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DE CÓMO EL CONGRESO SE RINDIÓ

Este largo trabajo se publica en consideración al modo en que el Congreso, por voluntad de una mayoría ocasional, concedió al gobierno de Macri -pero que será usado por gobiernos futuros -el modo de gobernar en base a DNs, grosera violación al espíritu y letra de la Constitución. Macristas, cívicos, radicales, massistas y afines, los responsables, sin, encima, votación nominal.

Por Armando Vidal

En la sesión especial del 6 de abril, la Cámara de Diputados de la Nación dejó registrada para la colección de vergüenzas de la historia parlamentaria el modo en que el Congreso de la Nación convalidó los decretos de necesidad y urgencia del presidente Mauricio Macri. Un golpe al sistema. Comenzó por el DNU que liquidó la ley de medios audiovisuales del gobierno anterior.

Una ley de largo trámite para su aprobación en octubre de 2009, apuesta de Cristina Kirchner anunciada el 1º de marzo como futuro proyecto del PEN, remitido, tratado por un abanico de instituciones y profesionales en el debate en comisión y modificado y aprobado en ambas Cámaras con amplia mayoría. 

Inicio de la declaración de guerra a Clarín, que Clarín ganó con el triunfo de Mauricio Macri en el balotaje del 22 de noviembre de 2015.

Y en este tema, la sesión finalizó con el DNU que liberó el consumo de champagne hasta fines de ese mismo abril, lo cual sonó a un festejo que en la presidencia nunca se permitió el aristócrata en serio pero valiente soldado como voluntario del ejército peruano (Guerra del Pacífico, 1879/1874, Chile contra Bolivia y Perú), Roque Sáenz Peña, el mismo conservador de los acuerdos con el rebelde Hipólito Yrigoyen en 1910 que posibilitaron la sanción -contra los conservadores rancios- de la ley en 1912 en favor del voto universal, secreto y obligatorio que llevó a la presidencia al líder radical hace de ello un siglo. 

Siempre es buena la ocasión para reconocer a un conservador como la gente.

Aquí se comenta la sesión que se publica casi en toda su extensión y que tiene muchos tramos de interés.

No es que el peronismo K se entregó sin luchar pero los cañonazos que recibió por la deserciones el bloque que conduce Héctor Recalde, cuya formación, historia y verbo parecen opacados por la situación, han transformado la base de su propio sostén en una pista de patinaje. Si hasta el nieto más reputado -Diego Bossio- usó al peronismo K para entrar al Congreso y apenas lo hizo se pasó al bando de los verdugos.

El peronismo no ha reparado -y mucho menos en la versión kirchnerista- que la circunscripción de socios provenientes del club político de Alvaro Alsogaray lo único que genera es la recolección de oportunistas y trepadores.

* Monzó y sus diferencias

Esta misma sesión es un emblema también en ese sentido porque quien la preside, el bonaerense Emilio Monzó, proviene de la escuela ucedeista, en todo caso con la diferencia de que su maestro fue el inolvidable diputado Francisco Durañona y Vedia, un hombre tan capaz para demostrar lo contrario que hasta Newton hubiera dudado de su teoría ya que las manzanas ucedeístas sólo caen en terrenos peronistas.

Monzó, un chico de la Ucedé en Carlos Tejedor, su pueblo,  se hizo peronista -el camino, ese es el camino, diría con humor Durañona- y en 2008  fue ministro de la cartera que más quiere el campo en el gobierno de Daniel Scioli y de la que se tuvo que ir. Buscó refugio un poco en las filas del Colorado De Narvaez (el que se llamó a silencio) y, con el Bicentenario de Mayo, conoció a Mauricio Macri, fue hombre de su gobierno porteño, abrió puertas de peronistas permeables, tuvo mucho que ver en la campaña electoral y llegó a la presidencia de la Cámara en la lista que encabezó el impresentable renunciado de Fernando Niembro.

Monzó está lejos de ser el radical Juan Carlos Púgliese pero tampoco es, al menos por ahora, el duhaldista y luego menemista de Alberto Pierri. Más bien parece una mezcla de estilos y formas entre Alberto Balestrini y Eduardo Fellner, lo cual puede ser considerado un elogio para él. 

Lo que se va a leer es la principal sesión -sesión especialísima en términos políticos para oficialistas de ocasión y opositores confundidos- del Congreso en el período Macri porque convalida como un trámite los DNU del diciembre-febrero justificados por la inactividad del Congreso, generada por el propio PEN no convocarlo a sesiones extraordinarias, primera vez en esta democracia nacida en 1983 tras la huida de militares genocidas de la Casa Rosada.

Los DNU serán inevitablemente materia de reelaboración cuando se imponga la necesidad de una reforma constitucional en serio y no surgida de la inmediatez oportunista. Fueron introducidos como herramientas para usos en casos extremos, excepcionales, que los gobiernos usan como rutina. No fue el caso precisamente de Cristina Kirchner.

La sesión trató en primer lugar la aprobación de los nombramientos de los nuevos auditores y juramento de asunción dado que la Auditoría General de la Nación es un brazo de control del PEN que depende del Congreso de la Nación (1).

* Macri y sus misterios

Tras la enunciación de los asuntos, la diputada Myriam Bregman (PTS-Frente de Izquierda) planteó en una moción de orden para que la sesión se aparte del reglamento y así poder tratar la situación planteada con las revelaciones del Consorcio de Periodistas que encontró que en 11,5 millones de documentos surgidos de los registros de un pope panameño creador de empresas offshore dos de ellas, por lo menos, pertenecen a la familia Macri y tienen al ahora Presidente entre sus dignatarios.

Los bloques de la oposición siempre reclaman lo que debería hacerse, como en este caso, tratándose de que el directamente involucrado es nada menos que quien inviste la primera magistratura de la Nación pero que no harían si fueran los miembros del bloque oficialista o un interbloque que exprese ese poder como en el caso de esta sesión.

 “No se puede ocultar el sol con las manos. Los diarios del mundo hablan de cómo el presidente de la Nación Argentina se ha visto involucrado en la problemática de las sociedades off shore, que es un mecanismo para evadir y ocultar capitales. Esta noticia, que no se puede tapar, tiene en vilo a toda la sociedad argentina” señaló la diputada con toda razón pero, obvio, sin fuerza para imponerla.

Bregman pidió, además, que Macri se hiciera presente en la Cámara de Diputados “para dar las explicaciones del caso en una sesión pública”.

No quedó allí. Pidió que dado los 110 mil despidos registrados –ese fue el número que mencionó- también se tratase un proyecto para disponer la prohibición de despidos y suspensiones y el pase a planta permanente de todos los trabajadores del Estado.

 “Por eso, también solicitamos que en vez de esta vergonzosa sesión para declarar la validez de los decretos con los que gobernó Mauricio Macri durante todo el verano mientras mantuvo cerrado el Congreso, discutamos sobre los tarifazos y acerca de dónde fue a parar el dinero de los subsidios otorgados a lo largo de estos años” dijo.

Y como para ir cerrando, afirmó: “no puede ser que en todas las sesiones debamos estar de rodillas. Primero fue para entregar todo a los fondos buitre y ahora para declarar la validez de los decretos con los que Mauricio Macri gobernó, a nuestro entender, en forma ilegítima e ilegal”.

Los portavoces de la izquierda, como el caso de la abogada nacida en Timote, provincia de Buenos Aires, deben pedir lo imposible.

Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde votar la moción de orden formulada por la señora diputada por Buenos Aires de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan (sic).  (Dice el Art. 134 del Reglamento de la Cámara: "Las mociones de sobre tablas únicamente podrán formularse dentro de los turnos fijados por el artículo 168 –salvo las previstas en el artículo 210–, serán consideradas en el orden en que se propongan, y requerirán para su aprobación las dos terceras partes de los votos emitidos").

Sr. Recalde.- Si me permite, señor presidente, solicito que la votación se practique en forma nominal. Por otro lado, para que no haya confusiones, pido que se aclare el sentido de la votación: quienes voten por “sí” lo harán a favor de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento, y quienes voten “no” estarán expresando su desacuerdo con la moción.

(Aquí Hèctor Recalde, jefe de la bancada del FpV, pierde la oportunidad de decir que su sector también reclamará la votación nnominal para cuando se trate el tema de los DNUs violatorios de la Constitución).

Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia recuerda a los señores diputados que al tratarse de una moción de orden, no se discute. Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Camaño.- Señor presidente: entiendo su muy buena predisposición en esta sesión y en la anterior para que nadie se quede sin hablar, pero dado que a simple vista se sobreentiende que gran parte de esta Cámara no va a acompañar este proyecto, creo que estamos perdiendo el tiempo. Es más, la Presidencia podría poner en consideración el pedido de votación nominal y también se perdería. Temo que ante cada moción de apartamiento de las prescripciones del reglamento u otras se pretenda solicitar votación nominal. Esto no corresponde; nunca se hizo. Entonces, no inauguremos modalidades que nos lleven a estar sentados aquí veinte o treinta horas; demos dinamismo a las sesiones.

(Graciela Camaño, flamante abogada, meritoria trabajadora al servicio de causas no necesariamente justas, oficia aquí de celadora o maestra de procedimientos expeditivos con los macristas, más verdes que amarillos en el manejo del gobierno).

Sr. Presidente (Monzó).- Entiendo lo que expresa la señora diputada Camaño. La presidencia solicita a los diputados que en el tablero electrónico figuran con intención de abstenerse que verifiquen si desean hacerlo de esa manera. Se va a votar nominalmente.

- Se practica la votación nominal. - Conforme al tablero electrónico, sobre 237 señores diputados presentes, 89 han votado por la afirmativa y 131 por la negativa, registrándose además 16 abstenciones.

Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 89 votos por la afirmativa, 131 por la negativa y 16 abstenciones.

(…) cuestiones de privilegio, designaciones de auditores…

* Denuncia contra el Presidente

Sr. Martínez (N. D.).- Señor presidente: si bien el tema al cual me voy a referir ya fue tratado en este recinto, quería plantear esta cuestión de privilegio sobre un asunto que se ha hecho público a partir de la información emanada del consorcio de periodistas de investigación, del que participaron periodistas argentinos del diario La Nación, y los canales 13 y TN.

(El diputado Norman Darío Martínez es un rionegrino que vive en Neuquén, joven contador, que llegó a la Cámara en reemplazo de la diputada y ex senadora Nancy Parrilli, neuquina, hermana de Oscar Parrilli, elegida legisladora provincial. El mandato de Martínez finaliza el diciembre del próximo año. Con esta intervención, su denuncia penal contra Macri, lo llevó a ganar una atención en la prensa y TV porteña que no tuvo su antecesora en la banca).

Esos periodistas -sigue- hicieron un minucioso trabajo de investigación sobre quienes crean cuentas off shore con el objetivo de evadir impuestos. En este sentido, tal como se publicó en el diario La Nación del domingo próximo pasado, entre los nombres que surgieron estaba el del presidente de la Nación, el señor Mauricio Macri, quien habría ocupado los cargos de director y vicepresidente de la empresa Fleg Trading.

Si bien desde la Presidencia de la Nación se emitió un comunicado indicando que la empresa no habría realizado ningún tipo de operaciones, se reconoce que el presidente efectivamente fue uno de sus directores.

A su vez, el señor Franco Macri, padre del presidente de la República, señaló que lo había designado como director porque necesitaba en ese cargo a alguien de mucha confianza. Al menos estas son las declaraciones que se dieron a conocer.

Antes de ser presidente del Club Atlético Boca Juniors el señor Macri fue director de SOCMA, Sideco y Sevel. En esta empresa, que en su momento fue muy cuestionada por evasión impositiva, compartió cargos con el señor Grindetti, quien también figura en la lista de personas que formaron empresas para evadir.

Debería ser para nosotros una obligación efectuar la denuncia correspondiente para que se investigue, porque siguen apareciendo compañías en las que el señor presidente fue director; algunas tuvieron actividad y otras siguen en funcionamiento.

Por otro lado, el actual presidente del Club Atlético Boca Juniors declaró que las empresas off shore vinculadas con dicho club no fueron creadas durante su mandato sino que datan de hace veinte años, es decir, cuando el actual presidente de la Nación era el titular del Club Atlético Boca Juniors.

Esto demuestra que era una actividad bastante conocida por el señor Presidente, más allá de que vaya a saber por qué el padre necesitaba de su confianza para formar parte de una empresa que no tuvo actividad. Independientemente de estas cuestiones, como advertimos que está relacionado con varias empresas, es necesario que brinde explicaciones no solo a los diputados, quienes seguramente nos sentimos menoscabados en nuestra actividad, sino también al pueblo argentino.

Por eso, he radicado hoy una denuncia en los tribunales de Comodoro Py para que se investigue. Acompañan mi presentación todos los artículos publicados en distintos medios,  que son muchos, en los que se asegura que el señor presidente de la Nación ha tenido que ver en la creación de esas empresas.

¿Para qué se crearon? El señor Franco Macri explicó que para desarrollar alguna actividad comercial en Brasil.

Me pregunto para qué crear en las Bahamas una empresa a fin de llevar adelante una actividad tendiente a relacionar compañías argentinas y brasileras. Esto es muy grave y debe ser investigado. Los diputados tenemos la obligación de denunciar estos hechos y el señor presidente de dar las explicaciones que el pueblo argentino merece. (Aplausos en las bancas.)

Sr. Presidente (Monzó).- La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

* Blanqueo de los DNU

Más allá de cierto fastidio que se percibe en la diputada Graciela Camaño -que es cuando comienza a mostrar su explosivo  temperamento- resulta evidente que la estrategia del oficialismo consiste en dejar hablar e imponer su mayoría merced a la colaboración del bloque massista que integra la señora de Luis Barrionuevo  y al grupo de diputados en el que se insertó el ex K y ex titular durante siete años de la Anses, Diego Bossio. Y así pasar lo más rápido posible a legalizar los abusivos DNU de Macri con la aprobación de la Cámara.

Aquí no son los puramente macristas los que están de espadas a su historia -que por otra parte es poca- sino los radicales y los cívicos de Carrió, en especial, más allá de esos peronistas conocidos por sus conductas colaboracionistas como es el caso de la señora Camaño.

Se trata de inmediato, en consecuencia, la validez del Dto. 267/15 del PEN. Es el que despanzurró la ley de medios audiovisuales, cuyo proyecto fue anunciado por la entonces Presidente Cristina Kirchner en la Asamblea Legislativa del 1º de marzo de 2009 y debatido ampliamente en comisión en ambas Cámaras hasta ser aprobado, con modificaciones, en octubre de ese año.

Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo relativos a la validez del decreto 267/15. (Orden del Día N° 10.)  En consideración. Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Tonelli.- Señor presidente: estamos considerando el decreto 267/15, por el cual el Poder Ejecutivo dispuso la creación del Ente Nacional de Comunicaciones luego de disolver los dos organismos que pasa a reemplazar: la AFSCA y la AFTIC, creadas por las leyes 26.522 y 27.078 respectivamente. Además, se sustituyen algunos artículos en ambas normas.

Obviamente, se trata de un decreto de necesidad y urgencia; es decir, un decreto como aquellos que el titular del Poder Ejecutivo está autorizado a dictar de acuerdo con el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.

El diputado Tonelli no ignora, como tampoco la diputada Camaño ni ninguno de los diputados, que el Art.99, en ese inciso, prohibe expresa y taxativamente los DNU, si bien los admite cuando no hay modo de encarar de inmediato un problema de extrema urgencia como sería un imprevisto catastrófico de la naturaleza o generado por una acción humana. Dice el artículo en ese inciso respecto de las atribuciones del Poder Ejecutivo:

3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de caracter legislativo. Solamente -sigue el inciso- cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros (...)".

