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MEDIOS: UNA LEY PARA GARANTIZAR CONCIENCIA

Un proyecto con estado parlamentario en favor de la incorporación por ley de la cláusula de conciencia para que los periodistas puedan desarrollar sus tareas en beneficio de la verdad y la calidad informativa anticipa un fuerte choque con los dueños de los medios. Aquí se publica una parte de la larga y profunda fundamentación del proyecto que presentó la firmante.

Por Norma Morandini (*)

Si resulta dolorosamente pedagógico desnudar la perversidad del terrorismo de Estado a través de sus víctimas directas, presos desaparecidos, detenidos, perseguidos o exiliados, cuesta reconocer y admitir los resabios legados por décadas de autoritarismo y el atraso cultural político que se manifiesta en la escasa conciencia en relación al rol de la prensa en un Estado democrático.

En la medida en que el periodismo fue ejerciendo libertad, al mismo tiempo ganó en

credibilidad y prestigio tanto por su capacidad para denunciar las lacras y los dolores dejados por los tiempos de oscuridad como para investigar los escándalos de corrupción que involucraban a funcionarios del recuperado Estado democrático.

Un proceso que coincidió en el tiempo con el endiosamiento planetario del mercado y el pragmatismo político que antepuso el precio al valor. El desmantelamiento del Estado en la década del noventa coincidió, también, con la privatización de los canales de televisión, que dieron un fenomenal salto tecnológico.

Sin embargo, si bien las empresas periodísticas incorporaron las nuevas tecnologías, no modernizaron las relaciones dentro de las redacciones y aquellos acuerdos no escritos entre los editores y los periodistas demoraron en debatirse en voz alta. Fue el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas lo que, irónicamente, unió a periodistas y editores en una misma defensa por la libertad de decir.

A la par que se estrenó la transmisión de la Historia en “vivo y en directo” se favoreció la concentración mediática, que transformó a los medios en un poder en sí mismo al que se subordinó la política. Lejos de erradicar la costumbre de los gobernantes de pretender influir sobre las empresas periodísticas, la incorporación de las técnicas del mercadeo, la publicidad y las encuestas establecieron una relación promiscua entre los medios y la política.

El estallido de furia de 2001 no sólo reveló descarnadamente la naturaleza política de la crisis económica sino que desnudó ese atraso: por hablar de números y precios se cancelaron en el debate los valores universales que como filosofía anidan en el corazón de nuestra Constitución de 1994.

* Una mejor información

La libertad es inherente a la función de informar, inimputable a la hora de opinar. El miedo distorsiona esa actividad al impedir la profundidad y el compromiso con las ideas, fundamental en todo periodista que debe con su trabajo mediar para que la sociedad ejerza su derecho a la información.

La vigencia de esta garantía constitucional es ineludible en la función de informar y no puede ser ignorada ni por los poderes públicos ni por las llamadas empresas de comunicación. Al garantizar los derechos fundamentales de libertad e igualdad a aquellos profesionales que producen y distribuyen la información se intenta elevar la calidad democrática de la ciudadanía, beneficiaria de esa información. Ciudadanos desinformados no son competentes para la vida pública.

Tal como advierte la filósofa brasileña Marilena De Souza Chaui: “En la medida en que la democracia afirma la igualdad política de los ciudadanos, afirma también que todos son igualmente competentes para la vida política. Una competencia que depende de la calidad de la información: así, ese derecho democrático es inseparable de la vida republicana, o sea, del espacio público de las opiniones”.

Un derecho universal que los gobernantes deben garantizar y los medios viabilizar, aunque sean de gestión privada. En términos estrictamente jurídicos, nuestra legislación concibe a la libertad de expresión como una libertad de carácter público. Juan Bautista Alberdi ya la consideraba una “garantía tutelar de todas las garantías y libertades tanto económicas como políticas” .

* Garantías constitucionales

El artículo 14 de nuestra Carta Magna hoy no sólo protege la libertad de ideas sino que auspicia el debate público libre, sobre bases veraces y adecuadas.

Un nuevo alcance al que nuestra Corte Suprema fue receptiva en la causa “Campillay” (Campillay, Julio C. c/ La Razón y otros), donde se afirma que aquella garantía constitucional debe leerse con el alcance del art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica, ocho años antes de inclusión en el artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución Nacional.

Interpretado por la Corte Interamericana de Derecho Humanos, el artículo 13 incluye las dos dimensiones -individual y colectiva- de la libertad de expresión.

Y así lo entendió el constituyente de 1994, que reforzó la libertad de expresión como valor individual y como valor social, dotándola de mayores garantías. En ese sentido, el artículo 43 de la Carta Magna reformada, al regular el hábeas data, incluyó expresamente la protección al secreto profesional al establecer que “no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información”.

