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EL RETORNO SOLAPADO DE LAS AJPS Y ALGO MÁS

Como el gobierno de Macri y los  medios de comunicación que lo apoyan, más algunos menemistas del pasado y radicales sin memoria, quieren que la historia de las flagelaciones a los jubilados se repita, aquí va uno de los últimos gritos para evitarlo y que recuerda compromisos ante la OEA.

Por Federico Bobrovsky (*)

Una vez más nos vemos obligados a tener que desenmascarar la utilización política de los jubilados por un gobierno neoliberal. El proyecto enviado al Congreso con el ampuloso título de Reparación Histórica esconde una amnistía fiscal para los evasores y un engaño para los supuestos beneficiarios.

No se van a liquidar las sentencias judiciales firmes, ni a aplicar la jurisprudencia de la Corte Suprema, por lo que se intenta pasar por buena una fabulosa quita confiscatoria para todos aquellos que han estado años litigando y no entrarían ni los que se jubilaron después de diciembre de 2006 ni los docentes y otros con leyes especiales.

Es fundamental denunciar que no es necesaria una ley para esto.

El 4 de noviembre de 2009 se firmó, en la ciudad de Washington, un acuerdo de solución amistosa por una demanda presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1995 (causa “Menéndez, Caride y otros”).

El Estado argentino se obligó a cumplir tres puntos.

En el primero está contemplado aplicar estrictamente lo que ordena la resolución 955/08 de la Secretaría de Seguridad Social y, principalmente que “todas las sentencias judiciales aún pendientes de ejecución, salvo disposición en contrario contenida en la propia sentencia judicial firme, deben ser cumplidas sin otras limitaciones más que aquellas dispuestas en la norma (…) Toda otra limitación introducida por vía de interpretaciones infra-normativas no será aplicable”.

Asimismo el Estado pactó “no apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia que hubieran sido favorables a los beneficiarios, en supuestos de hecho en los que la CSJN ya se haya expedido”.

Finalmente se comprometió a desistir de las apelaciones que se hayan presentado hasta la firma del acuerdo en un plazo máximo de 60 días.

Lamentablemente no se cumplió con ninguna de las cláusulas en su totalidad, si bien es cierto que se intensificó y que se construyó un sistema de liquidaciones que permitió que la Anses liquide alrededor de 40 mil sentencias anuales y, en muchas de ellas, el resultado efectivamente respetó lo que se estableció en la sentencia judicial firme.

Asimismo se modificó gran parte del perverso andamiaje legal pensado para liquidar los pleitos (y a los jubilados) con la ley 24.463 cínicamente llamada “de solidaridad previsional”.

Que el Estado se haya obligado a cumplir un acuerdo en sede internacional tiene graves consecuencias diplomáticas en caso de incumplimiento.

Nos encontramos hoy ante la disyuntiva de denunciar el acuerdo en la OEA y solicitar que intervenga la Corte Interamericana de DDHH ante un nuevo avasallamiento en los derechos de los jubilados y pensionados que representamos.

Lo que se debe hacer es cumplir taxativamente con lo que ordenan las sentencias judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada.

No son meras sugerencias sino que son órdenes y lo único que se puede hacer es cumplir en tiempo y forma.

El proyecto de ley en revisión por el Congreso representa una confiscación encubierta de la deuda, presentándose como una reparación histórica, que viene en el formato de un gigantesco Caballo de Troya poniendo en jaque la sustentabilidad del sistema en su conjunto y abriendo la puerta a una reforma del sistema previsional sin incluir los conceptos de público y de reparto en la conformación de la comisión que tendrá a su cargo el armado del proyecto de reforma.

El botín de guerra es el FGS, que es un fondo de los trabajadores para los trabajadores administrado por el Estado.

Cuando los gobiernos se apoderan de éstos, siendo que están pensados para sostener los sistemas previsionales en el tiempo, provocan, irremediablemente, su quiebra y lo sufren los propios trabajadores.

No hay sistema posible sin capitalización de los fondos públicos.

Una vez quebrado y ante la imposibilidad de hacer frente al pago de las prestaciones se comienza a vender el (sic, también puede leerse como "al") sistema privado como la solución mágica.

Sres. legisladores, no se necesita una ley para liquidar las sentencias firmes pendientes.

El ordenamiento jurídico ya establece cómo y cuándo proceder. A su vez, ordena la forma en que debe conducirse la Anses en los pleitos que se le presenten.

Si no se apelaran las sentencias de primera instancia que generan un cuello de botella en la Cámara de Apelaciones, el jubilado que inicia un reclamo podría cobrar en un lapso no mayor a dos años, con todas las garantías constitucionales sin resignar un solo peso y cuidando la sustentabilidad del sistema.

No hagan incurrir a la Nación en responsabilidad internacional!

(*) Abogado previsionalista.

Volanta y titulo: Opinión/ SinceraMiento a la Reparación Histórica a jubilados

Fuente: Página /12, 7/6/16.

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TRAMPAS DE PUNTA A PUNTA (7)

La votación en el Senado, tras la adulteración del texto remitido por Diputados, junto con la presentación de algunos de los actores de esa Cámara, como el salteño Juan Carlos Romero, son parte del parto de la ley por el Congreso y la llegada posterior de vetos, incluyendo la confesión burlona del poderoso ministro Domingo Cavallo contra el propio bloque oficialista

Por Armando Vidal

El texto de la sanción de la reforma previsional de la Cámara de Diputados tardó diez días en llegar al Senado.

La versión definitiva con los cambios de último momento durante el tramo en particular del debate en la madrugada del 6 de mayo, se había transformado en una pieza inhallable.

Otras sanciones tardaron un tiempo equivalente en cruzar la puerta que separa un brazo del otro del Congreso -caso de las leyes de empleo o de privatización de YPF-, pero con ésa el lapso parecía mayor a tono con la desconfianza sobre el texto aprobado.

Mientras se realizaba el trabajo como el armado de un complejo rompecabezas, varios diputados temían picardías que distorsionasen la voluntad plasmada tras la discusión y votación de los casi doscientos artículos.

Tenían motivos para sospechar.

En primer lugar por la envergadura de los intereses en juego y, en un plano no menos importante, porque se sabía de un precedente: la adulteración del texto de una ley que en su momento no generó la repercusión que merecía. Salvo algunas reacciones, el Congreso se limitó a corregir las consecuencias del delito por medio de otra norma.

A ese recelo sobre una eventual “mano negra” colaboraba la certeza de que en el apuro se habían cometido errores que podían ser insalvables si el Senado no cumplía como debía su papel de Cámara revisora dado que el proyecto había tenido tenía origen en la otra.

En medio de cierta impaciencia de parte de algunos senadores, en particular los que tenían a cargo las comisiones que se iban a abocar al tema, la secretaria Parlamentaria de Diputados, Monona Pérez Pardo, declaraba que “aquí hubo un estricto control entre el dictamen del plenario de comisiones del 24 de febrero, los cambios previstos y los que la comisión aceptó en el mismo recinto”.

No era por esta funcionaria -una mujer que no integraba el plantel de los incondicionales de Pierri- que existía esa preocupación.

Uno de los atentos era el diputado del partido Federal, Andrés Fescina, quien prefirió esperar la versión oficial con la firma de Pierri para constatar la correcta incorporación de sus propuestas en el debate que no contó con la participación de la bancada radical y que en cambio lo tuvo a él como uno de los protagonistas.

El entonces oficialista González Gaviola era otro de los inquietos.

Había trabajado mucho -en la resistencia primero, en la negociación después- y quería controlar cada coma de la ley.

Los puntos incorporados con su participación y que habían colaborado a la sanción de Diputados eran los suficientes para verificar que se mantuvieran en la redacción aprobada:

* La obligatoriedad del sistema de capitalización individual para todos los afiliados pasaba a ser optativa.

* Creación de un fondo administrador en el Banco Nación que únicamente realizará descuentos administrativos en caso de ganancia, con garantía de devolución de los depósitos actualizados.

* Las jubilaciones mínimas eran elevadas a más del doble con relación al proyecto original del PEN.

* Se disminuía el costo del seguro para aumentar el monto mensual a capitalizar.

* Se reconocían los aportes anteriores.

* Se disponía una reactualización de los haberes jubilatorios.

* Se incorporaba como inversión permitida a las AFJP los emprendimientos de caracter social, como financiar viviendas, conceder créditos a economías regionales, etc.

González Gaviola pronto vería como él había seguido el camino de Martínez Raymonda que, según el propio diputado demoprogresista había sido usado "de forro" por el menemismo en el trámite de aprobación del dictámen. El ex secretario de Acción Social de Bordón, en Mendoza, creía -y declaraba- que lo aportado por él fue para lograr una norma menos economicista.

* En manos de Romero

Una vez en el Senado, la sanción sería girada de inmediato a la comisión de Legislación del Trabajo, que preside Oraldo Britos, pero se sabía que, en realidad, el hombre que manejaría el asunto era el salteño Juan Carlos Romero, titular de la comisión de Presupuesto que también debía abocarse. Romero era, precisamente, el problema.

La inquietud de González Gaviola se había justificado: una vez que vio el texto que trataría el Senado comprobó la desaparición del artículo referido a la adecuación de los haberes de los pasivos. Estaba satisfecho porque creía haberlo logrado cuando un asesor de José Octavio Bordón le aclaró que “de eso no se habla en la ley”.

- ¿Cómo no va estar si fue una propuesta aceptada?-, retrucó el diputado convencido de lo que decía. Hasta que vio el texto que le mostraba el asesor y comprobaba que, en efecto, el artículo había desaparecido.

 - Te das cuenta, Pilo, lo que son-, le dijo a su pariente Bordón.

Antes de que estallase el escándalo, Pierri salvó el error con una nota que ponía las cosas, y el artículo, en su lugar, un modo de reparar el latrocinio legislativo con un procedimiento tal expeditivo como irregular.

*Antes, Romero y el tabaco

El antecedente no era remoto pero la falta de una adecuada difusión contribuyó a envolverlo en las neblinas del tiempo. Hubo un legislador, que ofició de corregidor, y que se lo recuerda por ello: el justicialista Marcelo Kohan, llegado a Diputados a fines de 1990.

