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SALVAGUARDA INSTITUCIONAL

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ANULAR UNA ELECCIÓN, COSA DE DICTADORES

La escandalosa decisión judicial que anuló las elecciones a gobernador y otros cargos en Tucumán y que puso en vilo la gobernalidad en la provincia en manos del radical K José Alperovich tiene otros antecedentes vinculados con golpes militares y en esta etapa democrática.

La última cancelación de una elección fue tomada por el régimen de Juan Carlos Onganía, tras echar del gobierno al presidente radical Arturo Illia, el 28 de junio de 1966. Decisión de una dictadura que había adoptado el pomposo nombre de Revolución Argentina y que se extendiera, igual que la última dictadura, siete años.

Las elecciones se habían realizado en abril de ese año, en Mendoza, y habian sido ganadas por el partido Demócrata -versión de la derecha mendocina a cuyos partidarios se los llama popularmaente ganzos- al imponerse a un peronismo no reconocido como partido y que además se había presentado dividido, tal como había sucedido en la eleccón para diputados nacionales del año anterior en la cual una lista era apoyada por Juan Domingo Perón, desde el exilio en Madrid, y la otra, en frontal desafío, apoyada por el metalúrgico Augusto Vandor, desde Buenos Aires.

de al fue el último en anular una elección Fue hace casi medio sligo. En Catamarca se llego a suspender un comicio en 2003. La Justicia de Tucumán tomó una decisión inédita: por primera vez desde la vuelta de la democracia se anuló una elección. Inclusive, para volver a encontrar un antecedente similar hay que remontarse 50 años en el tiempo, cuando tomó el poder el dictador Juan Carlos Onganía y canceló los comicios de Mendoza.

Desde 1983, nunca se había anulado una elección que se había realizado y proclamado a un ganador. Los casos más afines se dieron en Catamarca en 2003, cuando se suspendió el comicio mientras se estaba realizando por los incidentes y la recordada quema de urnas de simpatizantes de Luis Barrionuevo, y en 1991, cuando se intervino la provincia de Corrientes porque el Colegio Electoral no se puso de acuerdo para señalar al nuevo gobernador.

Antes, hay que viajar a abril de 1966, cuando se llevaron a cabo elecciones para gobernador en la provincia cuyana.

En aquella oportunidad, el Partido Demócrata de Mendoza se impuso a los dos partidos peronistas, el Movimiento Popular Mendocino (vandorista) y el partido Justicialista, afín al viejo líder por entonces exiliado.

Sin embargo, el 28 de junio el general Onganía derrocó a Artturo Illia e intervino Mendoza, por lo que la fórmula Jofré-Galleti no pudo asumir. Otro antecedente fue la elección a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1962, sobre el final del gobierno del radical desarrollista Arturo Frondizi.

Allí, el peronista Andrés Framini se impuso pero el presidente desconoció el resultado por presión militar (NdE: error, Frondizi reconoció el resultado, razón por la cual fue derrocado). No duraría mucho más: las Fuerzas Armadas lo eyectarían del poder y pondrían al presidente provisional del Senado, José María Guido, en su lugar. Framini no pudo asumir.

También se pueden citar las elecciones de 1931, en medio del primer golpe de Estado que vivió la Argentina. Con el general José Félix Uriburu al mando, tras haber derrocado a Hipólito Yrigoyen.

El militar convocó a comicios en Buenos Aires y allí se impuso el radicalismo. El resultado adverso para el gobierno antidemocrático y conservador provocó que Uriburu anulara los resultados.

Debilitado, se fue al año siguiente y dejó su puesto a Agustín Justo, quien llegó al poder gracias al fraude patriótico.

* Antecedentes recientes

 Aun quedan en la memoria de muchos argentinos la escandalosa elección de Catamarca del año 2003. Luis Barrionuevo había sido inhabilitado para presentarse como candidato por no cumplir con los requisitos mínimos de residencia en la provincia.

A las pocas horas de comenzado, y debido a los graves incidentes que incluyeron quema de urnas, el gobernador (NdE: radical) Oscar Castillo suspendió las elecciones. Recién en agosto de ese año se pudieron llevar a cabo los comicios y Eduardo Brizuela del Moral (NdE: radical) se impuso a Liliana Barrionuevo, hermana del sindicalista gastronómico.

En 1991, la provincia de Corrientes fue intervenida luego de que no se pusiera de acuerdo el Colegio Electoral en cuanto a quién debía ser el próximo gobernador.

