Enrique del Valle Iberlucea, precursor de nuestra legislación social, primer senador socialista de América en 1913, no culminó su mandato: lo desaforaron por pedido de un juez que lo condenó por una opinión con el voto de los radicales antipersonalistas.
Por Rubén Giustiniani (*)
El 30 de agosto (NdE: 2004) se conmemora el 83º aniversario de la muerte de Enrique del Valle Iberlucea, a los cuarenta y cuatro años, muy joven, lo que no fue óbice para que dejara marcada una profunda huella.
Además de cambiar de formato para captar lectores como lo hizo en los días de semana, el diario custodio de su fundador -el golpista Bartolomé Mitre- debería revisar el plantel de sus editorialistas. Algunos, como aquí, no pueden disimular su desprecio al Congreso de la Nación. Más allá, de que también escribirían lo contrario, según las conveniencias de lo que representan.
Por La Nación
El divorcio entre las palabras y los hechos en el que suelen incurrir algunas personas las convierte en meras ostentadoras de cuestiones éticas que dicen defender pero que, en rigor, desprecian. Y cuando ese divorcio se da en quienes tienen responsabilidades superiores como, por ejemplo, los legisladores, sus efectos retumban más fuerte y las consecuencias resultan mucho más graves.
Lo ocurrido recientemente en la Cámara de Diputados de la Nación es otro lamentable ejemplo de lo expresado. El radicalismo frenó en comisión un proyecto de sus compañeros de Pro en la alianza Cambiemos, por el que se ponen límites a los fueros parlamentarios, que hoy impiden a un juez allanar el domicilio particular o las oficinas de los legisladores, e interceptar su correspondencia o sus comunicaciones telefónicas sin la autorización de la Cámara baja.
Es decir, por un lado, todos los legisladores se empeñan en sostener que defienden a rajatabla la lucha contra la corrupción. Pero varias de sus acciones contradicen esos dichos. No hay que esforzarse mucho por hallar la razón ni buscarla en concienzudos análisis de alta política. Es sencilla: se aferran a los fueros porque representan otro privilegio exorbitante, una prerrogativa injustificada que pone al Poder Legislativo por encima de los otros poderes del Estado, cuyos integrantes pueden ser convocados por la Justicia sin intermediarios y allanados sin aviso y al solo requerimiento de los magistrados.
Según nuestra Constitución nacional, los fueros protegen a los legisladores sólo para que sus opiniones no se vean condicionadas y para evitar que sean protagonistas de detenciones arbitrarias. Nada dice sobre el uso que se les ha dado con el transcurrir del tiempo: blindarlos para que no sean investigados cuando se los sospecha de haber cometido, por ejemplo, actos de corrupción.
Una muestra clara de ese perverso objetivo se verificó a mediados del año pasado cuando la Cámara de Diputados debió definir si aprobaba que la Justicia allanara el domicilio particular y las oficinas del ex ministro de Planificación y actual diputado Julio De Vido, investigado por enriquecimiento ilícito, además de hallarse procesado en otras causas.
El permiso finalmente concedido y el allanamiento ocurrieron tanto tiempo después, que el sospechado ex funcionario pudo haber vaciado de contenido todos sus inmuebles antes de que los revisara la Justicia. Esa irrazonable protección de la que gozan los legisladores daña irreversiblemente el principio constitucional de igualdad ante la ley y afecta aún más la confianza de la ciudadanía en la clase política.
En el año 2000, se sancionó una ley cuyo artículo 1°, en su parte final, dispuso que "no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara".
Dos buenos proyectos presentados por los diputados de Unión Pro Córdoba y Buenos Aires, Nicolás Massot y Silvia Lospennato, respectivamente, proponen acelerar el proceso de desafuero de un legislador de modo que pueda comparecer en forma inmediata ante la Justicia.
El kirchnerismo, con numerosos ex funcionarios investigados en casos de corrupción, fue el primero en oponerse a facilitar ese proceso. La Comisión de Juicio Político, que preside el diputado oficialista Pablo Tonelli, estudió las iniciativas en danza y llegó a un proyecto consensuado entre el oficialismo, el Frente Renovador e integrantes del bloque justicialista.
