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MORALES SOLÁ Y LA INVESTIGACIÓN A LOS DENUNCIANTES

El columnista de La Nación, de actuación gravitante en el casos de los sobornos por la reforma laboral del presidente Fernando de la Rúa, dos años antes, sale en indisimulado apoyo del corresponsal en Buenos Aires de Financial Times, Thomas Catán. El juez federal Claudio Bonadío quiere saber quiénes lo llamaron y a quiénes llamó el periodista, un modo de repetir el camino de su ex colega Jorge Liporace cuando tenía en sus manos la investigación que no realizó sobre la ley gremial del escándalo.

Por Joaquín Morales Solá

El juez federal Claudio Bonadío pedirá a las empresas telefónicas el listado con las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos del corresponsal del Financial Times en Buenos Aires, Thomas Catán, el periodista que dio la primicia sobre un presunto pedido de sobornos por parte de senadores a banqueros.

Bonadío confirmó ayer a LA NACION que tomará esa decisión, pero agregó que no ordenará la intervención de los teléfonos del periodista ni rastreará el contenido de sus conversaciones telefónicas pasadas. Fuentes del juzgado precisaron que la intención del magistrado sería la de cotejar la declaración de algunos banqueros, en sede judicial, con la relación profesional que podrían tener con Catán.

Sin embargo, lo que nadie pudo explicar es cómo el juez vinculará una cosa con la otra al no contar con el contenido de las conversaciones. La decisión del juez podría implicar una violación a la cláusula constitucional que protege el anonimato de las fuentes de información de los periodistas.

Catán adelantó ayer a LA NACION que presentará, posiblemente hoy, un recurso de amparo ante la Justicia para preservar el secreto de sus comunicaciones telefónicas. "Estamos ante una clara violación del derecho de informar", dijo el periodista.

Catán firmó dos notas consecutivas en el Financial Times, en las que dio cuenta de que algunos banqueros se quejaron ante los embajadores de los Estados Unidos y de Gran Bretaña en la Argentina porque habían recibido un pedido de coimas por parte de senadores argentinos.

El Congreso aprobó hace pocas semanas cuatro proyectos de ley que afectan el sistema bancario. La versión fue desmentida por la Asociación de Bancos Argentinos (ABA) tras la primera divulgación del caso por parte del Financial Times, pero el diario publicó la segunda nota en la tapa de su edición norteamericana.

Catán expondrá su caso en las próximas horas ante la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Buenos Aires, ante la Asociación de Empresas Periodísticas Argentinas (ADEPA), ante la agrupación Periodistas y ante el Comité de Protección de Periodistas, con sede en Washington.

Lo sorprendente de la decisión del juez Bonadío es que no sería la primera vez que un magistrado ordena a las empresas telefónicas que le envíen la lista de llamadas de teléfonos de periodistas. Fuentes del juzgado de Bonadío dijeron que el juez se habría respaldado en una decisión del ex juez Carlos Liporace, el primero que investigó el escándalo por las coimas en el Senado por la reforma de la ley laboral.

Consultado por LA NACION, Bonadío aseguró desconocer esa gestión de Liporace. "Nunca tuve esa causa en mis manos, ni siquiera circunstancialmente", subrayó.

La versión indica que Liporaci reclamó la lista de llamadas telefónicas de quien esto escribe y de María Fernanda Villosio, los dos periodistas que dieron a conocer las coimas presuntamente pagadas a senadores por la ley laboral.

Liporaci habría argumentado en su momento sobre la necesidad de preservar las fuentes de información de los periodistas y no incluyó el listado en el expediente.

La lista de llamadas telefónicas de los periodistas habría sido guardada, dentro de un sobre, en la caja fuerte del juzgado. Los fiscales del primer caso de sobornos, Eduardo Freiler y Federico Delgado, señalaron ayer que desconocían ese hecho. Ante una pregunta precisa, aceptaron que el juez estaba en condiciones de tomar la decisión sin conocimiento de ellos. Liporace había enfrentado antes un escándalo público por intervenir los teléfonos de un funcionario de su propio juzgado.

Sin embargo, otras fuentes del juzgado que estuvo a cargo de Liporace aseguraron que esa decisión del juez existió. "La orden de conocer las llamadas telefónicas de los dos periodistas se tomó el primer día que la causa estuvo en manos de Liporace y sólo él tuvo acceso a ellos", puntualizaron.

El actual camarista Gabriel Cavallo, el juez que sucedió a Liporace en el caso de los sobornos por la ley laboral, dijo, consultado por LA NACION, que a sus manos no había llegado nunca esa información. "Pudo haber alguna gestión secreta entre el anterior juez y la SIDE, pero nunca tuve conocimiento de ella", añadió. Cavallo es el actual superior, como miembro de la Cámara Federal, de Bonadío.

En la primera causa por sobornos existe, dentro del expediente, un pedido del juez para que le envíen las llamadas telefónicas del periodista Alfredo Gutiérrez, de Clarín. Pero fue una gestión aceptada explícitamente por el periodista, porque se trataba de establecer una llamada anónima. El periodista pudo extraer, antes de que el juez y los fiscales vieran el listado, las llamadas conocidas por él.

Con todo, es inexplicable que la Justicia esté dispuesta a violar un derecho constitucional, como lo es el de la preservación de las fuentes de información, sólo para conocer quiénes son los informantes de los periodistas. Cae de maduro que los que cometieron el presunto delito -los que piden, dan o reciben sobornos- no hablan con los periodistas.

 Volanta, título y bajada: Sospecha de coimas / Una justicia que vulnera el derecho a informar / Investiga llamadas de un periodista.

Fuente: La Nación, 26/9/02.