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MEJOR PRECISAR QUE ACLARAR LO AFIRMADO

Nunca fue fácil la relación entre Felipe Solá y el autor de esta pequeña nota relacionada con un reportaje al introductor de la soja transgénica en la Argentina. Y menos con el criminal glifosato en el medio.

Por Horacio Verbitsky

Tal como dice Solá en la entrevista, la autorización para liberar al consumo humano y animal la soja transgénica de Monsanto resistente al glifosato fue solicitada por Nidera, cosa que no contradice lo informado aquí (Verano del 96, 26 de abril de 2009).

 

La solicitud, presentada el 12 de enero no abre el expediente, como correspondería, sino que consta en el folio 118, uno de los últimos, lo cual da una idea de su apuradísima confección.

También es cierto que la Conabia no opuso inconvenientes a la comercialización de la semilla “en lo referente a la bioseguridad agropecuaria”.

Pero según el subsecretario de alimentos de aquella época, ingeniero Félix Manuel Cirio (folio 1 del expediente), lo que el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (Iascav) debía analizar y evaluar era su “bioseguridad para consumo humano y/o animal”, que no es lo mismo.

La expresión bioseguridad agropecuaria se refiere al impacto de un organismo o técnica en el ecosistema productivo, a que no produzca alteraciones en la biodiversidad, el manejo ecológico en su conjunto o la micro/macro flora y fauna.

Bioseguridad alimentaria, en cambio, es cómo esos nuevos procesos u organismos y/o el producto derivado de ellos afectan la alimentación humana.

Respecto de los dictámenes técnicos que Solá dice desconocer, el 25 de marzo el Coordinador del Area de Productos Agroindustriales del Iascav, Ingeniero Agrónomo Julio Pedro Eliseix, dirigió la nota PRAI 113/96 al director de Calidad Vegetal del mismo ente, Juan Carlos Batista. Le comunicó que antes de seguir con la evaluación era necesario establecer ciertos criterios sobre organismos modificados genéticamente (OMG), en términos de Identidad y Nutrición y acerca de la “aparición de efectos no deseados”, como “alergenicidad, cancerogénesis y otras toxicidades” (folio 126).

Nada de ello se llevó a cabo porque el mismo 25 de marzo Solá firmó la resolución 167 que concedió la autorización (folio 135).

Una semana después, el 2 de abril, Batista insistió con la elevación al presidente del Iascav, Carlos Lehmacher, de un documento sobre la evaluación de organismos modificados genéticamente (folio 139) donde se afirma que para probar su seguridad e inocuidad se deben realizar “ensayos de carácter toxicológico, alergógeno, cancerígeno, teratológico, etc. a corto, mediano y largo plazo” (folio 142).

Fuente: Página /12, 10/5/09.