Ese proyecto de dictamen sostiene básicamente tres puntos:
* En primer lugar, elimina la restricción impuesta en 2000 referida a que no se puede ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara;
* Dispone, en cambio, que una vez decidido el allanamiento de esos inmuebles o la intervención de las comunicaciones, se informe la decisión al presidente de la Cámara que corresponda para que éste designe a un legislador que no sea del mismo signo del sospechado con el fin de que esté presente durante el procedimiento judicial.
* Por último, en caso de sentencia condenatoria o verificada la inasistencia del legislador a la indagatoria, el magistrado deberá requerir el desafuero, cuyo trámite debe ser decidido con prontitud. Si es necesario, en sesión especial.
No obstante ese preacuerdo, diputados radicales y renovadores que conforman la Comisión de Asuntos Constitucionales decidieron no asistir a la reunión en la que iba a dictaminarse sobre el asunto.
"Imaginemos por un instante que un juez kirchnerista allane sin más el domicilio de un legislador que investiga al kirchnerismo, y se lleve todos sus papeles. Es muy riesgoso", tratan de justificarse algunos radicales que impidieron la formación del quórum y la consecuente firma del despacho.
La reacción de Pro no se hizo esperar. Varios de sus miembros acusaron especialmente a sus socios políticos de no querer asumir la responsabilidad de prescindir de los irrazonables privilegios con que hoy cuentan los legisladores ante el temor de que esa decisión se les termine volviendo en contra.
Esa vergonzosa actitud los pone en un pie de igualdad con el trasnochado proyecto presentado por un grupo de senadores kirchneristas para incorporar la causal de "violencia política" a la ley de protección integral de las mujeres, una iniciativa que no puede ser interpretada de otro modo que un blindaje hecho a la medida de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de su cuñada, Alicia Kirchner, ambas sospechadas de haber cometido graves irregularidades durante sus gestiones como funcionarias.
Según la autora de ese absurdo proyecto, atentatorio contra la libertad de expresión, habría que sancionar toda crítica política formulada contra las mujeres con responsabilidades de gestión, ya sea en un medio de comunicación o en cualquier otro ámbito. Hacerlo daría lugar a una denuncia penal por violencia contra la mujer. Otro sinsentido por donde se lo mire.
Se trata, ni más ni menos, de blindajes que importan renunciamientos explícitos a la persecución y castigo de hechos de corrupción.
Como ya hemos dicho en estas columnas, es tiempo de revisar la ley de fueros. Si los legisladores se niegan a hacerlo, la Justicia debería declarar su manifiesta inconstitucionalidad. Sería una decisión que podría evitarse si los legisladores aferrados a sus privilegios recapacitasen e hicieran valer el principio constitucional de igualdad ante la ley.
Título y bajada: ¿Fueros o privilegios?/ Los legisladores que se aferran a inconstitucionales prerrogativas deberían recapacitar y permitir de una vez por todas que se las limite
El Senado de la Nación nunca echó a ninguno de sus miembros por inhabilidad moral, razón estipulada en la Carta Magna, en contraste con la Cámara de Diputados donde sí se aprobaron severas sanciones, además de los desafueros.
Por Armando Vidal
A propósito del caso de Luis Barrionuevo (1), conviene recordar estos datos: el Senado nunca excluyó a nadie de su seno por trastornos de conducta, a diferencia de la Cámara de Diputados, que lleva aplicadas doce tarjetas rojas desde 1853.
Echar a un legislador porque agravia al cuerpo legislativo es una potestad sobre la cual no hay alcance judicial alguno que pueda rever la decisión.
"La doctrina considera de manera uniforme que (la exclusión) se adopta frente a la comisión de delitos sancionados por la Justicia o por la indignidad de un legislador", dice Juan Estrada, el prosecretario parlamentario de Diputados en su libro Comentarios en torno al Parlamento.
