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EL DEBATE DE LA LEY 26.160

Un interesante debate generó la Cámara de Diputados cuando el 1º de noviembre de 2006 aprobó la ley 24.160 que declara la emergencia y suspende los desalojos en materia en tierras ocupadas por pueblos originarios inadecuadamente llamamos indios ya que tenían fe religiosa, además de no ser habitantes de la India, según la confusión que se le atribuye a Cristóbal Colón. Originada a partir de una iniciativa de la diputada del ARI Marta Maffei, el oficialismo impuso su versión en un proyecto propio, tal como explica aquí la diputada radical Liliana Bayonzo. Preside la sesión Alberto Balestrini y participan el titular de la comisión de Justicia, Luis Cigogna, quien fudamenta el proyecto; el macrista Federico Pinedo y su aliada neuquina Alicia Comelli, quienes se oponen, así como Maffei, que está a favor con una disidencia central. El bonaerense pattista Dante Camaño, que también se opone, produce con su tradicional hosco estilo quizás su mejor intervención desde una banca , incluyendo el insólito pedido de que no lo aplaudan porque lo distraían. Se destacan la sanjuanina Adriana Marino (Frente Producción y Trabajo), quien considera poco eficiente la norma y el socialista santafecino Pablo Zanda, que ilustra su discurso con datos históricos. Por ejemplo, el generoso regalo de tierras de Bernardino Rivadavia ( 8.600.000 hectáreas para 538 propietarios, ley de enfiteusis). También se diferencia el formoseño peronista Mario Bejarano quien reclama poner la mirada sobre la integración y no la división como cree ver en la norma kirchnerista. Esta ley fue prorrogada en 2009 hasta 2013 (ley 26554), dato que puede poner en duda la eficacia del texto aprobado. Aquí se transcriben los discursos y se prescinde de las intervenciones de rigor del conductor del debate y de Patricia Vaca Narvaja, la vicepresidente. Hay llamativos silencios, como por ejemplo el de los diputados salteños Juan Manuel Urtubey, peronista y Miguel Zottos, ulloísta. Como telón de fondo aparece la soja que dos años después daría mucho que hablar.

Cigogna, Luis Francisco (FPV, Buenos Aires)

Señor presidente: en la anterior composición de la Cámara ya habíamos obtenido dictamen favorable sobre un proyecto similar. Hay otros proyectos más ambiciosos, que avanzan aún más, pero el que tenemos bajo tratamiento -que viene en revisión del Honorable Senado- propone declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, según señala textualmente esta iniciativa.Se trata de comunidades con personería jurídica, inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas o en el organismo provincial respectivo.

La declaración de emergencia que se propone es por un plazo de cuatro años. Por el artículo 2° del proyecto se suspende por el mismo plazo establecido para la emergencia -es decir, por cuatro años- la ejecución de sentencias y actos procesales y administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1°. Se aclara que la posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada.

En el artículo 3° se establece que durante los tres primeros años de vigencia de la ley el INAI deberá realizar el relevamiento jurídico catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, y promover las acciones que fuere menester, en conjunto con el Consejo de Participación Indígena y los organismos provinciales pertinentes.Asimismo, se crea un fondo especial de treinta millones de pesos con reasignaciones sucesivas de diez millones durante tres años.

El destino de los recursos de este fondo que se crea es el relevamiento técnico jurídico catastral de las tierras y las labores profesionales, tanto en las acciones judiciales como en las gestiones extrajudiciales y los programas de regularización dominial.Lo que en sustancia se pide es un plazo durante el cual no se pueda seguir adelante con los procesos tendientes al lanzamiento de las comunidades a fin de que el INAI pueda completar el relevamiento de las tierras y de las comunidades que las ocupan. Este proyecto entronca en la reforma del artículo 75 de la Constitución Nacional operada en 1994 por la que se reconoce la posesión y propiedad de las tierras de los pueblos originarios del país.Se trata de un concepto distinto de la propiedad o posesión propio de nuestro derecho civil y de raíz romanista.

Obviamente, estamos hablando de pueblos que tienen particulares idiosincrasias espirituales y culturales, un modo distinto de ver la vida a como la vemos los grupos humanos modernos.Se trata precisamente de preservar esas comunidades del ataque que puede significar su contacto con la civilización moderna y permitirles seguir su vida conforme sus pautas ancestrales. Por ejemplo, no sólo se piensa en la preservación de las tierras que efectivamente ocupan o poseen en el sentido de nuestro Código Civil sino también de aquellas otras que en muchos casos durante centurias han ocupado de modo accidental pero recurrente. Es el caso de pueblos nómades que ocasionalmente ocupan tierras para llevar sus majadas a pastar o abrevar. Los signos de la posesión no son los propios de nuestra cultura civilista, sino otros muy diversos.

Conforme al mandato constitucional y los convenios internacionales que el país ha suscripto, se trata de respetar esas pautas de cultura, el modo de vida y la posibilidad de que puedan desarrollarla en el plano económico y cultural. Incluso, no se debe limitar la protección de las tierras que efectivamente ocupan sino que debe tenderse a que aquellas que lleguen a ocupar finalmente sean lo suficientemente aptas para que puedan desarrollar su vida de manera normal y permanente.En sustancia, por ahora sólo se nos propone declarar la emergencia, suspender todas las ejecuciones y conformar este fondo; mientras tanto, se continúan desarrollando todas las tareas que llevan a cabo el INAI y los organismos provinciales.

Se trata de tareas preexistentes a la reforma constitucional, que se han incentivado y profundizado luego de la incorporación de este texto a nuestra Carta Magna.Por las razones expuestas, desde la comisión pedimos a la Cámara que nos acompañe con el voto afirmativo. (Aplausos.)

Pinedo, Federico (PRO, Capital Federal)

 Señora presidenta: el artículo 2° del proyecto en tratamiento establece que por un plazo de cuatro años nadie podrá hacer actos procesales o administrativos tendientes a clarificar la situación de posesión o de dominio de tierras que estén ocupadas por gente que diga que es parte de los pueblos originarios de América. A nuestro criterio, esta cláusula es claramente contraria al artículo 116 de la Constitución Nacional, que determina que el Poder Judicial de la Nación es el único que puede decidir sobre el alcance de los derechos de las personas; es más, el artículo 273 del Código Penal reprime a los jueces que se nieguen a juzgar so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la ley.

A mi juicio, el Congreso no puede sancionar leyes que impidan a la gente defender sus derechos en la Justicia, porque de hacerlo estaría interfiriendo en las facultades del Poder Judicial. En el caso concreto, los jueces que no juzgaran podrían ser pasibles de esta reprimenda del Código Penal.

En relación con la discusión relativa a la posesión o dominio de propiedad, el artículo 181 del Código Penal dice que el que por violencia, amenazas, engaños, abuso de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes, también es materia de represión penal.El artículo 17 de la Constitución dice que nadie puede ser privado de su propiedad sin juicio previo.

Desde este punto de vista, nos parece que es absolutamente imposible que se considere constitucional una norma como la que se propone. Esto me recuerda el instituto denominado bill of attainder. Los attainders eran los sucios, los traidores a la patria. En Inglaterra, en 1321, el rey aplicó una ley que confiscó todos los bienes a un par de condes, el conde de Winchester y el de Gloucester, y lo hizo sin juicio previo porque eran sucios traidores. Este es un caso de aplicación de una ley que prohíbe intervenir a la Justicia.

Es el caso de una ley que dicta una sentencia sin que haya intervenido un juez.