(igue lo que dice Tonelli quien elude mencionar esta primera parte del inciso 3 del Art. 99 de la CN.

Sr. Tonelli.- Conforme con dicha disposición y la ley 26.122, reglamentaria de esa norma, deben ser sometidos por el titular del Poder Ejecutivo a la consideración del Congreso: primero, a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo creada por la ley 26.122, y luego, al pleno de ambas Cámaras.

El decreto fue efectivamente sometido dentro del plazo previsto por la ley 26.122, que es de diez días, es decir, fue remitido por el jefe de Gabinete a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y ésta se expidió al respecto.

El dictamen de mayoría recomienda declarar la validez del decreto de necesidad y urgencia número 267/15. Esa recomendación se funda en la circunstancia de que ese decreto satisface tanto los recaudos formales como los sustanciales exigidos en la Constitución y en la ley para que este tipo de normas sean válidas.

Los recaudos formales son relativamente sencillos y fueron acabadamente cumplidos: el decreto se dictó en acuerdo general de ministros y fue remitido por el jefe de Gabinete al Congreso dentro del plazo de diez días de haber sido dictado.

En cuanto a la urgencia para su dictado, fueron varias las razones que llevaron al Poder Ejecutivo a entender que efectivamente se daba una situación de urgencia.

La primera es que el decreto fue emitido durante el receso del Congreso, en diciembre de 2015, cuando todavía restaban más de dos meses para el inicio del período ordinario de sesiones, que -como todos saben- comienza el 1° de marzo de cada año.

De manera tal que no había posibilidad de que el Congreso sancionara una ley con la urgencia y la celeridad que el caso requería a juicio del Poder Ejecutivo.

Respecto a las razones sustanciales que justificaban la urgencia para dictar esa norma, ellas fueron suficiente y adecuadamente explicadas en los fundamentos del propio decreto, pero vale la pena repasarlas para solicitar a los colegas su voto favorable a la declaración de validez de este decreto.

Como dije, lo primero que hizo este decreto fue unificar dos organismos que estaban encargados de aplicar la ley de medios y la ley de telecomunicaciones digitales, números 26.522 y 27.078.

Esa divergencia, es decir, el hecho de que hubiera dos organismos dedicados a aplicar dos leyes distintas en materia de medios y de telecomunicaciones, ocasionó muchas dificultades en la aplicación, y sobre todo generó muchas dificultades para que el país avanzara en la regulación de un tema tan cambiante y tan importante, como es el de los medios y las telecomunicaciones, para estar a la altura de los tiempos y de otros países, incluidos los de la región.

El Presidente tuvo en cuenta que la tendencia mundial y regional en esta materia es la convergencia de los medios por los cuales se producen las noticias, llegan las informaciones a la población, se transmiten películas y contenidos de entretenimiento y funciona Internet, que hoy en día tiene tanta importancia para toda la población.

Mientras en el mundo y en la región se tiende a la convergencia y la unificación en un solo organismo rector de la regulación de todo lo atinente a los medios y a las telecomunicaciones, en la Argentina estábamos embarcados en una tendencia exactamente opuesta, que era la de la divergencia y la duplicidad de organismos regulando esta materia.

Por supuesto que esta duplicidad y este ir a contramano tuvo sus consecuencias para el país.

Las consecuencias fueron –esto no hace falta demostrarlo porque son hechos notorios- la falta de inversión, la inexistencia de control sobre las empresas, un pésimo servicio telefónico, una baja y reducida conectividad de Internet en todo el país. Lo que no es menor y en buena parte explica los problemas que hemos tenido, es que había que solucionar de manera urgente la utilización política, la conducción política de esos dos organismos encargados de regular los medios y las telecomunicaciones: la Autoridad Federal de Sistemas de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).

Daré unos pocos ejemplos para demostrar la politización de esa conducción que es bueno recordarlo iba frontalmente en contra de lo recomendado por la Corte Suprema al resolver la constitucionalidad parcial de la ley de medios en el caso de Clarín.

La Corte recomendó muy enfáticamente la necesidad de que hubiera un organismo independiente del Poder Ejecutivo y sobre todo conducido por alguien absoluta e indiscutiblemente independiente del Poder Ejecutivo para de ese modo poder cumplir los objetivos de las leyes que regulan las comunicaciones y los medios en la Argentina, cuyo principal propósito es la pluralidad.

Sin embargo, a pesar de la directiva consagrada en la ley y la que emana de la Corte Suprema, la AFSCA estaba conducida por un notorio militante político que entre otras cosas fue candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la última elección, lo cual me exime de todo comentario para acreditar ese carácter de militante político y su consecuente falta de competencia e idoneidad.

Por si hiciera falta algún dato más para corroborar lo que sostengo, basta recordar que un informe de auditoría determinó que 109 empleados de la AFSCA aportaban mediante descuentos por planilla el 8 por ciento de su sueldo a Nuevo Encuentro, partido del cual era o es responsable el mismo titular de la AFSCA.

Es claro que el organismo se desvió notoria e irremediablemente de los fines y los objetivos que la ley había puesto a su cargo. Esto además queda demostrado con algunas cifras. Por ejemplo, no se cumplió con la asignación del 33 por ciento del espectro a los medios comunitarios, cuando uno de los objetivos más importantes de la ley de medios era asignar espacios a los pequeños medios comunitarios representativos de pequeñas localidades y comunidades o sectores reducidos y generalmente marginados.

Además, se hicieron 1.200 llamados a concurso de licencias de FM, de las cuales solo se adjudicaron 58; es decir que prácticamente la totalidad de los concursos fueron declarados desiertos o anulados. Se adjudicaron bandas de frecuencias sin ningún tipo de autorización ni coordinación con la Comisión Nacional de Comunicaciones, lo que hizo que esas bandas de frecuencia fueran un obstáculo para las frecuencias de otras emisoras, incluidas algunas de países vecinos.

Asimismo, se hicieron llamados a concurso para adjudicar licencias de AM, y al cabo de tres años solo se adjudicaron cinco, de las cuales únicamente tres están vigentes.

En cuanto a los canales de TV abierta digital, 42 concursos se declararon desiertos y solo se adjudicaron 13 canales. De manera tal que para solucionar los problemas de la ley, fundamentalmente la falta de actualización que estaba prevista que estaba prevista en la primera de las leyes la 26.522 , cuyo artículo 47 requería una actualización cada dos años del contenido de la norma que nunca se hizo ni existió , y ponerla a tono con el desenvolvimiento que tienen las tecnologías en el mundo, de acuerdo con el propósito de ambas leyes el Poder Ejecutivo no solo disolvió los dos organismos que eran absolutamente inconvenientes y antifuncionales y los fundió en uno solo sino que además creó una comisión mediante el mismo decreto de necesidad y urgencia.

En el lapso de 180 días dicha comisión debe proponer al Poder Ejecutivo –y éste al Congreso una nueva ley que regule los medios y las telecomunicaciones.

Esa comisión fue efectivamente creada por resolución del 1° de marzo de parte del ministro de Comunicaciones, y ya está en funciones. Esta comisión –si me permiten leer tiene que redactar un proyecto de ley que facilite el acceso de todos los individuos a los medios de comunicación y a las tecnologías de información y las comunicaciones mediante criterios democráticos para la asignación de licencias.

El proyecto también debe garantizar la neutralidad, la apertura y la competitividad de las redes con el objeto de posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones. Debe garantizar la pluralidad, la diversidad de los contenidos audiovisuales y reservar un 33 por ciento de las localizaciones radioeléctricas planificadas para personas de existencia ideal sin fines de lucro.

También debe garantizar el pluralismo político. Era necesario y urgente superar los defectos y los problemas que estas dos leyes tenían y, sobre todo, los desvíos en los que estaban incurriendo los dos organismos encargados de aplicarlas. La AFTIC siguió, entre otras cosas, designando personal después del 10 de diciembre de 2015, como si nada hubiera pasado en el país, como si no hubiera habido una elección general y un cambio de gobierno.

Por ende, la decisión del Poder Ejecutivo de disolver esos dos organismos y crear uno que los reemplace, es correcta y acertada, de acuerdo con la tendencia impuesta en el mundo no solo hacia la convergencia de los medios para que todos los actores de las comunicaciones puedan prestar libremente sus servicios, sino también de un único ente de control para regular ese mundo tan particular y cambiante que es el de las comunicaciones, de acuerdo con las innovaciones que se producen.

- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2ª de la Honorable Cámara,  Patricia Viviana Giménez.

Sr. Tonelli.- Por lo tanto, dado el carácter estrictamente necesario de esa modificación y el estado de verdadero descalabro en el que se encontraban los dos organismos reemplazados por el nuevo creado por este decreto de necesidad y urgencia, creemos que su validez está plenamente justificada. De la misma manera en que lo hizo el dictamen de mayoría de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, recomendamos a la Cámara de Diputados que vote por la validez del decreto de necesidad y urgencia 267 del 29 de diciembre de 2015. (Aplausos en las bancas.)

Sra. Presidenta (Giménez).- Para referirse al dictamen de minoría, tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Cleri.- Señora presidenta: escuché atentamente al señor diputado Tonelli, quien informó sobre el dictamen de mayoría que cuenta con ocho firmas. Quiero aclarar que nuestro dictamen también cuenta con ocho firmas, pero hasta el 10 de diciembre el presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo era el senador Luis Naidenoff, quien le dio en primera instancia el tratamiento en el recinto. La Comisión Bicameral, y luego cada una de las Cámaras, debe estudiar las formas y considerar el concepto político.

(Marcos Cleri es un  santafesino, de Rosario, 34 años, abogado, peronista y pertenece a La Cámpora. Este es su segundo mandato que concluirá en 2019).

Cuando uno estudia las formas, nota que el decreto de necesidad y urgencia 267/15 fue firmado por todos los ministros. Sin embargo, en ningún momento se considera la urgencia.

Además, cuando uno lee la fundamentación, advierte que no se podía llamar a sesión.

La verdad es que se está desconociendo la Constitución Nacional y la convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar temas trascendentes. Todo esto demuestra un desconocimiento importante de quien redactó el decreto, a lo que se agrega un contenido político.

Antes de avanzar, quiero aclarar que esta sesión no cumple con las formas y es pasible de ser impugnada.

Seguramente el bloque del Frente para la Victoria tomará las decisiones pertinentes luego de analizar lo ocurrido.

Se trata de una sesión especial que consiguió el quórum 45 minutos después de la hora de citación, cuando el Reglamento dice que pasada la media hora queda levantada.

Ahora me referiré al aspecto político.

Como señalé anteriormente, no había urgencia porque tanto la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como la de Argentina Digital, fueron debatidas en el Congreso Nacional y aprobadas por la mayoría. Se trató de una votación transversal porque además de la política, fueron protagonistas las instituciones y los organismos que lucharon por la libertad de expresión y contra la censura.

Quiero que se agregue a la versión taquigráfica el documento de la Coalición por una Comunicación Democrática enviado a cada uno de los diputados para su consideración.

Hoy se está aplicando el apuro y la urgencia para lograr la legalidad y la legitimidad las que están viciadas desde el origen y así concurrir el 8 de abril a pedir explicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Más de 300 organismos plantearon que esta ley concentra la comunicación, atenta contra la libertad de expresión, apunta a lograr la censura, y sobre todo, a dejar mucha gente sin trabajo.

Esto tiene el sentido político de la urgencia de tratar de tapar lo que ocurre en la Argentina. Por eso le dieron a Clarín y a los grupos concentrados de comunicación un decreto-ley que los volvió a poner en el centro de la escena.

Durante más de 30 años se debatió en el Congreso una ley que logró una sanción ejemplar tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

 ¿Qué urgencia había para no debatirla nuevamente en el Congreso Nacional y dictar un decreto-ley?

De manera indirecta se trataba de lograr una sanción ficta de un decreto-ley, tal como ocurrió en la época de la dictadura. El decreto 267/15 desplaza y desconoce los derechos de quienes tienen la facultad de controlar la aplicación de ambas leyes. El decreto está viciado en sus requisitos esenciales cuando se trata de un acto administrativo que viola el principio fundamental federal de la Argentina.

El decreto no obliga a los cableros a incorporar contenido local, con lo cual la generación de empleo buscada y la pluralidad de voces, con la legislación vigente hasta el dictado de este decreto ilegal, ilegítimo e inconstitucional, empieza con lo que viene haciendo Mauricio Macri desde que asumió. Me refiero a despedir, generar desempleo y construir un discurso único que sostenga la censura y viole la libertad de expresión.(Aplausos en las bancas.)

Asimismo, pasaré a leer lo expresado por el relator, que está en nuestro informe y fue acompañado por el pedido del voto no válido para declarar la invalidez.

El relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos dice:

"El Estado tiene la potestad legítima de regular determinados aspectos del acceso y usufructo del espectro y de los bienes públicos que utilizan los medios audiovisuales para funcionar, pero esa regulación debe ser realizada por ley, de acuerdo al artículo 13 de la Convención Americana y el artículo 19 de la Declaración Universal." “Este tipo de regulaciones incide en el régimen de funcionamiento de los medios de comunicación, y es determinante para el acceso de todas las corrientes de opinión, las empresas periodísticas y los grupos de interés a los medios de comunicación. “Por lo tanto, el ejercicio de la libertad de expresión debe garantizarse a través de los medios, y la existencia misma de una sociedad y un debate plural, dependen en buena medida de este marco de funcionamiento y debe ser regulado por una ley en sentido formal y material. “Además, en tanto puede restringir la libertad de expresión, este tipo de leyes debe perseguir un fin legítimo y sus mecanismos deben ser necesarios para una sociedad democrática y sus disposiciones, estrictamente proporcionales para conseguir el fin que se persigue. A todas luces un decreto presidencial no puede ser considerado una ley en sentido formal y material, por más que meses después sea sometido a la consideración del Parlamento. El hecho de obedecer a la voluntad del Ejecutivo, de no estar sometido al procedimiento formal de aprobación y de carecer del escrutinio y del debate democrático que supone el proceso parlamentario, a mi juicio no cumple con el estándar internacional que acabo de mencionar”.

Claramente este decreto, el 267/2015, es inconstitucional, ilegítimo, ilegal y viene a cumplir con quien acompañó en la campaña presidencial a Mauricio Macri, que es el Grupo Clarín y los grupos concentrados. Viene a dar una sola voz: concentrar en la ciudad de Buenos Aires y unificar a lo largo y a lo ancho del país, desconociendo la visión federal y local.

Asimismo, viene a otorgar lo que todos los argentinos financiaron, y que fue un programa maravilloso, la “Argentina Conectada”, para que lo manejen ellos y controlen, ya no los medios de comunicación audiovisual sino la fibra óptica en la Argentina, que todos los argentinos la pagaron y ahora la concesionan a estos grupos económicos.

Esto también tiene un claro avasallamiento en el Congreso Nacional, no sólo porque no fue citado a extraordinarias para debatirlo, o en sesiones ordinarias para modificar la ley, sino también porque los directores propuestos por el Congreso Nacional fueron removidos por un decreto del presidente de la Nación.

Ante eso, el Congreso Nacional, cada diputado, cada hombre y mujer que representa y defiende a la política, deben alzar su voz y decir que hay que poner un límite.

Hay que poner límites al avasallamiento. No puede ser que se cree una nueva autoridad que desconoce a la autoridad de aplicación anterior y a los directores designados por la Comisión Bicameral, que debe velar el cumplimiento de esta ley y por supuesto de la “Argentina Digital”.

