A+ A A-

LÍMITES IGNORADOS FIJADOS POR LA CORTE

Como si no fuera claro el texto constitucional sobre la razón y sentido excepcional de los DNUs, desde hace seis años existe un fallo expreso de la Corte Suprema de Justicia que, además, confiere a los jueces facultades para determinar la validez de estos cuestionados instrumentos de gobierno. 

Por Silvana Boschi

La Corte Suprema resolvió ayer (NdE: alusión al 24/5/10) que los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) sólo pueden ser firmados en circunstancias excepcionales, cuando el tema no pueda ser legislado por el Congreso, y señaló que los jueces tienen atribuciones para juzgar su validez.

Con la opinión coincidente de todos sus integrantes, la Corte sostuvo que los DNU fueron establecidos para atenuar el presidencialismo y que, por lo tanto, su uso por parte del Poder Ejecutivo debe ser limitado, ya que "el texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto".

El tribunal señaló que "los jueces pueden controlar la existencia del estado de necesidad y urgencia", y diferenció esa situación de "la mera conveniencia política".

La decisión de la Corte fue adoptada en una causa donde se discutía la validez de un DNU firmado por el ex presidente Eduardo Duhalde, el 558 de 2002, que modificó la ley de entidades de seguros.

Este decreto, sancionado durante la emergencia económica, fue objetado por la ONG Consumidores Argentinos, y fue declarado nulo por un juez y una Cámara. Ahora la Corte confirmó esa medida.

La decisión adoptada ayer, que llevó meses de discusión, se produce cuando el Senado todavía no trató la modificación de la ley 26.122, que regula estos decretos.

El fallo de la Corte sostiene que para la sanción de un DNU deben existir circunstancias especiales, como que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor, o cuando el conflicto "sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes".

Como se trata de un decreto previo a la sanción de la ley 26.122, impulsada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los jueces Argibay y Petracchi consideraron que todos los decretos sancionados antes de esa ley son nulos.

Sin embargo, el voto mayoritario descartó esa teoría pero estableció un doble control sobre los DNU: el de la Comisión Bicameral Permanente y el de la Justicia. "El Poder Judicial deberá entonces evaluar si las circunstancias invocadas son excepcionales, o si aparecen como manifiestamente inexistentes o irrazonables", señaló.

"Cabe descartar de plano, como inequívoca premisa, los criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la Nación en circunstancias que no lo son", señaló el fallo, con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay y Enrique Petracchi.

En sus aspectos principales, coinciden en señalar que el DNU cuestionado es inconstitucional.

Las diferencias en los votos radican en aspectos específicos, básicamente motivados en la ausencia de una ley al momento del dictado del DNU, en 2002. Petracchi remitió su voto a lo que ya había sostenido en 1998 en el caso "Verrochi", en igual sentido que la mayoría.

Entre otros puntos, la Corte señaló que "la finalidad" de la regulación de los DNU "fue atenuar el sistema presidencialista, fortaleciendo el rol del Congreso y la mayor independencia del Poder Judicial. Que ello no puede ser cambiado, porque los constituyentes decidieron sujetarse a unos principios fundamentales para convivir en sociedad, pensados para que sean perdurables e inmunes a las tentaciones de cambiarlos frente a los previsibles cambios de opinión".

También señaló que "no caben dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Ejecutivo se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales, que constituyen una limitación y no una ampliación de la práctica seguida en el país".

Aunque la Corte había empezado a estudiar el conflicto de los DNU desde mucho antes, la advertencia al Ejecutivo se produce a pocos meses del conflicto desatado cuando la presidenta firmó un DNU para la creación del Fondo del Bicentenario, con 6.569 millones de dólares provenientes de reservas del Banco Central, y otro para la posterior destitución del titular del Banco Central, Martín Redrado.

La oposición acudió a la Justicia para frenar esos decretos. Tanto la Coalición Cívica (CC) como la UCR celebraron ayer el fallo de la Corte. El titular de la UCR, Ernesto Sanz, destacó que el Gobierno "ha tenido hasta acá un concepto equivocado" al usarlos como "vía habitual y no excepcional".

La Coalición Cívica (CC) también celebró el fallo, al asegurar que "es trascendente en materia de calidad institucional" y constituye "un importante avance en la lucha del Parlamento por recuperar sus atribuciones". Los diputados de esa fuerza Adrián Pérez y Patricia Bullrich expresaron su satisfacción, así como también el presidente de los Diputados PRO, Federico Pinedo, y diputado del PJ disidente Gustavo Ferrari.

Volanta, título y bajada: En una causa donde se discutía la validez de un DNU firmado por el ex presidente Eduardo Duhalde/ La Corte Suprema fijó límites para los decretos de necesidad y urgencia / Sostuvo que su uso debe ser excepcional, y que los jueces pueden juzgar su validez.

Fuente: Clarín, 20/5/10.