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AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

  • Escrito por Hugo Quintana
  • Categoría de nivel principal o raíz: PODERES, DESPODERES Y TRAMPAS
  • Categoría: AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
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MÁS PODER PARA LA AUDITORÍA

El autor, abogado y conductor de la Asociación del Personal de los Organismos de Control de la República Argentina (APOC), lamenta que, aunque generen muertes, funcionarios del Estado desconocen los informes de la Auditoría General de la Nación. Pide más poder para ella.

Por Hugo Quintana

La experiencia de los últimos tiempos, negativa y desgraciada por cierto, es que los organismos estatales muestran un bajo nivel de receptividad de los informes realizados por la Auditoría General de la Nación (AGN).

Lamentablemente, las consecuencias de esa omisión se traducen, a veces, en la pérdida de vidas humanas o en crímenes económicos con vasto impacto social. Es probable que alguna parte –por supuesto, mínima- de esa brecha responda a diferencias de criterios entre la administración y el auditor respeto al realismo y dimensión del problema que está mostrando un informe y, en su caso, a la mejor manera de resolverlo.

Pero el grueso de la inacción se explica por indiferencia, incomprensión, indolencia, desaprensión, desconocimiento y todas las otras malas disposiciones de la voluntad que encuadran dentro del concepto amplio de irresponsabilidad. (“Desgraciado el pueblo donde se aprecia la estupidez, pero aun más desgraciado aquél donde los vicios se toleran como costumbres del siglo” [Quae fuerunt vitia mores sunt. Séneca]).

La ausencia total de sanciones en resonados escándalos públicos va extendiendo, como una mancha de aceite, la sensación de impunidad. Si no hay sanciones, o éstas son tardías o invisibles, la impunidad contagia y seduce; ni siquiera hay riesgos de costos en términos de reputación.

La impunidad es el gran portal de entrada a la corrupción sistemática. La sanción de las irregularidades e incumplimientos, el castigo justo de los crímenes, juegan un papel instructivo. No hay nada peor para moldear el carácter moral de una sociedad el que ésta verifique que la impunidad está enseñoreada.

Aquí es donde tiene que hacer bien su parte el órgano jurisdiccional, el Poder Judicial. Para que las faltas, las irregularidades sean sancionadas, primero es necesario detectarlas y documentarlas y luego denunciarlas; la función de denuncia debería ser parte de las facultades de las entidades de fiscalización superior.

* Fuerza para prevenir

La prevención como evitación de un perjuicio al erario o al patrimonio público o de un daño a la sociedad o a un grupo de sus miembros es una de las contribuciones que pueden hacer los organismos estatales de control. La prevención pierde su efecto benéfico cuando el destinatario de la observación desoye las recomendaciones.

Esa lógica de hierro nos refuerza en el convencimiento sobre la necesidad de sancionar una legislación de reforma de la estructura del control público, especialmente de la parte que le toca a la AGN, de modo que administradores y ciudadanía puedan advertir que existe allí una potencialidad para prevenir, detectar e informar a tiempo daños económicos y sociales y configurar una gestión pública más responsable, decente y eficaz.

Una de las capacidades asociadas al buen gobierno es la previsión.

La efectividad y la responsabilidad son atributos de práctica cotidiana cuando el gobierno es previsor. Un gobierno previsor es sensible y permeable a los diagnósticos bien intencionados, a las advertencias bien inspiradas y a las recomendaciones bien fundamentadas. En definitiva, un buen gobierno está atento a las observaciones de los organismos de control y dispuesto a llevar adelante sus recomendaciones cuando es claro que están basadas en la aplicación de una técnica objetiva.

Hay que lograr la aceptación política y social de la necesidad de tener buenos controles, porque con ello nos va hasta la vida. Tener buenos controles significa que sean objetivos, esto es que no escondan los problemas, las deficiencias o las irregularidades, sino que los pongan a la luz pública, que se hagan a tiempo, que se enfoquen en asuntos importantes, de interés prioritario para los ciudadanos, y, lo que es muy decisivo, que las recomendaciones que llevan los informes sean debidamente atendidas e implementadas.