Esos directores fueron designados por el Congreso Nacional y no pueden ser en ningún momento destituidos por un decreto presidencial, ni tampoco constituir un organismo de conducción, el ENACOM, parecido al COMFER, que seguramente el diputado Eduardo Seminara lo explicará a la perfección porque fue integrante del AFSCA.

Un AFSCA federal, representativo, en donde cada institución tuvo la posibilidad de hablar, diversificar las voces y buscar siempre la libertad de expresión y la pluralidad. No como hoy, que tenemos una clara censura ante lo que está pasando en la ciudadanía, con una manipulación informativa, que es lo que la ley después de treinta años de lucha trató de buscar: la libertad de expresión para que cada argentino tenga posibilidad de decir lo que siente, y también el derecho de informarse libremente, que está siendo violado por este decreto ley.

Además, en este decreto ley cesa la participación ciudadana a la renovación de las licencias. Tampoco hay una sola medida que defienda la industria cultural, y esto está en coincidencia con las decisiones que toma el gobierno de Mauricio Macri. No hay una sola medida en defensa de la industria nacional y de la pyme, y este decreto tampoco va en defensa de la industria cultural.

No se puede avalar este decreto ley.

Convoco a cada diputado a que piense en la política, en la libertad de expresión que hoy tiene en el recinto. Si la política está en el centro de la escena los monopolios pierden. Sobre todo, aquel diputado y frente político que votaron la ley de servicios de comunicación audiovisual deben mantener la coherencia de su posición y acompañar con su voto el rechazo de este decreto de necesidad y urgencia.

Asimismo hace cesar los límites para la formación de monopolios y oligopolios contemplados en el artículo 45 de la ley, que seguirá estando en vigencia si en el día de hoy logramos rechazar este decreto de necesidad y urgencia.

Este es un momento histórico y espero que nos acompañen. Además, deja sin efecto las disposiciones de la ley de servicios de comunicación audiovisual en lo relativo a la obligación de los licenciatarios respecto de la pluralidad de contenidos. En relación con este tema escuché al señor miembro informante decir que se está yendo hacia la concentración, como en el resto de los países. Pero lo que el decreto ley no dice en ningún momento es que se va hacia la unificación de la autoridad de aplicación, que tiene independencia respecto del Poder Ejecutivo y que además se garantizan la pluralidad y los contenidos regionales.

Así ocurre en Brasil y en cada uno de los países que han tomado esa decisión de lograr esa unificación.

En este decreto ley hay una unificación y una dependencia respecto del Poder Ejecutivo, se avasalla al Congreso Nacional y, por sobre todas las cosas, en ningún momento hay una independencia de la autoridad de aplicación y mucho menos se tienen en cuenta los contenidos plurales. 

El decreto ley 267/2015 está viciado en su origen inicial, que está determinado por la Ley de Ministerios, respecto de la cual oportunamente trataremos el respectivo decreto de necesidad y urgencia.

En el primer decreto del gobierno de Mauricio Macri se empezó a preparar el avasallamiento de las instituciones, no solo en relación con la ley de medios sino también con la educación y el resto de cada una de las políticas públicas que el Estado Nacional venía garantizando.

Cuando los diputados y diputadas venimos a este recinto lo hacemos para ejercer el rol que nos ha conferido nuestro representado, es decir, el pueblo de la Nación Argentina.

Por eso convoco a cada diputado y diputada a que piensen en la política, que es el eje central de transformación de la vida de cada una de las personas, para que no se sometan a los oligopolios de los medios de comunicación o a los segundos en la televisión para tratar de tener un mejor posicionamiento a partir de su imagen y, desde allí, en alguna encuesta.

La política es la que define el rumbo de la Argentina, por lo que no se debe pensar en el corto plazo sino en el largo plazo, para lo cual debe haber una pluralidad de voces que debe ser garantizada en forma plena.

No se puede venir a este recinto a plantear la derogación de una ley que fue debatida en democracia, para ser sustituida por un decreto respecto del cual después seguramente tendremos que trabajar en la elaboración de una nueva ley que permita subsanar los errores que él tenga.

Si había que corregir algo, eso tenía que hacerse a través de la sanción de una nueva ley por parte del Congreso Nacional, con 129 votos en esta Honorable Cámara y, por supuesto, con la mayoría necesaria en el Honorable Senado.

Lo que quisieron hacer es generar los derechos adquiridos para un grupo económico y, desde allí, darle todas las ventajas necesarias en cuanto a las licencias en materia de comunicación y la vía libre para que empiece a manejar la fibra óptica en la Argentina y, fundamentalmente, el mensaje único, que es algo que está logrando.

Por lo expuesto, el bloque del Frente para la Victoria, convocando al resto de los señores diputados que no participaron en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo –Ley 26.122-, va a votar negativamente respecto de la validez de este decreto de necesidad y urgencia.

 La invalidez se basa en que no hubo urgencia ni fundamentos políticos claros y, por supuesto, porque cada uno de los organismos locales e internacionales están diciendo que votar este decreto de necesidad y urgencia y violar la legislación vigente es atentar contra la libertad de expresión y, sobre todo, abrir el camino hacia la censura porque cada uno de los argentinos no tendrá la posibilidad de informarse libremente. (Aplausos en las bancas.)

Sra. Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

* En apoyo del DNU

Sr. Petri.- Señora presidenta: la verdad es que cuando uno escucha al señor miembro informante del bloque del Frente para la Victoria no puede caer más que en el asombro. No sé si los que hoy son opositores y hasta el 10 de diciembre del año pasado fueron oficialistas tienen problemas temporales de memoria o los está afectando alguna enfermedad que les impide recordar hechos que fueron clave en la política argentina. Uno de los hechos clave que signó la gestión anterior fue la discusión de la ley de medios.

(Luis Alfonso Petri es  radical, mendocino, 39 años ajeno por completo a la posición de su partido y a la resistencia de su bloque a la creación de las AFJP, casi coincidente con la convención constituyente de 1994).

Sin embargo, hoy gratuitamente y graciosamente como si no existiese un pasado, las versiones taquigráficas o los antecedentes no fuesen públicos, nos vienen a decir que esta sesión es nula porque se inició con quince minutos de demora en relación con el horario fijado.

El señor diputado preopinante en su alocución hacía referencias históricas. Por eso lo invito a que revise la versión taquigráfica de la sesión de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en esta Cámara.

Para su sorpresa –avalando su teoría de nulidad por el transcurso del tiempo reglamentario- le informo que dicha sesión especial fue convocada el 16 de septiembre de 2009. Se trató de una sesión plagada de irregularidades.

Más de treinta cuestiones de privilegio se discutieron al momento que se llevó a cabo dicha sesión. Pero existe un dato curioso: fue convocada para la hora 10. Sin embargo, cuando uno revisa lo que ocurrió al inicio de la reunión –se trata de un trámite rápido que se puede pedir en Información Parlamentaria- ve que la versión taquigráfica dice lo siguiente:

 “En Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de septiembre de 2009, a las 11 y 23”.

O sea que se inició la reunión una hora y 23 minutos después de la convocatoria original. Estamos hablando de una sesión en la que se trató esta ley de la democracia de la que tanto se jactó el kirchnerismo por la pluralidad de voces y la libertad de expresión.

Los mismos argumentos que hoy utiliza el señor diputado preopinante para decir que es nula esta sesión para convalidar este decreto, podrían haber sido utilizados para nulificar la sesión en la que se aprobó la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Lo cierto es que este decreto de necesidad y urgencia cumple con los requisitos formales y sustanciales que la Constitución establece en el artículo 99, inciso 3.

En primer lugar, existían circunstancias excepcionales que imposibilitaban el trámite ordinario de las leyes. Además, estaba asumiendo un gobierno y el Congreso no había sido convocado. Existía la necesidad y urgencia de dictar un marco regulatorio que fuese transitorio, porque así lo reconoce el mismo decreto de necesidad y urgencia.

Por otro lado, no se modificaban completamente las leyes 26.522 y 27.078 sino que, por el contrario, se establecían acciones que permitieran la aplicación de una ley que se había aplicado mal y poco.

Además, cuando se recurrió a ella había sido sesgada y direccionada para un multimedio de la Argentina. Escucho a los miembros de la oposición, particularmente a los del Frente para la Victoria, y pareciera ser que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene una categoría supralegal.

Daría la impresión de que para modificar esa norma se necesitaran mayorías calificadas. Si tanto les importaba la regulación de los medios audiovisuales, deberían haber modificado la Constitución cuando habla de las materias vedadas. Los invito a que lean y repasen lo que dice el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional sobre las facultades prohibidas para el dictado de decretos de necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo.

Por eso el constituyente de 1994 –corresponde aclarar que en esa Convención participó quien hasta el 10 de diciembre fuera presidenta de la Nación Argentina: Cristina Fernández de Kirchner- estableció cuatro materias vedadas para el dictado de decretos de necesidad y urgencia. Eran trascendentes y requerían la necesaria participación del Congreso para cumplir con el proceso de formación y sanción de las leyes.

Por ello, la materia penal, tributaria, de régimen de partidos políticos y electoral no podían ser dictadas por decretos de necesidad y urgencia. La pregunta que todos nos hacíamos era si el constituyente del 94 había dicho algo respecto de la imposibilidad de dictar DNUs sobre contenidos audiovisuales y TICs.

Pero nada dijo. Por lo tanto, consideramos que dados los requisitos de circunstancias excepcionales, necesidad y urgencia, es una materia en que el Poder Ejecutivo puede avanzar.

Pero además del constituyente de 1994, hay que recordar que la autora de la ley que reglamenta los DNU, número 26.122, fue la entonces presidenta de la Nación, que estableció el procedimiento que reglamentó la norma constitucional del artículo 99 incisos 1, 2 y 3, quien dio acaloradas discusiones en defensa del derecho a dictar DNUs, equiparándolos a las leyes.

Uno podría decir que este gobierno introdujo la novedad legislativa de dictar decretos de necesidad y urgencia respecto de contenidos audiovisuales, pero lo cierto es que el propio kirchnerismo lo hizo.

¿Qué hizo si no Néstor Kirchner en 2005 cuando prorrogó por diez años las licencias de radio y televisión en la República Argentina a través del dictado de un decreto? ¿O qué hizo la entonces presidenta de la Nación cuando, ya sancionada la ley de medios, dictó el decreto 319/12?

Ese decreto prácticamente reconfiguró la composición del directorio del AFSCA introduciendo un director; no se trataba de cualquier director sino de un superdirector con derecho a veto. Esto claramente atentaba contra la propia ley que el kirchnerismo había sancionado. Esto ocurrió en forma previa a la asunción de Sabbatella como encargado de la AFSCA.

Entonces, señor presidente, hay antecedentes legislativos, hay decretos firmados por el anterior gobierno, y estamos dentro de los parámetros que la Constitución exige.

(Argumento  falso porque la Constitución dice lo que la asamblea aprobó y surge de su propio debate en 1994. Sólo en circunstancias de fuerza mayor que en estos casos no estaban dadas porque la convocatoria a sesiones extraordinarias es específica del Poder Ejecutivo que no lo hizo para obrar del modo quasi dictatorial).

En algo coincido con el señor diputado Cleri y es que sin lugar a dudas hay que dar la discusión política sobre esta ley.

Ahora, quiero que el kirchnerismo –y tendrá la oportunidad de hacerlo en esta sesión- rinda cuentas sobre la ley de medios, sobre la pluralidad de voces y la democratización de la palabra en la República Argentina.

Cuando menciono estos emblemáticos y grandilocuentes eslóganes que caracterizaron durante más de una década al kirchnerismo cuando hablaban de la democratización de la palabra, pero buscaban decididamente desguazar y destruir un medio en la República Argentina, o cuando hablaban de la democratización de la Justicia, pero querían cooptarla, o de argentinizar YPF y lo que querían era entregar el negocio a los amigos del poder , la verdad que me da escalofríos.

Es cierto que se trata de una ley de la democracia, pero no tuvo la amplia mayoría que aquí se dice. Muchas leyes de la democracia, diría miles, han sido modificadas, no obstante haber sido sancionadas por el Congreso de la Nación.

Tenemos que hablar del AFSCA, el organismo de control de la ley de medios. Cuando repasamos las funciones que le otorga la ley de medios, nos damos cuenta de que fueron muy pocas las que efectivamente cumplió como organismo de contralor. Pero sí dio cumplimiento con el fin ideológico que tenía el AFSCA y que buscaban quienes impulsaron la ley: disciplinar a los medios que osaran contradecir o criticar al gobierno, y por el contrario, establecer premios y estímulos a los amigos del poder.

¿Por qué ocurrió esto? Porque el gobierno partía de la premisa equivocada de que todo aquel medio que no se subordinara, que manifestara algún tipo de reparo, crítica u observación, era un medio opositor.

Entonces, teniendo en cuenta que había medios y periodistas que efectivamente ejercían la libertad de expresión y de medios, había que equilibrar esa balanza constituyendo un pool o holding de medios amigos. Esto es lo que hicieron con la ley de medios en la República Argentina.

No es casual que en el mundo al periodismo se lo considere como el cuarto poder. Incluso, algunos dicen que es un suprapoder. Lo cierto es que durante los pasados doce años, el gobierno kirchnerista intentó hacernos creer que no era un cuarto poder sino que terminó siendo un apéndice de oficialistas u opositores. Y era conteste con el relato: porque si había críticas, observaciones u objeciones, o si el periodismo osaba investigar, rápidamente era rotulado de cipayo o de “la corpo”, y sin siquiera detenerse en la crítica o en la investigación periodística era descartado de un plumazo.

Esto era conteste con el relato y con la realidad “ficcionada” que desde el 25 de mayo de 2003, es decir, en el anterior gobierno, se pretendió instalar en la República Argentina.

Prácticamente no había un pasado que contar porque la República Argentina se había refundado con Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003; y no solamente venían los prohombres de la patria con Néstor y Cristina sino también los prohombres defensores de la libertad de expresión y de la libertad de medios: los Rudy Ulloa, los Cristóbal López, los Lázaro Báez.

Todos estos fueron los grandes beneficiarios de la gestión de medios del gobierno anterior.

Quiero mencionar un trabajo del ex presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, el doctor Gil Lavedra, que hacía un racconto rápido de los innumerables incumplimientos de la ley de medios.

Hablaba de la ausencia de la Comisión Bicameral, que nunca funcionó como lo establecía la ley, que debería haber recibido un informe anual por parte del Consejo Federal, que tampoco existió; la ausencia de los informes que la ley establecía en manos de la AFSCA donde se debía analizar la adecuación.

Había exigencias de adecuación para unos –para los medios que calificaban como opositores, para “la corpo” pero para los amigos no. Se prohibían las transferencias para los medios que el entonces oficialismo calificaba como “corpo”, pero para la adquisición del multimedios de Hadad por parte de Cristóbal López no hubo ningún tipo de reparo.

Entonces, cuando escucho decir que estaba garantizada la pluralidad de voces, se trataba en realidad de una pluralidad de voces entre los amigos del poder. Ellos sí la tuvieron garantizada.

La democratización de la palabra no solo se genera con instrumentos legislativos como una ley de medios que pretendemos reformar con el protagonismo de este Congreso sino que también se da con el otorgamiento de la pauta oficial.

En este sentido -sigue el diputado radical-, si la pauta oficial es arbitraria termina castigando y premiando conforme la cercanía o lejanía que tienen los medios de comunicación con el poder.

Cabe señalar que el grupo más premiado hoy prácticamente está cerrando porque no se puede sostener sin pauta oficial.