Su obra mayor fue cuando pugnó por encuadrar un diferendo por impuestos sobre los cigarrillos, dando también un lugar a la provincia de Buenos Aires que, si bien carece de la planta que Cristóbal Colón se llevó a Europa, pone en el mercado al grueso de sus consumidores en la Argentina.

Junto con Marcelo López Arias, su par salteño, Kohan había trabajado en la elaboración de un impuesto, que las empresas tabacaleras preferirían que no se aplicase. El 31 de diciembre de 1990 había caído el anterior sin que el Congreso hubiera reaccionado en tiempo y forma. La reacción llegó en febrero siguiente, con lo cual Kohan debutó en plena acción (1).

Había que sancionar en extraordinarias un régimen provisorio porque el propósito era trabajar para la ley definitiva a partir del 31 de mayo siguiente, incluso con otros porcentajes de distribución. De modo que el sistema que se elaboró en el verano del 91 iba a ser revisado a partir de las ordinarias por inciarse el 1º de mayo. Se corría con apuro: las empresas se quedaban con el impuesto en medio de la inflación.

Tras el receso de enero, al mes siguiente se creó un gravamen a los cigarrillos incorporado al paquete impositivo remitido por Economía.

El fondo debía ser distribuido según este esquema: el 64 por ciento entre las provincias tabacaleras y el resto por el sistema de coparticipación federal para los estados no productores. Inicialmente el 36 por ciento se pensó remitir a un fondo manejado por el Ministerio del Interior pero Kohan fue uno de los que más batalló para poner esos recursos en manos del gobernador bonaerense Eduardo Duhalde.

El gobierno había negociaciado con las tabacaleras un importe mínimo para ellas y quería capturar el resto para la administración central, si es que los diputados, en especial los de la provincia de Buenos Aires, lo permitían.

El mismo diputado es autor de la llamada “ley de erratas” destinada a corregir el “error” del senador Juan Carlos Romero que extendió hasta el 31 de diciembre el plazo que la ley de fondo de desequilibrios fiscales provinciales establecía hasta el 31 de mayo.

Es decir, que mientras unos trabajaron primero para un régimen con alcance hasta el 31 de mayo y luego para otro que se extendiese hasta fin de año, más práctico Romero tomó la sanción de Diputados y lo resolvió de un plumazo.

Cuando se cotejaron las distintas versiones de Diputados y Senado no había duda de quién era el responsable.

Ese pragmatismo de Romero, que iba a pilotear la reforma previsional en el Senado, era el motivo de tanto merodeo por la Cámara alta.

* Después, Romero y el correo

El salteño volvería hacerse notar dos años después con el proyecto, sancionado por el Senado, que creaba un marco regulatorio para la privatización del Correo, lo cual generó la reacción intempestiva del ministro Domingo Cavallo porque atribuyó la ley al empresario Alfredo Yabrán, en medio de un escándalo de proporciones.

Romero, que en esos días se encontraba en Medio Oriente formando parte de la comitiva del presidente Carlos Menem, no apareció en primer plano precisamente por esa razón.

En su nombre, pagó el oficialismo en el Senado y, en especial, el porteño Eduardo Vaca, que dio la cara.

Finalmente, la sanción senatorial fue cajoneada en Diputados.

* El papel de Britos 

También estaba el puntando Oraldo Britos, que había sido un problema. Era presidente de la comisión cabecera, lo había enfrentado a Cavallo y a Jorge Triaca y Rodolfo Díaz en la cartera de Trabajo, así como a su propio ex asesor, Enrique Rodriguez, cuando éste reemplazó al Chango.

En un gobierno con funcionarios no peronistas, cuando no antiperonistas, Britos se reconocía un nostálgico: hablaba de Perón, utilizaba la palabra “compañero” cuando se dirigía a sus pares en el recinto, reivindiaba la bandera de la justicia social y expresaba el temor de que con el acelerado proceso de conversión de su partido ya no llegarían más negros humildes como él a ocupar una banca.

Lo respetaban sus adversarios y hasta los convencionales del Frente Grande eludieron responderle cuando en el Paraninfo les lanzó una carga como para debilitar la ofensiva posterior de Chacho Alvarez que no se la dirigió a él sino a un peronismo que podía admitir en sus filas a Adelina de Viola y Alberto Albamonte, convencionales por el justicialismo. Una muestra que evidenciaba lo que temía Britos, que en la intimidad decía lo mismo que Chacho.

Hombre de confianza de ATE y amigo de Germán Abdala, Britos no solo hablaba: presentaba proyectos y lograba que se transformasen en leyes, varias vetadas por Alfonsín y Menem, o daba franco apoyo a otras que practicamente le concedían el papel de patrocinante como la creación del Instituto Nacional de Previsión Social (2).

Como se distingue por su rapidez, no necesitó que Carlos Menem hiciera bulla para derogar las jubilaciones de privilegio porque junto con Clérici, el justicialista Eduardo Budiño y otros legisladores trabajó en una comisión especial para elaborar el proyecto que dejó sin efecto esos regímenes, comenzando por el de los legisladores.

Se opuso y mantuvo, en cambio, el de los trabajadores con ocupaciones insalubres, pese a las presiones de Economía.

En su equipo de asesores contaba con Jorge Urriza, uno de los fogoneros contra la privatización del sistema, que también participaba de la adopción de criterios en el COFEPRES y, por otra parte, asistía a González Gaviola.

En esos mismos días que Cavallo y Schulthess veían a mano la ley preciada, Britos reclamaba que se aumentasen los haberes de los jubilados hasta un mínimo de 300 pesos con esos fondos que Cavallo había incautado para la Tesorería.

Pero así como peleaba, temía descolgarse del conjunto.

No le había ido mal siendo como era porque sus pares lo habían elegido vicepresidente primero de la Cámara y estaba en la línea de sucesión presidencial, pese a no ser menemista.

Siempre se supuso que iba a constituirse en un duro escollo como había demostrado con el poco entusiasmo que puso para sacar aprobada la ley de empleo que él no votó.

Con la reforma previsional era peor.

 “Los viejos nos putean y tienen razón”, decía mientras los gritos entraban por su ventana. Y como encima tenía el hábito diario de caminar por la ciudad, cuando ingresaba al Senado sensibilizado por lo que veía y escuchaba, pensaba de qué modo enfrentar a Cavallo, a quien hizo blanco de su hostilidad en forma privada y pública cada vez que pudo.

Sin embargo, este ex dirigente de la Unión Ferroviaria puntana, senador entre 1973 y 1976, de excelente relación con la oposición y probablemente el más hábil parlamentario de la década, le concedió a Carlos Menem la máxima satisfacción: salió del medio, según le prometió en una reunión en Olivos.

El luego constituyente constitucional y, en 1995, el hombre dispuesto a dar un salto a Diputados como legislador de su provincia, quizás habría tomado otra actitud de no sentirse demasiado solo en la Cámara que presidía Eduardo Menem.

De todas formas puso su sello. “No soy un genuflexo para votar algo en contra de mis principios” dijo en una carta a sus compañeros. Y le dejó el lugar a Romero.

* ¿Devolver la sanción a Diputados?

El modo de salvar el engendro era devolverlo a Diputados con los cambios correspondientes pero el gobierno no quería porque hubiera resultado difícil sentar de nuevo a Sabio, Natale, los gremialistas y a Oscar González, que luego de ese servicio sin precedentes -volver, votar y volar- renunció y dejó finalmente el lugar al intransigente Horacio Viqueira.

“Si el proyecto retorna a Diputados por el Senado no aparece más”, temía con razón Schulthess, quien eludía pronunciarse acerca de un eventual veto al ex artículo 39 transformado en 40.

Con el dictamen favorable, el tema llegó al recinto el 22 de setiembre, donde el oficialismo contó con el apoyo de los senadores sapagistas y venció a la oposición integrada por radicales, los dos senadores de Corrientes (José Antonio Romero Feris, autonomista y Juan Ramón Aguirre Lanari, liberal), el sanjuanino Avelín (Cruzada Renovadora) y el fueguino Oyarzún (MPF).

Al otro día, Cavallo declaró: “Se está estudiando el veto parcial, del mismo modo que otros instrumentos para dejarla mejor reforma posible”.

Con el texto del veto en la mano fue al Senado y a Diputados, donde Matzkin lo recibió con otros legisladores pero sin González Gaviola, el más indicado para estar y a quien el pampeano omitió llamar.

En esa reunión, Lamberto suscribió los argumentos del ministro, quien luego le daría amplio apoyo para su reelección en octubre.

En medio de un profundo malestar legislativo, el 27 de octubre se desataba en la puerta de Diputados una dura represión contra los jubilados que realizaban uno de los habituales actos de los miércoles, y que terminó con heridos y detenidos, mientras transcurría en el tercer piso del anexo una de las peleas en comisión por la reforma constitucional.

Para atenuar su falta de protagonismo con la reforma previsional, el bloque oficialista respaldó un proyecto que establecía por ley un aumento escalonado hasta los 450 pesos, que acompañó con las dos manos la oposición, mientras Enrique Rodriguez, todavía en Trabajo, calificaba de demagógica la decisión y Cavallo sacaba filo al cuchillo del veto.

Finalmente, Cafiero y Britos, sus autores, aceptaron que la cifra la determinase el gobierno que, por su lado, se negaba a dar el incremento.

* Y llegó la guillotina

La ley 24.241 fue vetada parciamente y promulgada igual (13 de octubre de 1993), en lugar de que el PEN remitiese el proyecto a la Cámara de origen, en cumplimiento del artículo 72 de la Constitución.

No sorprendió ni una cosa ni la otra.

La generosidad de los indicios ahorran la necesidad incluso de invocarlos, aunque vale diferenciar que el Congreso -como lo demostró en sus pocas ratificaciones frente a un veto-, no puede dejar de cumplir con las exigencias de ese mismo artículo que reclama los dos tercios de ambas Cámaras para imponer su texto.

Está la Constitución, que es la primera ley, tras la cual vienen las leyes ordinarias, después los decretos del jefe de Estado y luego las resoluciones ministeriales.

Este es un esquema que los especialistas emplean para describir el orden jurídico.