Además de una razón que la justifique, la expulsión sólo exige lo que establece la Constitución: el voto favorable de dos tercios de los legisladores presentes.
Este es un repaso de cuáles fueron las sanciones, y contra quiénes.
En Diputados, la Cámara de 257 representantes del pueblo, la saga de los separados de sus filas —que no es el caso de aquellos a quienes se les quitaron los fueros por reclamo judicial— comenzó en 1853 con un representante catamarqueño, Pedro Ferré, aunque correntino y tres veces gobernador de la provincia litoraleña.
Quedó inmortalizado en el sillón presidencial en el cuadro de Antonio Alice "Los Constituyentes del 53", que se exhibe en el Salón de los Pasos Perdidos y que Santa Fe pide para exponerlo en la capital provincial al cumplirse el 1° de mayo el sesquicentenario de la sanción de la Constitución en esa ciudad.
Y lo expulsaron porque se negó a sancionar leyes posteriores a la convención.
Entendía que carecía de un mandato específico por parte de Catamarca, que sí le había sido conferido para elaborar la Constitución.
Un siglo y medio después, es decir desde 1983 con la recuperación de la democracia, fueron echados por trastornos de conducta dos diputados justicialistas: el catamarqueño Angel Luque, en 1991, y Norma Godoy, misionera bonaerenese, en 2002.
En 1995, en lugar de expulsarlo por un presunto pedido de coima —que la Justicia luego no comprobaría—, al cordobés aporteñado Eduardo Varela Cid lo suspendieron hasta el final de su mandato.
En el Senado, la Cámara que representa a las provincias, también pasó de todo, sólo que no se aplicaron las máximas sanciones.
En 1935 hasta hubo un crimen en pleno recinto, el del senador electo por Santa Fe, Enzo Bordavehere, a cargo de un matón a sueldo de otro senador.
Fue durante el célebre debate por las carnes protagonizado por Lisandro de la Torre y el ministro de Hacienda, Federico Pinedo.
Al radical Leandro N. Alem quisieron echarlo del Senado en 1893 pero no pudieron, porque no había asumido su banca en medio de las protestas armadas de los boinas blancas contra el entonces cerrado régimen conservador.
Entre las recientes páginas oscuras de la Cámara alta se cuentan:
* 1992: denuncia del justicialista Luis Saadi, entonces diputado, de un supuesto pago de coimas en el Senado por 8 millones de dólares para aprobar la privatización de YPF. Luego se retractó.
* 1993: robo del Archivo del Senado de todos los comprobantes de la elección "trucha" de la justicialista Alicia Saadi por parte de la legislatura catamarqueña.
* 1995: la insólita aparición en el Senado en calidad de prófugos de la Justicia de dos senadores electos, el catamarqueño Ramón Saadi, justicialista, y el rionegrino Horacio Masaccessi, radical, quienes buscaron en el lugar el refugio que impidiera actuar a la Policía.
* 2000: escándalo por la denuncia periodística de supuestos pagos de sobornos para sancionar una ley laboral en los primeros meses de gestión del radical Fernando de la Rúa, con un anexo complementario en el caso del senador salteño Emilio Cantarero, quien apareció consintiendo la existencia de prácticas deshonestas en la sanción de leyes.
A modo de colofón, también hace apenas tres semestres se produjo en el Senado el extraño antecedente de que su máxima autoridad, el frentista Chacho Alvarez, vicepresidente de la Nación, haya optado por irse del cargo y luego de la política al sentirse incapaz de hacer algo para cambiar esta historia. El revés de la trama.
(1) El controvertido gremialista Luis Barrionuevo también llevó sus trastornos de conducta cuando pasó por el Senado, motivo por el cual se presentaron proyectos para excluirlo del cuerpo que finalmente no prosperaron.
La ex senadora y ex diputada autora de este artículo señala la contradicción que significaría para la presidente Cristina Kirchner oponerse a la suspensión provisoria de su banca del senador y ex jefe de Estado Carlos Menem ante la dura condena judicial por contrabando de armas.