El grupo 23, de Szpolski y Garfunkel, recibió 384 millones de pesos de pauta oficial; Albavisión, 331 millones; Telefé, 311 millones; Grupo Uno, 248 millones; y recién en sexto lugar “la corpo”, el demonio, el Grupo Clarín, con 158 millones de pesos, tres veces menos que el Grupo 23.

De esta manera el kirchnerismo garantizó la pluralidad de votos.

Por último quiero señalar lo siguiente. Mucho se está discutiendo la figura del arrepentido en la República Argentina. Así como existe la figura del arrepentido de naturaleza penal, también existen connotaciones religiosas y hasta políticas del arrepentido. Invito a los miembros del Frente para la Victoria a que se arrepientan políticamente de esta ley porque fue un desacierto, porque se premió a amigos, porque no se garantizó la pluralidad de voces sino que lo único que se hizo fue intentar amordazar a todo medio que discutiera las políticas oficiales. (Aplausos.)

* Defensa K de Alfonsín

Sra. Presidenta (Giménez).- Comparten el tiempo del interbloque del Frente para la Victoria y sus aliados los diputados Seminara y Mazure. Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Seminara.- Señora presidenta: podría decirle muchas cosas al diputado preopinante, pero voy a hacer una sola aclaración: la regulación en materia de radiodifusión no empezó con la sanción de la ley 25.522; es mucho más antigua.

(Eduardo Seminara, diputado por Santa Fe, ocupa la banca de Jorge Obeid, fallecido en enero de 2014, a poco de iniciar su mandato que se extiende hasta diciembre de 2017. Seminara tiene su historia y de su historia, sus propios dolores porque fue un desaparecido, secuestrado y torturado en dictadura. Es lincenciado en ciencias de la comunicación, vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario y fue director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, ASFCA).

Lamentablemente en este momento - dice el diputado- no está presente en el recinto el señor diputado Alfonsín, pero vale la pena rendirle homenaje a su padre por el impulso que le dio a un trabajo que coordinó el abogado y dirigente radical Carlos Nino, denominado “Radiodifusión”.

Ese fue el mejor estudio comparado que se hizo en materia de radiodifusión y deberíamos tenerlo como base para una legislación que garantice pluralidad, democracia y la pertenencia de todos los sectores de la sociedad argentina en un sistema de telerradiodifusión. El esfuerzo realizado por el doctor Alfonsín luego se cristalizó en un libro titulado también Radiodifusión, publicado por la editorial Eudeba, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires.

Ese libro fue la base sobre la cual en el año 2005 empezó a trabajar la Coalición para una Radiodifusión Democrática y sobre la que se discutió la ley 26.522.

Como dispongo de sólo cinco minutos no voy a poder responder uno por uno los conceptos vertidos por el diputado preopinante; me voy a referir a los más importantes.

En este sentido, tengo que señalar que en la Argentina en el 80 por ciento de los hogares se ve televisión por algún medio pago. En nuestro país no hay garantía de que la familia argentina pueda ver televisión sin pagar.

Sólo el proyecto de televisión digital abierta que puso en marcha el gobierno de Cristina Kirchner garantizaba a futuro el acceso a un menú de veinte canales de distribución nacional, regional y local.

Esa televisión fue decretada desierta.

Esto hay que decirlo, porque a los empresarios solo les interesa el negocio; donde no hay plata ni ganancia nadie va a poner un canal de televisión digital. De lo contrario, pregúntenle a los formoseños, que tenían cuatro frecuencias otorgadas, qué empresario se interesó en poner algún canal de televisión abierta para que lo viera gratis el pueblo de Formosa.

Lo que está en discusión es quién se queda con las redes de telecomunicaciones y de fibra óptica que permitirían la famosa “convergencia”. Para los integrantes del bloque Frente para la Victoria el objetivo central es concebir la comunicación como un derecho humano, mientras que los que pergeñaron el ENACOM están pensando en un instrumento de mercado, de competitividad y negocio.

Nosotros, que reivindicamos el debate por una radiodifusión abierta, libre y democrática, no avalamos el decreto que crea el ENACOM. Entendemos que ese decreto está más emparentado al que creó el COMFER durante la dictadura militar que al que debería haberse sancionado si realmente pensaban que había que mejorar el sistema democrático.

Para nosotros, este tipo de reformas prostituye el sistema de comunicaciones. No hay necesidad ni urgencia; urgencia había de sacar la televisión por cable del ámbito de los servicios de comunicación audiovisual para ponerla en el sector de los servicios de telecomunicaciones, que es considerado un distrito único y donde no hay ningún tipo de control, porque ello garantizaba que Clarín dejara de tener la obligación –a través de Cablevisión y de Fibertel de adecuarse al mecanismo previsto en la ley 26.522.

Ahí es donde está dirigido este decreto, además de la prórroga, no quiero utilizar esta palabra pero lo voy a hacer de la concesión de Canal 13 por diez años más otros cinco. Esto es lo que se está haciendo: una nueva privatización, una nueva concentración en pocas voces, una nueva exclusión de un montón de sectores.

Respecto de la AFSCA, me parece importante recordar que también estaba conformada por legisladores opositores. Concretamente, por un diputado del Frente para la Victoria, por el doctor Marcelo Strubrin –notable abogado y gran caballero en representación de la Unión Cívica Radical y por el señor Millman, un periodista deportivo.

Estos eran los tres representantes parlamentarios en la AFSCA, a quienes debemos agregar dos miembros del Consejo Federal, un gobernador, un rector o autoridad universitaria y dos miembros del Poder Ejecutivo.

* El mercado, las exclusiones 

¿Quiénes integran el ENACOM?

Cuatro personas nombradas por el Poder Ejecutivo. Ese es el directorio democrático que plantea este decreto. Es decir, de una conformación de siete miembros en la que había diversidad pasamos a esta de cuatro personas nombradas directamente por el Poder Ejecutivo con capacidad de remoción.

De todas maneras, creo que lo que está en discusión es el modelo de comunicaciones que queremos para la Argentina.

Desde ese punto de vista, entiendo que la utilización de los decretos de necesidad y urgencia clausura el debate porque impide que los sectores convocados a las asambleas que se hicieron en todo el territorio nacional se sientan representados por este modelo.

Serán excluidos y el sistema pasará a estar regulado por el mercado, que lo manejará como un objeto de lucro. Habrá gente que perderá sus puestos de trabajo y universidades que no podrán sostener sus radios y canales de televisión.

Se clausurará y reprivatizará la Red Federal de Fibra Óptica, un programa que iba a garantizar que el Estado tuviera control sobre las tarifas; incluso, la nueva autoridad de ARSAT, Rodrigo de Loredo, reconoció que el megatrasportado llega a cobrarse 250 dólares en las localidades del interior, contra el cálculo efectuado por la propia ARSAT de 25 dólares.

Esto significa que el usuario del interior –de la Patagonia profunda o del norte chaqueño- para estar conectado a Internet tendrá que pagar aproximadamente 250 dólares.

Nosotros queremos televisión de calidad para todos, Internet para todos y un sistema que represente en democracia al conjunto de los argentinos; no solo para los que leen Clarín o La Nación o ven canales de televisión como los que traerá Ted Turner a la Argentina. (Aplausos en las bancas.)

Sra. Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sra. Mazure.- Señora presidenta: se nos está pidiendo que votemos a favor de un proyecto que deroga las leyes 26.522 y 27.078, dos leyes que se elaboraron en foros participativos en todo el país, que se construyeron a partir de audiencias públicas y que fueron declaradas constitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación más allá de las innumerables medidas cautelares que solicitó el grupo Clarín para que no se pusieran en marcha.

(Liliana Analía Mazure, diputada por la CABA, fue seis años titular del INCAA y lleva su tercer año del mandato que finalizará en 2017).

Se trata de una ley generada en el marco de doce años de políticas de inclusión, de ampliación de derechos, de soberanía y de pluralidad de voces. Se trata de una ley generada en estos foros participativos a partir de los veintiún puntos de lo que en aquel momento se llamó Coalición por una Radiodifusión Democrática.

Lamento que el señor diputado Petri, que pedía rendición de cuentas, se haya retirado de su banca.

Yo puedo rendir cuentas de lo que esta ley significó para los argentinos: crecimiento de la producción y de los canales más grandes, más pequeños, más críticos y menos críticos.

Ese crecimiento y esa supuesta falta de inversiones se traducen en el aumento de la inversión publicitaria en todos estos medios de comunicación: en 2013 hubo un estimado de 40.000 millones de pesos; en 2014, de 45.000 millones de pesos, y en 2015 tuvimos una inversión publicitaria de 60.000 millones de pesos, de los cuales solo el 5 por ciento –para aclarar- es de pauta publicitaria. Por lo tanto, no sé de qué hablamos cuando decimos que no hay inversiones o que los medios no pudieron crecer.

La producción audiovisual creció de una manera fundamental a partir de la sanción de la ley de medios.

Soy testigo cercano de este crecimiento de la producción audiovisual, que no fue dirigida hacia los amigos, como comentó el señor diputado preopinante. De las casi trescientas cincuenta productoras que produjeron durante mi gestión de seis años en el INCAA, la que más películas produjo con subsidios del instituto fue Patagonik, empresa productora donde el grupo ARTEAR es accionista principal.

Soy testigo de la participación de las casi cuatro mil horas de contenidos que llevamos a MIPCOM, el mercado de comercialización de contenidos para televisión más importante del mundo, donde sorprendió el carácter federal de aquellos contenidos. Allí estaban todos los paisajes de la Argentina, todas las voces.

Esto es un fiel testigo de su significado y de lo que hablamos cuando nos referimos a todas las voces. ¡Y qué decir de los 43.000 kilómetros de fibra óptica!, que el gobierno nacional en este momento deberá iluminar y utilizar de acuerdo con el modo en que se sancionen y reglamenten este tipo de leyes que regulan la actividad de la comunicación.

Asimismo debemos mencionar los cinco millones de netbooks, ARSAT y TDA. Tampoco veo de qué manera se lastimó el negocio de los grandes canales y de los canales de cable cuando se reconoce que el 80 por ciento de la población tiene televisión paga. Lamentablemente el objetivo de la TDA no pudo cumplirse.

El objetivo de la TDA, con sus más de setenta torres instaladas en todo el país, era llevar la televisión pública y gratuita –como nació la televisión a todo el país. Veremos cómo se utiliza hoy, con este gobierno nacional, toda esa infraestructura. Se generaron 500.000 puestos de trabajo, y en estos últimos años las industrias culturales supusieron el 2,7 por ciento del PBI del país.

Por lo tanto, vemos que a partir de la implementación del decreto de necesidad y urgencia número 267 han entrado en riesgo 500.000 puestos de trabajo.

A partir del citado decreto tenemos más concentración económica y geográfica de los medios hegemónicos de comunicación, que están comprando medios más chicos. Estamos viendo la transferencia de licencias que se prolongan indefinidamente; la desregulación del abono de televisión por cable e Internet, con lo cual estas empresas podrán cobrarnos lo que quieran; y acabamos de decir que el 80 por ciento de la población utiliza el servicio de televisión paga.

* El decreto y las violaciones

Fundamentalmente este decreto avasalla la libertad de expresión y está en contra de la libertad de acceso a la información, tal como lo demuestra la audiencia otorgada en Washington para el viernes 8, pasado mañana , donde el gobierno nacional tendrá que ir a explicar por qué este decreto avasalla los derechos humanos y por qué deja afuera al Consejo Federal de Comunicación Audiovisual que participaba en los directorios de AFSCA y AFTIC; tendrá que explicar por qué el presidente tiene derecho a designar y pedir la renuncia de las autoridades del ENACOM, o sea que no vemos dónde está la participación democrática en el directorio según lo plantea este decreto.

Ya que hice mención a la audiencia del próximo viernes, me pregunto: ¿es esta la Argentina que nos prometieron insertar en el mundo? ¿Una Argentina que hoy ocupa las primeras planas de los diarios con un presidente con sociedades off shore, cuando todo el mundo sabe que esas sociedades se crean para delinquir?

 ¿Una Argentina que tiene que presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a explicar por qué está avasallando los derechos humanos, la libertad de expresión y el libre acceso a la información? Nos preguntamos todo esto, y a raíz también de lo manifestado por el señor diputado Petri y por el miembro informante del dictamen de mayoría queremos proponer un trabajo en equipo con diputados de diferentes bloques con la participación democrática de todos, no con la aprobación de una comisión una vez más designada a dedo y alejada de todos los grupos que han estado trabajando en el país sobre este tema, para redactar una nueva ley que unifique las dos instituciones: AFSCA y AFTIC.

Nos parece que es el momento de hacerlo. Debemos trabajar en esto democráticamente porque la que se propone no es una comisión que pueda definir una ley democrática de regulación de todas nuestras telecomunicaciones. Todos sabemos que las telecomunicaciones son hoy uno de los mayores negocios del mundo y una fuente de poder, y esto debe tener una regulación. De lo contrario, se atenta contra los más vulnerables, contra la libertad de expresión…

Sra. Presidenta (Giménez).- Vaya redondeando su discurso, señora diputada.

Sra. Mazure.- Por los cientos de argentinos que en este momento están trabajando los nuevos veintiún puntos básicos para una comunicación democrática; porque nosotros somos sus representantes; porque defendemos la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información; porque no queremos políticas de ajuste, no queremos políticas de despido como consecuencia de la desocupación, no queremos cercenamiento de la diversidad cultural, no queremos políticas de concentración de poderes hegemónicos, no queremos la injerencia descarada que están teniendo los medios internacionales sobre nuestra soberanía, no queremos que cada día nuestro pueblo reciba una mala noticia que afecta a sus familias, sus hijos y sus mayores; por todo esto votaremos en contra del decreto 267.

(Aplausos en las bancas.)

Sra. Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Pérez (R. J).- Señor presidente: esto me parece un déjà vu. Luego de treinta y tres años en la vida democrática volvemos a foja cero para la discusión de un nuevo esquema de radiodifusión y tecnología en nuestro país, cuando recuerdo perfectamente aquí se hizo mención que en los comienzos de 1983 y 1984 reclamábamos desde las universidades la derogación de la norma o la sanción de una nueva ley que fuera a contramano de aquel famoso artículo 45 de la ley de radiodifusión, que era claramente un decreto-ley de la dictadura.

(El diputado Raúl Joaquín Pérez fue presidente del bloque del FpV en la Cámara baja de la provincia de Buenos Aires, abogado, ex concejal y presidente de ese cuerpo en La Plata. En el año 2009, una nota de Hugo Alconada Mon en La Nación (26/7), le atribuyó estar huyendo de la Justicia desde hacía doce años en una causa por enriquecimiento ilícito, lo cual se supone quedó superado porque en 2013 llegó a la Cámara de Diputados de la Nación. Ver en Congreso Abierto la nota y la aclaración del diputado en "Las causas del doctor Pérez y la Justicia", Sección: Grandes deudas, Categoría: Corrupción y pobreza).

Han pasado 33 años -señala Pérez-  y evidentemente el Parlamento sigue estando en deuda con un debate que, a mi modesto entender, se había dado de manera tal vez impropia, con escaso consenso.

Sin embargo, el Parlamento había sancionado una norma luego de mucho debate en el país y poco en esta casa, y en definitiva se sancionó la ley 26.522, que luego fue atacada de diversas maneras, quizás por la falta de consenso.

Por lo tanto, creo que vale la pena hacer mención de estas cuestiones, teniendo en cuenta que vamos a votar afirmativamente este decreto de necesidad y urgencia, tal como lo hicimos en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

Mediante este decreto se crea un organismo nuevo para aplicar las dos leyes.