El artículo 42 exige que la información brindada a los usuarios y consumidores sea veraz y adecuada y el artículo 75 inciso 19 obliga al Congreso a proteger el espacio audiovisual y cultural, defendiendo los valores democráticos y el desarrollo humano.

Así como la Convención Americana de Derechos Humanos (PSJCR), incorporada jurisprudencialmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ahora está expresamente contenida en nuestra Carta Magna, también lo está el Pacto Universal de los Derechos Civiles y Políticos (ONU), que consagra la libertad de expresión en su artículo 19.

De modo que no son leyes las que nos faltan sino una verdadera conciencia en torno al rol de la prensa en una sociedad democrática, sin la confusión autoritaria de equipararla a la propaganda.

* No es una mercancía

La información, al ser un derecho de interés público, no puede ser confundida con una mercancía y las empresas de comunicación, independientemente de su naturaleza jurídica -societaria o mutua, privada o pública-, no pueden equipararse con las dedicadas a otras actividades mercantilistas.

La diferencia es el producto.

La información no es una mercancía, no es un objeto, es un bien universal garantizado constitucionalmente como derecho humano y como derecho de las sociedades para construir una opinión pública sólida.

La naturaleza intelectual y espiritual de la profesión de informar no puede equipararse a una mera actividad mecánica. Así, tanto la libertad de expresión como el derecho a la información dejan de ser patrimonio de los editores de periódicos ante los poderes públicos. Tanto la transparencia en la línea editorial como la salvaguarda de la conciencia del informador actúan en beneficio de la misma empresa, jerarquizada por su responsabilidad social.

Es en este sentido que proponemos a través del presente proyecto de ley consagrar la cláusula de conciencia para el periodista: la garantía individual que implica redunda a favor de la credibilidad de la empresa de la comunicación, ya que al garantizar la libre circulación de las ideas y las opiniones preserva un derecho constitucional y contribuye socialmente al fortalecimiento de una opinión pública vigorosa e independiente.

* Agentes sociales

Tanto el profesional de la información como las empresas de comunicación actúan como agentes sociales.

La calidad del debate público depende de la responsabilidad con la que ejerzan la profesión de informar. Esta doble instancia, la del profesional como agente social y la de la empresa de comunicación como entidad protegida constitucionalmente, condicionan la existencia misma del sistema democrático.

El proceso de la comunicación se distorsiona si dentro de las redacciones los periodistas se muestran temerosos por esas relaciones no reglamentadas entre algunas empresas y los gobiernos. Sobre todo, por el poco transparente cambio de manos en la propiedad de algunas empresas de comunicación, que impide el derecho de los profesionales a conocer quiénes son realmente sus empleadores.

En salvaguarda de la razón fundamental del proceso de la comunicación, que es garantizar a la ciudadanía una información veraz y responsable, la cláusula de conciencia, como una medida de acción positiva, pretende garantizar una mayor protección al profesional de la información, ya que de su integridad profesional e independencia depende la calidad de la información que transmite a la sociedad.

Por la influencia que tiene sobre la sociedad como formador de una opinión pública libre el vínculo del periodista con la empresa que lo contrata no debe reducirse a la relación laboral.

* Conciencia y secreto profesional

Tanto la cláusula de conciencia como el secreto profesional son derechos específicos del acto de informar y presuponen, insistimos, una garantía del Estado democrático. “Con libertad plena el escritor consigue conciliar su espíritu con el valor periodístico. La libertad es el placer, devuelve en arrogancia las satisfacciones invalorables; sin libertad para escribir, para opinar, deviene la esclavitud” , afirma el periodista peruano Ricaldi Ramírez Ruiz, en concordancia con el español José María Desantes Guarter, un científico del periodismo que, al haber indagado sobre los estados espirituales en la obligación periodística, aporta una clara definición en torno a la cláusula de conciencia. Un concepto que se origina en el aspecto íntimo y subjetivo de las personas, la conciencia, pero que, sin embargo, produce efectos jurídicos que trascienden a la persona.

La cláusula de conciencia pretende establecer de manera legal o por convenciones de los contratos laborales del trabajo de la información, la protección del profesional cuando una empresa o un medio cambian su orientación editorial. En este caso, el periodista que no está de acuerdo puede pedir la disolución de la relación jurídica laboral y percibir una determinada indemnización. La cláusula de conciencia se da así exclusivamente en las actividades y profesiones informativas, no afecta a los deberes sino a las obligaciones contractuales.

