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AFJPs, PRONTUARIO DEL DIPUTADO JUAN C. SABIO

Segunda parte de la ley que en 1993 creó las AFJPs,  centrada en los procesos penales con los que cargaba Juan Carlos Sabio, el tesorero de un sindicato marplatense con pedido de captura, que llegó a ser diputado de la Nación y fue clave para votar la privatización de las jubilaciones de Cavallo.

Por Armando Vidal

El hombre del portafolio, Juan Carlos Sabio, era un diputado retacón, de bigote prolijamente cuidado, de pelo entrecano, modales sobrios y pocas palabras. Solía caminar solo. Vestía trajes grises y llevaba un portafolio con doble manija y cierre. (NdE: texto en tapa por reclamo de la actualidad).

Provenía de Mar del Plata donde había arrancado en el gremio mercantil para luego pertenecer al SUPE cuya seccional estaba en manos de Diego Ibañez. Para una ciudad que sólo tiene petróleo en las aguas del puerto, Sabio se abrió camino hacia Buenos Aires luego de tener una relación difusa con la CGT que incluso escapa de la memoria de algunos de los actores de aquella etapa.

Uno de ellos es el legendario Avelino Fernández, un militante peronista que superado los setenta de edad en 1993 trabajaba como operario en la fábrica Universal, excluído de su sindicato tras una larga pelea con Lorenzo Miguel luego del asesinato de Augusto Timoteo Vandor, en la que el Loro consiguió sacarlo del medio con la ayuda de ministros y patrones.

Fernández, que en la década del sesenta había liderado la UOM porteña, fue uno de los secretarios claves de la CGT en el plan de lucha de 1964 contra el gobierno radical, partido que había aceptado la proscripción del peronismo en las elecciones de abril del año anterior donde Arturo Illia venciera a Pedro Eugenio Aramburu.

En esa CGT Sabio no dejó dato que merezca recordarse.

* El súbito cambio

Además de la colaboración sindical -que negoció cambios en la ley y otros asuntos fuera de ella-, la reforma fue posible por la conversión de Sabio que en 1989 apareció en Diputados con la plataforma de su partido como compromiso ético, y puso de manifiesto la letra muerta del artículo 21 del régimen de los partidos políticos (ley 23.298) (“la carta orgánica constituye la ley fundamental del partido cuyo caracter rigen los poderes, los derechos y obligaciones partidarias y a la cual sus autoridades y afliados deberán ajustar obligatoriamente su actuación”).

El Partido Blanco no se oponía a la jubilación privada para todo interesado en aportar a una cuenta de capitalización personal, siempre que se mantuviese en el sistema de reparto, por ser expresión de un pacto solidario intergeneracional.

Con este mandato obtuvo la banca de su partido, luego que dos años antes -en 1987-, el comentarista televisivo Manotón Corso Gómez fracasase en el mismo intento en la Capital Federal pese a sus arengas por la bandera de los jubilados que finalmente llegado el menemismo lo llevarían -Sabio mediante- a ocupar un cargo directivo en PAMI hasta que la crisis por los retornos en tiempos de Matilde Menéndez, lo dejó al descubierto y obligó a renunciar.

Con varios procesos en la justicia -que es hora de conocer- y un largo silencio en la banca, a Sabio le hubiera gustado seguir pasando inadvertido después de su sugestivo giro.

Hasta ese momento estaba en la línea de resistencia a la jubilación privada.

En la noche del 23 de febrero de 1993, anterior al escandaloso modo en que se sancionó el dictamen oficialista en el plenario de comisión, participó en una reunión de diputados de partidos provinciales, realizada en las oficinas del bloque Demócrata Progresista, pero no fijó posición.

También opuestos a la ley, los cuatro demoprogresistas, el porteño Fescina y el sanjuanino Achen (Cruzada Renovadora) encontraron un Sabio demasiado callado. Cuando quisieron armonizar una estrategia con miras a la inminente pelea en la comisión, el hombre gris del portafolios ya se había ido. Lo buscaron pero no apareció por ningún lado.

Desde esas horas se registra su pase al reino del silencio, la firma y la mano alzada en favor de la ley que rechazaba su partido.

Vinculado al Pampa Marín -el hermano de Lala-, que también pertenecía al SUPE, estuvo entre los impulsores del llamado Partido Blanco de los Jubilados, un nombre que apuntó a captar esa corriente protestataria que había consagrado -al margen de las estructuras- el voto blanco del peronismo frente a las constituyentes de 1957 debido a la proscripción de la cual era víctima Perón y sus partidarios.

Hubo también partidos provinciales que tomaron el nombre de “Blanco” cuando el justicialismo no podía emplear abiertamente el suyo.

Contra la dirección nacional que sostenía lo contrario y que, incluso, promovía la expulsión del diputado de sus filas, Sabio colaboró con la formación del quórum, así como firmó los despachos previos de comisión y votó en el recinto.

En respuesta, un congreso realizado en Santiago del Estero planteó la exclusión del hereje, decisión que no fue acatada por el partido en la provincia bonaerense que presidía el propio Sabio, aprovechando que la Justicia prioriza las decisiones distritales con relación a las convenciones nacionales.

Sin embargo, otro fallo judicial terminó a la postre con la cancelación de la personería partidaria bonaerense por no convocar a elecciones internas en violación a las disposiciones vigentes (Art. 50 inc “a” de la ley 23.298).

Las secuencias fueron las siguientes:

* El 4 de mayo de 1993, el juez federal con contempetencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Manuel H. Blanco, declara la caducidad del Partido Blanco en ese distrito, según lo establecido en la mencionada norma. El partido había obtenido su personalidad jurídico política como partido de distrito el 4 de abril de 1988.