Lamento contradecir a la señora diputada preopinante, pero el decreto 267 no habla de derogar las dos leyes, si bien es cierto que se modifican algunos artículos. En este sentido, el artículo 1° pediría a la señora diputada que lo repase, con todo respeto señala que este nuevo organismo va a intervenir y a ser el órgano de aplicación de las leyes 26.522 y 27.078, sobre tecnología.

La legalidad de aquella ley en su procedimiento luego fue malversada por dos situaciones.

En primer lugar, por el ejercicio. Estamos hablando de una ley que en el intento del anterior gobierno durante muchísimo tiempo para aplicar la norma recordemos que solamente Sabatella estuvo tres años en su cargo , no se ciñó a lo señalado con la sanción de aquella ley de escaso consenso interno en el Parlamento, ya que casi la mitad de los diputados estaban fuera del recinto, porque no fueron escuchados ni se permitió corregir una coma o hacer algún aporte de consenso.

Los que honramos la actividad parlamentaria durante muchos años y tenemos verdadera vocación política en el trámite parlamentario sabemos perfectamente lo que pasa cuando una ley es forzada y carece del consenso adecuado: evidentemente, termina en la intervención judicial y en una situación de la que todos nos quejamos, que es que los señores jueces son los que finalmente legislan.

Esto es algo que abochorna nuestra calidad institucional y debe abochornarnos como parlamentarios, porque no hay peor cosa para el que gobierna o el que es oposición que tener que recurrir reiteradas veces a un festival de amparos, como ocurrió con este caso, cuando en realidad lo que se necesita es discutir todas las horas que sean necesarias para llegar a sancionar la ley posible, la más legítima y más justa desde sus orígenes.

Esta ley sufrió un manoseo desde su ejecución con el organismo anterior, con un funcionario mediocre con poca experiencia, tal vez con mucho de militancia, pero con poca cintura política para poner en marcha una de las normativas más trascendentes de este período democrático.

No quiero abusar de una frase que ha dicho uno de nuestros dirigentes en el sentido de entrar a un quirófano con una motosierra, pero creo que esto es algo parecido.

Una ley muy querida por todos los militantes de la democracia y los que militamos contra la dictadura terminó siendo no la de todas las voces, como dijo el Frente para la Victoria, sino una ley que generó gran cantidad de recursos, de gastos y de inversión para una fuerza política.

Digámoslo con franqueza porque si no, no tendríamos en mi querida ciudad de La Plata –como ocurre- un colectivo de prensa que reclama con trabajadores desocupados en la ciudad de Buenos Aires, con medios desaparecidos, como son los más de 400 trabajadores de prensa que en verdad dan vergüenza ajena, no ellos sino quienes fueron, se apoderaron, usaron y malversaron la utilización de la Ley de Medios y la pauta oficial.

Si tuviera que hacer un simbolismo en este recinto de izquierdas y derechas, me parece que por derecha y por izquierda fallamos en la aplicación de esta ley en el Parlamento.

Me refiero a un Parlamento que supo tener un cenit –¡qué paradoja!- de extraordinario protagonismo internacional inclusive, que entró en acción en junio de 2003 con la Constitución y la ley en la mano con un llamado por cadena nacional del ex presidente Kirchner.

En esa oportunidad dijo que había una Corte que no solamente trataba de legislar sino que conspiraba contra la estabilidad democrática y sobre todo económica de un país que estaba saliendo del caos.

Este Congreso le hizo honor con la ley en la mano y en apenas veinte meses se llevó puesta una Corte y designó a otra nueva cuya acción también llenó la tapa de los diarios de todo el mundo.

Esa tapa no es igual a la que lamentablemente tenemos hoy, que nos avergüenza.

Esa acción política del Parlamento llevó a que la Argentina se parara desde el punto de vista de la credibilidad parlamentaria y jurídica en el lugar que durante muchos años había abandonado.

Quería hacer esta breve introducción porque estamos votando solamente por sí el decreto 267, que como bien dijo mi vecino y amigo Pablo Tonelli, y como también lo hizo en algún párrafo mi amigo Marcos Cleri, sin ninguna duda no es una ley ni es la nueva ley que queremos.

Es casi gemela la situación política al decreto de ganancias. Las intenciones van por un lado y a veces la letra del decreto va por otro.

De hecho, los argumentos del decreto 267 del Poder Ejecutivo que se presentaron en este recinto no son los mismos a los que gentilmente accedió toda la Comisión de Trámite Legislativo, donde incorporamos un sinnúmero de opiniones que serán expuestas en el proyecto de comunicación.

Hoy no estamos discutiendo y por eso lamento que la diputada del Frente para la Victoria lo haya dicho que el decreto 267 deroga dos leyes. Realmente eso no es así. Esto lo digo como abogado y como parlamentario.

* En nombre del oficialismo

Este año el oficialismo necesita –nosotros comprometemos la palabra de nuestro bloque- que se cumpla lo dispuesto en el decreto relativo a la constitución de una comisión redactora y una comisión bicameral encargadas de controlar y colaborar en la sanción de una nueva ley de telecomunicaciones, medios de comunicación e incorporación de tecnología.

La vieja ley 26.522 ni siquiera cumplió con un precepto fundamental de la autorregulación de la actualidad basado en la revisión cada dos años a raíz del veloz avance de la tecnología.

Por otro lado, es bueno que el Parlamento lo discuta de esta manera, teniendo en cuenta que si el resultado el año anterior hubiera sido que el oficialismo del pasado continuaba en el gobierno, con otro presidente del Frente para la Victoria, seguramente no estaríamos dando este debate, actualizando la ley ni nada por el estilo.

De manera que, por un lado, teníamos la legitimidad de esa ley, la legalidad de ese decreto, escaso pero legal, según nuestra consideración, y un sinnúmero de pedidos –que voy a compartir con mi compañero de bancada, según se me ha solicitado- que apuntan a que el oficialismo no cometa el mismo error que el Frente para la Victoria, no tome este decreto y acometa los mismos atropellos que se hicieron desde el AFSCA, no por este organismo en sí mismo, sino por los funcionarios que llevaron adelante dicho atropello.

La verdad es que las primeras declaraciones del ministro Aguad, a lo mejor, no son una motosierra en un quirófano, pero parecen un serrucho en un quirófano. Apelo a esto porque tampoco conozco la expertise del ministro Aguad para intervenir en un área tan sensible y tan importante, y por eso a lo mejor con la nueva ley lo podemos ayudar.

Solicito que se inserten –ya que no acostumbro a leer en el recinto- nueve puntos específicos que hemos desarrollado con nuestros colaboradores, que hacen a una síntesis de nuestra posición y nuestro reclamo para la futura ley.

Solicito que sean incorporados como parte de mi intervención, pero no voy a leerlos para no aburrir a mis compañeros de bancada ni al resto del cuerpo. Por eso solicito que por Secretaría se proceda a incorporar estos nueve puntos. (Aplausos.)

Sra. Presidenta (Giménez).- Queda registrada la solicitud de inserción. Por el interbloque FAP comparten el tiempo las señoras diputadas Graciela Cousinet y Alicia Ciciliani. Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Cousinet.- Señora presidenta: estamos discutiendo un decreto cuya justificación de necesidad y urgencia es difícil de advertir, un decreto que es una modificatoria y, a su vez, una derogación de dos leyes, porque no modifica aspectos secundarios, sino absolutamente esenciales de estas leyes.

(La diputada Graciela Cousinet, mendocina, socióloga y catedrática en la Universidad Nacional de Cuyo, magister de FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,  integra la bancada de Libres del Sur. Se mandato se extiende hasta 2019).

Esas leyes -indica- tienen dos características que según mi opinión vale la pena resaltar. Una de ellas es el objeto mismo, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación de masas ocupan un lugar absolutamente central en las sociedades modernas. Se dice que no hay democracia sin medios de comunicación, pero yo agrego que no hay democracia sin medios de comunicación democráticos.

Estas leyes venían y vienen a reforzar el carácter democrático de los medios de comunicación de masas.

El otro aspecto que me interesa resaltar de estas leyes es su carácter participativo.

Como profesora que fui de la carrera de Comunicación Social, y decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, fui testigo y partícipe de uno de los procesos más interesantes de construcción democrática de consensos, donde miles de jóvenes se involucraron, donde cientos de organizaciones de la sociedad civil participaron hasta que finalmente se definió una ley que buscaba la democratización, el pluralismo, la desconcentración y descentralización de los medios de comunicación.

Sabemos que su aplicación concreta por parte del gobierno anterior se centró y se focalizó en un conflicto con uno de los multimedios que fue determinado como el enemigo principal.

Mientras tanto, se permitió e impulsó la concentración de medios a través del manejo desmedido y arbitrario de la pauta oficial.

Sin embargo, esta aplicación errada y arbitraria de las leyes de ninguna manera justifica borrarlas de un plumazo mediante un decreto de necesidad y urgencia, sobre todo teniendo en cuenta que se eliminan aquellos elementos respecto de los cuales la Corte Suprema de Justicia dictaminó que eran constitucionales, se modifican los órganos de control y de conducción otorgando al Poder Ejecutivo la potestad absoluta de las decisiones y se elimina la participación de las provincias, de los medios de comunicación no lucrativos y de las comunidades originarias.

Indudablemente, todo esto se orienta en el sentido de un aumento de la concentración económica y de la descentralización territorial.

Nosotros proponemos la reedición de ese proceso de participación, invitando nuevamente a la ciudadanía a participar de las audiencias públicas. Necesitamos este debate social porque estamos hablando de un tema que no es menor, especialmente si tenemos en cuenta el contexto coyuntural en el que estamos, donde el gobierno está priorizando los intereses de los sectores más concentrados y trasnacionales de la economía, dejando de lado las gravísimas consecuencias que la inflación, la devaluación y el aumento de las tarifas están produciendo en los bolsillos de las personas más necesitadas.

Por lo tanto, tememos que las modificaciones de estas leyes sean utilizadas como instrumentos de legitimación de un proceso de redistribución regresiva de la riqueza que, además, traerá como consecuencia un aumento de la protesta social, respecto de la cual ya se encuentra en carpeta el famoso protocolo.

Por lo expuesto, el bloque de Libres del Sur no acompañará este decreto de necesidad y urgencia. (Aplausos en las bancas.)

Sra. Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.

Sra. Ciciliani.- Señora presidenta: hago mías las palabras de la señora diputada Cousinet, quien posee una gran experiencia en el ámbito de la universidad pública y ha venido trabajando con los jóvenes.

(La diputada Alicia Mabel Ciciliani es contadora pública, socialista, integra el bloque que responde al socialismo de su provincia, Santa Fe, que tiene poca o nula relación con el socialismo porteño. Versión representada por el ex gobernador Hermes Binner, y cuya tendencia fue una estrecha relación con el radicalismo lo cual es ha permitido mantener el gobierno santafesino ganado al peronismo hace más de viente años).

Estamos hablando de un tema absolutamente prioritario en las sociedades del siglo XXI, donde se manejan muchísimos intereses políticos, económicos y sociales.

Para nosotros, esto habla del valor de la democracia, de la libertad y del acceso por parte de todos los ciudadanos a los medios masivos de comunicación en sus distintas versiones en estas sociedades, donde cada uno de los ciudadanos se informa a través de ellos. Es un hecho absolutamente trascendente y relevante.

Nosotros lo queremos decir con todas las letras: la ley de medios que teníamos vigente era una norma que podía ser perfectible, como todas; tenía muchísimos déficits y consideramos que había nacido como una ley anticuada, porque no contemplaba muchos aspectos en cuestiones tecnológicas y modernas.

También queremos hablar de la desastrosa aplicación que efectuó de esa ley el kirchnerismo, a pesar de que podía haber sido mejorada. Fue usada a favor de algunos y en detrimento de otros. No fue utilizada como correspondía.

Realizamos un gran esfuerzo para analizar este decreto del oficialismo actual. A pesar de ello, no encontramos ningún elemento de necesidad y urgencia para convalidarlo. En cambio, estamos convencidos de que necesitamos una nueva ley.

Para ello estamos trabajando con equipos multidisciplinarios en nuestros centros de estudio.

En poco tiempo vamos a presentar un nuevo proyecto de ley de medios al Honorable Congreso de la Nación. Seguramente estará acorde con las necesidades de una sociedad del siglo XXI.

Lamentamos profundamente que este debate se produzca en estas condiciones. También consideramos que el decreto que modifica la ley de medios reforma artículos que habían sido declarados constitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 En virtud de lo expresado, queremos dejar muy en claro que es necesario una nueva ley, y la iniciativa debe ser debatida en las respectivas comisiones del Congreso. Desde ya que el Poder Ejecutivo podrá enviarnos su propuesta, pero no podemos delegar en comisiones de expertos cuestiones en las que la ciudadanía precisa de la representación política para discutir una nueva norma.

Ahí nos van a encontrar trabajando todos los días con mucha responsabilidad para aportar a la nueva ley de medios que pide el país. Lamentablemente, nuestro bloque de diputados socialistas, que forman parte del interbloque Frente Amplio Progresista, no va a acompañar la aprobación de este decreto. (Aplausos en las bancas.)

(Luego esta representación del abanico de opiniones sobre el DNU de Macri contra le ley de medios audiovisuales-el debate continuó con otros legisladores de otros bloques)

Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde votar el dictamen de mayoría de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo recaído en el proyecto de resolución por el cual se declara la validez del decreto 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, Orden del Día N°10. Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Fernández Mendía.- Señor presidente: solicito se autorice al bloque Justicialista a abstenerse por los motivos expresados por nuestros compañeros.

Sr. Presidente (Monzó).- Así se hará, señor diputado. Se va a votar. -

 Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de resolución. Se comunicará al Poder Ejecutivo. -

* Comisión especial para la ley

Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el proyecto de declaración por el cual se solicita al Poder Ejecutivo nacional disponga instruir la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes 26.522 y 27.078, expediente número 1.275-D.-2016. En razón de que el proyecto no cuenta con dictamen de comisión, se va a votar si la Cámara acepta su tratamiento sobre tablas. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan. - Resulta afirmativa.

Sr. Recalde.- Pido la palabra.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Recalde.- Señor presidente: solicité que la votación fuera nominal. -

Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Monzó).- Señor diputado Recalde: no la había solicitado antes.

Sr. Recalde.- Pedí la palabra y no me la dieron; me contestó que no era necesario. No importa.

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración. Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Grandinetti.- Señor presidente: creo que quedó claro que no nos sirve trabajar con miedo, como ocurrió en la anterior sesión donde se decía que había que elegir entre patria o buitres.

(El diputado Alejandro Ariel Grandinetti, periodista, es santafesino e integra el bloque Federal Unidos por una Nueva Argentina, massismo).

Aquí también se generó miedo diciendo que se caía una ley. Pero como dijo muy bien el señor diputado Raffo recién, sobre un total de 156 artículos, estamos modificando veintitrés. Lo primero que tenemos que aclarar es de qué se trata este DNU. Lo que aquí estábamos diciendo es si se votaba por la positiva o la negativa, y ya se votó. Lo que tenemos que ver a partir de ahora es cómo conformamos la nueva ley.

Me quiero abocar al tema de la comisión redactora, que tiene la misión de elaborar un proyecto para mejorar la ley de medios. La primera pregunta que tenemos que responder es para qué sirve la ley de medios, para qué sirve el periodismo. Lo que estamos discutiendo en este recinto es que el periodismo sirve para controlar al poder político de turno.