* Imponer sanciones y multas

Para que ello pueda convertirse en una realidad, es sumamente conveniente que organismos de control como la AGN incorporen al conjunto de sus atribuciones las de aplicar sanciones y multas por desatención de sus requerimientos, tener legitimación activa para iniciar o impulsar causas judiciales, solicitar a la autoridad judicial competente la realización de allanamientos y el secuestro de documentación, por citar algunas de las que ha estado reclamando insistentemente APOC desde la aparición misma de la entidad de auditoría estatal allá por 1993.

La peor imagen que se puede dar del control, y la más frustrante para las personas que trabajan en esa función, es decir que sirve para contar los muertos y establecer las causas de los decesos. Prevenir es mejor que curar y mucho más lo es que realizar autopsias.

El control no debe agotarse en la observación y la recomendación. Las vidas humanas son más importantes que los dogmas. Debe superarse el prejuicio que condena al organismo de auditoría a ser un testigo pasivo de cómo sus informes caen en saco roto.

El privilegio de desatención, indolencia, adornado con impunidad, del que pudieran estar gozando los funcionarios debe ser compensado con la atribución de facultades al organismo de control que ahora no tiene y que lo pondría en condiciones de impedir esos comportamientos, hacer valer sus requerimientos y recomendaciones y evitar graves e irreparables daños a bienes y personas.

Título y bajada: Las advertencias del control /Los organismos estatales muestran un bajo nivel de receptividad de los informes realizados por la Auditoría General de la Nación. La ausencia total de sanciones en resonados escándalos públicos va extendiendo, como una mancha de aceite, la sensación de impunidad

Fuente: lapoliticaonline, 30/3/12.

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OJOS SOBRE LAS OBRAS SOCIALES

Aquí se anticipa un informe de la Auditoría General de la Nación sobre las obras sociales y su relación con el Estado, que tiene una gran deuda con los gremios -una de las controversias que llevaron a Hugo Moyano a romper su relación con el Gobierno-, caudales que se manejan en las penumbras.

Por Natalia Aguiar

Desde que estalló la denominada “mafia de los medicamentos”, los negocios oscuros en torno de los servicios de salud quedaron en la mira, particularmente en lo que se refiere al rol de las obras sociales y a su interacción con la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo dependiente del Ministerio de Salud que se encarga de los tratamientos de alta complejidad y de mayor costo.

Ese escándalo motivó en 2009 la intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN), que se dedicó a investigar no sólo la actuación de la APE y de más de cuarenta obras sociales, sino también de la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS), encargada de controlar el funcionamiento del circuito de fondos entre el Estado y las obras sociales.

Y el resultado de ese trabajo, que se encuentra en etapa final de elaboración y que será debatido en un plenario de la AGN antes de fin de mes, no podría ser menos controvertido: prestaciones a personas ya fallecidas, operaciones de cadera a afiliados de 170 años, troqueles de medicamentos truchos y expedientes firmados por médicos sin registro, son sólo algunas de las irregularidades detectadas por el organismo de control.

El preinforme, al cual tuvo acceso exclusivo Perfil, abarca el período 2005-2010 y exigió un relevamiento de 10.114 expedientes tramitados en el APE. Una vez aprobado y presentado en público, el presidente de la comisión de Salud del Senado, José Cano, encabezará una demanda ante la justicia penal, que será respaldada por todo el bloque radical.

Una de las cosas que llama la atención del trabajo, es que en su tramo inicial deja constancia de que no le fueron suministrados 43 expedientes de apoyos financieros, de los cuales, “27 expedientes se encuentran en el Juzgado Nacional y Correccional Federal Nª 5, a cargo del juez Norberto Oyarbide”, correspondientes a la megacausa de la “mafia de los medicamentos”.