La serie funciona así: las leyes ordinarias deben estar conformes con la Constitución; los decretos del Poder Ejecutivo con las leyes ordinarias y las resoluciones ministeriales con los decretos del jefe de Estado.

 “La Constitución regula la legislación, o sea la creación de normas jurídicas generales bajo la forma de leyes. Las leyes -prosigue- regulan a su vez los actos creadores de normas jurídicas particulares”, escribía Hans Kelsen en Teoría pura del derecho.

Teoría pura, según el pragmatismo menemista.

El fuego graneado del gobierno incluyó: trece decretos y once resoluciones, y en el medio de la descarga el Congreso sancionó otra ley (24.347).

Los recortes centrales fueron:

* Las inversiones permitidas con el fondo de jubilaciones y pensiones que Cavallo-Schulthess limitaban a titulos públicos, obligaciones negociables, depósitos a plazo fijo, acciones, fondos comunes de inversión, cédulas y letras hipotecarias. Para atenuar el caracter economicista de la ley previsional, los legisladores autorizaban a la AFJP creada para el Banco Nación la inversión hasta un 30 por ciento de esos fondos en obras publicas, hasta un 20 por ciento para financiamiento de viviendas y un 10 por ciento para préstamos personales a favor de los trabajadores y beneficiarios del sistema (Art. 74).

* La determinación de que el haber previsional estatal no sería inferior al 40 por ciento del salario medio de la economía establecido por la ANSES (Art. 125, tercer párrafo). La recomposición real de los haberes, a propósito de lo cual se establecía que a partir del mes siguiente al de la promulgación de la ley y de la privatización de YPF S.A. deberían alcanzar porcentajes de movilidad establecidos por leyes vigentes (Arts. 163 y 164), que era el mecanismo que González Gaviola había visto desaparecer de la sanción de Diputados (3).

Pero el cañonazo mayor fue el de Cavallo contra su propia palabra, expresada en el papel por Horacio Liendo, secretario legal del ministerio, como redactor del texto acordado con el oficialismo en la Cámara de Diputados.

Como no había sido vetado en su momento, el artículo 40 de la ley, el PEN recurrió a otro decreto de “necesidad y urgencia” para eliminar la garantía en dólares sobre los aportes de los trabajadores en la AFJP del Banco Nación.

* Ministro desorientado

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Armando Caro Figueroa, no supo qué responder cuando el radical Eduardo Santín le formuló la novedad que le acababa de comunicar un cronista radial, en el tramo final de una “interpelación” en la comisión de Presupuesto a la cual acudió acompañado por Schulthess y Felipe Murolo.

- ¿Usted lo sabía?-, inquirió el radical.

- Bueno...este. Habría que ver todavía si esa noticia es veraz.

- Usted no lo sabía pero Cavallo sí-, hirió González Gaviola.

- Esas viejas historias sobre los ministros de Economía y Trabajo a mí no me llegan... Si usted lo sabía y no nos dijo nada nos mintió-, disparó el justicialista Rafael Flores.

- Yo tengo la obligación de mantener en secreto las medidas del Ejecutivo hasta que sean anunciadas. Y esto es así ahora y lo fue también con Alfonsín-, concluyó irritado el ministro, mientras se retiraba hacia la puerta donde fue atajado por los movileros (4).

Para ese miércoles que Menem como un mandatario de facto recurría a otro de sus recurrentes decretos, el Senado convenía horas antes tratar el proyecto de modificación de la ley 24.241 con el texto que quería Cavallo para la sesión de la semana siguiente con dictamen favorable de comisión.

La reacción, aunque esperada de parte de los diputados oficialistas defraudados no dejó de ser inédita porque emitieron un comunicado con la firma de doce de ellos que decía: “Nos sentimos tremendamente avergonzados ante la decisión que ha tomado el Presidente de derogar parcialmente, mediante un decreto de necesidad y urgencia, el texto del artículo 40” .

Ratificaba que la redacción había sido producto de un entendimiento al afirmar que “fue sugerida por el propio gobierno a través de la proposición concreta de Horacio Liendo, a quien no le conformaba la redacción propuesta por los legisladores”.

El diputado que hacía punta con la protesta era González Gaviola. “El uso de un decreto para anular la garantía en dólares del Banco Nación fue interpretado por el sector privado como un cumplimiento de la palabra por parte de Domingo Cavallo”, dijo La Nación.

En efecto el ministro era un hombre de palabra: tenía dos a falta de una.

Una ley posterior (24.347) incorporó los alcances del decreto 660 al tiempo que lo derogó y extendió el plazo para definirse entre un regimen u otro a noventa días, o sea hasta fines de setiembre (5).

Cavallo reaccionó resolviendo que aquellos que hasta el 1º de julio de 1994 no se decidían por uno de los dos sistemas iban a parar automáticamente a la AFJP del Banco Nación (6).

La misma carrera de siempre: la ley, que refleja la voluntad de 257 diputados y 48 senadores y el decreto que expresa la del PEN.

Con derecho a ganarse un juicio político por el agravio al Parlamento, Cavallo no pudo contener su triunfalismo y se burló ante los periodistas de los legisladores, en particular del grueso del oficialismo en la Cámara baja al involucrar a Jorge Matzkin en una maniobra política fraudulenta.

“Voy a ser sincero y le voy a contestar como ex legislador: tuvimos que hacerles creer a dos o tres diputados que la prórroga sería sancionada para que no trabaran el resto de las modificaciones", confesó.

La aprobación de la prórroga permitió que ese grupo quedara con la ilusión de que se iba a aprobar el 15 de agosto una iniciativa para que los trabajadores manden sus aportes al sistema previsional que está vigente”, declaró (7).

La ley que hizo posible Sabio encontraba en Cavallo la razón de su existencia: trampas para nacer, trampas para vencer.

Otras trampas tendría la ley que declaraba la necesidad de la reforma constitucional.

Fuentes consignadas: Información Parlamentaria. (3) El decreto 2091, del 13/10/93, también vetó los artículos 27 (párrafos 1,2,3 y 4); 36 (Inc. A, B, C. D, E y penúltimo párrafo) y 189.
(1) Marcelo Kohan, ex secretario de Industria del gobernador Cafiero, ocupó el lugar vacante de José Díaz Bancalari, designado ministro de Cafiero en noviembre de 1990, porque estaba en el puesto siguiente en la lista de candidatos a diputados en las elecciones de 1987.
(2) Los jubilados oficiaron de enlace como problema para uno y otro gobierno. Esto se percibió no solo con motivo de las protestas encarnadas por Norma Plá -inexistentes durante el gobierno de Alfonsín-, sino a través de las leyes y, fundamentalmente, de los vetos.
Vetos totales:
* Ley 23104 (senador Oraldo Britos, PJ), computo a los efectos jubilatorios para cesantes por motivos políticos o gremiales, vetada 18/10/84. Ley 23135 (diputado Torcuato Fino, PJ), jubilación para magistrados dejados censantes por la dictadura, vetada 29/10/84. Ley 23148 (diputado Vicente Mastrolorenzo, UCR), restablecimiento a la jubilación optativa para quienes desempeñan cargos públicos, vetada 29/10/84. Ley 23163 (senador Oraldo Britos, PJ), cese a la intervención de las Cajas de Subsidos Familiares y modificación directorio de CASFEC de empleados de comercio, vetada 18/10/84. Ley 23250 (senador Juan Trilla, UCR), modificación al régimen de jubilaciones y pensiones para el Poder Judicial, vetada 8/10/85. Ley 23275 (senador Oraldo Britos, PJ), fondo de garantía y facultad al PEN para aumentar los aportes establecidos por la ley 18017, vetada 6/11/85. Ley 23294 (diputado Luis Rubeo, PJ), régimen jubilatorio especial para los trabajadores de la carne, vetada 4/11/85. Ley 23301 (diputado Vicente Mastrolorenzo, UCR), jubilación para el personal del Congreso, vetada 4/11/85. Ley 23305 (diputado Adrián Alvarez, UCR), fondo compensador para el personal de Obras Sanitarias de la Nación, vetada 6/11/85. Ley 23355 (diputado Zelmar Leale, UCR), financiamiento de regímenes jubilatorios complementarios para el personal de ciertas empresas del Estado, vetada 29/8/86. Ley 23635 (senador Oraldo Britos, PJ), modificación al régimen previsional para el personal civil de las Fuerzas Armadas y administración pública, vetada 19/10/88. Ley 23688 (diputado Liborio Pupillo), inclusión en el regimen de pensiones vitalicias a los artistas plásticos premiados por el Senado, vetada 10/8/89. Ley 23951 (diputado Gerardo Cabrera, PJ), régimen jubilatorio para el personal de la industria de la carne, vetada 11/7/91. Ley 23889 (diputado Jorge Young, UCR), excepción del personal docente en el decreto 435/90, modificado por decreto 612/90, de jubilación obligatoria, vetada 17/10/90. Ley 24245 (diputado Miguel Martínez Márquez, UCR), pensión vitalicia a quienes reciban el premio nacional en ciencias o en letras; inclusión de los artistas plásticos que hubieran obtenido el premio del Senado, vetada 27/10/93. Ley 24027 (diputado Carlos Tomasella, P. Liberal, Corrientes), pago en cuota de las sentencias judiciales favorables y exclusión de la deuda previsional de la ley 23982 (consolidación de deudas), vetada 5/12/91. Ley 24180 (senador Juan Ramón Aguirre Lanari, P. Liberal, Corrientes), exclusión de la ley 23982, los créditos de jubilados o pensionados que tuvieron 85 años o más, vetada 26/10/92. Vetos parciales: * Ley 23305 (diputado Tránsito Rigatuso, PJ), prorroga por diez años de pensiones graciables caducadas en 1985, vetada (artículo 2§) 16/10/85. Ley 23473 (diputado Ricardo Cornaglia, UCR), creación de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, vetada (sólo la frase “dispondrá sobre las costas” en el artículo 11§ y parte del artículo 15§) 15/12/86. Ley 23966 (proyecto del PEN) sobre derogación de las jubilaciones de privilegio. Este proyecto fue tratado por una comisión especial de ambas Cámaras que entre otras modificaciones incluyó en la ley (artículo 11§), al personal de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policial, lo cual fue vetado el 15/8/91. Ley 24016 (comisión bicameral creada por la ley 23966), requisitos para el 82 por ciento movil del personal docente, veto parcial 9/12/91. Ley 24175 (senador Oraldo Britos, PJ), prórroga de los plazos establecidos en la las leyes 23966, 24017 y en el decreto 1044/83 de regímenes especiales de jubilación, veto parcial 30/10/92
(4) Alberto Dearriba, Página /12, 4/5/94.
(5) En la reglamentación de la 24.241 se exigió lo que no estaba en la norma: que el trabajador se pronunciara expresamente a favor de permanecer en el sistema de reparto porque su silencio lo colocaba en el sector privatizado.
(6) Decreto 1012/94, Boletín Oficial 29/6/94.
(7) Clarín, 25/6/94.