En Estados Unidos, la misma Constitución prohíbe este tipo de leyes, los bills of attainder, y en la Argentina hay una larga experiencia, porque si ustedes recuerdan, cuando Rosas llegó al poder confiscó las propiedades a los unitarios, y después cuando vinieron sus sucesores le quitaron las propiedades a Rosas; finalmente, la Constitución de 1853 prohibió las confiscaciones.Esto de dictar sentencias por ley o hacer que un particular se encuentre frente a sus derechos como si hubiera perdido un juicio que no tuvo lugar, es lo que expresamente se prohíbe en Inglaterra y en los Estados Unidos de acuerdo con sus Constituciones, como también en la Argentina desde que se aprobó el artículo 17. Por lo expuesto nos parece que esto es absolutamente imposible de soslayar.

El segundo tema que quiero mencionar es que no nos parece que sea razonable hablar de emergencia en un caso como éste, ya que no se sabe cuál es el caso, porque éste es un proyecto de ley que elevó el presidente Kirchner en el año 2004 y dos años después estamos sin haberlo sancionado en la Cámara.

No sabemos por qué se va a mantener la emergencia por cuatro años más cuando no sabemos siquiera cuál es la situación que se tuvo en cuenta al hacer la propuesta.

Con respecto al tema de los pueblos originarios, quiero decir que hay dos maneras de interpretar las relaciones en la sociedad: una es hacerlo en clave de enfrentamiento, en clave de secta, de gueto, de grupos separados y aislados que son distintos entre sí.La otra manera de interpretar las relaciones en la sociedad es la progresista, que considera que lo que está en juego en las relaciones sociales es la humanidad como un todo y que todos los hombres son iguales. De manera tal que me parece extremadamente importante el artículo de la Constitución Nacional que obliga a los argentinos a respetar el origen cultural, las tradiciones culturales de los pueblos originarios de la Argentina, que en muchos casos son extremadamente valiosas.

Pero no me parece igualmente plausible ni loable que pretendamos hacer divisiones étnicas en la Argentina, que serían contrarias a los principios progresistas más básicos de la Constitución Nacional y de las tradiciones argentinas.

A continuación la señora diputada Comelli va a terminar la intervención de nuestro bloque.

 Comelli, Alicia (MPN,Neuquén)

 Señora presidenta: después de la discusión que se ha dado, de la dilación en el tratamiento de este proyecto, sigo creyendo que está destinado a generar más problemas que soluciones y que va a afectar seriamente los intereses de la Nación.Y lo digo totalmente alejada de alentar cualquier idea de otros tiempos, en los que la diversidad cultural y la tolerancia eran sólo entendidas para los blancos a expensas de nuestros hermanos indígenas.

Creo que en el país hay lugar para todos, aunque tal vez no para los que, con un barniz de resistencia o protesta social persiguen en realidad la creación de verdaderos enclaves políticos donde no rijan las leyes argentinas. Esta realidad la hemos vivido y sufrido muchas veces, sobre todo en mi provincia a través de la palabra y acción violenta de sectores que se dan en llamar "pueblo mapuche en reivindicación de su territorio", ni siquiera hablan de tierras.

No son la mayoría, y lo digo en defensa y como representante elegida también por las comunidades mapuches que existen en mi provincia, a diferencia del proyecto que se está considerando, donde se pretende incluir a otras que, como voy a demostrar, nada tiene que ver con nuestras agrupaciones indígenas neuquinas Ancatruz, Puel, Painefilu, Currumil, Huayquillán, Aigo, Cayulef, Painemil, Kilapi, Antiñir, Millaín, Currical, Filipin, Mellao Morales, Cheuquel, Aucapán, Atreico, Quinchao, Chiquilihuin, Namuncurá, Rams y Catalán.

En realidad, esta norma es una suerte de amnistía social con la que se estaría beneficiando tanto a justos como a pecadores, que podría derivar en serios perjuicios, incluso económicos, para el Estado nacional. Se están comprometiendo no sólo recursos públicos, sino la acción misma del Estado, tanto para los hermanos indígenas que han sido injustamente expoliados en sus derechos o en sus tierras, que los hay y son muchos, como para estos otros grupos que vergonzosamente pretenden hacer un negocio de ello, porque varios ocupan tierras a sabiendas de que nunca les pertenecieron, y en la actualidad están apurando gestiones para ser considerados por el INAI como comunidades indígenas.Afirmo esto en particular por el ejemplo que se cita de la supuesta comunidad Paichil Antriao.

Con solo consultar el Archivo Histórico de la Nación se pueden encontrar los documentos que demuestran que a estas familias mapuches chilenas que llegaron en la Campaña al Desierto en 1880, se les cedieron unas tierras previa exigencia de la adopción de la ciudadanía argentina. Desde entonces, no vivieron ni viven en comunidad sino que ellos y sus sucesivas descendencias, desarrollaron una actividad dentro del marco del derecho civil y leyes que nos abarca a todos.

Cito este ejemplo para demostrar que esta es una gran falacia, tal como lo señalé al comienzo, en defensa de los pueblos mapuches que mi provincia reconoce, ya desde 1960 con el primer censo y la primera reserva de 175 mil hectáreas para la posterior adjudicación de los títulos a quienes les pertenecía en propiedad comunitaria y en resguardo de su cultura. (…)

Maffei, Marta (ARI, Buenos Aires)

Señora presidenta: la sanción de esta norma es un compromiso que la Cámara asumió en diciembre del año pasado, cuando estaban presentes en este recinto representantes de las comunidades indígenas y cuando teníamos dictamen favorable de todas las comisiones que habían analizado el tema. Pero por falta de quórum no se pudo tratar el proyecto.Por eso pensaba que no era necesario hacer demasiadas aclaraciones sobre un tema que todos conocemos.

Todos los argentinos sabemos los miles de injusticias y de arbitrariedades que han caído sobre el conjunto de la población indígena. El señor diputado preopinante decía que esta circunstancia le hacía acordar a alguna situación de Inglaterra o de Estados Unidos, y yo digo que a mí me hace acordar a los 500 años de despojo, a la conquista y colonización a sangre y fuego, a la muerte de millones de indígenas, a la arbitrariedad, a la explotación y al saqueo, ya que no sólo se les retiraron sus tierras sino también sus familias, el oro, la plata, las riquezas y los cultivos.

Me pregunto cómo es posible no reconocer todavía la injusta situación que padecen los aborígenes en nuestro territorio nacional. Hace alrededor de tres años el mismo gobierno nacional, mediante un pedido de informes, manifestó a través del Ministerio de Justicia que efectivamente había una enorme deuda con los indígenas, que no estaban adecuadamente asesorados, que la Justicia no los atendía correctamente, que los propios jueces ignoraban la legislación nacional, etcétera.

Cuando hablo de la legislación nacional me refiero a las leyes 23.302 y 24.071 y al artículo 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los indígenas y el derecho a la tierra que ocupan y a otras aptas para el desarrollo de sus comunidades. Entonces, no puede leerse parcialmente la Constitución.

Los señores diputados preopinantes manifiestan que el artículo 2° impide al juez clarificar la situación de derecho en que están esas tierras; no es así en absoluto. Lo único que hace este proyecto es suspender los desalojos, los despojos y las expulsiones que se realizan sin ley, sentencia ni justicia, porque las topadoras de las empresas toman la decisión de arrasar los asentamientos indígenas sin respetar norma o jurisdicción alguna.