Esto no ocurre recién ahora sino que nace con la Revolución de 1810, con Mariano Moreno. En ese entonces el ideólogo de la revolución fue también periodista. Puedo hablar con autoridad porque durante veintiocho años fui periodista y ahora estoy en esta Cámara.

A todos aquellos que están sensibilizados con la ley de medios les pido que no generen temor a los colegas, por ejemplo de las radios comunitarias –que también me desempeñé en una-, porque ya lo tienen por aquellos compañeros que han sido despedidos en los últimos tiempos.

La ley de medios también permitió que algunos dueños simplemente hicieran negocios y se olvidaran efectivamente de cuál era el rol del periodismo. Quiero citar a Verbitsky, que está bastante lejos de algunas otras apreciaciones políticas que tiene.

Verbitsky define al periodismo diciendo que para la neutralidad están los suizos, para la justicia están los jueces y para divulgar los hechos de gobierno están las oficinas que institucionalmente se dan al Poder Ejecutivo o a aquel que detenta el poder en determinado momento. Para el resto está el periodismo.

Entonces, lo que estamos discutiendo acá –y es muy importante que la comisión a crearse tenga en cuenta son los intereses de los medios del interior, aquellos que tienen temor a los oligopolios del poder.

Queremos que en ciento ochenta días se entregue a esta Cámara de Diputados un dictamen de esa comisión de notables –en la cual nos hubiera gustado proponer algunos nombres para que rápidamente discutamos una norma.

Digo esto porque un decreto de necesidad y urgencia, aunque perfeccionado por el trámite que acabamos de realizar, no tiene la misma fuerza o legitimidad –si se me permite la licencia que una ley que convoque a todo el pueblo argentino.

En definitiva, señor presidente, estamos discutiendo nada más ni nada menos que los pilares de la representación de la democracia en esta modernidad.

Es cierto que han cambiado las tecnologías y que marchamos hacia la convergencia tanto de las compañías telefónicas como de los medios de comunicación, y por ende necesitamos una nueva ley. Por eso acompañamos esta propuesta. Pero no debe ser cualquier ley. Necesitamos una ley que discutamos todos rápidamente en este recinto, que no ocurra como con el impuesto a las ganancias, que pateamos para adelante postergando una necesidad básica.

Reitero: no es cualquier ley. Me apoyo en lo que manifestó el señor diputado preopinante, que expresó que la Constitución Nacional también menciona a la libertad de expresión como el elemento fundamental que debe mantener la República. Los vehículos para mantener la libertad de expresión son los medios de comunicación, que si bien ahora tienen una convergencia tecnológica, más allá del tránsito de ideas y del divertimento, no dejan de ser la herramienta fundamental para hacer política democrática, para que podamos opinar y vivir respetando no solamente la voluntad de la mayoría sino también la voz de las minorías.

Para eso sirven los medios de comunicación democráticos; para eso sirve esa comisión redactora, que pido encarecidamente nos permita representar a todos y que no solamente discutamos en este recinto quienes tenemos representación parlamentaria sino que convoquemos a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a las minorías étnicas y a todos aquellos que habitualmente no tienen voz. A treinta y tres años de la recuperación de la democracia no podemos quedarnos solamente con un decreto de necesidad y urgencia que modifique una ley. Los periodistas estuvimos esperando mucho que se cambie ese decreto de necesidad y urgencia de la dictadura. Esto se hizo mediante una ley, a mi juicio, imperfecta.

Pero necesitamos que esto se vuelva a discutir todo lo que sea necesario para mejorar la calidad institucional de nuestro país. Sé que me quedan todavía cuatro minutos del tiempo que disponía para hacer uso de la palabra y que estamos todos cansados, así que los dejo a disposición de la Presidencia a fin de favorecer el debate. (Aplausos en las bancas.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. D’Agostino.- Señor presidente: creo que este proyecto de declaración ha llegado en un buen momento para ser tratado por esta Honorable Cámara. Respecto de los decretos de necesidad y urgencia, el inciso 3) del artículo 99 de la Constitución Nacional establece claramente la cuestión de la validez o invalidez cuando ingresan al control de la Comisión Bicameral.

(El diputado Jorge Marcelo D' Agostino es entrerriano, pertenece a la UCR y su mandato se extiende hasta el próximo año).

Además, la ley que reglamenta dicho artículo reitera el mismo esquema para el momento en el que los decretos son analizados por el Parlamento. Justamente, hace unos instantes acabamos de aprobar la validez de uno de ellos. Asimismo, para que todos lo tengamos en claro debo señalar que el decreto de necesidad y urgencia es un instrumento provisorio que tiene el Poder Ejecutivo.

Tan así es que estamos esperando el ingreso de un proyecto de ley, que seguramente no será incompatible con ninguna de las iniciativas que presenten los diferentes bloques incluido el nuestro , con el objetivo de darle fuerza a este proyecto de declaración. Hay una gran diferencia en el análisis de los aspectos comunicacionales.

La comunicación no es una industria; la comunicación es un bien social y el Estado tiene que promover y proclamar que ese bien social sea distribuido equitativamente, a efectos de que lo reciban la totalidad de los habitantes de la Nación.

Eso no se consiguió con la ley de la dictadura 22.285, ya que ni siquiera contempló a las cooperativas y mutuales. Es más, tuvimos que recurrir a la Corte para conseguir la modificación del artículo 45 de esa norma. Posteriormente sí fueron contempladas en la ley de medios sancionada el 9 de octubre de 2009, pero en la práctica una desacertada administración de la AFSCA mantuvo un plan técnico de 1991 para distribuir licencias y frecuencias.

Así, algunos privilegiados obtuvieron rápidamente el permiso de venta de sus licencias prohibido por la ley , mientras que más de seis mil radios de frecuencia modulada de baja potencia no pudieron conseguir la viabilidad. Esas radios fueron acusadas de “truchas”, a pesar de sus directores, sonidistas, microfonistas, locutores y productores, que prácticamente formaban una familia.

Además, los canales de aire de baja potencia fueron mezclados con el resto de los canales de aire, como si fueran lo mismo, aunque la ley sancionada en 2009 fijaba límites a la cantidad de licencias. Por otra parte, les recuerdo que el proyecto original de ley de medios también contemplaba la situación de las telefónicas, aunque gracias al consenso al que se arribó en aquel momento, ellas terminaron siendo excluidas del texto de la norma. Pedimos que este proyecto de declaración sea sancionado hoy por unanimidad, porque eso nos permitirá poner un freno a los mecanismos de concentración de las comunicaciones.

Además, podremos establecer pautas diferenciadoras, fundamentalmente para que las telefónicas, que en el decreto de necesidad de urgencia disponen de dos años más un año de prórroga para poder convertirse en cableoperadores, tengan una extensión de la licencia de cinco a diez años. No estamos en contra de la convergencia ni de la competencia.

Queremos que los cableoperadores y los dueños de las pequeñas radios ingresen a las nuevas tecnologías, pero entendemos que el Estado debe contener y comprender esa base fundamental de la distribución de la idea regional de la comunicación local, para que esas radios y canales de cable puedan mantener viva la comunicación, en la que se asienta ese derecho exclusivo, excluyente y protegido de la República Argentina que se llama libertad de expresión. (Aplausos en las bancas.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Carlotto.- Señor presidente: en las últimas intervenciones de este debate sobre el decreto del Poder Ejecutivo, empezaron a darse algunas señales que consideramos centrales respecto de lo que significa esta modificación. A mi juicio, es un tratamiento quirúrgico que se hizo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para dar garantías a determinado grupo; por eso digo que este es el “decreto Clarín”, porque viene a garantizar aquel que fue el espíritu de la discusión que se dio a lo largo y ancho del país cuando se debatió la mencionada norma.

Me refiero al criterio antimonopólico que encerraba, al criterio de romper con los esquemas dominantes en la comunicación de nuestro país. El decreto que se acaba de validar está dirigido a concretar un negocio que, en realidad, ya se concretó, porque el grupo Clarín, que bancó la campaña electoral del presidente Macri, ya fue retribuido por eso; pero vendrá por nuevas demandas, como lo hizo en la búsqueda de condicionamientos del sistema democrático en la Argentina.

No está mal que en nuestro país hablemos de que existen disputas y de que estas deben ser planteadas con claridad. Por supuesto que creemos en el consenso y en el debate, pero extraño el momento en que tratamos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con estas gradas ocupadas por representantes de distintas organizaciones, de las universidades, de las radios comunitarias, de medios de comunicación independientes y de sectores vinculados con pequeñas cableras del interior.

En aquella ocasión también estuvieron presentes artistas y productores. Ahora, porque consideran que la administración llevada adelante por el titular de la AFSCA pudo ser equivocada, buscan desarticular aquella norma en un punto específico: el criterio de desmonopolización que contenía la ley. Creo que hay un interés económico.

Como este es un gobierno de las corporaciones y de las empresas, el razonamiento es empresarial. Estamos hablando de la comunicación no como un derecho sino como un negocio. Se hace referencia a los mercados en lugar de pensar en los derechos de los ciudadanos y tampoco se mencionan ciertos artículos de la Constitución Nacional; por ejemplo, el artículo 75, inciso 22, que contempla diversos pactos sobre derechos humanos consagrados por la Argentina.

También llama nuestra atención el momento en que se produce esta discusión, ya que el viernes habrá una audiencia, con muchos de los que participaron en la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar sobre la gravedad que significa este cercenamiento –este tratamiento quirúrgico, como dije antes que se le ha provocado.

Para el presidente Macri, tener una empresa off shore no es un problema. Es parte de su matriz; evadir impuestos es parte de su naturaleza, como en el caso de muchos empresarios. Lo dice o lo plantea de esa forma, y de la misma manera se ha actuado en beneficio de determinados grupos económicos, como lo reflejan las medidas tomadas en este decreto específicamente y en otros. Por lo expuesto, nuestro bloque no acompañará este proyecto de resolución.

Pero no quiero terminar mi discurso sin decir lo siguiente. Por un lado, para mí hoy ha sido una jornada muy triste por el modo en se ha manejado la Presidencia de esta Cámara en el tratamiento de los distintos temas. Pero también me produce mucha tristeza que en esta sesión no hayamos hecho un reconocimiento a quienes participaron en la Guerra de Malvinas en 1982. Yo pertenezco a esa generación, por lo que he tenido queridos amigos que han sido partícipes en el conflicto bélico del Atlántico Sur.

Por eso, no puedo terminar mi participación en esta sesión sin recordar a cada uno de aquellos compañeros que dieron su vida luchando por parte de nuestro territorio irredento. (Aplausos en las bancas.)

Por último, señor presidente, quiero mencionar con orgullo y alegría que hace pocos días las Naciones Unidas han ampliado el territorio nacional a partir de una política profundamente impulsada por nuestra Cancillería durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Es allí donde nosotros tenemos que encontrar esos consensos que buscamos; no dilapidar las políticas públicas y ser funcionales a la retracción del Estado sino ser activos partícipes para que los derechos de nuestro pueblo no sean conculcados. (Aplausos en las bancas.) -

* Moción de reconsideración

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Entre Ríos.

Sra. Gaillard.- Señor presidente: con respecto a la votación anterior, hemos levantado la mano porque –a partir de la última modificación el reglamento establece muy claramente que es obligatorio que todos los proyectos de ley se voten en forma nominal.

Si bien sabemos que la declaración de validez de un decreto de necesidad y urgencia es un proyecto de resolución, en el segundo párrafo del artículo 190 del reglamento se establece claramente que a pedido de una décima parte de esta Cámara de Diputados corresponde que cualquier proyecto se someta a votación nominal.

Nosotros planteamos que se vote nuevamente, en forma nominal, porque queremos saber quiénes son los diputados que van a votar a favor de destruir la ley de medios que fue aprobada democráticamente por este Congreso. (Aplausos en las bancas.)

Eso debe quedar registrado en las actas de esta Cámara de Diputados. Por ello, corresponde la votación nominal que nos ha sido denegada porque usted, señor presidente, no nos dio la palabra ni nos habilitó el micrófono anteriormente, incumpliendo el reglamento.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. García.- Señor presidente: tratemos de continuar con orden, aunque no con acuerdos. Desde el inicio de la sesión le he pedido la palabra para dar cuenta de algunas cuestiones antes del tratamiento de los asuntos. Durante el tratamiento de este tema el presidente de nuestro bloque, diputado Héctor Recalde, pidió la palabra oportunamente para solicitar la votación nominal. Además, señor presidente, da cuenta de esta actitud el hecho de que asistentes de su Presidencia fueron banca por banca pidiendo que nos identificáramos, previendo una votación nominal. Pero como usted mira para aquel lado más que para éste, quizás no haya visto la mano del presidente de nuestro bloque.

Sr. Presidente (Monzó).- No le permito que diga eso, señora diputada. Yo miro todo el recinto y permanentemente le estoy dando la palabra.

Sra. García.- No es así, señor presidente. Se la pedí toda la tarde y no me la dio, pero no importa. Lo que pido es la reconsideración con votación nominal del tema en cuestión y de la declaración. Requerimos que los dos temas tengan votación nominal. (Aplausos en las bancas.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Negri.- Señor presidente: estamos con delay; parece que hay un problema de acústica.

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Negri.- ¡Tranquilos, saben los dedos que hemos aguantado de ustedes…! Lo que se está planteando es una moción de reconsideración de una votación que se hizo con anterioridad…

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Monzó).- Por favor, diputado.

Sr. Negri.- Sigamos con el tema, después voy hasta la banca y me encargo de él.

 - Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Negri.- Lo que están planteando es una moción de reconsideración de un asunto que ya se efectuó. Ahora ya estamos en el debate de un proyecto de declaración sobre el cual se han expresado los distintos diputados. Por eso dije que tardíamente, con delay –que se entienda bien; posiblemente no se entendió porque no lo pronuncié correctamente en otro idioma-, se está planteando la moción de reconsideración. Creo que está fuera de lugar y que nosotros debemos seguir con el temario como está.

(Mario Negri no quiere la votación nominal porque sabe que la lista de los votantes de esta delegación del poder parlamentario en manos del PEN, prohibida expresamente por la Constitución, será usada cada vez que se quiera demostrar que  con la propueba de en este capítulo histórico que el radicalismo, este radicalismo en especial, sólo es defensor de sus banderas republicanas cuando forma parte de la oposición y no, como ahora, cuando lo es del gobierno macrista).

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Recalde.- Señor presidente: nosotros queremos hacer las cosas con seriedad y hemos sido sintéticos. Lo que estamos diciendo es que no nos dieron tiempo para nada. Cuando pensábamos que nos teníamos que identificar estaban levantando la mano. Lo que quiero decir es que debe quedar muy en claro cuál es la posición. Este es un tema muy de fondo en el que muchos diputados ya se habían pronunciado sobre la ley de medios, tan discutida. En todo caso, si otra vez imponen la mayoría, quiero dejar absoluta constancia de que el ciento por ciento del bloque Frente para la Victoria-PJ vota en contra del punto número 2. No queremos ser responsables ante la historia. Si no quieren hacerse cargo del voto, que no lo hagan, pero queremos que quede constancia de que nosotros votamos en contra, el ciento por ciento del bloque.

Sr. Presidente (Monzó).- Queda constancia de lo manifestado por el presidente del bloque del Frente para la Victoria. Se va a votar el proyecto de declaración por el cual se solicita…

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Carmona.- Señor presidente: estamos votando proyectos que requieren mayorías especiales.

Sr. Presidente (Monzó).- No éste, que es de declaración.