Fuente: El Congreso en la trampa, Armando Vidal, Planeta, 1995. Pag. 240/243. Versión sin cortes.

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LA DURA CARGA DE CHACHO EN EL RECINTO (5)

Este fue el preámbulo de la discusión en el recinto que llegaría varios días más tarde por la dificultosa tarea de obtener quórum que el oficialismo logró con la colaboración del bloque demócrata progresista, contra la decisión de Rafael Martínez Raymonda. Aquí Chacho Alvarez hace trizas al siniestro Juan Carlos Sabio Ello le valió un creciente salto en su popularidad.

Por Armando Vidal

Chacho Alvarez era uno de los veinte vocales de la comisión de Previsión Social, encabezada por el sindicalista menemista Gerardo Cabrera, con el radical Juan Manuel Moure como vice primero, el justicialista Carlos Sueiro como vice segundo y González Gaviola y Sabio como secretarios.

Participaba de las reuniones, tenía una excelente relación con Clérici -cruzaban bromas sobre Menem y Alsogaray- y contaba a Sabio entre los que se oponían a la ley.

El manriquista Andrés Fescina, también integrante de esa comisión y parte de esa alianza, había llevado al representante del partido Blanco de los Jubilados a un acto en Jujuy donde Sabio se pronunció frontalmente contra la privatización Pero, súbitamente, después de una reunión con Bauzá, Sabio pegó una vuelta en el aire y apareció firmando el despacho de comisión, luego de haber asomado la cabeza en la reunión y de retirarse tan sigilosamente como había venido.

Los radicales de la comisión -nueve en total- y Fescina pensaron lo mismo que Chacho pero no lo dijeron.

Él lo dijo con todas las letras: “Este hombre es un corrupto, un traidor a la causa de los jubilados”. Sabio reaccionó. Llamó a una conferencia de prensa de la cual los cronistas salieron convencidos de que se trataba de un reverendo botarate o bien de un flor de un vivo que era capaz de transmitir aquella impresión mientras ensanchaba sus bolsillos.

El escándalo prendió con la intervención del periodista de TV Bernardo Neustadt, un entusiasta de las privatizaciones y la liquidación del Estado, quien cargó las tintas sobre Alvarez haciendo una interpretación que dejaba en pie a un Sabio decoroso.

Chacho no lo toleró.

Fue a Tiempo nuevo -el programa que Neustadt conducía sin Mariano Grondona, que a esa altura había pasado a la entonces menemista ATC donde poco antes había nacido su Hora Clave ,para decir que acudía al solo efecto de ratificar su opinión y no para aprovechar el espacio porque había jurado que iba a ser alguien en política sin ir al programa de Neustadt, a diferencia de otros legisladores que hablaban mal pero luego se rendían ante las luces de la televisión.

Chacho hablaba sin pelos en la lengua desde su banca al devolver la cuestión de privilegio a quien “con su conducta vulneró el decoro de esta Cámara de Diputados que está siendo observada y sospechada por la sociedad y por ello reclama conductas claras y transparentes”.

Sigue en el uso de la palabra:

- Mientras el señor diputado González Gaviola informaba acerca del dictamen del oficialismo, el señor diputado Sabio casi clandestinamente pasó por la comisión y desapareció. Ello motivó que en dos oportunidades lo llamara al despacho para adelantarle que iba a hacer pública su conducta ambigua, errática y sospechosa. Y la sospecha la crea no sólo la conducta del señor diputado Sabio sino también el comportamiento del bloque oficialista en ese día tan desacertado y aciago para el Congreso Nacional.

Las cuestiones de privilegio  son aquellos asuntos en los cuales los parlamentarios tienen derecho a formular un planteo, de exposición inmediata, en cualquier tramo del debate sobre un asunto que se estime vulnere al cuerpo que integran todos los legisladores, sea un agraviado en su conjunto o en cualquiera de sus partes.

Salvo escasas excepciones, se remiten a comisión que al tiempo las archiva no dando lugar a un dictamen favorable. Tienen otros efectos: valen por la razón que las inspira y el modo que se formulan.

Chacho continuó:

- Una conducta clandestina, vergonzante y no publica de un diputado de la Nación, que tiene la responsabilidad de representar a los jubilados, está afectando el decoro de esta Cámara. A partir de comportamientos como éste, todos los integrantes de este Parlamento quedamos sospechados de compartir esa conducta o de ser cómplices de ella, salvo que nos expresemos públicamente sobre el hecho. Entonces, la cuestión de privilegio es clara y concisa. La conducta política del señor diputado Sabio vulnera la credibilidad de esta Cámara. Nos ofende como diputados, y ofende a la gente y a los propios jubilados. No se como ese legislador tiene la vergüenza, el descaro y la indignidad de sentirse ofendido. Solicito que votemos por el sistema electrónico esta cuestión de privilegio. Este tipo de conductas, si bien no son punibles desde e punto de vista del delito, ya que no hay pruebas, deben hacer sufrir la ofensa y la humillación social, ya que no debe haber diputados en esta Cámara con conductas tan ambigüas, clandestinas y vergonzosas como la del diputado Sabio.

Correspondía que cada uno dejara impreso su nombre con el voto para abrir o no la discusión. Si el resultado resultaba afirmativo, el debate podía llegar al fondo del asunto hasta probablemente rozar el modo como se captan los votos en Diputados en momentos que estaba pendiente la pelea por los dictámenes de Asuntos Constitucionales sobre el diputrucho.

Era en consecuencia imposible que éso se hiciera en la Cámara de Pierri, de Carlos Romero y de Jorge Matzkin.

Por eso el menemista Luis Martínez, que presidía la sesión, dijo que se iba a votar en su oportunidad, lo que nunca llegó. La votación hubiera permitido visualizar de qué lado se ubicaban los interesados en esclarecer lo que el mismo Sabio pedía.

En ese lado, no estaban Matzkin y los suyos.

Mientras Alvarez hacia trizas a Sabio, sin que nadie del oficialismo atinase a defenderlo, Moure utilizaba la misma vía reglamentaria para protestar por la irregularidad de lo ocurrido en el plenario de las comisiones de Cabrera y Lamberto.

 “Si el oficialismo tiene efectivamente la seguridad de contar con los votos necesarios para que su posición triunfe y su dictamen sea el de mayoría, no hay motivo para ocultarlo”, dijo.

Eran dos reacciones distintas.

A Luis Zamora, que recordaba que el FMI estaba imponiendo el plazo del 31 de marzo para aprobar la reforma; que citaba a Ambito Financiero (1) cuando advertía que sería una catástrofe que no saliese la ley, y aludía a las presiones de ABRA, ADEBA, las aseguradoras y las amenazas del decreto de Menem, nadie lo escuchaba: era un trozquista (2).

Llegó luego la sucesión de fracasos para alcanzar el quórum, sólo alcanzado cuando el justicialismo logró quebrar la resistencia del bloque demócrata progresista, - salvo a Martínez Raymonda-, y pudo abrir la sesión el 14 de abril.

Mientras el paso por la comisión lo había conseguido mediante la fuerza, la captación de quienes acompañaban criticamente al proceso piloteado por Menem respondía casi a un acto de seducción: dar la posibilidad de participar en la argamasa resultaba barato con relación a los beneficios de que los herederos de Lisandro de la Torre posibilitasen el paso por el recinto y la colaboración con el quórum llegada la hora de votar.

Para eso, Natale obtuvo de Matzkin la creación de un grupo ad hoc para pasar en limpio las diferencias.

Una de las variantes que ofició de anzuelo era la posibilidad de dejar de lado la obligatoriedad del pase al sistema privado por la elección libre del interesado. Otro de los compromisos fue que el PEN no vetaría el artículo 39.

Viraron también los diputados de extracción sindical al lograr la opcionalidad del sistema y una merma en el costo del seguro de vida.

El primer acuerdo provenía de octubre de 1992 cuando lograron que los sindicatos tuvieran derecho a contar con sus propios fondos administradores pero luego se agudizó el enfrentamiento con las 62 Organizaciones de Lorenzo Miguel, lo que se superaría a fines de abril.

Uno a uno fueron cayendo los díscolos como Humberto Romero y el renuente Federico Zamora, bajo los enojos de Menem ante los reiterados fracasos en alcanzar el quórum.

Primero en la sesión del 10 de marzo cuando el tema figuraba en el orden del día y luego en las tres sesiones especiales convocadas a ese sólo efecto en cada una de las semanas siguientes.

A las 17 y 43 del 14 de abril de 1993 se rompió la resistencia cuando entró el último diputado y se alcanzaron los 130 presentes.

Se trataba del salteño justicialista Eliseo Barbera, que así logró un instante de notoriedad, quien se sentó en la última butaca del extremo izquierdo. Tenía 256 para elegir y justo prefirió la banca de Juan Abraham Kenan, el diputrucho.

(1) Edición del 29/12/92.
(2) Luis Zamora hizo mención al diputrucho empleado para privatizar Gas del Estado; también a que se había intentado privatizar Segba violando el plazo que establecía el reglamento para presentar observaciones luego de producido el dictamen, en diciembre de 1991;  que se había cuestionado el quórum con el cual empezó el debate de la privatización de YPF, ya que fueron considerados presentes los diputados Galván y Molinas, y que hubo denuncias de coimas provenientes del propio riñón del bloque oficialista.

Fuente: El Congreso en la trampa, Armando Vidal, Planeta, 1995. Pags. 233/5.