De ninguna manera se impide al juez clarificar determinada situación; lo único que se hace es impedir que se continúe expulsando gente de territorios que, por negligencia, impericia, falta de recursos, de tiempo y de continuidad en las políticas, no han podido ser relevados aún y se encuentran efectivamente ocupados por indígenas.

Tan así es que esta norma termina diciendo que los indígenas, además de demostrar que actualmente viven en el territorio cuya posesión es ancestral y pública, deberán comprobar fehacientemente su acreditación. ¿Cómo acredita un indígena que vive ancestralmente en un territorio cuya posesión es pública y actual? Evidentemente esta es una cuestión reiterativa y constituye un abuso y un exceso. Por lo tanto, nosotros vamos a plantear una objeción al artículo 2°.

De todos modos, no intentaremos ratificar por esta vía que se trata de una suspensión sine díe y no tiene objetivos claros. El objetivo está establecido claramente en el artículo del proyecto que fija en tres años la responsabilidad de efectuar un censo nacional que determine dónde viven los indígenas, cuántos son, a qué comunidades pertenecen, qué territorios ocupan, a qué se dedican y cuánto tiempo hace que están radicados en esas tierras.

Es imprescindible suspender los desalojos; no puede hacerse ningún relevamiento o censo mientras existan comunidades, en las rutas, que fueron corridas y expulsadas por las topadoras de las empresas.Por las razones expuestas, adelanto el voto favorable de nuestra bancada, con la salvedad de que plantearemos una observación en el artículo 2° ya que las exigencias son excesivas y las personas ya desalojadas quedan desprotegidas.

Todavía tenemos en nuestro territorio más de veintinueve comunidades que se encuentran al borde del desalojo, y es bastante probable que esto suceda, teniendo en cuenta que estamos por sancionar esta ley.

 Marino, Adriana del Carmen (FPT, San Juan)

 Señora presidenta: he escuchado con muchísima atención al señor diputado del bloque oficialista y a los que me precedieron en el uso de la palabra.

Si bien en este momento reina cierto silencio, hace unos instantes la señora presidenta tuvo que llamar al orden a los señores diputados. Con muchísima tristeza miraba la fotografía de la mayoría de mis compañeros sumidos en un gran desinterés por el tema que estamos considerando.

En realidad, se trata de un desinterés histórico que tiene nuestro país por las comunidades aborígenes que existen a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Concuerdo ampliamente con la gran mayoría de los fundamentos de este proyecto, pero personalmente no lo voy a apoyar, no por cuestiones técnicas sino humanas, porque considero que la metodología que se va a utilizar no es precisamente la apropiada.

En esa dirección soy coautora de un proyecto junto con el diputado Baigorri, en el que estamos pidiendo la titularización inmediata de las tierras de todas las comunidades aborígenes.He estado en varios encuentros de comunidades aborígenes y puedo decir y asegurar que están muy organizadas. Aquí se habló de censos y de cantidades, pero deben creerme que están perfectamente organizados, y ese ha sido el motivo del éxito por el cual hoy aún subsisten en una sociedad argentina que les ha dado la espalda.No es menos cierto que en nuestras provincias existen terratenientes inescrupulosos que asociados a jueces más inescrupulosos aún han hecho una entrega abusiva y un despojo abusivo, en contra de los aborígenes, con una entrega en favor de estos terratenientes como señalé.

El ejemplo se repite en todas las comunidades aborígenes que se quieran recorrer. Así que no me estoy oponiendo a este proyecto porque a los indígenas no haya que restituirles y darles la titularidad de las tierras inmediatamente.Por el contrario, considero en lo personal que este proyecto de ley, que hace una apertura a la emergencia, no nos va a conducir directamente a la solución, que estoy casi segura que este gobierno nacional pretende lograr.

Eso no lo dejo de considerar ni lo quiero dejar de meritar. Incluso, puedo decir que probablemente compartamos el mismo objetivo. Puntualmente no comparto el camino. Antes de terminar quiero recordar a todos los compañeros diputados que se encuentran en el recinto que los derechos de los aborígenes son muy anteriores al Estado de derecho argentino.

Sin embargo, permanentemente, en todas las ocasiones, hemos hecho oídos sordos a sus reclamos.

Zancada, Pablo V. (PS, Santa Fe)

Señor presidente: la República Argentina se constituyó como Estado-nación sobre la base de la negación de las raíces históricas, sobre todo de sus ocupantes originarios. La usurpación de sus territorios es una historia conflictiva pero es nuestra historia y debemos asumirla como tal.El despojo de la tierra de los pueblos indígenas se mantiene hasta nuestros días. Recién escuchaba a la señora diputada preopinante, quien señaló que en cuanto a los aborígenes y sus tierras hay algunos terratenientes interesados, y yo agregaría que también hay algunos funcionarios de distintas direcciones de catastro de provincias argentinas que pasan e informan a inmobiliarias y a esos empresarios cuáles son las tierras que hay sin títulos en cada provincia.

Como dirían los paisanos en el sentido de que hay que otear el horizonte o los propios aborígenes, que hay que subir a un monte elevado para mirar a lo lejos, ese mirar a lo lejos significa también mirar hacia atrás para ver la historia. Allá por 1826, durante la presidencia de Rivadavia, se sancionó aquella famosa ley de enfiteusis, por la que se le entregaban 8 millones 600 mil hectáreas de nuestro país solamente a 538 propietarios. Hay muchas leyes en la historia que no tuvieron en cuenta a los pueblos originarios.

Allá por el año 1882 se sancionó la ley de remate público, referida a 5 millones 500 mil hectáreas. ¿A quiénes se las entregaron? A los especuladores, que existen desde los primeros momentos de nuestra historia. También me tengo que referir a la ley 1.582, de derechos posesorios.

En este sentido, tendríamos que preguntarnos qué entendemos por derechos posesorios. ¿No son los derechos de los aborígenes? Se entregaron 820 mil hectáreas solamente a 150 personas. Luego, en 1885 se sancionó la ley de premio por servicios prestados a la patria, que benefició a los militares que lograron alzarse con 4,7 millones de hectáreas. Durante todo el proceso de la conquista del desierto, entre 1876 y 1903, se canjearon por monedas nada más y nada menos que 42 millones de hectáreas entre 1.800 terratenientes; de esas hectáreas, seis millones fueron a parar a manos de sólo 67 personas. (cursiva, del editor de Congreso Abierto)

Con posterioridad este Congreso premió el genocidio -perdón, la conquista del desierto-, entregándole 15.000 hectáreas al general Roca. ¿Nuestra conciencia no nos interpela? ¿No nos pregunta qué es lo que vamos a votar? ¿Qué desalojos vamos a aprobar? ¿Por qué se desaloja a los propietarios? En mi opinión tienen derechos adquiridos. Ellos hacen de la pachamama su cultura, sus anhelos, su cosmovisión, sus raíces y sus familias. Evidentemente, este proyecto da respuesta en parte a sus históricos reclamos, y por eso sólo constituye un punto de partida. Digo esto porque la norma en tratamiento no contempla el principal reclamo, tal como lo señaló la señora diputada preopinante.

El dolor que siente en sus entrañas un aborigen es producido por la necesidad de regularizar la propiedad comunitaria. El informe de Bartolomé de las Casas sobre la conquista de América habla de la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Justamente, durante el tratamiento de este proyecto en la Cámara alta el senador Giustiniani recomendó con buen tino que empecemos a releerlo para conocer la verdadera historia de los aborígenes de nuestra patria.