A partir de entonces, avanza en señalamientos de extrema gravedad. Por ejemplo, se denuncia que hay 923 expedientes, que corresponden a 117 beneficiarios que habían fallecido con anterioridad a la fecha en la que se le realizaron las supuestas prácticas médicas.

Sólo en este aspecto, las obras sociales facturaron $ 2.195.097, que fueron motivo de reintegro de parte del APE. En este aspecto están incluidas obras sociales de grandes gremios, como camioneros, colectiveros, bancarios, ferroviarios, docentes y mercantiles, entre muchas otras.

También resulta sorprendente en lo que respecta a las operaciones de cadera, en donde se encontraron 694 casos en los que no se pudieron determinar las edades de los beneficiarios. Pero además, hubo 11 casos en los que las personas presuntamente intervenidas superaban los 100 años, inclusive con personas que supuestamente tenían 178, 137, 128, 121 y 113 años. El rubro insumió en el período evaluado, más de $ 13 millones.

“El sindicalismo que maneja las obras sociales y la Presidenta son como Titanes en el Ring, se pegan pero de mentira. Son socios y participan de la misma empresa: la malversación y el robo de los fondos de la salud de los trabajadores. Esto demuestra que los actos de corrupción producen desastres como el accidente de tren en la Estación Once”, señaló Cano respecto de los resultados del preinforme.

Otro aspecto se refiere a las personas con discapacidad. Los auditores encontraron que 251 personas con esa condición no contaban con “declaraciones juradas de discapacidad, ni el aval de la historia clínica, o del médico auditor ni se encontró la conformidad del beneficiario o titular”.

En el caso de los medicamentos truchos, quedó de manifiesto que uno de los aspectos cruciales del sistema irregular era la presentación de troqueles de remedios falsos. En este caso, no se han podido certificar como legítimos”, medicamentos por $4,6 millones. Llama la atención de los auditores el notable incremento de aportes realizados como “excepción”, que según se indica, “por su esencia no revisten un tratamiento prolongado, con lo cual es de esperarse que al tratarse de excepciones el apoyo económico no sea constante entre ejercicios”.

Pero bajo este rótulo de “excepción” se han aplicado stent coronarios y vasculares, y prótesis cardíacas, entre otras prestaciones de alta complejidad. Mientras que en el año 2000, sólo se aportaron $32 en este apartado, en 2010 fue de casi $423 millones. Entre la multiplicidad de irregularidades administrativas, hay una que reviste una gravedad especial: se detectó que en el 43% de los casos en los que los datos del auditor médico no figura registrado, e inclusive hay casos en los que el auditor médico ni siquiera tenía la matrícula profesional.

Además, en el 73 % de los expedientes analizados hay faltante de documentación (facturas, recibos, historias clínicas, análisis de laboratorio, etc.). Los trámites abarcan prácticas por más de $16 millones.

Volanta, título y bajada: Documento exclusivo/ Detectan grave fraude entre el Estado y las obras sociales / Una auditoría de la AGN, que investigó al APE y a las prestadoras de los gremios, encontró múltiples irregularidades que involucran montos millonarios.

Fuente: Perfil, 16/3/12.

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EL PALACIO VENECIANO

En una obra de adecuación  en lenta marcha, la Auditoría General de la Nación aguarda su traslado al bello edificio de Av. Rivadavia 1700, inaugurado hace más de ochenta años. Aquí se habla y describe ese palacio veneciano.

 Por Eduardo Parise

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Frente al edificio no hay canales ni pasa ningún vaporetto, pero igual que en los barcos colectivos de Venecia, varias líneas de micros llevan pasajeros en forma permanente.

También, como en la Piazza San Marco, hay muchas palomas. La construcción tiene diez pisos y podría integrar la rica imagen del paisaje de esa ciudad italiana, pero está en la avenida Rivadavia, frente a la Plaza del Congreso, y es porteña como el Obelisco.

