Salvo el autor de esta nota, nadie reparó que el veto de Macri a la ley contra los despidos coincidió con los 50 años del veto del presidente radical Arturo Illia a una de caracter similar. Poco después, se consumaba el golpe militar  de Onganía con la aquiesencia del sindicalismo peronista.

Por Fernando Del Corro

El presidente Mauricio Macri se apresta a vetar (vetó) la Ley Antidespidos votada por el Congreso de la Nación casi cincuenta años después de que el entonces presidente Arturo U. Illia hiciese saber lo propio el 19 de mayo/1966, en los últimos tramos de su gestión, con una ley  similar sancionada el 19 de abril, de reformas a la  Ley de Contrato de Trabajo Nº 11.729. 

Una propuesta por la oficialista Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), a diferencia de la actual, impulsada por la oposición peronista, .

Además de esa diferencia, la Ley de Despidos, como se la denominó entonces, incluía otros aspectos complementarios, que no fueron vetados, que la asimilaban, de alguna manera, a la propuesta contemporánea que impulsaba el Frente Renovador (FR) que encabeza el diputado bonaerense Sergio Tomás Massa.

Dicha ley había sido redactada por el sindicalista Bernardo Morera, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio porteño, cuya Federación nacional encabezaba Armando March, ambos socialdemócratas afines a la conducción radical y dirigentes claves del sector de los llamados Independientes que constituían la segunda fuerza en la Confederación General del Trabajo (CGT) conducida por el peronista José Alonso, y cuyo tercer bloque era el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS) conducido por los comunistas.

El tratamiento de la ley llevó siete meses entre ambas Cámaras legislativas desde que se iniciara el de las reformas impulsadas por Morera y cuya presentación formal en el Congreso fue obra del diputado Roberto Pena, radical de la vecina ciudad de Avellaneda, uno de quiénes, una década y media más tarde impulsó el desarrollo del alfonsinismo en la provincia de Buenos Aires.

Pero si bien Pena realizó la presentación, un impulsor clave del proyecto fue el vicepresidente Carlos Humberto Perette, un entrerriano que en materia económica representaba, en los hechos, al ala más de izquierda de la UCRP que daba su apoyo al naciente sistema financiero se los sectores medios impulsado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), cuya máximo expresión es hoy el Banco Credicoop, y que en su momento convocó a un multitudinario acto en el estadio Luna Park en el cual el propio Perette fue el orador de cierre.

La estrategia de Morera, Pena, Perette y otros era la de hacer crecer al sindicalismo no peronista que con la sanción e implementación de la referida ley hubiera llegado “al Olimpo”, al decir entonces del prestigioso semanario Primera Plana que fundara y dirigiera el periodista Jacobo Timerman, una década después perseguido y torturado durante la dictadura cívico-militar encabezada por el teniente general Jorge Rafael Videla.

La Ley 11.729 que estaba centrada en la actividad labora mercantil si bien había sido sancionada en 1933 durante la presidencia del general Agustín Pedro Justo, siendo Federico Pinedo su ministro de Economía y Raúl Prebisch el impulsor de grandes cambios como la creación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las Juntas Reguladoras, más de tres décadas después se seguía utilizando globalmente como norma genérica de trabajo con algunas modificaciones que le había introducido Juan Domingo Perón.

Pero el proyecto de Morera-Pena fue avalado por el oficialismo y sectores de la oposición, dentro de la cuál había un número de peronistas entre los que se encontraba el sindicalista metalúrgico Narciso Paulino Niembro y presidente del Club Atlético Nueva Chicago, quien en 1965 ganara las elecciones en la hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabezando una lista que también fuera apoyada por el Partido Comunista (PC), por entonces proscripto.

La iniciativa fue aprobada por más de dos tercios de los diputados pero al pasar al Senado se desataron las presiones empresarias entre las que se contaron el presidente del estatal Banco Industrial, José Luis Cantilo; el estanciero radical Pedro Duhalde y alta, quienes lograron que el proyecto aprobado el 27 de octubre de 1965 en la  Cámara baja se demorara lo suficiente para provocar el enojo de los sindicalistas amigos del gobierno quienes hicieron centro en los despidos que se estaban produciendo en ese momento ante los incrementos indemnizatorios que establecía la iniciativa.

Los “independientes”, que estaban distanciados de la CGT oficial, exigieron el tratamiento de la ley en las sesiones extraordinarias ya que en caso contrario se iban a sumar a los reclamos peronistas que, entre otras cosas, distribuían tortugas en la Plaza de Mayo con la caparazón pintada con el nombre Illia quién, finalmente, debió acceder e incluir el tratamiento del proyecto con media sanción con vistas a su aprobación en el Senado.

Con enmiendas, la Cámara alta la aprobó el 27 de enero de 1966 accediendo a reclamos empresarios que, el 17 de marzo, rechazaron los diputados al punto de que el presidente del bloque oficialista, Raúl Fernández, trató de “reaccionarios” a sus correligionarios senadores porque entre sus arreglos habían excluido de los beneficios de la ley a los trabajadores rurales quienes no fueron aceptados por el Senado el 27 de abril al mantener su tesitura.

El 29 los diputados le dieron sanción definitiva rechazando las exclusiones con excepción de los marítimos y así el Poder Legislativo envió al Ejecutivo el nuevo texto el miércoles 4 de mayo, a las 18, por lo cual Illia debía promulgarlo o vetarlo antes del 19 ya que de lo contrario quedaría automáticamente promulgado.

In ínterin, la Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres (ACIEL), por las grandes corporaciones, y la Confederación General Económica (CGE), por las pequeñas y medianas firmas, le reclamaron el veto a Illia quien las derivó al ministro de Economía, Juan Carlos Pugliese, que ya había hablado con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Martín Oneto Gaona, mientras abundaban las solicitadas patronales y sindicales y los medios periodísticos impulsaban debates entre las partes involucradas.

Lo más cuestionado por los empresarios era la suba del tope indemnizatorio de 5.000 pesos por año a otro que establecía un mínimo de  47.250 ajustable sobre la base de tres veces el salario-mínimo, lo cual, según aquellos, iba a generar un proceso de aceleración de la inflación por el traslado de las reservas específicas a los costos.

Las otras objeciones más serias eran que las huelgas no eran causa de despidos aunque fueran declaradas ilegales y que los empleadores, cuando tercerizaban parte de sus actividades, como las automotrices y las constructoras, también debían hacerse responsables por la relación entre sus contratados y sus asalariados, amén de los efectos retroactivos que incluía la reforma aprobada.

Illia decidió acceder a los reclamos empresarios y, así, se anunció el 19 de mayo que el día anterior, el último para hacerlo legalmente, el veto de 60 de los artículos de la ley, con lo cual la norma quedó vaciada de contenido y al romper con sus amigos sindicalistas facilitó el golpe del 28 de junio, poco más de un mes más tarde, el que tuvo el apoyo manifiesto de la cúpula peronista de la CGT y la pasividad de los Independientes.

Fuente: Télam, 20/5/16.