Por otro lado, como integrante de distintas ONG he caminado diferentes comunidades aborígenes: El Paraisal, Llavec Lavá o Pedro José, la isla Mocoví y Colonia La Primavera en la provincia de Formosa. Ahí he escuchado al toba Félix Díaz contarme cómo murieron sus dos hijos; simplemente me dijo que murieron por falta de atención médica. Señora presidenta: ayer usted estuvo presente en la entrega del suplemento correspondiente a la edición 30.747 del Boletín Oficial, en el que podemos leer: "Las mujeres indígenas de nuestro país sufren una triple discriminación: por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres. La palabra con la cual ellas resumen más claramente el tratamiento discriminatorio en las instituciones educativas, de salud o en la administración pública es la humillación que les hacen sentir a través de las actitudes y del lenguaje con largas esperas."

Justamente el toba Félix Díaz me dijo que sus dos hijos murieron como consecuencia de las largas esperas en un dispensario de El Paraisal, en el departamento Pilcomayo, provincia de Formosa. Aquí tengo el DNI y la denuncia presentada ante el INAI, que todavía no tuvo respuesta. También lo he escuchado decir cómo los blancos hacemos sus leyes, contamos sus historias y hacemos sus películas, en las que muy pocas veces tuvieron participación.

Por supuesto que tenemos deudas, que no se remontan sólo a la reforma constitucional de 1994 -que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, la personería jurídica, sus comunidades y la propiedad comunitaria de sus tierras- sino mucho más atrás. Desde el mismo momento que el marinero Rodrigo de Triana avistó tierra en el barco de Colón, han existido los desalojos.

Son cada vez más violentos y con mayor fuerza, sobre todo teniendo en cuenta que en algunas provincias existen fuerzas armadas privadas, como denuncié en este recinto cuando planteé una cuestión de privilegio el 27 de diciembre, cuando avanzaron sobre los aborígenes de Pozo Barrancayog, en Santiago del Estero. Sin embargo, esa cuestión de privilegio no tuvo un resultado favorable en la comisión. Como dije al comienzo, el proyecto que estamos tratando significa un punto de partida pequeño, porque falta mucho para la meta. Los desalojos existen y son parte de la realidad que viven las distintas comunidades.

Es fundamental que asumamos en este recinto la responsabilidad de cumplir con lo pactado y adeudado a los pueblos originarios.La más grande enfermedad que tenemos hoy día no es la lepra ni el sida ni la tuberculosis, sino "el sentimiento de no ser reconocido", como dijo la Madre Teresa de Calcuta.Para terminar, debo expresar que las retenciones agrícolas no deben significar impedimento alguno para los pueblos originarios. La soja avanza, y el aborigen retrocede.(Aplausos.) Tinnirello Carlos Alberto (ex MAS, Capital Federal) Señora presidenta: me cuesta mucho tomar una determinación en relación con este proyecto, porque aparentemente persigue la finalidad de defender los derechos de los pueblos originarios.

Teniendo en cuenta la suspensión de los desalojos, uno rápidamente podría sacar esa conclusión. A pesar de las dudas a las que hizo mención la señora diputada preopinante, es importante tener en cuenta algunas cosas. Desde ya que estoy absolutamente en contra de cualquier tipo de desalojo, a tal punto que en muchas oportunidades he tratado de trabajar en función de ello con los pueblos originarios de diferentes puntos del país.

Tienden a pelear y a luchar. Muchos de ellos, como ocurrió con los mapuches en el Sur, en la zona de Chubut, se vieron enfrentados con el propio ejército argentino, que le reclamaba las tierras. Ese ejército avanzó con sus tanques para desalojarlos, pero los aborígenes sentados en sus caballos les manifestaron a los soldados que de allí los sacaban muertos. Dijeron que eran sus tierras, constituían sus derechos, estaban sus ancestros, formaban parte de su historia, y por eso ahí se quedaban.

En ese marco conflictivo que se viene produciendo desde hace varios años veo en este proyecto una serie de cuestiones que me parece habría que modificar.Se habla de la suspensión de los desalojos durante el lapso que se declaró la emergencia. Esto es así para quienes tradicional y públicamente están fehacientemente acreditados en esas tierras.

Entiendo que tenemos un problema importante, porque la reforma que se introdujo en la Constitución en 1994, basada en lo que prescribe el Convenio 169 de la OIT, es mucho más avanzada que lo que prescribe este proyecto. Se habla de reconocer el derecho tradicional de las tierras.Incluso se reconoce la personería jurídica de las comunidades, pero no se habla de un otorgamiento. Se reconoce la personería jurídica, planteándose la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupaban.

¿Esto qué significa? Que cuando decimos "que actualmente ocupan" queremos significar que solamente se establece un marco legal para preservar a los que en este momento están en posesión de la tierra -que realmente son muy pocos y a quienes por supuesto hay que preservar- pero no estamos contemplando la cantidad inmensa de tierras de las cuales han sido desalojados los pueblos originarios.

Entonces, me parece que es un buen intento, pero no sólo queda a medio camino sino que se frustra y de poner atención a la cuestión incluso estaríamos legitimando lo que ya pasó. Y creo que no podemos legitimar los desalojos que se han producido hasta ahora y que seguirán ocurriendo hasta el momento de la votación de este proyecto.

Considero que estamos ante un problema importante en la votación de esta iniciativa porque, repito, roza la legitimación de lo que ya ha sido impuesto con los desalojos de estos pueblos originarios, que son muchísimos. Por ejemplo, el terrateniente Benetton se ha apoderado de 1.800.000 hectáreas hace ya cuatro o cinco años, desalojando a muchísimos pueblos originarios, entre ellos un emblema de esta lucha, Atilio Curiñanco y su compañera Rosa Nahuelquir, y no les quiere devolver las 535 hectáreas que ellos tenían en su predio Santa Rosa.

Incluso, nosotros estamos reclamando la expropiación a fin de que se restituyan esas tierras.También se podría avanzar un poco, porque el tema de las tierras no sólo tiene que ver con la cuestión indígena. Hay algunos datos que ya se han dado y que me gustaría reiterar, porque considero que es importante tenerlos en cuenta. Estamos plantados sobre un despojo y un genocidio monumental, que sería bueno reconocer en algún momento en profundidad ya que, según estudios de la Universidad de La Plata, el 60 por ciento de los habitantes de este suelo tenemos genes indígenas. O sea que somos parte de esa realidad, a pesar de que en muchos momentos tratamos de ocultarla y olvidar lo que realmente ha sucedido.

Jacinto Oddone, en la página 218 de su libro La burquesía, cuenta que en 1885 el Estado se desprendió de 4.750.471 hectáreas a favor de 541 particulares. También, entre 1876 y 1903, es decir en menos de treinta años, el Estado regaló o malvendió 41.787.023 hectáreas. Debemos recordar también la Campaña del Desierto, aquel famoso genocidio que todavía hoy seguimos reivindicando porque aún tiene su monumento el famoso genocida Roca, hacia el cual organiza los escupitajos, a pesar de su elevada edad, Osvaldo Bayer, con su pudor y con su orgullo de persona digna. Sin embargo, seguimos reivindicando a Roca o, por lo menos, aún no nos hemos dignado tirar abajo ese monumento, que es algo que este Congreso debería analizar (…)

Román, Carmen (FPV, Formosa)

Señora presidenta: entre las buenas costumbres que mi padre -un campesino del interior formoseño- pretendió inculcar a sus hijos se cuenta la de ser agradecidos. Creo que, en general, no lo defraudamos.

Es por ello y porque lo siento como un imperativo de conciencia, que procedo a hacer público mi reconocimiento a los hacedores de este proyecto de ley que produce en mi espíritu una agradable sensación de bienestar, porque me permite descubrir en él las huellas de reconocimiento y consideración hacia nuestros iacaiá, hermanos aborígenes.