* El 15 de junio de 1993, se realizó la convención nacional del partido en la ciudad de Santiago del Estero para anlizar la situación del distrito bonaerense, así como la gestión legislativa y conducta partidaria de Sabio. El presidente de la asamblea Carlos Arredondo explica que el cese de la personería política del partido en Buenos Aires es responsabilidad de Sabio quien ni siquiera comunicó tal circunstancia al resto de las autoridades partidarias. Resalta que ello pone en peligro la existencia misma de la agrupación y constituye una grave inconducta. Con relación a la gestion legislativa, imputa a Sabio haber traicionado la manifiesta voluntad de los jubilados a los que debía representar al prestar su conformidad a la reforma previsional. Agrega que utilizó directamente sus cargos partidarios y legislativo apartándose de las normas y reglas partidarias. El convencional Antonio Galván, por su lado, solicita se lleven a cabo las diligencias tendientes a juzgar al imputado considerandolo pasible de expulsión.

 * El 26 de octubre de 1993, se produce la sentencia definitiva ante la apelación de Sabio quien basó su argumentación en base a que la ley debía favorecer la existencia de los partidos y no dificultarlos con la realización de internas, mientras decía que el proceso comprendía todos los actos, y no sólo el comicio, planteos declarados insostenibles por la Cámara Nacional Electoral que confirmó el fallo de Blanco.

Este proceso iniciado con la traición de Sabio a la plataforma electoral fue más lejos: terminó, incluso, con la vida del partido Blanco de los Jubilados, que por comprensibles razones prefirió que su nombre contestatario de otros tiempos fuera a parar al mismo foso cavado por el desertor. Sus ex compañeros, creen que Sabio cobró y mucho por lo que hizo. Arriesgan cifras escalofriantes y sólo proporcionales al negocio que desató la sanción de ley.

Sin embargo, lo único oficial fue lo que declaró el riojano Carlos Romero, cuando era todavía vicepresidente del bloque:

- Sabio fue muy comprensivo. Le dijimos que necesitábamos su voto para aprobar esta ley y sólo comentó que lo haría si se producían modificiones.

El diálogo transcurría en el despacho del tercer piso del Palacio que ocupan los mandos del bloque justicialista, preparado especialmente en 1987 por Pugliese para Italo Argentino Luder en el paso de éste por Diputados hacia la Casa Rosada (ministro de Defensa) y donde después fue a parar el ex presidente de la Cámara al realizar el camino en sentido contrario (ministro del Interior y, antes, de Economía).

 - En serio, no pidió nada-, repitió el eduardista Romero.

 - Eso no lo cree nadie Romero-, raccionó el cronista que lo entrevistaba, autor de estas líneas.

- Bueno, sí. Pidió que cuando necesitase algún favor en el PAMI, Matilde Menéndez lo atendiera aunque sea por teléfono-, respondió Romero a modo de confirmación de quién era el entrevistado.

Romero había tenido a su cargo las negociaciones para captar los votos de los provinciales (“a ver cómo arreglamos ésto” es la frase que oficia de llave) en cuya lista estaba Sabio que no buscaba de Matilde los favores que podía hacerle su amigo Corzo Gómez una vez instalado en su directorio.

Para el “arreglo” probablemente podrían estar las fortunas que imaginó Chacho o las simples gentilezas a la causa del enemigo de las que hablaba Romero.

 * Procesos penales

Lo concreto cargaba sobre su historia con forma de procesos penales:

* 1977, estafas reiteradas.

* 1979, pedido de captura. Causa 13.217. Damnificado: Asociación Mutual del Personal de YPF (ocupaba el cargo de tesorero). Delito: defraudaciones y estafas. Iniciada: 26/4/77. Entrada: 13/5/77. Pase a sentencia: 23/12/80. Causal: falso contrato de promoción de viviendas; falsas órdenes de pago; emisión de cheques sin causa; boleto fraguado (compra simulada) de un terreno en la provincia de Mendoza, el 31/12/73, por 300 mil pesos ley de entonces.

* Condena en primera instancia el 30/6/84 (juzgado de instrucción N§ 23, Dr. Araujo, secretaría 158), y fallo definitivo ratificatorio (causa 250) de la Sala IV de la Cámara del 11/9/86. El oficialismo optó por el silencio como hizo en la instancia final del diputrucho, operación que tuvo el sello del estilo de Romero, con lo cual la Cámara dejó asentada su doctrina: si no se diferencian sus miembros, todos son iguales a Sabio.

Fue lo que dijo Chacho Alvarez, su gran acusador desde la banca el día del debate.

Los menemistas miraban para otro lado y los radicales acompañaban sin hacer nada. Sabio, el viejo amigo de Diego Ibañez, calló. Había cumplido su tarea. Tenía derecho a cobrar por ello. Si los antecedentes que aquí se revelan hubieran estado a mano entonces, el giro de la cuestión habría sido otro.

No los conocía Chacho Alvarez pero sí quienes recurrieron al prontuario con los antecedentes de este hombre al que había que persuadir de cambiar de opinión sobre la reforma previsional. Resultó una tarea rápida y eficaz: el voto del representante de los jubilados tenía el precio fijado por su conducta. Si le dieron de más, fue una simple atención de la casa.

Título anterior: Afjps: procesos penales de Sabio (2) (antes de ponerse en tapa este texto del archivo)

 Fuente: El Congreso en la trampa, Armando Vidal, Planeta, 1995, Pags. 226/8. Versión sin cortes y sin llamadas.