Inaugurado en agosto de 1927, el edificio fue construido como sede del Instituto Biológico Argentino, una institución creada por idea del prestigioso médico bacteriológico Silvio Dessy y que funcionaba desde 1911. El terreno se compró en 1923 y costó un millón y medio de pesos.

Al año siguiente, empezaron las obras. Declarado Monumento Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, fue diseñado por el arquitecto italiano Atilio Locatti, del que casi no hay datos biográficos.

Desde fines de la década de 1940 el edificio pertenece al Estado (en 1949 empezó a funcionar allí el Instituto Nacional de Previsión Social) y en 1997, tras servir para otras dependencias, fue adjudicado como sede a la Auditoría General de la Nación.

Hoy está en restauración.

Con una fachada de estilo neoveneciano, la construcción se hizo a la usanza de los grandes palacios renacentistas vénetos: cimientos; planta baja y primer nivel; desarrollo y coronamiento. La idea era darle un uso mixto: desde el subsuelo hasta el segundo nivel, para desarrollar la actividad científica; en los siete pisos restantes, departamentos para alquilar. Por eso en el subsuelo estaban las calderas, depósitos, tanques y cámaras refrigeradoras.

En la planta baja se destacaban tres portones con paredes y pisos de mármol y cielorrasos decorados. Toda la carpintería es de hierro y revestida con láminas de bronce. Un detalle: el ascensor es una cabina de hierro forjado, forrada en madera de roble previamente tallada.

En el primer piso estaba la dirección y administración y en el segundo, todo lo relacionado con los gabinetes y laboratorios científicos. Pero lo que más llama la atención del edificio y lo hace especial es su coronamiento: el monumental reloj que integra un conjunto escultórico de más de cuatro toneladas, instalado allí en 1926. Es un reloj diseñado especialmente por la histórica empresa Fratelli Miroglio, de Turín.

El grupo tiene dos grandes figuras en bronce y fundición de hierro (cada de tres metros y medio) en actitud de golpear una campana.

El cuadrante del reloj tiene dos metros y medio de diámetro y la campana de bronce y plata pesa dos toneladas. Marcaba cada hora con campanadas y su mecanismo tiene un contrapeso de 500 kilos que, por un pozo de aire, atraviesa el edificio hasta el sótano.

Se dice que el conjunto está inspirado en el Reloj de los Moros, instalado en 1496 en Venecia y que un amigo veneciano de Locatti fue quien le sugirió hacer algo similar cuando proyectaba el edificio porteño.

La prueba de su funcionamiento fue realizada en Torino, ante el Duque de Aosta. Lo concreto es que ya lleva 85 años mirando hacia la avenida Rivadavia. Claro que no es el único reloj de estas características que hay en Buenos Aires. El otro está desde 1992 en el edificio que la empresa Siemens tiene en Bolívar y Diagonal Sur. Antes había coronado la sede que esa firma alemana tenía en la Avenida de Mayo 869. Pero esa es otra historia.

Volanta, título y bajada: Tres dimensiones/ El palacio veneciano de Congreso/ Inaugurado hace 83 años en Rivadavia al 1700, es sede de la Auditoría General de la Nación.

Fuente: Clarin. 27/6/11.

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TBA: DURO INFORME DE LA AUDITORÍA

Al día siguiente del largo discurso de la Presidente ante la Asamblea Legislativa, en el que hizo alusión al tema, la Auditoría General de la Nación aprobó un duro informe sobre los ferrocarriles controlados por el Grupo Cirigliano.

La empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), que hasta el martes tuvo a su cargo la concesión de los ramales Mitre y Sarmiento, recibió en siete años transferencias del Estado por 1924 millones de pesos.

El monto de los subsidios recibidos por la firma del Grupo Cirigliano aumentó un 146 por ciento entre 2006 y 2010.

La falta de mantenimiento de la infraestructura, sin embargo, fue “metódica y sistemática”.

En el caso específico del material rodante, léase los trenes, la falta de ejecución de tareas de mantenimiento tuvo “consecuencias directas en la seguridad del sistema ferroviario”.