José Rivero Salazar, aborigen de la etnia pilagás, que habita en Formosa, decía: "Nosotros somos el verdadero testigo de nuestra historia, del origen del mundo indígena. Tenemos el testimonio indiscutible de la tierra, de los árboles, de los ríos, de los pájaros y de los vientos que pasaron por encima de los parajes y muchos delos primeros habitantes de este territorio".

Maciel Medina, hermano Qom, de Pampa del Indio, Chaco, expresaba: "Muchas veces nos dicen 'indios haraganes'; yo no encuentro a mi raza aborigen haragana... Trabajadora, sí. Porque si necesita obreros la zafra azucarera de Las Palmas, buscan la mano de los pobres para que obtenga riqueza la compañía. La mano del pobre, no del pudiente."Yo discuto al gobierno que dice, yo discuto a mis compañeros del partido cuando dicen así: 'Los indios haraganes, ¿para qué quieren tanta tierra, si no saben trabajar, si no saben limpiar su chacra?""Sin embargo, cuando hay un colono grande, antes de pagar sus gastos a la topadora, busca la topadora de la mano de los indios para limpiar su chacra en el desmonte. Y le paga lo que no alcanza, ni para el segundo hijo. Al tercero ya no queda nada, ni para vivir...".

Tal vez por eso hubo un tiempo, 1994, el mes de agosto, la luna de las flores, que era como empezar el año oká nik chion, cuando se decidió realizar la reforma de la Constitución Nacional.

Las comunidades indígenas de todo el país sintieron que llegaba la ocasión histórica de reclamar el reconocimiento de sus derechos fundamentales, que quedaron definitivamente plasmados en el capítulo IV, artículo 75, inciso 17, que dice: "Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos."Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten."Innegablemente, y en consonancia con el espíritu de la Carta Magna, algunas provincias han reformado sus Constituciones sancionando leyes específicas que establecen suficientes fundamentos jurídicos para concretar el derecho de los indígenas a la tierra.

A pesar de dichos esfuerzos legislativos, a doce años de esa reforma aún no hemos cumplido cabalmente con el mandato constitucional ni sentado las bases firmes de una política nacional que la haga suya. Por eso, aún hoy no sabemos con exactitud cuántos indígenas hay en nuestro territorio ni cuántas comunidades se encuentran asentadas ni dónde se hallan.

Tampoco sabemos cuánta tierra necesitan para lograr un desarrollo cierto y efectivo que les permita emerger de la pobreza y la marginación en que se encuentran sumidas.En este contexto, en los últimos años algunas comunidades indígenas de nuestro país han podido recuperar parte de sus tierras tradicionales. Sin embargo, en los tiempos actuales, tanto en el Sur como en el Norte podemos constatar situaciones que atentan contra la existencia de estas poblaciones: la fiebre de la soja, la explotación de los recursos naturales, la construcción de instalaciones hidroeléctricas, entre otros factores, y fundamentalmente la crisis económica, que puso en nuevas manos la tierra. Eso originó y origina un número nada despreciable de desalojos y expulsiones de distintas comunidades de las tierras que ancestralmente venían ocupando.

Son estos hechos preocupantes e injustos los que nos obligan a tomar medidas legislativas que cierren definitivamente un largo y doloroso capítulo de nuestra historia y conviertan a la Constitución Nacional y leyes vigentes en operativas y viables.En este sentido, y con el mismo objetivo, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, a través del documento Para una mejor distribución de la tierra, solicitó a todos los niveles una fuerte toma de conciencia de los dramáticos problemas humanos y sociales que desencadena el fenómeno de la concentración y la apropiación indebida de la tierra, y consideró que se trata de problemas que golpean en su dignidad a millones de seres humanos y privan de una perspectiva de paz a nuestro mundo.

Sin duda alguna estos problemas también se presentan en nuestro país y afectan particularmente a las comunidades originarias. Las consecuencias sociales que esta problemática origina son elevadas y graves. Los pueblos indígenas que en su cultura y espiritualidad consideran a la tierra como el valor fundamental que los une, que alimenta su identidad, han ido perdiendo el derecho legal de la propiedad de las tierras donde viven desde hace siglos, tal vez desde el momento mismo en que se crearon los latifundios, con el consecuente riesgo, absurdo pero concreto, de que se los considere invasores en sus propias tierras.

Por todo ello, así como llegó el momento histórico de reconocer sus derechos en la Constitución, considero que también ha llegado la hora de terminar con tanta inequidad e injusticia, y para ello debemos reconocer que el problema integral del indígena es una cuestión mayor que requiere el consenso solidario de cada uno de nosotros si se pretende encontrar una solución definitiva.

Conscientes de la envergadura del problema hoy debemos estar dispuestos a usar las armas que tenemos a nuestro alcance, sin alardes desmesurados ni arrogancias, sino con la humildad de quienes estamos cumpliendo con una misión que el pueblo y Dios pusieron en nuestras manos. Se trata pues de manifestarnos consecuentes con nuestro propio ser, con nuestra línea de conducta y funciones, buscando dar a nuestros hermanos su lugar exacto en el mundo.Para concretar este proyecto de reparación histórica y humana no pensemos solamente en los recursos económicos, dado que por sí solos son importantes pero no suficientes. Pensemos que somos partícipes de la creación de una ley esencialmente humana (…)

Snopeck, Carlos Daniel (FPV, Jujuy)

Señor presidente: en rigor de verdad se ha dicho bastante sobre este tema y probablemente no sea necesario insistir sobre la concepción global que lo informa.Mi intervención tiene que ver con la necesidad que advierto de clarificar algunos conceptos del texto en consideración, que en mi opinión pueden ser de significación a la hora de que los jueces de la Nación deban interpretar el pensamiento de los legisladores que aprobamos esta iniciativa, con lo cual adelanto mi voto por la afirmativa.

Me parece oportuno mencionar que he inspirado y contribuido a redactar parte de un libro del doctor Agustín Pablo Pestalardo -un comprovinciano radical-, de aproximadamente cuatrocientas hojas, que se refiere a los pueblos originarios de América. Por supuesto comparto lo dispuesto por nuestra Carta Magna en esta materia, así como la necesidad de dictar normas que regulen estos derechos, pero es conveniente establecer algunas precisiones sobre el articulado en consideración.

El texto de esta norma tiene cuatro partes: la declaración de la emergencia, la suspensión de los plazos en procesos judiciales o administrativos cualquiera fuere su estado y la jurisdicción de que se trate, la realización por parte del INAI de determinadas tareas de relevamiento y mensura, y por último, la creación del fondo especial de 30 millones de pesos a constituirse en tres períodos, que son los que se asignan al INAI para su labor.

Estimo importante señalar que el proyecto de ley se refiere primero a comunidades indígenas originarias del país, no a un hombre que se dice habitualmente originario, que toma una propiedad y después pretende sustituir al propietario original. No es así, sino que claramente habla de comunidades indígenas originarias y con personería jurídica inscripta en el registro al momento en que se pretende aplicar las disposiciones de la ley, es decir, no la que saca de apuro el día de mañana.Además dice "preexistentes".

Fíjese usted, señora presidenta, que contiene una definición muy importante que vale la pena señalar: habla de las tierras "que tradicionalmente ocupen" las comunidades indígenas. Esto se trata de una tradición que implica más que un número determinado de años; implica probablemente hasta generaciones de habitantes.De modo que la norma no se refiere a aquellos que aparecieron hace dos o tres días.