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Y LLEGÓ LA SESIÓN (6)

Votación en 1993 de la ley 24.241 de creación de las AFJPs, con irónicas denuncias de corrupción por el diputado radical Victorio Bisciotti y de lo realizado bajo profunda sospecha por parte de los justicialistas Eduardo Amadeo, bonaerense y Arturo Puricelli, santacruceño. 
Atención lector: esta nota fue publicada en tapa con otro título y copete en mayo/12 pero se mantiene en este sector para no alterar la serie de artículos sobre el tema. La doble publicación dejará de serlo en marzo de 2013.

Por Armando Vidal

- ¿Qué hacés?-, preguntó el cronista.

- Estoy esperando a Alberto, a quien Pierri lo está meloneando para entrar a la sesión.

- ¿Martínez Raymonda también?

- No, Rafael largó todo y se fue.

Victorio Torresilla, ingeniero, director del bloque de la democracia progresista, estaba enojado con su viejo amigo Alberto Natale.

Después de luchar para evitar una reforma previsional concebida como el negocio de unos pocos, colaborar a la formación del quórum resultaba un contrasentido.

Si realmente el oficialismo estaba convencido de las bondades de un sistema basado en la administración privada de los aportes que hacía décadas habían abandonado países del primer mundo, entonces que se ocupase primero de sentar a todos los suyos.

En un encuentro a puertas cerradas en la presidencia de la Cámara, Pierri presionaba sobre el costado conciliador de Natale y le prometía que se crearía un grupo especial de trabajo destinado a mejorar la ley. Natale quería hacer lo que había elogiado de Germán Abdala: derrotado en la posibilidad de imponer lo mejor según sus convicciones, quería que lo malo se hiciera lo menos malo posible.

Mario Verdú tampoco compartía el proyecto pero oscilaba entre plantarse, como Martínez Raymonda o acudir como ya lo estaba haciendo el bonaerense Juan Carlos Varela Barrios, el restante miembro del bloque que caminaba hacia la banca.

Varela Barrios, ex diputado provincial en la década del sesenta, confiaba en que Pierri, brazo derecho de Duhalde en el distrito y titular del PJ bonaerense, le pagase el gesto con la inclusión como extrapartidario en la lista del peronismo para las elecciones parlamentarias del 3 de octubre; recién acababa de llegar tras la muerte del ucedeísta Féderico Clérici, con cuyo partido los demoprogresistas habían ido aliados en la compulsa de 1989, y pensaba cómo arreglar la forma de seguir.

Pero igual que al silencio de Samid en el caso del diputrucho, a Varela Barrios por sentarse no le pagaron con su reelección.

Natale, Martínez Raymonda, Verdún y Varela Barrios conformaban uno de los veintisiete bloques de la Cámara. En medio de toda clase de maniobras y negociaciones, el oficialismo venía de derrota en derrota al no conseguir el número mínimo para arrancar la sesión.

* Operativo sentada

No podía repetir la operación Kenan pero el oficialismo apeló a un procedimiento violatorio ante la cual la Cámara no reaccionó, salvo la constancia que dejó Durañona y Vedia al presentar por ello una cuestión de privilegio, con la salvedad de que no debía ser tratada en ese momento sino girada a comisión de Asuntos Constitucionales, el pozo negro que dirigía el eduardista Rodriguez Sañudo, donde lo que caía, moría.

Fue el caso del cordobés Oscar González -que ya había dado muestras de su vocación de servicio-, que se había ido de Diputados sin que mediara autorización expresa a ocupar la secretaría de la Tercera Edad en el ministerio de Salud Pública y Acción Social, y que estaba a las órdenes de Matzkin para dejar todo y sentarse si de él dependía alcanzar el quórum.

Y después de varios vanos intentos de alcanzar quórum a lo largo de tres semanas, lo hizo sin que ardiera Troya.

Menudearon las denuncias e incluso una cobró forma en boca de un diputado, el dirigente de UTA, Roberto Carlos Fernández, que por tratarse de quien era no generó una repercusión especial. Este Fernández se había distinguido por sus prolongadas ausencias de la Cámara e incluso en esos días tamnpoco frecuentaba su despacho.

* El plan oficialista

Llegaba la hora de la liquidación, pensaba Matzkin; luego, el PEN, apelaría al bisturí del veto y a los decretos complementarios para recomponer el texto inicial transformado en moneda de cambio por el quórum.

Ese era el plan oficialista; Natale no podía ignorarlo.

Torresilla estaba en la puerta de la sala de los periodistas, enfrente de las oficinas de la presidencia de la Cámara; confiaba convencerlo apenas saliera o, en su defecto, en los cuarenta metros que mediaban hasta el recinto.

Hizo más: mientras esperaba lo vio pasar a Luis Zamora y le pidió que llamase a Varela Barrios y Verdún, quienes a esa altura se habían deslizado hacia el recinto.

Cuando reapareció Natale fue a la carga.

 “No entrés Alberto, es un error, ahora te van a usar de forro a vos como hicieron con Rafael,”, le dijo mientras el diputado comenzaba a caminar. Llegaron hasta el Salón de los Pasos Perdidos, luego del respiro de unos instantes que se tomó el legislador en el baño, mientras Torresilla lo aguardaba porque no quería hablar ante testigos, salvo el cronista que los seguía.

Natale explicaba: “Tenemos que mejorar este desastre y qué mejor que hacerlo en una comisión especial”.

Torresilla lo agarraba de un brazo: “No, Alberto, lo único que quieren es usarte”.

Natale replicaba: “A mí nadie me usa”. Torresilla ya no lo retenía sino que a esa altura tironeaba del brazo de su amigo que enfilaba nomás hacia el reducto de las tentaciones arrastrando a Varela Barrios que no sabía para qué lo habían llamado y al bueno de Verdún que seguía la corriente.  

Quieto, casi sin pestañar, en la última fila del fondo del recinto, hacía rato estaba el representante del partido Blanco de los Jubilados, Juan Carlos Sabio, el que se había pasado a la causa contraria.

Eran las 17 y 43 del 14 de abril de 1993.

 - Con la presencia de 130 señores diputados queda abierta esa sesión especial-, dijo Pierri desde el estrado, frase recibida con aplausos cómplices.

Ingresaron entonces los diputados opositores.

" Están llegando visitas, vamos a darle la bienvenida", dijo Jorge Matzkin con una de las bravatas que enterraban su imagen de tolerante de otros tiempos.

Así comenzó la operación recinto, parte de un plan que movilizaría millones de pesos y que los viejos y futuros jubilados mirarían por televisión a la hora de los avisos destinados a cautivar a clientes cautivos.

Natale jugó a favor de lo que ese día clave quería el gobierno. En la intimidad, y aunque diga lo contrario, está arrepentido.

Como gritaba Martínez Raymonda en una reunión de comisión de final escandaloso cuando se vio transformado en un envase de latex y como le había advertido su amigo Victorio, esa tarde a Alberto Natale lo usaron.

Bien usado.

* Apuro por votar

La sesión arrancó con un error de Matzkin que quería fijar un horario de votación sobre un asunto que todavía no había comenzado a tratarse.

A esa propuesta en un tema harto conflictivo, se sumó la complicidad de Pierri que evitaba, pese a los insistentes reclamos de distintos bloques, poner a votación una moción de orden del radical Juan Manuel Moure en favor de que el proyecto retornase a a comisión, que era lo que correspondía.

Para esta tarea, Pierri contó de entrada con la ayuda de su amigo Alberto Albamonte, y la flojedad para el combate de los radicales.

 Se abrió la discusión con la Cámara transformada en lo mismo que pasaría con la reforma constitucional en el Senado, antes del viraje de Alfonsín: había que aprobar la ley sí o sí.

Entre los puntos claves de los mejores discursos de la sesión que arrancó el 14, continuó el 28, 29 y culminó en la parte general en la madrugada del 30 de abril se incluyen:

* No se consideraron las propuestas presentadas por la oposición, comenzando por la del radicalismo. De allí que la inciativa del PEN debió haber sido analizada a la luz de otras.

 * Había otras diecinueve propuestas integrales y parciales, incluyendo las de ex diputados como De la Rúa.

* El proyecto alternativo elaborado por nueve bloques modificaba incluso la edad que lleva a 65 en caso de los hombres y a 60 para las mujeres en forma gradual. Prevía un control mensual al del Congreso que lo podía ejercer el propio trabajador; se respetaban los derechos adquiridos y se abría la capitalización privada voluntaria y complementaria. No fue tratado.

* El 29 de diciembre del año anterior, Oscar Lamberto había solicitado en el plenario postergar la redacción del dictamen para febrero para hallar consenso en el interín. Pero llegado el momento, el 24 de febrero no se pasó lista ni se concedió la palabra para hablar del tema porque la discusión fue por los reemplazos en la comisión. Votar significa pasar lista y que cada uno diga por qué dictamen vota. Y firmarse el despacho en la comisión.

 * "Estamos elaborando un código de seguridad social para los proximos 30 ó 40 años", dijo Juan Manuel Moure, radical.

* Cuando en comisión expusieron los representantes del COFEPRES, integrado por los ministros de previsión social de todas las provincias, sólo había cinco diputados, y ninguno de los oficialistas. Adelantaron que como se necesitan crear un mercado de capitales, por eso le sacan el 38 por ciento de sus recursos genuinos a los jubilados. Como falta esa plata, después se la pedimos a las administadoras. Dijeron que esto era es como sacar la plata de un bolsillo ajeno sin consentimiento porque se trata de un aporte obligatorio, quedarse con el 35 por ciento de ese aporte, para un seguro de vida y luego prestársela a la víctima cobrándole sobre inflación dolar un 8 por ciento anual. Supera la única experiencia anterior, la única en 170 países, que es la chilena con Augusto Pinochet, porque no tiene la garantía del Estado y porque no capitaliza los aportes anteriores para el sistema privado. En Chile el estado entregó un bono por los aportes realizados que pasabanal nuevo sistema. El que empezaba tenía su capital y las administrradoras fondos de entrada.

* En una de las cinco versiones anteriores, los de 45 en adelante se salvaban. Ante las quejas por discriminación, entraron todos: duplicaron el negocio.

* Tuvieron que vender YPF antes para reemplazar esos 5.400 millones de dólares que creían iban a venir de las inversiones y que están estampados en la primera página del presupuesto de este año.