Sr. Carmona.- Estamos hablando de un proyecto que a nuestro modo de ver no se ha votado porque requiere mayoría especial, y no hay constancia de la mayoría especial.

Sr. Presidente (Monzó).- Ya se votó.

Sr. Carmona.- Señor presidente: con todo respeto le pido que nos concedan la reconsideración para que quede en claro quiénes están a favor y quiénes en contra. En caso de que no sea así, me reservo el derecho de concurrir a la Justicia para solicitar la nulidad de lo votado. Me parece que es innecesario. Queremos que quede registrado cada uno de nuestros votos, nada más que eso. (Aplausos en las bancas.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Riccardo.- Señor presidente: el proyecto contenido en el punto 3 del temario que usted puso en consideración fue habilitado para el debate con el voto de los dos tercios de los presentes; no queda ninguna duda.

 - Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Riccardo.- Estoy en uso de la palabra. Yo hablo poco y los escucho mucho, así que ahora escúchenme a mí.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Monzó).- Señores diputados: dejen que el diputado termine de hacer uso de la palabra.

Sr. Riccardo.- Fue habilitado a punto tal que el diputado Remo Carlotto hizo uso de la palabra para referirse al punto 3, con lo cual está admitido per se que estábamos tratando el tema que figura en el punto 3 porque habíamos habilitado su debate. Todos sabemos de qué estamos hablando.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sra. Carrió.- Señor presidente: creo que hay un error conceptual. Hubo una votación sobre un decreto de necesidad y urgencia, que requería mayoría simple, que se trata de un proyecto de resolución. El señor presidente del bloque del Frente para la Victoria en su oportunidad no pidió la votación nominal. Después y antes de eso, algunos diputados pidieron la reconsideración. ¿A qué debemos atenernos? ¿A la presidencia del bloque, que dijo: “A partir de ahora, todo es votación nominal”? Estamos de acuerdo, pero antes no la pidió. Por otra parte, el otro tema ya está habilitado. En todo caso, cuando terminemos de votar este asunto, y después, si algún diputado quiere pedir la reconsideración de la votación, para su habilitación se requieren los dos tercios de los votos de la Cámara. Reitero: creo que primero debemos terminar con el tema que estábamos considerando, en el que todos estamos de acuerdo; después pueden plantear los pedidos de reconsideración de la votación, que serán rechazados porque no tienen los dos tercios y seguiremos considerando el resto del temario, porque el problema es la ciática. (Risas.)

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Recalde.- Señor presidente: según mi lectura, se trata de un problema de buena fe. No nos dieron tiempo; fue celérico; no pudimos identificarnos, no es que no lo pedimos. Ustedes saben que la luz de mi banca no funciona correctamente y tienen que accionarla desde el estrado. Reitero: no nos dieron tiempo; no importa. Ustedes tienen mayoría, y lo sabemos. Solo queríamos que quedara claro quién vota a favor y quién lo hace en contra. ¿Cuál es el problema? Hay que hacerse cargo. Es bueno para la transparencia institucional que el pueblo sepa cómo vota cada diputado.

Sr. Presidente (Monzó).- Señores diputados: para aprobar la moción de reconsideración se necesitan los dos tercios de los votos emitidos, según el artículo 135 del reglamento. Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Riccardo.- Señor presidente: el tema del punto 3 fue habilitado con los dos tercios para ser debatido; no estamos hablando del punto 2, que ya fue votado.

Sr. Presidente (Monzó).- Así es, señor diputado.

Sr. Riccardo.- Estamos en medio de un debate, de modo que sugiero que terminemos con esta consideración, se vote el proyecto del punto 3 y después se pidan todas las reconsideraciones que quieran, pero posteriormente a esta cuestión, porque no ha concluido el debate ni la votación de dicho punto, que ya fue habilitado. Admito que el señor diputado Recalde no haya tenido tiempo para solicitar la votación nominal del punto 2. Tal vez pretendía solicitar asimismo la reconsideración del punto 3, para lo cual también se necesitarían los dos tercios a fin de habilitar su tratamiento. Entonces, queda claro que debemos concluir y votar el proyecto correspondiente al punto 3 del temario.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Kosiner.- Señor presidente: quiero expresar el sentido del voto de nuestro bloque respecto de esta iniciativa, porque entendemos que se trata de una autolimitación. Sin entrar a valorizar las intenciones de los autores del proyecto, que deben haber sido positivas a fin de colaborar, estamos ante una autolimitación sobre las facultades del Congreso.

(El diputado Pablo Kosiner, abogado, responde al gobernador Juan Manuel Urtubey y pertenece a la bancada justicialista que en su momento se abrió del bloque del Frente para la Victoria)

El hecho de que el Congreso emita una declaración donde diga a una comisión del Ejecutivo qué es lo que tiene que incorporar en un proyecto es lo mismo que aprobar o rechazar hoy un dictamen. Nosotros queremos debatir todo aquello que pueda remitir esta comisión sin que se nos ate las manos respecto de lo que pueda surgir de esta votación. Votar positiva o negativamente esta iniciativa implica comprometer una posición para cuando deba analizarse en el ámbito de las comisiones. Por lo tanto, la posición de nuestro bloque será la de abstenernos y no votar para no convalidar ni atar de manos la posición política cuando este proyecto deba ingresar a la Cámara.

El resultado de esta votación implica necesariamente un dictamen casi en términos políticos respecto de este tema porque será muy difícil que uno, consolidando o consintiendo una votación de este proyecto de declaración que dice claramente los contenidos que debe tener la ley, el día de mañana pueda sostener un debate en términos contrarios, ya que convalidó y consintió el resultado de esta votación. No queremos que se aten las manos del Congreso cuando el debate debe darse en las comisiones. Existe la voluntad, la decisión o la legitimidad del Poder Ejecutivo de armar las comisiones que quiera para elaborar un proyecto, como ha ocurrido en muchas oportunidades. Pero creemos que lo que no puede hacer el Congreso con una votación es fijar los criterios que el proyecto debe tener. Entiendo que las razones deben ser valorizadas por cada una de las comisiones.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Bregman.- Señor presidente: es muy serio lo que se está votando aquí. Por ello no entendemos el motivo por el cual realizan tantos chistes y hay tanto jolgorio. Realmente aprobar estos DNU es una cuestión muy seria. Apoyamos el pedido de reconsideración. Sin embargo, dejamos asentado el pedido de votación nominal para ésta y las demás votaciones. Eso es lo que yo había entendido que íbamos a hacer, ya que nos hicieron identificar.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Giustozzi.- Señor presidente: quiero aclarar que en el punto 3 estamos hablando de un proyecto de declaración. Que haya una comisión de notables del Poder Ejecutivo no quiere decir que no estemos avalando y aprobando un proyecto. Ese proyecto no invalida que el resto de los bloques pueda presentar su propia iniciativa en comisión. Ese proyecto puede debatirse y luego la comisión emitir un dictamen. Reitero que se trata de un proyecto de declaración para no perder demasiado tiempo en un debate. Consideramos y acompañamos la decisión de una nueva normativa que modernice la anterior y pase en limpio la vocación de la pluralidad de voces, la democratización de la palabra y todos los objetivos planteados en esta sesión. Reitero: que quede claro que solo se trata de un proyecto de declaración.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. López.- Señor presidente: ya que la votación nominal no ha sido habilitada, quiero dejar constancia de que el bloque Frente de Izquierda, que integramos los tres diputados del Partido Obrero, votará negativamente el proyecto de resolución contenido en el Orden del Día N° 10. Asimismo dejamos constancia de nuestro voto negativo al proyecto de declaración en tratamiento.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Camaño.- Señor presidente: nunca imaginé, cuando intenté recoger los fundamentos del dictamen de la comisión bicameral fundamentalmente en cuanto a las asimetrías, que este tema iba a generar tanto debate. Después de haber escuchado al diputado de la Unión Cívica Radical explicar tan brillantemente de qué se trataba, no consideré que fuera necesario aclararlo. Sin embargo, por lo que vengo escuchando, ahora entiendo que sí lo es.

En principio comparto lo dicho en cuanto al momento de la reconsideración de la votación. Estamos en medio de un debate y si hay que reconsiderar una votación, primero hay que concluir la discusión vigente con una votación y luego reconsiderar lo que se quiera. Digo esto porque seguramente en más de una oportunidad vamos a tener estos problemas por integrar una Cámara tan multipartidaria. Como dije anteriormente, el proyecto de declaración recoge las asimetrías de más de cinco mil empresas de cable.

Acabo de escuchar a mi derecha a una señora legisladora hacer un comentario totalmente inoportuno y falto de ética, que no debe darse en este recinto, respecto a prebendas recibidas por algunos señores diputados. Precisamente se trata de comprender esas asimetrías que van a quedar como un problema, al igual que las asimetrías políticas de la ley anterior. Y lo que se pretende es que eso que no vamos a votar, que son los fundamentos que han tenido quienes aprobaron el decreto de necesidad y urgencia, se pueda convertir en una declaración de la Cámara, en una expresión de deseo, porque eso es un proyecto de declaración.

Acá nadie pretende condicionar, porque si quisiéramos hacerlo haríamos un proyecto de ley. De lo que estamos hablando es de los pequeños cables de ciudades, que merecen una mirada particular, asimétrica. Esto es el proyecto de declaración. Solicito que hagamos una votación nominal del proyecto porque sinceramente no lo hemos presentado con ningún tipo de mala intención. Simplemente se trata de comprender en una declaración el espíritu de los señores diputados que conforman la Comisión Bicameral de Tratamiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.

Sra. Frana.- Señor presidente: muy sintéticamente quiero expresar que valoro la vocación del bloque del Frente Renovador por la presentación de este proyecto de declaración para formar una comisión de notables. Pero lamentablemente es la salida a todo un proceso que se desarrolló con respecto a la ley de medios, que a nuestro juicio violó la institucionalidad y violó también el derecho a la información. El debate es mucho más profundo y por eso creo que en este recinto se generó todo este tipo de opiniones.

(La diputada Silvina Frana, justicialista, es contadora nacional, ex diputada provincial de de Santa Fe y ex concejal de la ciudad capital. Se mandato se extiende hasta 2019).

Cuando el 10 de diciembre asumió este nuevo gobierno elegido democráticamente, y al cual respetamos, echó por tierra una ley que tuvo un tratamiento plural que llevó mucho tiempo. Voy a serles sincera: en su momento no estaba de acuerdo con algunos aspectos de esa ley, pero sus resultados me demostraron que generó una federalización y una democratización de la información.

Yo no discuto que el gobierno de turno quiera modificar una ley; tiene derecho a hacerlo, pero esta no era la forma a través de un decreto de necesidad y urgencia . Hoy estamos frente a una situación que habla de una comisión de 180 días. Pasaron 120.

El gobierno de turno bien podía haber presentado un proyecto alternativo con las modificaciones que hubiera necesitado, porque si bien esta ley puede ser discutible, y sus efectos, reprochables cada uno puede tener su visión desde la política , no quiero dejar de recordar que en su momento Frank La Rue, relator para la Libertad de Expresión de la ONU, sostuvo que la norma que había dictado la Argentina “sentó las bases no sólo para la Argentina sino también para el continente. Es una ley que ha probado en la práctica ser lo correcto para democratizar el manejo de los medios y hacer avanzar la democracia. Esta es una ley muy importante. La pongo de modelo, la he mencionado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Lo es porque para la libertad de expresión el principio de diversidad de medios y de pluralismo de ideas es fundamental”.

En ese sentido, también en este recinto sucedieron un montón de consecuencias positivas de esta ley, porque no es mentira que se hayan creado 100.000 puestos de trabajo; no es mentira que el ciento por ciento de las escuelas rurales tengan TV digital; no es mentira que haya 1.461 autorizaciones y licencias a radios FM y AM. Aquí se ha hablado de las cooperativas, y quiero decir que las cooperativas de medios en mi provincia forman la coalición que está reclamando volver a esta ley porque a partir del 10 de diciembre no se les paga. Para concluir, señor presidente…

Sr. Presidente (Monzó).- Está hablando nuevamente sobre el proyecto de resolución.

Sra. Frana.- …la consecuencia de esta disposición que estamos aprobando es resultado de que se violó un esquema institucional; se fue contra una ley que había sido aprobada por mayoría y también de alguna manera se va en contra de un conjunto de resultados que son demostrables. (Aplausos en las bancas).

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Negri.- Señor presidente: se han expresado los distintos bloques en un sentido u otro, y quiero apoyar la moción que formuló la señora diputada Camaño de que votemos nominalmente. Solicito que pasemos a la votación, ya que se ha dicho todo lo que se tenía que decir sobre el tema contenido en el punto 3 del temario. Es un proyecto de declaración y los bloques se han expresado de acuerdo con sus respectivas posiciones.

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar la moción de que se pase a votar el proyecto en consideración. Esta moción no se discute.

 - Resulta afirmativa.

 - Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Monzó).- Hubo una moción en el sentido de que se pase a votar. No se discute. Después de que se vote le voy a otorgar el uso de la palabra, señora diputada Conti.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde votar nominalmente el proyecto de declaración por el que se solicita al Poder Ejecutivo nacional disponga instruir a la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes números 26.522 y 27.078 (expediente 1.275-D.-2016).

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sra. Conti.- ¡Lo desconocemos! ¡Todos los que hablaron, hablaron sin saber! ¡El bloque del Frente para la Victoria no conoce el expediente porque no le llegó! ¡En el sistema de la Cámara no está el expediente 1.275!

Sr. Presidente (Monzó).- Sí, está.

Sra. Conti.- ¡Desconocemos el texto!

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Monzó).- El proyecto es el contenido en el expediente 1.275-D.-2016.

Sra. Conti.- ¡No está en el sistema! ¡No lo tenemos!

Sr. Presidente (Monzó).- Señora diputada Conti: le pido tranquilidad.

Sra. Conti.- ¡Usted no me puede pedir calma porque no me da la palabra!

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Kicillof.- ¡No vamos a votar proyectos que no podemos leer!

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Monzó).- Señora diputada Conti: podemos pedir que por Secretaría se dé lectura del proyecto.

Sra. Conti.- Eso era lo que le queríamos pedir.

Sr. Presidente (Monzó).- Por Secretaría se dará lectura del proyecto de declaración.