West, Mariano Federico (FPV, Buenos Aries)

Señor presidente: me siento plenamente representado por lo expresado por la señora diputada Román, cuyas palabras incluso me hicieron recordar el sentimiento que tuvimos en la oportunidad de estar en la Convención Constituyente de 1994, el espíritu que su coterráneo Floro Bogado impuso en la Convención militando por este artículo, que fue votado por unanimidad y por aclamación.

Pido autorización para insertar las palabras que tenía pensado decir y agradezco a los señores diputados de otros bloques que expresaron su apoyo a este proyecto de ley.

Bejarano, Mario Fernando (FPV, Formosa)

 Señor presidente: por honestidad intelectual quiero sentar una posición que posiblemente no resulte muy simpática para muchos. Creo que los argentinos desde hace tiempo tenemos que dejar de debatir sobre algunas cuestiones en las que deberíamos estar de acuerdo. Una fundamental es la vinculada con nuestra identidad cultural o lo que nos gusta llamar el "ser nacional". Alguna vez Gabriel García Márquez dijo que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos.

Esto es lo que estamos demostrando, porque aquí se está soslayando un problema central: parecería que en el siglo XXI estamos descubriendo a los indios, y además salimos a buscarlos fuera de nosotros. Desempolvamos orgullosos los cuadros del abuelo italiano o español y nos olvidamos de una cuestión primordial: seguimos en orgías de sangre que no ocurrieron en nuestro país por dos razones. En primer lugar, porque España vino a colonizar y, en segundo término, la Iglesia católica, a evangelizar. Muy diferente fue la posición de los ultraprotestantes que salieron de Inglaterra a conquistar a Estados Unidos y suplantar una civilización por otra; aquí hubo fusión.

Por eso, si dejara pasar por alto este aspecto estaría defraudando dos mandatos: el de sangre porque reconozco tener un porcentaje de sangre aborigen -más del 90 por ciento de los señores diputados aquí presentes seguramente tienen algún antepasado indígena y corre por sus venas un chorro de sangre india- y el de la provincia que me eligió.

Debo resaltar que este debate no se ha dado en mi provincia. Si me permiten voy a leer un párrafo de la Constitución de la provincia de Formosa. En dicha Constitución se establece que la provincia reconoce la preexistencia de los pueblos aborígenes que la habitan. El Estado reconoce y garantiza su identidad étnica y cultural, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.

Además agrega que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asimismo establece su participación en la gestión referida a los recursos naturales y demás intereses que los afectan.En mi provincia, que es pluricultural y pluriétnica, tenemos concejales, intendentes, diputados y funcionarios públicos que son aborígenes. En base a ello hemos acordado 330 mil hectáreas en propiedad comunitaria de las poblaciones aborígenes.Entonces, no hay que salir por una cuestión de prejuicio racial o intelectual a buscar el indio afuera. El indio está adentro nuestro.

Aquí hubo fusión, hubo integración. Somos parte de esa Nación, y como dijo el señor diputado que me pidió la interrupción, el 60 por ciento de nuestros genes con seguridad son aborígenes. Por eso no le di la interrupción porque coincido con él.Dejemos de comprar textos ajenos. Dejemos de creer lo que nos mandan: de una vez y para siempre fijemos qué somos los argentinos y, después, pongámonos a legislar. Esto es todo lo que quería decir. (Aplausos.)

Camaño, Dante Alberto (PAUFE, Buenos Aires)

Señor presidente: deseo fundar mi voto en disidencia absoluta con el proyecto que estamos tratando, señalando tres o cuatro cuestiones, ya que no quiero reprobar o de alguna forma aparecer como que no respeto el sentimiento democrático, el de la Constitución y el de los números.Nadie me puede decir que no conozco a los indios.

No necesito usar palabras bonitas como pueblos originarios, hermanos aborígenes, y muchas de esas palabras que usan algunos corruptos que viven a costillas de ellos, de los mangazos, de las organizaciones de presunta calidad, de los votos, que venden a tres o cuatro partidos por elección. Quizás no sea culpa de ellos, pero la realidad es que están.

Reitero que no me atemoriza hablar del tema ni me tengo que adornar con pluma ajena porque yo sí conozco a los indios. Yo sí conozco a los wichis. Sí, conozco la diferencia que hay entre un pilagá y un wichi porque he convivido con ellos. Sé lo que ha pasado y sé también que no es la primera vez que se le entregan tierras.No es la primera vez ni va a ser la última en que esas tierras sean regaladas, usurpadas o explotadas por vivillos. Personalmente trabajé en la entrega de tierras en Las Palmas.

En este recinto hay diputados del Chaco que deben conocerme de tanto fatigar esos lugares. ¿Saben qué pasó? No se ha trabajado nunca. ¿Saben qué pasó? Que muchas de esas tierras fueron depredadas por carapálidas vivos que hicieron carboneras y destrozaron bosques centenarios de urunday y algarrobos. Lo he visto con mis propios ojos, nadie me lo contó.

¿Cómo prevemos en esta ley que eso no suceda? No lo noto. ¿Saben algo más? Muchos de nosotros hasta genéticamente -es fácil observarlo en los rostros- tenemos ascendencia indígena. Yo me honro de que entre mis ocho bisabuelos tenga una bisabuela indígena: la vieja Espeche, posiblemente una de las últimas querandíes.Y voy a decirles otra cosa: no hay respeto por la autoridad provincial.

Esto es un atropello al federalismo, porque acá queremos imponer medidas, muchos de nosotros sin conocer siquiera el tema y sin conocer a los indios. Aclaro que yo les digo indios, porque eso de hermano aborigen o de pueblo originario me suena muy sospechoso, me suena a vivo. Como los vivos que estuvieron en la plaza de Resistencia. Eran todos unos pícaros y el jefe era un sinvergüenza a quien conozco: es un remisero de Colonia Benítez. ¡Flor de sinvergüenza! Hombre de muy malas costumbres por otra parte.

¿Qué hay en esta ley de respeto por la autoridad provincial? ¿O las provincias no saben cuidar a su gente? ¿Vamos a acusar a todos los gobernadores y a todos los poderes legislativos provinciales de que no están trabajando por el problema de los indios? Parece que sí, no se dice nada al respecto; no se otorga ningún tipo de curatela ni de prevención a la hipotética reglamentación que puede convertir esta propuesta en papel higiénico.

Sin duda podemos equivocarnos. Sin ir más lejos, durante una discusión que compartimos representantes de diferentes bloques, sacamos conclusiones distintas de los mismos fundamentos. Evidentemente, no estamos hablando el mismo idioma. Seguramente vamos a tener que trabajar un poco más sobre algunos temas. Este proyecto es lamentable desde todo punto de vista, porque no contempla los verdaderos intereses de los indígenas.

Esto tiene que debatirse desde otra óptica, con mayor profundidad, con gente que conozca el problema, que sepa cómo piensan, cómo actúan y que haya convivido durante años con ellos, como lo hizo quien les habla. Parece que quien redactó esta iniciativa conoce a un solo indio, a Patoruzito, o quizás a algún sioux. (Aplausos). Les pido que no me aplaudan, porque me distraigo, dado que no estoy acostumbrado.

Recuerdo que en 1989 asumió en el Chaco como diputado provincial un aborigen amigo mío; un vago divino, peronista. El día de la asunción se presentó con una hermosa tiara de plumas. Parecía un sioux. Pero los indios de nuestra zona jamás usaron tiaras de plumas, por la sencilla razón de que en una región de bosque achaparrado y de matorrales cualquiera que usara ese adorno en la cabeza era hombre muerto. Lo que usan son los cueros, pero para saberlo hay que estar allá. Hay que saber cómo se soba un urunday, y aquí hay gente que no puede distinguir un urunday de un quebracho.