* Una protección específica

Es la fuerza de la conciencia capaz de disolver una relación laboral lo que provoca como consecuencia secundaria una indemnización, dado que el informador no es el causante del cambio de orientación editorial.

Si bien la cláusula de conciencia se presenta como una garantía individual, no significa que se quiera dar a los profesionales de la información una mayor o reforzada libertad de expresión.

Lo que se reconoce con esta ley es que los profesionales de la información -y los medios, en su caso-, al viabilizar el derecho de las sociedades a ser informadas, se exponen a situaciones que entrañan riesgos concretos que demandan una protección específica, tal como sucede con el secreto de las fuentes de información -garantizada constitucionalmente- o la derogación de la figura del desacato, utilizada en el pasado reciente como una censura indirecta para inhibir la divulgación de información sobre los funcionarios públicos.

En la medida en que los profesionales de la información son el factor fundamental en la producción de información, surge la necesidad de otorgarles una protección básica.

Hay en su trabajo un elemento personal, humano, intelectual, que el derecho no puede dejar de lado. De modo que la cláusula de conciencia no es sólo un derecho subjetivo, sino una garantía a la confianza y credibilidad de los medios de comunicación, en tanto condición fundamental para su prestigio como informadores.

Medios independientes expresan y sirven a la construcción de una opinión pública vigorosa. La protección de la independencia del profesional de la información salvaguarda también a la sociedad destinataria de esa información.

Tal como lo señala el catedrático de derecho constitucional español Marc Carrillo, “la cláusula no es únicamente el derecho a una indemnización; es esencialmente, el derecho a ejercer el periodismo en unas condiciones que ayuden a garantizar la objetividad y el pluralismo informativo (…) La cláusula de conciencia tiene por objeto salvaguardar la libertad ideológica, el derecho de opinión y la ética profesional del periodista. Se trata de una nueva forma de concebir la libertad de expresión y, al mismo tiempo, es un elemento constitutivo del derecho a la información, en la medida en que se configura una garantía para su ejercicio efectivo. (…) El protagonismo que otorga a la persona del periodista puede operar, sin duda, como un factor positivo para la integridad de la información difundida ya que, objetivamente, limita los posibles abusos y las arbitrariedades que la empresa editora o la propia dirección del medio tengan la tentación de cometer, con el fin de intervenir, o incluso impedir el ejercicio de la libertad informativa (…)” .

Por su parte, José María Desantes Guanter afirma que la cláusula de conciencia “consiste en una cláusula legal, implícita en el contrato de trabajo periodístico, según la cual, en determinados aspectos a tipificar por la ley en relación con la conciencia del informador, los efectos económicos de la extinción de la relación laboral periodística producida por la voluntad unilateral del trabajador, equivalen a los del despido por voluntad del empleador” .

En este sentido, la cláusula de conciencia consiste, según Francesc de Carreras Serra, “en la posibilidad que tiene el periodista de poner fin unilateralmente al contrato laboral que lo liga a la empresa, percibiendo la indemnización que le correspondería por despido improcedente, cuando la línea editorial o la orientación ideológica del medio de comunicación haya cambiado notoriamente, de forma tal que el periodista se considere afectado negativamente en su ideología o en su dignidad profesional” .

Asimismo, Damián Loreti sostiene que “la cláusula de conciencia es la vía legal, según Carlos Soria, por el cual el periodista puede abandonar en forma voluntaria la empresa, percibiendo igual indemnización que si hubiera sido despedido injustamente. Esta fórmula legal puede invocarse en el caso de un cambio notable en el carácter u orientación de la publicación o programa, si este cambio genera para el periodista una situación susceptible de afectar su honor, reputación o intereses morales” .

* Fundamento ético

Vale insistir, entonces, en la idea de que la cláusula de conciencia no debe reducirse a la mera ruptura del contrato laboral, ya que su fundamento es de naturaleza ética: la responsabilidad con los principios de la profesión.

Tal como advierte Hugo Aznar, la cláusula no sólo protege la dignidad, independencia y autonomía del periodista cuando se afecten los principios de la profesión, sino que en tiempos en los que la imagen pública es fundamental para las empresas de comunicación, la posibilidad de que cualquiera de sus profesionales pueda invocar la cláusula de conciencia promoverá una cultura de acuerdo y confianza, más acorde a las demandas de democratización de los medios de comunicación.

De lo que se trata es de proteger las condiciones profesionales de aquellos que cumplen con el derecho a informar dentro de las redacciones de un medio de comunicación.