* González Fraga estimó en 45.000 millones de dólares todas las acciones de las empresas que cotizan en bolsa. Los chilenos en doce años no tenían que comprar en su país y vinieron a comprar la central térmica de Segba en Puerto Nuevo.

* Se habla de una rentabilidad del 5 por ciento. En términos de 30 a 45 años, el único país que se acercó al 3 por ciento fue Alemania cuando estaba arrasada y tuvo que hacer un esfuerzo ciclópeo, dijo Moisés Fontela, peronista disidente.

 * El proyecto no pasó por Asuntos Constitucionales e incluso por Legislación Penal, pese a que crea una figura penal: la tipificación con puntos suspensivos. Algo increíble y muestra de que este supuesto proyecto de dictamen no fue terminado, sostuvo Fernando López de Zavalía, liberal bussista.

 * Estamos creando un nuevo gigoló. Quienes crean que es legítmo confiscar el 1 por ciento del aporte del trabajador para subsidiar sociedades anónimas, que voten a favor. Los que cran que es correcto que esas administradoras sigan cobrando comisión cada vez que haya movimiento de dinero, que voten a favor. Quienes crean que es justicia social sacarle este 2 por ciento al trabajador, 50 millones de pesos por mes, para contratar seguros con compañías que voten a favor. Los que crean que desde el bolsillo del trabajador estamos creando una nueva elite de poder que va a manejar en viente años, como en Chile, el 50 por ciento del producto bruto interno -120.000 millones de pesos-, que voten a favor. Estamos sancionando la feudalización del país porque quien tenga aquí tres, cuatro o cinco mandamás de la administradora y maneje la capacidad discrecional de invertir 100.000 millones de dólares será el dueño del país. Quien crea que es legítimo que el Estado resigne definitivamente la orientación del ahorro, dejándolo en manos de sociedades anónimas, entonces, que vote a favor. Quien imagine también que es positivo para el país volver a endeudarlo en 22 mil millones de pesos, según el gobierno y 44 mil millones según el COFEPRES, en ambos casos, sin computar la financiación, que vote a favor, todos argumentos de  Andrés Fescina, bloque Federal.

* El 14 de marzo, Matzkin había dicho en una reunión realizada en el despacho de Baglini que había posibilidad de discutir la opcionalidad u obligatoriedad y luego, en otra reunión, dijo que no había nada que hablar sobre ése y otros puntos de la ley.  Sin embargo, el 28 de abril, por la mañana, el asunto aparecía arreglado con los sindicalistas.

* La transferencia le va a sacar 3.000 millones por año al sistema vigente. El proyecto original pensaba cubrir ese déficit colocando títulos de la deuda pública en los fondos capitalizados. Ahora ese porcentaje, que era de 80 por ciento, se reduce al 30. Según las planillas del propio Schulthess, sólo en el 2014 comenzaría a declinar la curva del déficit que a esa altura calcula el funcionario será de 22.622 millones.

* El tránsito de un sistema a otro revista gravedad para la propia estabilidad. Nosotros contribuimos porque hemos votado a favor la ley de convertibilidad, la ley de consolidación, la ley de empleo, etc. Con los descuentos por las comisiones sobre el 13 por ciento de los aportes se llega a unos 400 millones de pesos, monto similar a al cuenta sin control que el presupuesto asignó al ministerio del Interior para ayudar a las comunas amigas, no a las adversarias.

* ¿Quién puede garantizar algo a treinta años? Nadie. ¿Por qué no hacerlo progresivamente? Con todas las condiciones a favor, un trabajador que durante treinta años aportase 110 pesos (o sea el 13 por ciento de su sueldo de 1.000) cobraría 230 pesos, el 23 por ciento del salario, más la prestación básica universal calculada sobre la base de 55 pesos que es el aporte del salario medio. Total: 367,50 pesos, el 36,7 por ciento de su sueldo. Es menos de lo que está cobrando con este desastroso sistema de reparto, y además no le tendría que pasar nada en el futuro. Esto demuestra realmente que se está jugando con un voluntarismo casi suicida. Y resulta que no nos podemos sentar en la comisión para analizar esto porque nos apuran los bancos. Ayer nos dijeron que no tienen más paciencia, que sólo disponen de una semana más para esperar. Una cosa es que estén apurados los bancos para que se sancione este régimen y otra es que lo mismo persigan los dirigentes gremiales. Creo que no pueden estar apurados para que de esto se haga un negocio, señaló Rafael Martínez Raymonda, bloque Demócrata Progresista, con sólo 35 diputados en el recinto y un clima de jarana en el oficialismo. 

* Vamos a financiar el peaje con la plata de los jubilados. Bajo el argumento de que hay que generar más ahorro se han hecho cambios desacertados. Un caso es la licuación de pasivos de la década del 80 cuando Cavallo era presidente del Banco Central y dijo que los ahorristas que tenían depósitos en el sistema financiero tenían que contribuir con sus riquezas para que las industrias del país pudieran reducir sus pasivos y de esta manera iniciar el camino de la inversión, la creación de fuentes de trabajo y de riqueza. Los ahorristas se quedaron sin sus recursos. En un discurso pronunciado en ADEBA, el presidente del Banco Central, Roque Fernández, habló en 1991 de 67 mil millones de dólares de pérdida de esa institución. Si pensamos que realmente se pueden recaudar 3.000 millones de pesos, ¿no sería mejor evitar el monumental costo de intermediación? Suponiendo que haya opcionalidad, parece que el gobierno cree que puede volcar la mitad de esa suma sin conmover el sistema. ¿Por qué no bajamos el encaje técnico de los bancos de modo de liberar 1.500 millones de dólares y de canalizar ese ahorro hacia la inversión productiva? . Todos conceptos de Raúl Baglini, presidente de la bancada radical.

* El duhaldista/menemista Eduardo Amadeo luego calificó de “presuntuoso” a Fontela, a quien no nombró y se burló del pedido de pase a nuevas comisiones, como la de Asuntos Constitucionales, añadiendo él por su parte a otras -como la de Salud y Familia- para ridiculizar el argumento, con lo cual hacía honor a la irritación que genera este ex renovador que compite con su colega Miguel Angel Toma a ver quien cae peor entre sus compañeros. Su intervención permitió la ocurrencia celebrada con apalusos del chaqueño lradical eonista Marcelo Muñoz al hablar del proyecto:

 - Desgraciadamente va a ser enviado a una sola comisión. La comisión de los banqueros que se van a beneficiar !con 3.000 millones de dólares todos los meses!-, dijo desde su banca.

Estaban hablando de comisiones: Amadeo no respondió.

En cambio estalló una pelea reglamentaria desatada en el momento que Fontela pidió la palabra para una cuestión de privilegio que el sanjuanino menemista Luis Martínez, que en ese momento presidía, no le concedió.

Derivó en una nueva votación acerca de si el proyecto debía o no volver a comisión, en la cual el oficialismo triunfó por 121 a 107 votos una vez que aparecieron los 200 que faltaban cuando hablaba Fontela.

A ese nuevo triunfo colaboraron Alsogaray y Durañona, que antes habían votado lo contrario, para no entorpecer la labor parlamentaria (2).

- ¡Hoy están desesperados por sacar una ley clandestina!-, gritó en un momento Baglini al borde del descontrol luego de pasar revista a algunas de las jugarretas con el quórum cuando los justicialistas estaban en la oposición (3). 

Para muestra del modo como el oficialismo manejaba la sesión, vale este recuadro a partir de una intervención del radical Luis González que quería hacer una observación técnica porque veía una contradicción entre hablar de seguridad y rentabilidad, por un lado y, por otro, disminuir del 80 al 30 por ciento la posibilidad del Estado de invertir en títulos propios y además aumentar de un 30 a un 40 por ciento los fondos para créditos destinados a las economías regionales.

- Señor diputado González: la Cámara no requiere hoy de su opinión sino simplemente de los interrogantes que tenga respecto de las propuestas-, dijo el menemista  Martínez a cargo de la presidencia.

- Pero ya no se puede ni opinar!-, replicó González.

 - No, señor diputado-, respondió Martínez.

Interviene González Gaviola 

La fundamentación del proyecto estaba a cargo de González Gaviola, aunque no era oficialmente el miembro informante. Lo hacía por la incapacidad de Cabrera para tal cometido y, además, porque había sido uno de los artífices de las negociaciones con los técnicos de Economía.

Entre esos cambios, estaba el derecho a la opcionalidad y la reducción del costo de seguro (inicialmente previsto en 2,5 por ciento) para que la capitalización sobre el 11 por ciento en lugar de mermar al 7,5 del aporte trepase dos puntos más.

Consciente o no, el mendocino seguía los pasos de Martínez Raymonda en la comisión y de Natale frente a la formación del quórum.

Cuando comenzó a explicar empezaron las interrupciones, incluso de diputados que se oponían a que el proyecto fuese a comisión.

Nadie sabía bien de qué se trataba, incluso circulaban copias de propuestas hechas por el oficialismo para incorporar al debate en particular. Entre papeles que unos tenían y otros no, el socialista Alfredo Bravo dijo que se sentía como perro en cancha de bochas.

“Durante mucho tiempo giró el fantasma del veto sobre ese artículo. Quisiera conocer cuál es el compromiso específico del Poder Ejecutivo, que nunca termina de definirse con claridad”,  preguntó el alfonsinista Eduardo Santín con relación al artículo que habilitaba la creación de una AFJP en el Banco Nación con garantías según tasa de caja de ahorro o tasa Libor para depósitos en dólares.  

González Gaviola recordó las presiones en contra de aquellos que el mismo radicalismo había denunciado como depositarios del negocio previsional (un modo sutil de decir lo que pensaba él), y aludió a las manifestaciones del presidente Menem, Bauzá, los ministros Rodriguez y Cavallo en cuanto a que no iba a ver veto.

En otro tramo, Martínez, que presidía la sesión en lugar de Pierri, ni siquiera le permitió contestar a Matzkin una pregunta acerca de las garantías que podía ofrecer.

" Lo único que faltaría saber es si la bancada radical, ante un eventual veto, derecho que le asiste al Poder Ejecutivo, nos acompañará en la insistencia, dijo por fin Matzkin, quien escabullía hablar de vetos y promulgaciones parciales, que era lo que se aguardaba.

