compañeros al pie de las bancas.

Tenía cierto atenuante: había debido vencer varios boicot a la conformación del quórum, problema que no tiene hoy el bloque de la Casa Rosada.

El duro debate que enfrentó el oficialismo este año puede compararse con aquellas sesiones en las que el menemismo se abrió paso para construir su propia y pasajera historia.

Tuvo de entrada el apoyo del diputado Alvaro Alsogaray que, en 1989, les decía en el recinto a los peronistas que no entendían la importancia de votar a favor la reforma del Estado, ésa que dio lugar a las privatizaciones.

Más allá de los esfuerzos de los diputados Alfredo Fernández, Graciela Camaño y del propio Agustín Rossi, presidente de la bancada kirchnerista, el peso de la argumentación opositora en la pulseada del miércoles fue mucho mayor.

Para fundamentar la vinculación de la política de Néstor Kirchner con la de Carlos Menem, los opositores hablaron en el debate sobre la muerte de la estatal YPF y sobre la creación, hace dos años, de la petrolera ENARSA. Claudio Lozano (CTA) no halló respuestas cuando sostuvo que las empresas beneficiadas siguen operando sin ningún control estatal.

El entrerriano Juan Carlos Godoy (Concertación Entrerriana) tampoco, cuando para dar idea de la magnitud del negocio resaltó que en un reciente ejercicio la EXXON premió a su máximo directivo con "un sueldo especial de 400 millones de dólares" (sic).

El radical Miguel Angel Giubergia no logró que le explicasen por qué había que promover a empresas que explotaban a un costo máximo de 7 dólares por barril cuando el precio internacional es de unos 60.

Alicia Comelli (Movimiento Popular Neuquino) no consiguió que nadie reaccionara cuando aseguró que Oscar Parrilli —secretario general de la Presidencia—, que había fundamentado desde la banca la venta de YPF, no estuvo en Cutral Có para explicar lo que había hecho.

La arista Elisa Carrió cotejó lo que hacen en defensa de sus in tereses Brasil y Chile, y definió a ENARSA como el instrumento jurídico "al servicio de la misma entrega" de los 90.

Ni siquiera el cordobés Oscar Aguad consiguió que le dijeran cómo era que los radicales se flagelaban todos los días por el gobierno de Fernando de la Rúa y los justicialistas no se hacían cargo de nada.

Para debates equivalentes en el futuro habrá que elegir mejores espadas. O condimentar los sapos. Al menos, en el Congreso.

Título: Hidrocarburos: el día que el oficialismo votó sin aplausos 

Fuente: Clarín, 9/ 10/2006