Sr. Secretario (Inchausti).- Dice así: “Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional y por su intermedio la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes números 26.522 y 27.078, prevista en el artículo 28 del decreto 267/2015 de fecha 29 de diciembre de 2015, contemple adecuadamente los siguientes puntos:

“a) Prever medidas asimétricas que establezcan condiciones de competencia adecuada y efectiva en el mercado de la prestación de servicios de radiodifusión por suscripción, mediante vínculo físico y/o mediante vínculo radioeléctrico, extendiendo a un mínimo de cinco (5) años, prorrogables por cinco (5) años más, según resulten las condiciones del mercado, el plazo para que los prestadores del Servicio Básico Telefónico y de Telefonía Móvil a los que refiere el artículo 94 de la ley 27.078, modificado por el artículo 10 del decreto 267/2015, puedan prestar servicios de radiodifusión por suscripción, mediante vínculo físico y/o mediante vínculo radioeléctrico. La habilitación del acceso de estos últimos con anterioridad al plazo establecido sólo deberá producirse por la adquisición a precio de mercado de la totalidad de los abonados pertenecientes al titular o titulares de registros habilitantes para brindar el servicio de Radiodifusión por suscripción, mediante vínculo físico y/o mediante vínculo radioeléctrico correspondiente a la localización que se trate. En este caso, los prestadores incumbentes de servicios de telefonía fija y móvil deberán respetar en la constitución de sus grillas la presencia de diversidad de contenidos de fuente independiente así como los contenidos de producción local que garanticen la diversidad cultural regional y federal.
b) prever medidas asimétricas que establezcan condiciones de protección adecuadas para las pequeñas y medianas empresas que intentan participar en el mercado de los medios audiovisuales, en tanto las mismas aportan voces diferentes que deben ser introducidas al foro plural democrático, que nutre al sistema democrático. De igual modo deben ser tratadas de modo diferencial, como política de fomento, las cooperativas, las fundaciones y las agrupaciones que defiendan a las minorías, como resultan ser los pueblos originarios.
c) preservar la capacidad del Estado para intervenir en materia de contenidos a fin de proteger la producción nacional y garantizar que los medios sirvan a los fines culturales e informativos para una democracia deliberativa, enriqueciendo su función para evitar que se vuelquen por entero al entretenimiento. El Estado debe mantener su capacidad para ordenar las grillas y garantizar el acceso a las mismas a la producción independiente, fomentar la difusión de programación nacional y local, garantizar la libre circulación de la información, de las ideas y de la cultura. En definitiva, garantizar el verdadero pluralismo, tolerancia, no discriminación y libertad de expresión. Debe el Estado intervenir determinando presupuestos mínimos por categorías de contenidos a efectos de potenciar la identidad cultural de la Nación y el acceso a contenidos de calidad para todos sus habitantes.”
Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Negri.- Señor presidente: posiblemente pudo haber alguna confusión o error que no fue de mala fe.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Negri.- Lo único que debo decir es que ojalá hubiéramos tenido tantos proyectos que hubiesen sido leídos por Secretaría de esta manera. Ayer hubo una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. No solo se habló de este proyecto, sino que fue propuesto por la señora diputada Camaño. Se acordaron los tiempos que iban a hablar los bloques en relación con esta iniciativa. Si no me equivoco, estuvo presente uno de los diputados preopinantes que fundamentó su posición en contra del proyecto. No quiero equivocarme, pero creo que en la reunión estaba el señor diputado Carlotto. Entiendo que lo que generó este estado legítimo de ira, pero en exceso, fue que el proyecto no aparece en Intranet. Es algo probable. Ahora me dicen que figura. Ahora bien, si nadie conocía el proyecto, ¿para qué se manifestaron?

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Negri.- Por favor, lo estoy diciendo...

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Negri.- Estoy hablando de otra cosa, señor presidente. Estoy hablando del reclamo que se hizo para que se leyera por Secretaría. Creo que hay que hacer la votación nominal, como estamos por proceder. Ya se ha leído por Secretaría, y sobre este proyecto de declaración ya hubo debate, se han expresado en contra diputados del propio Frente para la Victoria; dos diputados hablaron en nombre de ese bloque. Quiero decirle, señor presidente, que tenemos toda la paciencia del mundo; la tuvimos durante mucho tiempo. Esta vez va a ser el doble. Pero, por favor, una cosa es el ejercicio democrático y la tolerancia, y otra es que nos quieran tomar de gil para entretenerse. (Aplausos.)

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Negri.- Señor presidente: someta a votación el tema, de acuerdo con lo que establece el reglamento. No estamos escondiendo ni violando absolutamente nada. (Aplausos.) Nos están tomando el pelo. Haga votar, señor presidente, en este momento.

- Varios señores diputados hablan a la vez. -

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar en forma nominal el proyecto de declaración por el que se solicita al Poder Ejecutivo nacional disponga instruir a la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes 26.522 y 27.078. Se requiere simple mayoría.

- Varios señores diputados se retiran del recinto.

- Se practica la votación nominal. - Conforme al tablero electrónico, sobre 161 señores diputados presentes, 134 han votado por la afirmativa y 14 por la negativa, registrándose además 12 abstenciones.

Sr. Presidente (Monzó).- Se han registrado 134 votos por la afirmativa, 14 por la negativa y 12 abstenciones.

Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de declaración. Se harán las comunicaciones pertinentes.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sra. Argumedo.- Señor presidente: en nombre de esta sociedad, que no está bien y que está demandando transparencia, pido al bloque mayoritario que acceda al pedido de la minoría en el sentido de que el proyecto anterior se vote nominalmente. Es algo que no se lo debemos al Frente para la Victoria, que muchas veces nos ha patoteado, pero sí a esta sociedad, que supongo se va a sentir mal viendo lo que está sucediendo en este Parlamento.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Sánchez.- Señor presidente: quiero que quede en claro algo que desde este bloque dijimos ya tres veces. Queríamos terminar de tratar el proyecto que estaba en discusión y proceder a votar para luego pasar a la reconsideración solicitada, con el número que establece el reglamento. Acá nadie está impidiendo hacer una moción. El problema es que quienes pidieron la reconsideración se fueron. Por lo tanto, es imposible poder proceder.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Conti.- Señor presidente: algunos nos quedamos.

- Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar los dictámenes de mayoría de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo relativos a la declaración de validez de los decretos 13 y 223 del Poder Ejecutivo, respectivamente. (Órdenes del Día números 1 y 5) 

 Sr. Presidente (Monzó).- En consideración. Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Tonelli.- Señor presidente: tenemos en consideración otros dos decretos de necesidad y urgencia. Voy a fundar muy brevemente la validez de ambos. Se trata del decreto 13 del 10 de diciembre de 2015 y del decreto 223 del 19 de enero de 2016. El primero de ellos es una modificación a la ley de ministerios. Como todos recordamos...

Sr. Presidente (Monzó).- Señores diputados: si se levantan nos vamos a quedar sin quórum. Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Tonelli.- Señor presidente: ya termino. Estaba recordando que el 10 de diciembre asumió el nuevo gobierno y, como han hecho todos los gobiernos anteriores, dictó un decreto de necesidad y urgencia para adaptar la ley de ministerios a sus necesidades y conveniencias. Se trata del decreto 13 del 10 de diciembre de 2015. Por su parte, el decreto 223, del 19 de enero de 2016, constituye una nueva modificación a la ley de ministerios. Corrigió algunos errores en los que se había incurrido en el decreto número 13, y mejoró algunas otras decisiones referidas a la ley de ministerios.

Desde mi punto de vista, no cabe la menor duda de que un gobierno nuevo que asume, que implica además un cambio de signo político respecto del precedente, tiene todo el derecho del mundo y la necesidad –mediante un decreto de necesidad y urgencia de adaptar la ley de ministerios a su conveniencia y a su programa de gobierno, que fue aquel votado por la ciudadanía. Por lo tanto, con estas breves consideraciones y recordando que el decreto pasó por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, donde obtuvo un dictamen de mayoría mediante el cual se recomendó declarar su validez, reitero ahora al pleno de la Cámara la recomendación de que votemos favorablemente la declaración de validez de ambos decretos de necesidad y urgencia.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Pitrola.- Señor presidente: nuestro bloque va a votar negativamente la ratificación del decreto de necesidad y urgencia por el que se modificó la ley de ministerios. Justamente, en el día de ayer el ministro de Modernización haciendo honor a ese cínico nombre con el que han designado a esa cartera anunció el corte de 10 mil contratos que vencieron el 31 de marzo.

Por otro lado, el decreto señala que se reforma la ley de ministerios para adecuar la organización ministerial del gobierno a los nuevos objetivos propuestos para cada área de gestión, que en mi opinión es el ajuste en contra de los trabajadores. En este sentido, no es casual que se haya desdoblado el Ministerio de Economía para crear el Ministerio de Finanzas. Evidentemente, el único objetivo que han perseguido en estos 120 días de gobierno ha sido el pacto buitre y el ciclo de endeudamiento que van a iniciar a partir de la implementación de ese pacto.

Este es un gobierno de gerentes financieros y de los CEO. Por otro lado, se mantiene y refuerza la figura del Ministerio de Seguridad, que como todos sabemos debutó con el nefasto protocolo antimanifestaciones. Además, se incrementarán las acciones de inteligencia, que no es otra cosa que el espionaje contra el movimiento popular.

Por algo su titular ha ido a tomar cursos al FBI y a la CIA, en Estados Unidos. También se ha creado el Ministerio de Minería y Energía, cuyo titular era CEO de una petrolera. Han puesto al zorro a cuidar las gallinas. De esta manera, se le garantiza a las petroleras el doble del precio internacional, que todos los argentinos pagamos con sudor y esfuerzo en los surtidores. La creación del Ministerio de Modernización, sin dudas, tiene un título orwelliano.

Digo esto porque se han producido más de 50 mil despidos en distintas áreas del Estado y 120 mil en el conjunto de la actividad económica, si bien ese número ya queda chico frente a los 70 mil despidos que se han producido sólo en el área de la construcción. En consecuencia, la llamada “modernización” es la precarización laboral, el despido de trabajadores y el achique del Estado frente a la obligación que tiene de cumplir con funciones tales como la salud, la educación y el desarrollo de una infraestructura nacional.

Por su parte, el Ministerio de Comunicaciones viene a reforzar la actividad de los monopolios, a los cuales ya nos hemos referido durante el tratamiento del tema anterior. Por lo tanto, la reestructuración propuesta no tiene nada que ver con las necesidades esenciales de nuestra población, como por ejemplo la de un plan de vivienda para el pueblo trabajador. Esta área ha sido subsumida por una Subsecretaría. El Ministerio de Trabajo tiene previsto continuar con la intervención del Estado en los sindicatos, que es una medida que venimos sufriendo desde hace muchas décadas en favor de la burocracia sindical. Además, en este ministerio han despedido a 230 trabajadores, a pesar de que han señalado que tienen la intención de terminar con la falta de registración de los trabajadores, que como todos sabemos es el denominado “trabajo en negro”. Los objetivos de fondo son profundamente reaccionarios. Esta es la conclusión a la que nosotros arribamos.

Nos encontramos ante el blanqueo institucional de un plan de sometimiento al capital financiero, que tiene como contracara el ajuste. Paralelamente, se mantiene la precarización y flexibilización de la época del kirchnerismo mediante los contratos precarios y la utilización del concepto de “planta transitoria”. En definitiva, todo lo que han heredado lo están utilizando para despedir a trabajadores y reforzar su explotación. Estamos convencidos de que sólo un gobierno de trabajadores podrá organizar un régimen que persiga la satisfacción de las necesidades de nuestra gente en materia de vivienda, trabajo, salud y educación. Por todas estas razones, anticipamos nuestro voto negativo a la ratificación del decreto de reforma de la ley de ministerios. I Pronunciamiento

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar el dictamen de mayoría de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo relativo a la declaración de validez del decreto 13 de fecha 10 de diciembre de 2015.

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de resolución. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar el dictamen de mayoría de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo relativo a la validez del decreto 223/16 del Poder Ejecutivo.

 - Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de resolución. Se harán las comunicaciones pertinentes. Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. López.- Señor presidente: pido que ambos proyectos sean votados en forma nominal, ya que no fue habilitado ese mecanismo de votación.

Sr. Presidente (Monzó).- Quedará constancia de su voto, señor diputado. El resultado de la votación ha sido casi unánime.

Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde que la Honorable Cámara se pronuncie sobre los dictámenes sin disidencias ni observaciones de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, contenidos en los órdenes del día números 6, 9 y 12. Conforme a lo dispuesto en el artículo 152 del reglamento, se practicará una sola votación respecto del conjunto de asuntos.

Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar. 

- Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- Quedan sancionados los proyectos de resolución. Se harán las comunicaciones pertinentes. -

Sr. Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, recaído en los proyectos de declaración de la señora diputada Moreau, de la señora diputada Carrió y del señor diputado Negri y otros, por el que se expresa la más rotunda condena por los atentados terroristas producidos en Bélgica, Bruselas, y diversas ciudades de Medio Oriente perpetrados por Estado Islámico (ISIS) y solidaridad con sus víctimas. (Orden del Día N° 18.)

Sr. Presidente (Monzó).- En consideración. Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.

Sra. Ciciliani.- Señor presidente: proponemos que quede constancia de nuestro rechazo y condena por los actos terroristas ocurridos no solo en Bruselas, sino también en Alejandría, Bagdad y Ankara. Consideramos que tienen la misma jerarquía que cualquiera de los atentados terroristas que tuvieron lugar en distintas ciudades europeas. Como el texto dice: “…y en diversas ciudades de Medio Oriente”, proponemos que específicamente se mencionen Alejandría, Bagdad y Ankara.

Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sra. Carrió.- Señor presidente: la propuesta realizada por la señora diputada Ciciliani es aceptada.

Sr. Presidente (Monzó).- Con la modificación propuesta y aceptada, se va a votar. -

Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de resolución. Se harán las comunicaciones pertinentes. Si hay asentimiento de la Honorable Cámara, se autorizarán las inserciones solicitadas por los señores diputados durante el transcurso de la sesión. - Asentimiento.

Sr. Presidente (Monzó).- Quedan autorizadas las inserciones solicitadas. Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, queda levantada la sesión especial. - Es la hora 18 y 2.

(1) El temario decía:
1. Designación de Auditores Generales de la Auditoría General de la Nación que le corresponde a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación de conformidad a lo establecido en el art. 122 de la ley 24.156.
2. Declaración de validez del decreto 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, por el que se crean el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) como ente autárquico y descentralizado en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones, y la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes 26.522 y 27.078. (OD 10 Expte. 24-JGM-15).
3. Proyecto de declaración por el que se solicita al Poder Ejecutivo instruya a la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes números 26.522 y 27.078 sobre diversas cuestiones. (Expte. 1.275-D-16)
4. Declaración de validez del decreto 13 de fecha 10 de diciembre de 2015, mediante el cual se modifica la Ley de Ministerios –ley 22.520– a fin de adecuar la organización ministerial del gobierno a los nuevos objetivos establecidos por la gestión gubernamental nacional. (OD 1 - Expte. 20-JGM-15).
5. Declaración de validez del decreto 223 de fecha 19 de enero de 2016, por el que se sustituye la denominación del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable por la de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; y se introducen diversas modificaciones a la Ley de Ministerios. (OD 5 - Expte. 29-JGM-15).
6. Expresión de la más rotunda condena a la oleada de atentados terroristas que se han producido en Bruselas, Bélgica, y en diversas ciudades de Medio Oriente perpetrados por seguidores del autoproclamado Estado Islámico (ISIS), y su solidaridad con las víctimas. (OD 18 - Expte. 0858-D-16, 1.009-D-16 y 1.031-D-16).
7. Órdenes del Día sin disidencias ni observaciones de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo –Ley 26.122– que se detallan a continuación:
*OD 6 - Declaración de validez del decreto 276 de fecha 29 de diciembre de 2015, por el que se prorrogan la vigencia del tratamiento dispuesto en la ley 23.966, para el biodiesel combustible y biodiesel puro y la excepción dispuesta en la ley 26.028, sobre el biodiesel que fuere empleado como combustible líquido en la generación de energía eléctrica (Expte. 25-JGM-15);
* OD 9 - Declaración de validez del decreto 275 de fecha 1º de febrero de 2016, por el que se suspende desde el 1º de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016 inclusive, la aplicación de las disposiciones contenidas en el decreto 814 del 20 de junio de 2001, respecto de los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada que se encontraren incorporados a la enseñanza oficial conformes a las disposiciones de las leyes 13.047 y 24.049 (Expte. 30-JGM-15); y
* OD 12 - Declaración de validez del decreto 355, de fecha 15 de febrero de 2016, por el que se dispone dejar sin efecto, transitoriamente, el gravamen previsto en el capítulo VII, del título II, de la ley 24.674 y sus modificaciones para el expendio de champañas. (Expte. 31- JGM-15).
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