En estas condiciones resulta difícil hablar de este tema. Creo que este papel -eso es lo que es, no una ley- no va a servir. Estamos avasallando a las provincias, porque no respetamos las facultades de los gobernadores. Pareciera que les estuviéramos diciendo que no las manejan bien y que los señores legisladores provinciales no son dignos representantes de su pueblo, porque no los entienden a pesar de convivir con ellos. ¡Esto no es así!

Quien no vivió en lago Puelo no me puede venir a hablar de un mapuche. Si nunca pescó, cazó ni sufrió no me puede contar nada. Por ese motivo, considero que esto no es nada más que un manojito de buenas intenciones, que no va a servir, que nos va a enfrentar con los gobiernos provinciales y que nos hará caer en el ridículo .. No debemos olvidar que estamos en esta casa para debatir -cosa que no se da muchas veces- y, si es necesario, chocar en la compulsa.

No todos tenemos el don de la oratoria. Como no sobran los Cicerones y los Demóstenes en esta Cámara, a veces, por ignorancia o incapacidad, podemos ofender. Aclaro que no es mi intención ofender a quienes trabajaron en este tema; simplemente hago un llamado a la reflexión: no podemos aprobar este proyecto, porque estaríamos atropellando las facultades de los gobiernos provinciales.

Con esta iniciativa no estamos aportando la solución que los pueblos indígenas merecen. De ninguna manera podemos seguir beneficiando a estos sinvergüenzas de Coronel Vedia, Las Palmas o San Carlos, donde hay miles de hectáreas depredadas. Un urunday, un quebracho o un algarrobo necesitan entre 80 y 90 años para desarrollarse. Hoy no queda nada, pero los indios continúan en sus ranchitos esperando las elecciones.

Esto es lo que vamos a hacer si aprobamos este proyecto. Por estas razones, anticipo con profundo respeto hacia quienes opinen diferente mi voto negativo a esta propuesta.

Mongelo, José Ricardo (Frente para la Victoria, Chaco)

Señor presidente: quiero rescatar el valor de este proyecto, la mirada especial que aporta el gobierno nacional, el trabajo que viene desarrollando el INAI y, fundamentalmente, el Instituto del Aborigen chaqueño, tendiente a la regularización definitiva de miles de hectáreas en la República Argentina. Digo esto porque en la provincia del Chaco, donde la tierra y las reservas aborígenes sufrieron atropellos muy fuertes provenientes del Estado provincial, mediante la intervención del Instituto de Colonización, se entregaron de manera indiscriminada casi dos millones de hectáreas que pertenecían en su mayoría a reservas aborígenes. No siempre las comunidades indígenas que se rescatan por medio de las leyes tienen la posibilidad de ser defendidas de la forma que se plantea con el instrumento legal que aprobaremos.

Quiero destacar el valor, el significado, el esfuerzo y el profundo reconocimiento a las comunidades indígenas, porque si bien hoy no están representadas en este Congreso de la Nación, a partir de la fuerte inserción política, de la representación y del respeto que se percibe desde el gobierno nacional en la conformación de un consejo interprovincial de representaciones interétnicas de las propias comunidades indígenas, van a tener voz en el gobierno de la Nación Argentina.

No se está avasallando ninguna autonomía municipal ni provincial. Simplemente se hace valer la Constitución Nacional y el reconocimiento que se tiene de las distintas comunidades en cuanto a sus derechos legítimos, como también respetar mediante un financiamiento concreto y palpable a las comunidades indígenas. (Aplausos).

Soto, Gladys Beatriz (Frente para la Victoria, Chaco)

Señor presidente: adelanto que vamos a aprobar este proyecto de ley, fundamentalmente porque pertenezco a la provincia del Chaco, donde aproximadamente existen 60 mil comunidades aborígenes de diferentes etnias. Por eso nos toca muy de cerca el tratamiento de este tema y solicito que nos acompañen nuestros pares en su sanción.Venimos de sufrir una discriminación total por parte de un gobierno provincial que avasalló los intereses de las comunidades aborígenes.

Ellos pretenden integrar a la comunidad con una discriminación total. Hoy nuestros aborígenes se están muriendo de hambre, porque no tienen posibilidad de generar trabajo ni una fuente de riqueza. Si uno viaja a la zona de El Impenetrable, a pesar de que en su momento se han entregado mediante la sanción de leyes nacionales miles y miles de hectáreas para que ellos las pudieran cultivar y trabajar, viviendo en su hábitat natural, nos damos cuenta de que hoy las grandes empresas multinacionales, con el acompañamiento del gobierno de nuestra provincia, los han avasallado y sacado de sus tierras.Esa cuestión la hemos detallado mediante una conferencia de prensa con diferentes integrantes de las comunidades aborígenes de nuestra provincia.

Hicimos mención de un gobierno discriminatorio. Se llegó a hablar del quite de las tierras, lo que ha generado hace un mes una huelga de hambre en la misma Casa de Gobierno de la provincia del Chaco. Allí los aborígenes reclamaron por sus derechos.

Entiendo a quien hoy dijo que posiblemente esta futura ley iba a avasallar algunos gobiernos y algunas provincias. Le puedo aclarar que en el caso de mi provincia eso no va a ocurrir. Creo que en el Chaco la futura norma va a generar la idea de que existe firmeza y fuerza en un gobierno nacional que desea gobernar para todos. (…)

Llamo a la reflexión a los señores diputados para que nos acompañen en la sanción de este proyecto de ley, ya que por algo hay que empezar. Esto es importante para la provincia del Chaco.

Hoy las comunidades aborígenes y el presidente del IDACH siguen reclamando por lo que el gobierno les había prometido a cambio de que levantaran la huelga de hambre: construcción de viviendas, entregas de los títulos de sus tierras y condiciones dignas para poder trabajar.

Por eso, como representante de una provincia totalmente discriminada por un gobierno provincial que instrumenta una política que nada tiene que ver con el crecimiento político, social y económico que hoy plantea el gobierno nacional, vamos a acompañar la sanción de este proyecto de ley.Reitero el pedido de reflexión a los legisladores, principalmente para quienes tenemos en nuestras provincias asentamientos de comunidades aborígenes, que muchas veces reclaman, con derechos legítimos, ser incluidas dentro de la política social y económica del Estado. Hoy vemos la posibilidad de que podemos dar un paso importante.

Como legisladores nacionales, representando a nuestras provincias, planteamos una lucha por la defensa de nuestros hermanos aborígenes, que reclaman por sus intereses. Por ejemplo, en los departamentos del Impenetrable son arrasadas miles y miles de hectáreas y sacados de su hábitat los aborígenes para poder cultivar soja, mientras este gobierno acompaña el avance de otros sectores que nada tienen que ver con la producción que verdaderamente debemos plantearnos en nuestra provincia.

 Digo esto porque aquellos que conocen de medio ambiente y de ecología saben que esas tierras en las que se está plantando soja, dentro de dos o tres años no serán aptas para cultivo. Por lo expuesto, vamos a acompañar este proyecto y llamo nuevamente a la reflexión a mis pares para que no respalden el estancamiento de otras provincias, que tal vez no sean como el caso de Formosa. A lo mejor el caso de nuestra provincia es totalmente distinto al del resto. Entonces, los dos legisladores nacionales de nuestra provincia avalamos y acompañamos esta iniciativa. (Aplausos).