- No vamos a acompañar ningún pronunciamiento del oficialismo que signifique consentir o reconocer un veto del presidente de la República-, se enojó el radical Raúl Galván. 

Ante un nuevo requerimiento acerca de si habría veto, esta vez del diputado radical Carlos Raimundi, quien tomaba prolija nota de las contradicciones que se veían en el análisis del proyecto, Matzkin respondió:

 - No creemos que existan razones para vetar las modificaciones que hemos introducido al dictamen (4). 

* Razonable sospecha 

Los diputados siempre fueron remisos a cumplir su deber como si fueran obreros atados a la fragua.

Pero en esa madrugada, el alto número de los oficialistas contagiaba fe acerca del fortalecimiento de las instituciones: estaban casi todos. Y no todos los radicales estaban tan dormidos como para no darse cuenta.

Acostumbrado a fiscalizar cuentas, el escribano Victorio Bisciotti exclamó:

- Mi capacidad de asombro no tiene límites. No logro explicarme cómo es posible que los lobbies de esta nueva patria financiera que viene entronizándose en nuestro país tengan una influencia capaz de conseguir otra marca histórica.

Bisciotti armó un batifondo que no derivó en cuestiones de privilegio, ni fue asumido como una ofensa por parte del oficialismo, cuando miró el tablero, vio que registraba la presencia en sus bancas de 244 diputados pasada la una de la mañana y tomó en cuenta que lo que estaba en debate no era ninguna ley que movilizase el interés a favor del pueblo, sino al contrario. 

En diez años no se había visto nada comparable.

¿Era una operación de guante blanco? Biasciotti sugería que sí.

Se votaba una ley que esperaban los banqueros.

Todos parecían estar bajo sospecha. El liberal Juan José Manny  pidió la palabra para aclarar que los miembros de su bancada no estaban sentados por influencia de ningún lobby. 

Bisciotti profundizó su discurso sobre los lobbies.

- ¿Cómo se va a explicar al pueblo argentino este cambio de posición? Cómo van a hacer los representantes gremiales, que son los defensores de la clase activa y la pasiva, para explicar que van a abandonar a sus patrocinados?-, inquería.

Recordó que el 23 de febrero las 62 Organizaciones, con la firma de Lorenzo Miguel y Saúl Ubaldini, habían declarado la necesidad de “impedir que el sistema previsional se transforme en otro gran negocio de grupos privilegiados y que la ley garantice jubilaciones y pensiones como un derecho de toda sociedad moderna, que a través del Estado no puede desentenderse de sus mayores”.

Bisciotti cargó contra las administradoras -a las que llamó cafishios- porque iban a manejar 4.000 millones de dólares por año.

- ¿Por que creen  que juegan esta apuesta fuerte? Porque este negocio es mejor que la venta de Gas del Estado y de YPF, es un negocio redondo para la Bolsa-, dijo el radical de Lobería.

El radical siguió con las ironías, tras lo cual reaccionó el justicialista Arturo Puricelli para pedir que el presidente Pierri, que en ese momento había vuelto para pilotear la sesión, procediese a testar del Diario de Sesiones “las imputaciones que se hicieron”, tras lo cual Pierri invitó a Bisciotti que así procediera por propia voluntad.

Pocas veces se dijo tanto sin que nadie se diera por ofendido. 

- Señor presidente: sólo me he interrogado qué poderoso factor ejerce tanta influencia para que la Cámara de Diputados pueda tener 244 miembros en el recinto. Yo no he dicho que algún señor diputado peronista haya venido por haber recibido alguna suma de dinero. Pregunto dónde está el agravio y además me extraña la actitud del señor diputado Puricelli, quien además de no haber sido aceptada la propuesta de considerar el tema del diputado “trucho” pretende hacer una cuestión de tipo ético-, contestó, de modo irrebatible. 

A la 1 y 55 del 30 de abril de 1993 se votaba a mano alzada la ley en general, sin que nadie de la oposición pidiese la votación nominal para que cada diputado enfrente la historia con su nombre y apellido.

“La máquina de impedir ha fracasado una vez más” se ufanaba Matzkin, mientras el representante de los jubilados, Juan Carlos Sabio, entraba con su portafolios en la máquina del olvido.

(1) La síntesis es un muestrario de los argumentos expuestos en los principales intervenciones. Podrían consignarse otras intervenciones. El trozquista Luis Zamora resaltó que al pasado se lo premia con la impunidad: genocidas y evasores. No solo no hay control sino que encima se los beneficia con la deducción de los aportes patronales en el sector impositivo. En otro pasaje aludió al Congreso por hallarse rodeado de vallas y desafió a Matzkin y su gente a mantenerse en las bancas durante 48 horas para marcar la precariedad del frente oficialista. El sanjuanino de Cruzada Renovadora, Antonio Achem, inquirió: ¿De quién es este proyecto? ¿Del Poder Ejecutivo, de la bancada oficialista o del Fondo Monetario Internacional? ¿O será como el proyecto de privatización de Gas del Estado, que llegó al secretario García firmado por Louis Alexander, representante del Banco Mundial? La disidente Marta De Nardo (bloque Afirmación Peronista) recordó que el sistema de capitalización pública databa de 1904, que el peronismo en el gobierno había unificado las cajas en el Instituto Nacional de Previsión Social y que en la comisión especial de 1991 el oficialismo se pronunció por el sistema de reparto. El riquista Martín Mendoza afirmó que el país debía pagar tres mil millones de dólares anuales durante treinta años, el tiempo de este proyecto, en tanto que el socialista Guillermo Estevez Boero remarcó que resultaba absolutamente inaceptable tratar el tema previsional bajo la presión del factor externo, canalizado a través de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. El ucedeísta Francisco Durañona y Vedia manifestó su malestar por anuncios del PEN como si fuera el poder legislador, mientras Esteban Rodrigo recordó que iba a ser el primer Parlamento del mundo que votase un sistema compulsivo o semicompulsivo de capitalización individual. Entre los radicales, Carlos Raimundi expresó su desacuerdo en que el mercado de capitales se forme con el aporte de quienes no poseen mas que su fuerza de trabajo y sólo tienen el 24 por ciento de la riqueza nacional. “La Argentina se ha comprometido a pagar puntualmente 3.200 millones de dólares por el Plan Brady y para 1993 se pronostica un déficit de 5.000 millones en la balanza comercial”, señaló.El también radical Eduardo Santín, por su lado, dijo que en los próximos veinte años se va a provocar un déficit de 23.000 millones, la misma cantidad que se negociaba con el plan Brady que trajo como consecuencia el cierre de los ferrocarriles y la transferencia de escuelas y hospitales.
(2) La primera votación si volvía o no a comisión fue de 125 por el no contra 119 afirmativos. Como se exigían los dos tercios valió como parámetro para saber de qué lado estaba cada uno. Los que votaron con el justicialismo fueron los ucedeístas Jorge Aguado, Alberto Albamonte, José María Ibarbia, Juan José Manny y Federico Zamora, Carlos Gómez Centurión (bloquista), Héctor Barbotti (Acción Chaqueña), Julio Falleti y Luis Jalill (Movimiento Popular Neuquino), Roque Sánchez Galdeano (Movimiento Popular Fueguino), Alberto Germanó y Julio César Ibarreche (bussistas), Cristina Guzmán (Movimiento Popular Jujeño)y Jorge Folloni, Ernesto Alabi y Julio César Loutaif (renovadores salteños), así como el jubilado Blanco. El resto lo hizo en contra. En la lista de los que querían pasar en limpio el despacho y producir un tránsito normal por el plenario de comisiones hubo un único voto peronista, el de la salteña menemista Silvia Troyano. Votaron en ese mismo sentido Alvaro Alsogaray, Francisco Durañona y Vedia e Ignacio García Cuerva, así como Antonio Achem y Pablo Gargiulo (Cruzada Renovadora, San Juan), Felipe Adaime (Autonomista, Corrientes), Oscar Alende y Pedro García (PI), Enrique Bischof (Movimiento Popular Fueguino), Guillermo Estevez Boero (socialista), Guillermo Fernández Gil, Martín Mendoza y Orlando Gallo (Modin), Héctor Gatti (DC), Ricardo Leconte, Liberal, Corrientes), Fernando López de Zavalía (bussista), Eduardo Ferreyra, Martín de Nardo y Raúl Rodriguez (oficialistas disidentes que conformaron el bloque Afirmación Peronista), Pedro Figueroa (Movimiento Popular Jujeño), Rafael Martínez Raymonda, Alberto Natale, Juan Carlos Varela Barrio y Mario Verdún (democracia progresista); Ricardo Molinas (latorrista) y Luis Zamora (Movimiento Socialista de los Trabajadores). El resto eran diputados radicales.
(3) Baglini recordó que el 12 de mayo de 1988, cuando se trataba el fondo para el financiamiento de los desequilibrios provinciales transitorios, asunto que reclamaban las provincias, Manzano pidió pasar a cuarto intermedio, decidiéndose lo contrario por 107 votos contra 52, tras lo cual se fue el PJ y no se trató el tema. Dio otros ejemplos. Según aseveró, veintisiete veces debieron los radicales reunir el quórum sin los peronistas en sus bancas. Incluso, mencionó, cuando no quisieron tratar el proyecto sobre envío de tropas al Golfo Pérsico.
(4) Matzkin dijo que no se trataba de de vetos ni de insistencias. Las propuestas que formulaban habían sido consensuadas con el Poder Ejecutivo. Y con relación al artículo 39, citó expresiones públicas del presidente de la Nación y de varios de sus ministros relativas a que estaban totalmente de acuerdo con su texto.

Fuente: El Congreso en la trampa, Planeta, 1995, Armando Vidal, Pags. 236/240. Versión ampliada.

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AFJPs, NEGOCIACIÓN Y DICTAMEN (4)

Cuarto tramo del capítulo AFJPs, que exhibe las maniobras del oficialismo para para aprobar la ley que, primero, reclamaba  aprobar un dictamen favorable. Una exclamación de un diputado opositor podrá refrescar la memoria. "Me usaron de forro" gritó el demoprogresista Martínez Raimonda cuando violaron voluntad en la comisión que presidía un sindicalista menemista.