Por Vilma Ibarra
El pasado 2/7, Eduardo Menem publicó un artículo en este diario titulado “La causa por contrabando de armas, aún sin sentencia firme”. El ex senador sostiene allí que el fallo dictado por la Cámara Nacional de Casación Penal que condena a su hermano Carlos Menem a siete años de prisión, aún no está firme por haberse interpuesto un recurso extraordinario.
Afirma que, por el principio de inocencia, no corresponde excluir de la Cámara alta al actual senador y ex presidente Carlos Menem, ni tampoco sería pertinente disponer su desafuero, ya que en la actualidad sólo existe “inmunidad de arresto” y no hay todavía orden judicial restrictiva de libertad.
Lo que no explica Eduardo Menem es que en circunstancias exactamente iguales a las que se encuentra hoy Carlos Menem, la Cámara de Senadores no recurrió ni al desafuero ni a la exclusión, sino a la suspensión provisoria, por aplicación del Art. 66 de la Constitución Nacional, que permite la aplicación de medidas correctivas a los miembros del cuerpo.
El fundamento fue, precisamente, atender el derecho ciudadano a la transparencia de la función pública, y evitar que aquél sobre quien pesa una condena a prisión dictada por el máximo tribunal penal de la Nación, pueda seguir votando las leyes que deciden sobre la vida y el patrimonio de los argentinos.
Carlos Menem ha devenido aliado del gobierno en los últimos años y su suspensión implicaría la pérdida de un voto en el Senado, que después del 10 de diciembre podría volverse crucial para el FpV.
Ante su suspensión, Menem no podría ser reemplazado por el suplente de la lista.
Además Cristina tiene una memoria sólida.
Sin dudas recuerda que fue ella, en primerísima persona, quien empujó afuera de la Cámara alta al ex senador puntano Raúl Ochoa en el año 2005, en una situación idéntica –aunque mucho menos grave, por cierto- que la que hoy atraviesa el ex Presidente.
La decisión de suspender al senador Ochoa se adoptó frente a una condena no firme, que imponía una pena a dos años y diez meses de prisión en suspenso, dictada por un Tribunal Oral y por un delito electoral –haber votado dos veces en una elección–.
En el caso de Carlos Menem nos hallamos frente a una condena a siete años de prisión de cumplimiento efectivo, dictada por el máximo tribunal penal de la Nación, y por el delito de contrabando agravado de armas llevado a cabo durante su mandato como Presidente de la Nación.
Nada ocurre –o deja de ocurrir– en el Congreso, sin que Cristina sea consultada.
El Bloque del FpV ha dicho que esperará que se abra el recurso extraordinario y que resuelva en definitiva la Corte Suprema, lo que puede demorar años.
En el caso de Carlos Menem, presumo que no escucharemos a la Presidenta acusando de cosas espantosas a los magistrados de la Corte por la demora en resolver la causa.
Si ella estuviera en la oposición seguramente estaría recorriendo los canales de televisión, indignada, exigiendo la suspensión de su banca del senador condenado por la Justicia penal.
Estaría hablando de derechos ciudadanos, de transparencia y de ética en la función pública.
Su silencio actual se explica no por la coherencia, tantas veces declamada, sino por la necesidad de contar con el voto de Carlos Menem.
Ironías de la vida.
Volanta y título: La posibilidad de que el ex Presidente Carlos Menem sea suspendido de su banca mientras aguarda una sentencia firme, inquieta al Gobierno /Senadores que no pueden eludir la responsabilidad judicial
Sin abstenciones, por más de cien votos de diferencia y con la misma posición de kircheristas, aristas, socialistas y ex aliados duhaldistas, más una parte del bloque radical, el 23 de mayo de 2006 fue rechazado el ingreso de Luis Abelardo Patti por falta de “ idoneidad moral”, principio inmanente de la reforma de la Constitución de 1994 que incorporó con jerarquía mayor a las leyes los tratados sobre derechos humanos, entre ellos la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles.