Los datos surgen de un informe de la AGN aprobado ayer y que se incorporará a la causa judicial por la tragedia de Once, a cargo del juez federal Claudio Bonadío.

A pesar del incremento de subsidios, se detectaron “múltiples incumplimientos en las tareas de mantención y aplicación de los fondos del Estado”, destacó Leandro Despouy, titular de la AGN.

El dirigente radical, que el miércoles no había logrado hacer aprobar el informe en una reunión adelantada porque los auditores oficialistas querían conocerlo antes de aprobarlo, destacó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) “ha cumplido un rol importante en la aplicación de penalidades y multas”, pero que la Secretaría de Transporte “no dio movimiento a ninguna de las 53 denuncias presentadas, (incluidas) quince pertenecientes a líneas de TBA”.

“La Auditoría no puede administrar, sino que controla. El poder político administra y toma decisiones. Por eso la AGN no puede exigir la rescisión del contrato”, explicó Despouy en referencia a las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien durante la apertura de sesiones del Congreso había señalado la inexistencia de informes de organismos de control que pidieran rescindir el contrato con el Grupo Cirigliano, incluyendo la AGN.

En realidad, la Presidenta aludía a la filtración de un borrador del informe y a declaraciones periodísticas que habían circulado alrededor de ese borrador.

Despouy, respaldado por el sector alfonsinista del radicalismo, estuvo a punto de ser desplazado por la actual conducción partidaria, lo que lo obligó a una alta exposición mediática.

El informe 303/09 de la Auditoría surge de controles realizados hasta 2009, aunque incluye algunos datos de 2010. Los elementos para su elaboración surgen de la CNRT, un organismo estatal descentralizado que remite toda su información a la Secretaría de Transporte y a la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, ambos dependientes del Poder Ejecutivo.

Según el informe, el cuarto con críticas de la AGN a TBA en la última década, el subsidio que en marzo de 2006 era de casi diez millones de pesos mensuales ascendió a poco menos de 37 millones en abril de 2010.

Los subsidios que representaban en 2003 el 33 por ciento del total de ingresos del concesionario aumentaron progresivamente hasta alcanzar en 2009 un porcentaje superior al 75 por ciento. Medido en relación con la cantidad de pasajeros, si en 2003 el Estado pagaba 43 centavos por persona transportada, seis años después esa cifra pasó a ser de 2,51 pesos.

Las demoras de la Secretaría de Transporte en aprobar los mayores costos informados por TBA al pedir actualizaciones de subsidios implicó para el Estado otros 60 millones de pesos en concepto de intereses. Las “debilidades en los controles” que posibilitaron las demoras se produjeron en su mayoría durante la gestión de Ricardo Jaime, actualmente procesado acusado de recibir dádivas de empresarios, entre otros del Grupo Cirigliano.

La gestión de contrataciones y la ejecución de obras presenta “numerosas deficiencias” que, sin embargo, no se tradujeron en las sanciones, destacó la AGN.

El organismo señaló “un alto grado de deterioro de la infraestructura de vía y obras debido a la falta de mantenimiento en forma metódica y sistemática”, que la empresa intentó justificar por “el atraso de las inversiones a cargo del Estado”. El capítulo que analiza la situación del “material rodante” destaca en 2007 la falta de información necesaria para que la CNRT pueda ejercer sus tareas de control.

En los casos en que TBA presentó planes de mantenimiento, éstos merecieron “observaciones” de la CNRT por incorporar “rutinas no previstas”.

En 2008, el organismo constató “la falta de ejecución de rutinas de mantenimiento de material rodante, con consecuencias directas en la seguridad del sistema ferroviario concesionado”.

En 2009 “TBA no cumplió con su plan de mantenimiento para las locomotoras Diesel Eléctricas, los coches remolcados y los coches motores livianos”, señala el informe. Las consecuencias se presentan bajo la forma de “descarrilamientos”: el 61 por ciento de los denunciados en la línea Sarmiento y el 91 por ciento de la línea Mitre, en 2009, fueron producto de “falencias del material rodante”.