Bayonzo, Liliana Amelia (UCR, Chaco)

Señor presidente: en la Comisión de Población y Desarrollo Humano, que integro desde que pertenezco a este Congreso, venimos trabajando sobre esta iniciativa. Este proyecto de ley del que en su momento fue autora la señora diputada Maffei -el Senado sancionó otro similar, que es el que hoy tenemos aquí- en honor a la verdad surgió hace dos años a raíz de los desalojos en serio, con topadoras, que hubo en la provincia de Salta.

Ese fue el detonante para que el Congreso se haya decidido a trabajar en un proyecto para proteger concretamente a las comunidades indígenas de los desalojos. En lo que respecta al Chaco, he trabajado y firmado el dictamen y, cuando lo discutimos en la comisión, advertí acerca del problema que podría surgir en las provincias cuando se dejaba de lado a las organizaciones aborígenes que en el Chaco concretamente funcionan de manera institucional y son reconocidas por el Estado provincial. Esas son las verdaderas asociaciones que conocen la situación y la realidad local.

Con respecto a mi provincia y a lo señalado por la señora diputada preopinante, quiero decir que hablo a partir de la experiencia y del trabajo real y serio con las comunidades aborígenes. Justamente he trabajado con la problemática de la tierra; he sido presidenta de la Comisión de Tierras de la Legislatura provincial y trabajé en serio acompañando a las comunidades aborígenes y conociendo profundamente su problemática.

En mi provincia no hubo un solo desalojo masivo de comunidades aborígenes. De paso, corrijo a la señora diputada preopinante, ya que son entre 40 y 45 mil aborígenes de todas las etnias y no, como dijo ella, 60 mil comunidades aborígenes en el Chaco. No hubo ni un solo desalojo y creo que la mía es una de las pocas provincias que ha cumplido con la ley nacional y con esa deuda histórica que consiste en entregar a sus propios dueños la tierra.En el Chaco se han entregado 150.000 hectáreas a las comunidades aborígenes.

 Esto es algo que está en proceso porque en esas tierras también estaban alojadas comunidades de criollos que llevan muchos años de presencia en el lugar y que conviven perfectamente con las comunidades aborígenes. Hoy armoniosamente, y con la intervención del Estado, se está llevado adelante este proceso para la entrega definitiva de los títulos.Hemos entregado títulos a comunidades en otras zonas de la provincia. Las 150.000 hectáreas a las que me referí corresponden a la zona de El Impenetrable. Hemos entregado títulos comunitarios correspondientes a 20.000 hectáreas en otra zona y 25.000 en otra región.

El Chaco no tiene este problema, y además no hubo un solo desalojo masivo de comunidades aborígenes. Sí es cierto que hace muchos años hubo numerosos vivos -que no tienen relación con quienes hoy estamos en el gobierno- que utilizaron a las comunidades aborígenes e hicieron pingües negocios con sus tierras. En nuestra provincia -esto es comprobable- se construyen viviendas para los aborígenes, convivimos perfectamente con las comunidades originarias en todas las zonas en las que están asentadas, hay programas de siembra para los aborígenes y hay escuelas bilingües.

Es una de las pocas provincias en las que hay maestros bilingües y escuelas de formación para dichos maestros. En realidad esta es una ley que no nos afecta, y creo que suma. Además, me parece bien que se conforme esta comisión a partir del INAI.En este sentido puedo contar una experiencia. Cuando era presidenta de la Comisión de Tierras había una ocupación ilegal, un asentamiento que se había instalado al lado del barrio toba; no lo deben conocer muchos de los aquí presentes, pero los diputados de mi provincia sí lo conocen.

Ese asentamiento fue producto de la conformación de nuevas familias y del crecimiento de la comunidad. No había dinero en la provincia porque la Comisión de Tierras se ocupaba de la regularización de estos asentamientos espontáneos que tuvieron lugar en todo el país. Algunos fueron dirigidos, pero otros fueron espontáneos en serio.No había dinero y como diputada provincial hice gestiones ante el INAI. El gobierno no era de mi mismo signo político, pero sin embargo conseguí que el INAI se hiciera cargo y enviara el dinero.

 Esto es algo que se concretó el año pasado. El INAI puso el dinero, compramos las tierras y el gobierno provincial ahora se está ocupando de hacer las casas y la regularización dominial para que los aborígenes continúen donde estaban.En definitiva, creo que esta es una iniciativa que suma, y espero que la asignación de recursos por parte del INAI se realice en coordinación con las provincias, sin avasallar autonomías provinciales y teniendo en cuenta las organizaciones locales, que son las que verdaderamente conocen la problemática.Vamos a apoyar el proyecto en consideración, pero era necesario que hiciera estas aclaraciones. (Aplausos).

 Presidente Alberto Balestrini:

Se va a votar en general en forma nominal el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el cual se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.

-- Conforme al tablero electrónico, sobre 146 señores diputados presentes, 124 han votado por la afirmativa y 12 por la negativa, registrándose además 9 abstenciones. (Luego se vota en particular el Art. 1º y Balestrini le concede la palabra a la diputada Maffei)

Maffei, Marta

Señor presidente: el artículo en tratamiento exige a los indígenas que la posesión sea actual, tradicional o ancestral -ambos términos son sinónimos-, pública, y encontrarse fehacientemente acreditada. Se han ido agregando condiciones. Coincido en que la posesión debe ser tradicional y pública porque así lo exige la propia Constitución Nacional, pero establecer que debe ser actual es absolutamente redundante pues si no fuera actual no sé cómo podría llevarse a cabo el desalojo. Sólo es posible desalojar cuando se está en posesión del bien.

Por otro lado, se determina que la posesión debe encontrarse fehacientemente acreditada. ¿Cómo se acredita fehacientemente que la posesión es pública y tradicional? ¿Cuáles son los medios de acreditación? No olvidemos que estamos hablando de comunidades aborígenes, de gente que sufre el problema del analfabetismo y en consecuencia tendrá severas dificultades para demostrar lo que fehacientemente ya está demostrado por el solo hecho de tratarse de una posesión tradicional y pública.Por lo tanto, no comparto la inclusión del término "encontrarse fehacientemente acreditada", y menos que se utilice la palabra "actual". De todas formas, este es un tema menor.

El proyecto de mi autoría -como señalara la señora diputada Bayonzo- incluía una consideración especial respecto de aquellas comunidades que efectivamente han sido desalojadas. Son varias las comunidades que han sido desalojadas: están a la vera del camino, no tienen residencia y sus tierras han sido inundadas. En este caso tenemos la responsabilidad de dar contención a esa gente.

En consecuencia, proponemos una modificación en el artículo 2° a fin de que esas comunidades que han sido desalojadas sean nuevamente ubicadas en esas tierras -si es que el Poder Ejecutivo así lo decide-, o en otras, porque no es posible que esta gente no tenga lugar donde estar.Pensemos que un desalojo rural no es lo mismo que un desalojo urbano.

Cuando este último sucede la gente prontamente puede reubicarse en cualquier lugar, pero cuando se produce un desalojo rural se pierde todo: los animales, la cosecha, la casa, la comida, la forma de manutención.Por lo tanto, no podemos dejar de lado a las comunidades que ya han sido abusadas y desalojadas. A tales efectos propongo la modificación a la que me he referido.

(La propuesta de Maffei no fue aceptada por Cigogna, luego de lo cual se votó también sin cambios el resto de los seis artículos faltantes)

 Fuente: diputados.gov.ar