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CONCEPTO

Síntesis acerca de esta herramienta constitucional, ahora limitada a los altos cargos de la República, luego de la creación del Consejo de la Magistratura. 

Por Armando Vidal 

El juicio político es un poderoso instrumento constitucional en manos del Congreso de la Nación para aplicar contra el presidente y vicepresidente de la Nación, ministros y miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Su naturaleza es discrecional por lo que no se fundamenta en pruebas propias de la justicia ordinaria sino la libertad de procedimiento y acción emanada de su nombre.

Antes de la reforma constitucional de 1994 y de la creación por ella del Consejo de la Magistratura, también el resto de los jueces estaban comprendidos, lo que generó una intensa actividad en el primer lustro de la recuperación democrática.

Para que un juicio político prospere ambas Cámaras deben votar a favor.

Primero, la Cámara de Diputados, que oficia de fiscal y realiza la acusación, luego del correspondiente proceso de defensa.

Después la del Senado, que también contempla el derecho de defensa, que es la que sentencia.

Un ejemplo reciente de la naturaleza de estos juicios proviene cuando se realizaron contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia nombrados en el gobierno de Carlos Menem después de ampliar de cinco a nueve el alto cuerpo.

Lo que no consiguió la oposición durante el menemismo lo consiguió después pero en dos etapas. No fue en 2002 cuando el duhaldismo los propiciaba pero luego los frenó desde la propia Casa de Gobierno por razones también políticas. Al año siguiente, también por razones polítcas y con la fuerza para hacerlo, los concretó el gobierno de Néstor Kirchner.

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