En aquel momento se elegía de manera indirecta al mandatario provincial, y el Partido Autonomista Liberal se quedó con 13 de los 26 integrantes del Colegio, gracias a su 43% obtenido. El PJ fue segundo con el 33% (9 electores) y la UCR tercera con el 18% (4 electores).

Fuente: ARBIA Informa. Servicio para 1.500 emisoras.

CONTRA EL ABSURDO PLANTEO DE UN JUEZ

La duda en torno de la salud del miembro de la Corte Suprema, Carlos Fayt, generó la pretensión de un juez de detener el procedimiento de una comisión de la Cámara de Diputados de la Nación, lo cual generó el categórico rechazo del presidente del cuerpo desde el mismo recinto (*).

Por Julián Domínguez

Como presidente de este cuerpo, quiero decir que el 29 de mayo de 2015, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 – a cargo del doctor Julián Ercolini- libró un oficio en la causa 4.869, caratulada “Fernández Sagasti, Anabel sobre abuso de autoridad”.

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AUTOCONVOCATORIA, SÍ

En este artículo de redacción desprolija y poco apropiada en consideración al tema y al especialista que la emite (*), se refuta la posición del entonces presidente de la bancada oficilaista Agustín Rossi quien sostuvo que el Congreso no puede autoconvocarse. Su comentario.

Por Roberto Gargarella

En sus clases, Félix Schuster contaba siempre la anécdota de un soldado que tenía la extraña virtud de dormirse con los ojos abiertos. En su informe mensual, el oficial puso entonces "el soldado Pérez atiende, pero no asimila".

Hoy, en un artículo editorial en Clarín, sobre los poderes de autoconvocatoria del Congreso, el diputado Rossi escribe un artículo en donde cita la opinión que dimos en Clarín, sobre el tema, pero no nos refuta (artículo de Rossi en Clarín?? estará vendido al capital enemigo??? le habrán pagado??? se habrá involucrado en una operación destituyente??) En el artículo (titulado "El Congreso no puede autoconvocarse") Rossi nos da una palmadita en la espalda (gracias!) diciendo que "está claro que puede pensarse distinto y ser respetuoso de los crierios de los demás, como lo hizo, por ejemplo, Roberto Gargarella en este mismo espacio".

Y entonces la emprende contra Ernesto Poblet, que también escribió un artículo en Clarín a favor de la autoconvocatoria.

Ahora bien -y ya que estamos en la línea respetuosa, con todo respeto sr. diputado Rossi- el artículo es extrañamente malo, dado que quienes se oponen a la autoconvocatoria tienen cosas para decir en su favor.

Rossi, en cambio, no menciona ninguna de ellas.

Vamos uno a uno sobre ellos: Rossi señala: "No se le puede hacer decir (a la Constitución) lo que no dice." Insólito, dado que los derechos enumerados no niegan otros existentes, según señala la propia Constitución (art. 33); y dado que la Constitución le concede explícitamente al Congreso el poder de "Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina" (art. 75, inc. 32).

Raro, Rossi.

Menciona también la facultad del Ejecutivo para citar a extraordinarias (art. 99).

Muy lindo, pero todos reconocemos esa facultad, ¿cuál es el problema? La pregunta es: dónde se dice que el Congreso no puede hacerlo (otra vez, mirar a la luz del art. 75, 32 citado).

Luego cita el artículo 63 -que menciona la convocatoria a extraordinarias- pero que de ningún modo prohíbe al Congreso hacer lo propio (de allí que casi toda la doctrina mencionada más abajo hable de facultades concurrentes entre los dos poderes). Agrega que desde 1853 hasta la fecha, el Congreso nunca se autoconvocó.

Muy bien, perfecto, sobre todo si el Ejecutivo cumple con su tarea obvia de convocar a extraordinarias.

Ahora bien, si no las convoca, cuál es la razón para respetar una tradición que pone en peligro la democracia y -como decía mi presidenta, Cristina, cuando era brillante senadora- sobre todo, pone en peligro la defensa de los derechos constitucionales, dejándolos a merced del "poder económico concentrado, al que le conviene que el Parlamento esté cerrado para poder continuar impulsando medidas (antipopulares)" (bien para Cristina!!)

Finalmente, Rossi cita a un par de autores de la doctrina, para sostener su punto. Lástima que no cita a todos los otros que supo citar su presidenta, para decir exactamente lo contrario!

Es más, la sra. Presidenta Cristina trata de mostrar por qué la cita de uno de los pocos apoyos doctrinarios que encuentra Rossi no debiera servir para sostener la posición que Rossi sustenta.

Lo siento Rossi, pero lo ha contradicho su Presidenta!