Por Armando Vidal
La Cámara de Diputados rechazó ayer el ingreso por falta de "idoneidad moral" del ex subcomisario Luis Patti tras un debate de ocho horas que fue el mayor que generó en torno de la relación de los derechos humanos con la política y las instituciones de la República.
El resultado fue de 164 contra 62. No hubo abstenciones.
Votaron por el rechazo los kirchneristas, los aristas, los ex duhaldistas cercanos al Gobierno (Peronismo Federal), los socialistas y una docena de radicales.Votaron por la admisión de Patti el bloque radical, el interbloque Propuesta Federal (macristas, murphistas y provinciales) y el opositor bloque Justicialista Nacional (ex duhaldistas, menemistas y saaístas).
Anoche, mientras se decidía su destino, Patti subió a un escenario en Escobar. Allí le apuntó al presidente Kirchner: "Desprecia el voto", dijo.
Ni galerías irritables, ni palabras subidas de tono, ni la violación reglamentaria de consentir que un diputado lea su discurso empañaron una tenida que superó las expectativas. No juró su sucesor, Dante Camaño, porque el bloque kirchnerista no quiso.
La sesión podría ser ubicada en la saga iniciada con la anulación de la ley de autoamnistía, la que quince años más tarde derogó las leyes de punto final y obediencia debida y que un lustro después las anuló en todos sus efectos.
La sesión trascendió la de abril del 2000 -único precedente-, que cerró la puerta al ex dictador tucumano Antonio Bussi, porque en aquella ocasión la respuesta fue más homogénea y en ésta, en cambio, fue dividida.
Entre otros componentes del cuadro pueden incluirse las contradicciones del peronismo y la postura oficial del radicalismo que ayer adoptó el criterio contrario al que aplicó con Bussi. Elisa Carrió, hoy conductora del ARI y que hace seis años, como radical y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, sobresalió en el caso Bussi resaltó la coherencia propia y de la Cámara.
Fue ella quien entonces imprimió con fuerza de doctrina que los responsables de delitos de lesa humanidad no pueden formar parte de un cuerpo comprometido a defender los pactos internacionales sobre derechos humanos incluidos desde 1994 a la Constitución. Ayer añadió, a partir de ejemplos proveniente de la Alemania pos nazi, que alcanza con que una persona esté sospechada de haber cometido esas violaciones.
Fundamentó el dictamen de mayoría de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, su presidente, el kirchnerista tucumano Gerónimo Vargas Aignasse, quien dio cuenta de los testimonios prestados en el proceso y documentos complementarios que conformaron un expediente de más de 10 mil fojas. Sintetizó los hechos que se le atribuyen a Patti, comenzando por "el crimen" del ingeniero Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, que en la tarde del 14 de mayo de 1983 aparecieron acribillados a balazos en un paraje cerca de Zárate luego de haber sido secuestrados por la mañana en el bar "Magnun" de Rosario.
Después, la peronista Graciela Camaño (Peronismo Federal) imputó el secuestro de esos dos militantes montoneros al segundo cuerpo de ejército, del que, dijo, "Patti fue la patota policial".
Los radicales que hablaron y votaron contra el dictamen de la mayoría fueron Pedro Azcoiti -recordó que fue un secuestrado y torturado en dictadura- y Alicia Tate, ambos miembros de la comisión y el titular del bloque Fernando Chironi.
Todos dijeron que no había sentencia judicial que justificase la decisión. Se destacaron intervenciones como la de Norma Morandini (juecista), el kirchnerista Miguel Bonasso y Claudio Lozano. En sentido contrario la de Nora Ginzburg, Jorge Vanossi y Pablo Tonelli, de Pro, así como Marina Cassese (Justicialista Nacional).
Gritos, discursos, votos y telón para Patti.
Volanta, título y bajada: Fue acusado de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura/ Los diputados rechazaron el ingreso de Patti a la Cámara / Lo decidieron anoche tras una larga sesión. El oficialismo, el ARI, algunos radicales y ex duhaldistas impusieron su mayoría. Así el ex policía queda fuera del Congreso. Había obtenido casi 400 mil votos.