Por Armando Vidal

Una vía abierta de negociación pasaba por los diputados de partidos provinciales. Los radicales esa vez presentaron su propio proyecto que preservaba el sistema conocido, aumentaba la edad para jubilarse con la finalidad de captar más aporte y tener menor número de beneficiados y propiciaba el incremento de los haberes a 300 pesos.

Gerardo Cabrera, presidente de la comisión cabecera, un gremialista santafecino que buscaba la reelección, dirigió el plenario de comisiones bajo un único mandato: sacar el dictamen para ir al recinto.

Contó con la colaboración de buena fe del demoprogresista Rafael Martínez Raymonda, quien luego admitiría que “me usaron de forro”, cuando puso en manos de aquél su propio despacho empleado como si fuera un voto a favor del dictamen justicialista, tras lo cual Cabrera levantó la reunión en medio del griterio.

Craso error que debería asociarse al futuro esplendor de quien sacó mejor partido político que nadie de ese atropello: Chacho Alvarez, por entonces un diputado del desmembrado Grupo de los ocho.

Pero el oficialismo no estaba para sutilezas: simplemente incurría en la vieja practica de arrebatar un pronunciamiento en comisión, con lo cual obligó al radicalismo a comprometerse públicamente a no dar quórum para la sesión en el recinto.

Otra derivación que tenía que afrontar como secuela del error inicial.

Hasta ese momento, tibia había sido la reacción radical, empeñado en hallar una respuesta parlamentaria a un desafío que el gobierno encaraba como un negocio financiero y por tanto con operadores poco propensos a aceptar leyes que contrariasen su interés primordial.

La expresión se corporizaba en el diputado Juan Manuel Moure, autor de un proyecto de reforma a un sistema endémico desde que las cajas fueron saqueadas por gobiernos y aniquiladas por la inflación.

A tal punto los radicales titubeaban que hasta aquella reunión de la comisión del 24 de febrero mantenían una actitud distante frente a la campaña de las organizaciones de jubilados destinada a obtener firmas que respaldasen el reclamo de un plebiscito popular, al estilo de la lucha en Uruguay contra la ley de caducidad de las acciones penales.

Pero al sentirse por tercera vez violado como pasó con la ley de ampliación de la Corte y con la privatización del Gas (diputrucho), el bloque que presidía Baglini se alineó con el comité nacional para movilizarse contra el plan que no admitia medias tintas.

Atrás había quedado -marzo de 1992- el acuerdo del PJ y la UCR que entre otras expresiones habían propiciado la edad de los 65 años para los hombres y 60 para las mujeres.

El proyecto del principal bloque opositor, como otros presentados, no fue ni siquiera habilitado para su consideración. Sólo importaba lo que quería Cavallo.

" Èsta la gané", se ufanó luego Matzkin en la Sala de Periodistas, una vez que pudo exhibir el dictamen firmado por 29 diputados (1), entre ellos Juan Carlos Sabio, el representante del Partido Blanco de los Jubilados, figura clave con derecho pasarle una factura a Chacho Alvarez por haberle dado el empujón final hacia la popularidad.

Ese 24 de febrero estaban las firmas pero no el texto, dato que demostraba que las rúbricas incluían varias conseguidas con antelación.

"En las comisiones no se vota", se defendía Matzkin, que es lo que en efecto sucede cuando hay consenso pero no una disputa frontal como la de ese miércoles.

"El gobierno no está sujeto a fechas ni tiene apuros por ello", agregaba.

La ley, en realidad, debía entrar en vigencia con el tiempo suficiente para que las administradoras de fondo de pensión comenzasen a funcionar el 1º de enero de 1994.

Como decían los analistas, “una coma mal puesta significa mucha plata para quienes tienen más expectativas en la nueva ley: los bancos y los grupos económicos” .

* Alto costo

Schulthess no disimulaba su interpretación autoritaria del poder al insinuar el veto al artículo 39, aun antes incluso del estratégico pase por el recinto, luego de un abanico de presiones sin precedentes para arrear diputados a votar por el sí .

“Veremos cuando la ley salga del Congreso, veremos cómo se ajusta el proyecto original al del Ejecutivo y entonces decidiremos qué vamos a hacer”, advertía.

En lugar de repudiar la amenaza, Matzkin se limitaba a decir: “Esta ley es más complicada que la de YPF, atar me cuesta mucho”.

No mintió: costó mucho.

Schulthess anticipaba el veto, Bauzá lo negaba porque sabía el efecto contrario que generaba en Diputados y Cavallo -a través de Horacio Liendo-, buscaba una redacción definitiva compatible con González Gaviola en torno del artículo que contemplaba la garantía que fuera mayor entre la tasa Libor y la que pagase la caja de ahorro del Banco Nación.

El negocio en torno de la ley venía siendo cuestionado por sectores proclives a acompañar al gobierno, como el caso de los demoprogresistas.

Martínez Raymonda advertía a mediados de marzo que el sistema de reparto tendría de inmediato un déficit anual de tres mil millones de pesos.

No era ése el problema que preocupaba al gobierno que amagaba con sacar la reforma por decreto aunque sabía que que la ley era el contrato que demandaban los inversores porque un decreto puede ser fácilmente reemplazado por otro.

* Guía para un dictamen

¿Qué había hecho, en síntesis, el menemismo para sacar el dictamen?

* Cubrió la vacante dejada por Felipe Solá en la comisión, cuya renuncia todavía la Cámara no había aceptado, por el siempre dispuesto Luis Echeverría. No aplicó el mismo criterio para el reemplazo del ucedeísta, contrario a la ley, Federico Clérici, a quien iba a suceder José María Ibarbia, que también tenía sus reservas.

* No reunió a todos los luego firmantes de su despacho, que en tal caso habrían impuesto la mayoría, porque Juan Carlos Sabio hubiera tenido que cantar allí su voto a favor de la ley, condición aceptada porque en caso contrario el escándalo hubiera resultado mayor tomando en cuenta que la reunión era pública y estaban presentes representantes de las organizaciones de jubilados.

* Ambas comisiones totalizaban en ese momento 59 miembros. Los únicos que pertenecían a ambas y sólo podían firmar una vez eran radicales: José Canata y Eduardo Santín. El peronista entrerriano Carlos Scelzi firmó dos veces. Matzkin dijo que fue un error porque integraba las dos comisiones. Nadie lo desmintió en el recinto. No contaba con el voto del correntino Humberto Romero (miembro de la comisión de Presupuesto), a quien en ese momento se lo hacía blanco de presiones, incluso con la DGI en la planta Noel, empresa de su familia, desmentidas por él. Lo cierto es que agregó su firma después, lo cual reglamentariamente está permitido si el diputado participa en las reuniones de comisión. No era su caso.

* Cortó el debate a menos de una hora de iniciada la labor de comisión al alegar que se habían reunido las firmas suficientes que en realidad le faltaban porque varias se consiguieron después de ese acto, en contradicción con el reglamento de la Cámara, por lo general incumplido en ese punto, pero no si se contaban con las firmas en un asunto tan confrontativo.

* No se pasó lista para que no se pudiera comprobar los ausentes que luego aparecerían firmando el dictamen, ni se dio pormenorizada cuenta de los cambios al proyecto del PEN. Las anomalías llevaron al diputado Bravo a presentar una denuncia judicial contra Cabrera y Lamberto por presunta comisión de los delitos de abusto de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, en la condición de ambos de titulares de las comisiones responsables (2).

* La única votación en la comisión, tras el retiro del oficialismo y sus aliados, fue de rechazo al proyecto. Entre los que suscribieron esta posición estaban el radical Moure, el disidente Alvarez, el socialista Bravo, el trozquista Zamora y el democristiano Héctor Gatti.

Con la ley de la reforma previsional se cumplía un axioma parlamentario: lo que sale mal de comisión, no entra bien en el recinto.

Y puede terminar peor.

(1) Los votos que aparecen en el acta del 24 de febrero son los de González Gaviola, Gerardo Cabrera, Luis Echeverría, José Rodriguez, Washington J. Cruz, Juan C. Crostelli, José L. Castillo, Alberto Parada, Oscar Parrilli, Jorge Machicote y el disidente Sabio, todos ellos componentes de la comisión de Previsión y Seguridad Social. Once votos sobre 24 (el oficialista Sueiro no votó allí para en cambio hacerlo en la lista de Presupuesto, comisión que también integraba y el metalúrgico Luis Guerrero estaba enfermo). También constan la firma con los votos de los diputados de Presupuesto Fernando Caimmi, Carlos Scelzi, Carlos Soria, Carlos Beltrán, Niguel D’Alessandro, Manuel Herrera Arias, José L. Gioja, Oscar Lamberto, Antonio Guerrero, Miguel Balestrini, Marcelo López Arias, Juan Carlos Ayala, Carlos Sueiro, Alberto Albamonte (todavía ucedeísta) y Eduardo Amadeo. En total diecisiete votos contra catorce (los votos de los radicales Canata y Santín no se computan por haberse expresado en la comisión cabecera). Votaban en contra los radicales Carlos Becerra, Antonio Berhongaray, Noel Breard, Walter Ceballos, Oscar Machado, Marcelo Muñoz, Enrique Olivera, Rodolfo Quezada, José María Soria Arch, Augusto Spinosa y Roberto Vázquez, el demoprogresista Martínez Raymonda, el socialista Estevez Boero y el bloquista Carlos Gómez Centurión, que había firmado el dictamen de Martínez Raymonda y también fue víctima de la maniobra del justicialismo.
 (2) Luego de enumerar las “manobras espurias tendientes a alterar el procedimiento parlamentario”, la demanda destacaba que los presidentes de las comisiones parlamentarias son funcionarios públicos en los términos del art. 77 del Código Penal que tienen el deber moral y jurídico de velar por la transparencia y rectitud de los procedimientos. Requería fueron citados como testigos los diputados Raúl Baglini, Juan Manuel Moure, Carlos Alvarez, Guillermo Estevez Boero, Ricardo Molinas, Rafael Martínez Raymnonda y Juan Horacio González Gaviola. El abogado patrocinante era Mario Fernando Genore.

Fuente: El Congreso en la trampa, Armando Vidal, Planeta, 1995. Versión sin cortes.