El texto de Cristina, acá. Todo ello, sin mencionar lo que puede ser decisivo para este caso particular (más allá del objeto de mi artículo, que se refería a los poderes de autoconvocatoria del Congreso, en general), y es que en relación con los DNU, el art. 99 inc. 3 sostiene que dice que las Cámaras legislativas deberán tratar "de inmediato" los DNU, luego de la intervención de la Comisión Bicameral Permanente (y "de inmediato" es "de inmediato").

Todo mal para el sr. diputado Rossi.

Me parece que vamos a tener que bocharlo por esta vez, pero se puede volver a presentar en la próxima mesa.

Nota: Estos son algunos comentarios -incluyendo al final el del propo Rossi- en la página Semanario de Teoría Constitucional y Filosofía Política. Una mirada igualitaria sobre el Constituciconalismo  y de la cual es coordinarior Roberto Gargaella:

Nicolás Lichtmaier dijo... Dos cosas sobre el post. Cuando Rossi dice que "No se le puede hacer decir (a la Constitución) lo que no dice" creo que tiene razón. Los ejemplos que das son cosas que dicen otros, no que dice la constitución. No refuta eso a Rossi. Simplemente Rossi está señalando que no se puede llegar tan lejos con la interpretación hasta hacerle decir al texto constitucional algo que no dice, y actuar como si el texto constitucional lo dijera. Lo que el congreso dice, por mandato de la constitución, lo dice el congreso. Después, toda esta argumentación de que la constitución "no lo prohíbe" no me parece correcta. El rol de legislador no es un derecho que uno puede ejercer libremente, sin contexto, como ir al cine. Es un mandato positivo otorgado por la constitución, y ese mandato existe en cuánto está positivamente habilitado, me parece (sin ser ni constitucionalista ni abogado). Con el "nada prohíbe qué" podríamos llegar a un montón de situaciones, en cuestión de mandatos, que serían absurdas. 

 P. M. Anónimo dijo... Estimado Gargarella: De acuerdo a la información que brinda el diario Perfil, el Discurso de Cristina Fernandez de Kirchner en diciembre de 2001, tenía por objetivo defender las facultades del Congreso para prórrogar las sesiones ordinarias, cosa distinta a autoconvocarse a sesiones extraordinarias. La cita que ud. hace de ese discurso es parcial e incompleta.- En segundo lugar, por más que lo acompañe la mayor parte de la doctrina, la interpretación que hacen del art. 63 y del inc.32 del art. 75 de la Constitución Nacional, es forzada y se contradice con el texto expreso del antes mencionado art. 63.- No debe olvidarse que el sistema de nuestra Constitución sigue siendo presidencialista y no parlamentario. Ergo la función de administración que es permanente está a cargo del Poder Ejecutivo y la función deliberativa, que no es permanente, está a cargo del Congreso de la Nación.- Sus valiosimas opiniones, me parece a mi son "De lege ferenda" y no "De lege lata".- Por último, lo felicito por el blog. pese a que en este caso no comparte su ilustrada opinión.- Juan B (*) El editor de Congreso Abierto se abstuvo de hacer correcciones, salvo en un par de líneas.

Agustín Rossi dijo... Estimado Dr. Gargarella: en ninguna parte del artículo que publicó (recortado) hoy Clarín tuve el objetivo de responder a sus argumentaciones vertidas en el mismo diario. Intenté enumerar una serie de comentarios sobre el descalificador artículo del Dr. Poblet. El único motivo que tuve para nombrarlo en mi artículo fue para reivindicar el respeto con el que solía hacía sus aportes. Respeto que hoy ha dejado de tener conmigo. Atte. Ing. Agustín Rossi

Título: Rossi cita, pero no refuta  

Fecha: 20/1/2010

Fuente: http://seminariogargarella.blogspot.com.ar/

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AUTOCONVOCATORIA, NO

Según el lado del mostrador desde el cual se opina, aquí se halla parte de la polémica acerca de las facultades que se le asignan o se le niegan al Congreso en cuanto a si puede autoconvocarse como si el Poder Ejecutivo no existiera.  Esta es la versión del titular del bloque oficialista. 

Por Agustín Rossi (*)

Leí con asombro la columna de opinión de un tal Ernesto Poblet No hay duda, el Congreso puede autoconvocarse en este diario el día 18 de enero pasado.

El autor, en lugar de brindar argumentos sólidos sobre su postura me descalifica con liviandad en términos personales, lo que denota la debilidad de su postura.