Sobre las penalidades: en 2007 la Secretaría de Transporte no se expidió sobre las sanciones que le sugirió la CNRT. Por los incumplimientos detectados en 2009 se aplicaron multas por 2.840.000 pesos, en tanto otra multa por 1,8 millón fue apelada y todavía “se encuentra en proceso recursivo”.

Volanta, título y bajada: La AGN aprobó ayer el trabajo sobre la concesionaria del Sarmiento/ Un duro informe contra TBA/ La Auditoría General de la Nación constató una falta de mantenimiento “metódica y sistemática” de la concesionaria de los ramales Mitre y Sarmiento. Aseguran que eso afectó la seguridad de los trenes. 

Fuente: Página 12, 3/3/2012

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NUEVA SEDE

Un edificio en el que se dice que alguna vez Eva Perón tuvo un despacho, emparentado en belleza con el cercano Palacio del Congreso de la Nación, es la futura sede de la Auditoría General de la Nación. He aquí parte de su historia.

El 8 de agosto de 1927, en la Av. Rivadavia 1745, lugar neurálgico de la Ciudad de Buenos Aires adonde convergen los antiguos barrios de San Nicolás, Balvanera y Monserrat, fue inaugurado el edificio que desde 1997 pertenece a la Auditoría General de la Nación.

Ubicado frente a la Plaza de los Dos Congresos –erigida en 1910 con motivo del Centenario-, y a metros del Palacio del Congreso de la Nación –inaugurado en 1906-, el edificio diseñado por el arquitecto italiano Atilio Locatti ha sido declarado monumento histórico de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuenta por ello con Protección Patrimonial Estructural del Estado, al igual que otros edificios que por su valor histórico, arquitectónico, tipológico, urbanístico o simbólico caracterizan un espacio urbano o son testimonio de la memoria de la comunidad.

Perteneció al Instituto Biológico Argentino que en los primeros niveles desarrollaba la actividad científica.

Desde el tercer piso hasta el décimo piso se construyeron departamentos para renta de variadas dimensiones. Ambas funciones fueron conciliadas por una fachada telón de estilo neoveneciano que remata con un conjunto escultórico inspirado en la torre de San Marcos de Venecia.

* El reloj veneciano

Su bella fachada, finamente ornamentada, respeta las características de los palacios renacentistas venecianos. El reloj ubicado en la parte superior, similar al veneciano, fue construido especialmente para este edificio por la empresa Fratelli Miroglio, de Turín, en 1926, y su cuadrante es de dos metros y medio de diámetro.

Sobre el cuadrante, dos esculturas en bronce y fundición de hierro de tres metros y medio de altura representan a dos campaneros autómatas que señalan la hora al golpear con un martillo una campana que ocupa el centro del conjunto. Fue donado por el Duque de Aosta.

En la Ciudad de Buenos Aires hay sólo dos relojes de estas características: el del edificio Siemens, ubicado en la Diagonal Sur y próximo a la Plaza de Mayo, y el del edificio de la AGN, hoy totalmente restaurado y en funcionamiento.

Entrada la década de 1940 el edificio fue aparentemente expropiado por el Estado y constituido como sede del Instituto Nacional de Previsión Social. Aunque no se han encontrado hasta ahora constancias fehacientes, algunas referencias permiten inferir a que allí tenía un despacho Eva Perón.

Con posterioridad, funcionaron diversos organismos dependientes de la AFIP, la DGI y la ANSES.

Finalmente, en 1997 fue destinado a la Auditoría General de la Nación. Gran parte del contenido de este material ha sido extraído de la Investigación histórica acerca del edificio del Ex Instituto Biológico Argentino, realizado por los arquitectos Normando Martín, Andrea Martínez y Pablo H. Martínez.

Fuente: agn.gov.ar