El mismo Aznar destaca que “la cláusula no es (ni debe creerse que sea, como a veces ha podido ocurrir) el mecanismo que haya de resolver los problemas que tienen planteados hoy los periodistas. (…) La cláusula es tan sólo un mecanismo más de los muchos que han de ponerse en marcha -tanto desde el ámbito legislativo como sobre todo desde el de la autorregulación- para tratar de garantizar que la comunicación responda a sus fines y valores propios”

Surge, entonces, un interrogante esencial al derecho que pretendemos consagrar: ¿cómo invocar un derecho específico si antes no se definieron los aspectos éticos del periodismo?

Ese es el desafío y, en muchos casos, la tarea pendiente de los profesionales de la información, que no pueden ignorar ni desestimar que su función los trasciende como persona.

La repetida idea de que “no hay mejor ley de prensa que la que no existe” sólo es cierta si antes se autorregula el vínculo entre los periodistas y los editores dentro de las redacciones. La naturaleza intelectual de la profesión de informar y la consagración del derecho demandan un vínculo de acuerdo y negociación que excede la mera relación laboral.

Tanto los periodistas como los editores están asociados en la producción de ese fin último que es la información como un derecho ciudadano.

El ejercicio de la libertad de expresión, en su doble acepción, ha llevado a que, de común acuerdo, las empresas y los periodistas reglaran las condiciones profesionales, no laborales, del ejercicio a comunicar información.

La conturbada historia de nuestro país en la segunda mitad del siglo pasado mantuvo a la Argentina rezagada, alejada de los procesos democratizadores que se fueron procesando en Europa y Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro Estatuto del Periodista data de 1947, anterior a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, cuando la actividad periodística era concebida, en gran medida, como un instrumento de propaganda del poder político.

* Mano de obra barata

Nuestra tradición autoritaria y la injerencia del Estado en los medios de comunicación explican, en parte, la escasa conciencia cívica acerca del rol de la prensa y las resistencias a los “códigos de ética” que existen en todas las redacciones de los grandes diarios y cadenas de televisión del mundo desarrollado.

Esta carencia advierte, también, cómo las empresas en lugar de jerarquizar la profesión con los periodistas más idóneos e independientes han caído en la tentación de la mano de obra barata, sean becarios o figuras del espectáculo que ofician de periodistas.

De modo que la cláusula de conciencia, como un derecho positivo reconocido en la legislación del mundo entero, impone una condición fundamental: la autorregulación. Como se trata de salvaguardar la profesión que garantiza el derecho a la información que se realiza dentro de una organización empresarial, al periodista y a los editores les cabe establecer los principios éticos y las pautas profesionales de su labor.

Los códigos deontológicos, incorporados tanto en la mayoría de los estatutos de periodistas como en las universidades más importantes del mundo que incluyen la disciplina deontológica entre sus materias de formación periodística, todavía son una materia pendiente en la Argentina.

En Europa tienen vigencia una treintena de códigos deontológicos, que han sido revisados en los inicios de la década del noventa.

Todos ellos comparten ciertas cuestiones básicas: el derecho a la libertad de expresión y opinión; la igualdad, sin discriminación para ninguna persona en razón de su raza, etnia o religión, género, clase social, profesión, discapacidad o cualquier otra característica personal; la imparcialidad, para usar sólo métodos honestos en la obtención de la información; el respeto a los derechos de autoría, a las fuentes y a las referencias en su integridad y; la independencia e integridad para rechazar sobornos y cualquier otra influencia externa al trabajo, exigiendo la cláusula de conciencia. (…)

La ley efectivamente consagra la libertad de expresión y las democracias desarrolladas nos ofrecen lo que no tiene derecho de autor: la ley. Pero, por comparar la legislación de otras naciones, pocas veces observamos el desarrollo cultural que diferencia a una sociedad de otra.

No se es moderno si se posee la tecnología más avanzada, sino si se respetan y se encarnaron los valores universales que han hecho del derecho a la información la expresión más avanzada de las democracias sociales, como lo son el secreto profesional que protege al periodista de los tribunales y la cláusula de conciencia, que le garantiza el respeto del editor.

La comunicación, más que cualquier otra actividad, debe estar regida por la conciencia de que la tarea de informar es un bien superior para la vida en una sociedad democrática. Sólo si se entiende como una conquista de las democracias modernas el derecho de la sociedad a ser informada se podrá dimensionar la importancia de la cláusula de conciencia para garantizar ese derecho colectivo.

Una información de calidad, trabajada con verdad y responsabilidad, transfiere a los ciudadanos la libertad de sus elecciones para participar en pie de igualdad de la política, que es el bien público por excelencia. Una mala información, por engañosa, mutila a los ciudadanos y los torna maleables como rebaños. Por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

(* ) Senadora nacional independiente,  periodista y escritora. Bloque Frente Cívico de la provincia de Córdoba