Está claro que puede pensarse distinto y ser respetuoso de los criterios de los demás como lo hizo, por ejemplo, Roberto Gargarella en este mismo espacio el 14 de enero pasado.

Poblet me condena por ser ingeniero. Espero sinceramente que en su próxima columna analice el comportamiento de otro ingeniero que, desconociendo todos los postulados constitucionales, forma parte del binomio ejecutivo a la vez que encabeza las fuerzas de la oposición.

Por lo pronto yo pido perdón a mis colegas por incluirlos en esta polémica como, creo, debería pedir disculpas el autor citado a los constitucionalistas por implicarlos con tanta liviandad.

El señor Poblet dice que “desde 1853 grandes maestros del derecho vienen sustentando una doctrina que contradice la tesis prohibicionista del enfático ingeniero santafesino”.

Lamentablemente, no citó a ninguno.

Las citas de autoridad son básicas en cualquier trabajo riguroso. La Constitución Nacional dice lo que sus convencionales escribieron desde 1853 hasta 1994.

No se le puede hacer decir lo que no dice ni se le puede malversar su espíritu.

Veamos literalmente lo escrito.

 “Artículo 63.- Ambas Cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el Presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones.”

 “Artículo 99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: 9. Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o lo convoca a sesiones extraordinarias, cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera.”

Si no quieren que el Congreso tenga receso deben modificar la Constitución.

La Carta Magna establece que el Poder Legislativo tiene receso y que el Poder Ejecutivo sea permanente. La única excepción la constituye la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo constituida por este gobierno en 2006 luego de 12 años de mora constitucional.

Esta comisión se reunió el 30 de diciembre para tratar el DNU 2010/09 y el 13 de enero para tratar el DNU 18/10. La Presidenta dictó sólo un DNU en el año 2008 y diez en todo el año 2009, lo que denota una utilización muy prudente de esta herramienta constitucional.

Es más, la Constitución como bien explica Humberto Quiroga Lavié adjudica al Poder Ejecutivo ciertos poderes en receso del Congreso, que en principio le competen a este último: declarar el estado de sitio (arts. 75, inc. 29 y 99, inc. 16), decidir la intervención federal (arts. 75, inc. 31 y 99, inc. 20), ausentarse del país sin permiso (art. 99, inc. 18) y realizar nombramientos en comisión (art. 99, inc. 19).

Desde 1853 hasta la fecha, nunca el congreso se autoconvocó para sesiones de prórroga ni para sesiones extraordinarias. ¿Por qué? Sencillamente porque la Constitución no lo quiere.

Germán Bidart Campos, que para los juristas no necesita presentación y para los legos como yo, sabemos que fue un maestro del derecho constitucional, dijo enfáticamente: “Nos parece que algo es indiscutible en la exégesis de estos textos (refiriéndose a los arts. 63 y 99, inc. 9) : a) que sólo el presidente puede convocar a sesiones extraordinarias; b) que el presidente “puede prorrogar” las ordinarias; c) a contrario sensu (en sentido contrario), que el congreso no puede autoconvocarse a sesiones extraordinarias.” (ver, Manual de la Constitución Reformada, Tomo III, Ed. Eudeba, pag. 67 y 275).

Quizás ahora Poblet piense que se le deben quitar los títulos honoríficos a Bidart Campos y mandar a la hoguera a los exégetas.

Para terminar le dejo, señor Poblet, una recomendación para leer en el verano: “Ingeniería constitucional comparada” de Giovanni Sartori.

Nota:  Versión completa del artículo de Agustín Rossi  que Clarín publicó con cortes y resumiendo conceptos en su edición del 20 de enero de 2010, en su sección Opinión. Su título fue: El Congreso no puede autoconvocarse y tiene una presentación que señala: Pese a las distintas interpretaciones, la Constitución Nacional es muy clara: sólo el Presidente puede llamar a sesiones extraordinarias.

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PÓNGASE DE PIE

“En la Casa de Gobierno estaban reunidos los ministros militares y los comandantes en jefe cuando entró Guido.

Estaban todos sentados pero movidos por la influencia mágica que da el poder, se iban poniendo de pie a medida que Guido, que ya había dejado de ser un pobre abogado rionegrino, pasaba a su lado.

Poggi se quedó sentado.

 “Póngase de pie, que soy el Presidente”, replicó Guido.

Cuando Poggi lentamente se puso de pie, recién entonces se sintió realmente Presidente de la República”.

Fuente: Emilia Menotti. Arturo Frondizi, biografía. Planeta, 1998. Pag. 401. Testimonio a la autora de Julio Oyhanarte.