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COMISIONES INVESTIGADORAS

COMISIONES INVESTIGADORAS

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PAPELÓN BICAMERAL

Una comisión bicameral, presidida por el peronista Carlos Soria, seguía la investigación de la causa AMIA para reforzar la trarea judicial. Lo hacía en línea con el juez Juan José Galeano hasta que el tribunal superior concluyó en todo lo contrario y denunció al propio magistrado, al ex ministro del Interior Carlos Corach y al entonces jefe de Inteligencia Hugo Anzorreguy, como partes de una conspiración contra la verdad, con lo cual el Congreso quedó poco menos que en ridículo. Inegraba la comisión la senadora Cristina F. de Kirchner, esposa del jefe de Estado.

.Por Armando Vidal

¿ Cómplices o indolentes? Tras el fallo del tribunal que absolvió a los acusados del atentado a la AMIA, el Congreso de la Nación, que respaldó a través de una comisión bicameral la investigación del juez Juan José Galeano, quedó demasiado desairado.

Permanecer callado hasta el 29 de octubre —que es cuando se habrá de conocer la fundamentación del fallo del Tribunal Federal Oral Nø 3— podría verse como una sugestiva falta de reacción del único poder de la República que también integra la oposición.

Es la primera vez que una comisión parlamentaria, que ni siquiera tenía el carácter de investigadora sino de seguimiento, termina del lado del delito por propia decisión de la Justicia con la que pretendió colaborar.

Esta histórica paradoja sacude en particular a la Cámara de Diputados, que es la que tomó la iniciativa de crear la bicameral. La decisión, votada el 20 de julio de 1995, se basó en la necesidad de reforzar la tarea judicial para evitar que con el atentado a la AMIA pasase lo mismo que con el de la Embajada. O sea, nada.

La comisión se constituyó el 26 de setiembre de 1996 de este modo: presidente, diputado Carlos Soria, (PJ, Río Negro); vicepresidente, senador Raúl Galván (UCR, La Rioja); secretarios: diputado Carlos A. Alvarez (Frepaso, Capital Federal) y senador José A. Romero Feris (Autonomista, Corrientes); vocales: senador Augusto Alasino (PJ, Entre Ríos); diputado César Arias (PJ, Bs. As.); diputado Melchor Cruchaga (UCR, Bs. As.); senadora Cristina Fernández de Kirchner (PJ, Santa Cruz); senador José Genoud (UCR, Mendoza); diputado Miguel Pichetto (PJ, Río Negro); senador Bernardo Quinzio (PJ, San Luis), y diputado Federico Storani (UCR, Bs. As.).

De todos ellos, hoy permanecen en las bancas la esposa del presidente de la Nación y el diputado Storani. El ministro del Interior de Fernando de la Rúa, decidió plantear en su bloque esta semana que sea el cuerpo en su conjunto el que fije posición frente al fallo. Tiene coherencia: las Cámaras aprobaron satisfechas la tarea realizada por la bicameral.

Dicho trabajo, que vuelve así a primer plano, está contenido en casi 150 reuniones, un sinnúmero de diligencias y tres libros.

Actuó siempre a puertas cerradas bajo un cometido que se percibía apenas se abrían: respaldar la investigación de Galeano.

En ese sórdido mundo de asesinos fundamentalistas, espías, delincuentes comunes y policías corruptos, la bicameral superó sus propias reservas y apuntaló al juez. Y lo hizo, incluso en el punto sobre el cual dispara el fallo judicial: la negociación del magistrado con Carlos Alberto Telleldín, el vendedor de la camioneta portadora de la bomba.

 ¿Encubrieron pese a que intervenían jueces como Norberto Oyarbide en el presunto robo del videocasette? ¿O dejaron pasar ese extraño procedimiento como tantas otras cosas?

Según la reacción en tiempo y forma del Congreso dependerá la respuesta.

Volanta y título: Las acusaciones contra la Comisión Bicameral/ Un Parlamento desairado tras el fallo judicial

Fuente: Clarín, 6/9/04

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DIPUTADOS, LA JUNTA Y LA ÍTALO

La primera comisión investigadora del Congreso desde 1983 fue determinar al año siguiente la operación realizada por la dictadura y su ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz cuando en 1978 procedió a estatizar la empresa de electricidad Italo, cuyos bienes debían pasar al Estado por la concesión de 1911. Aunque también el Senado tuvo su propia comisión, fueron las acciones de los diputados las que lograron mayor repercusión, un objetivo buscado por el oficialismo de entonces y que ofició de especie de preámbulo del juicio a las juntas de 1985.

Por Armando Vidal

La Comisión de la Cámara de Diputados que investiga la compra de la Italo citará a declarar a los integrantes de la primera junta militar del proceso, dos de cuyos componentes, el teniente general (RE) Jorge Rafael Videla y el almirante Eduardo Emilo Massera se encuentran detenidos.

Tendrán que explicar las razones de la controvertida operación y el trámite por el cual el Estado pagó más de 300 millones de dólares por bienes cuya estimación real no superaría la tercera parte (…).

Según la concesión de 1911 por cincuenta años, los bienes pasaban automáticamente al Estado una vez transcurridos. La compra de la Italo se hizo en pleno mundial de 1978 y apareció publicada en el Boletín Oficial varios meses después (…).

El jueves anterior habían sido interrogados los ex ministros de de Justicia del régimen de facto, el brigadier Julio Gómez y el abogado Alberto Rodríguez Varela, actual defensor de Videla y, a la vez, del diputado correntino Ricardo Palestra. “Así como la compra de la Italo se hizo entre los goles del Mundial ahora todos tiran la pelota para arriba”, dijo una fuente. De quien fue directivo de la Italo e inmediatamente después ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, nadie habla en estos momentos. ¿O acaso él no era el árbitro del partido?

Título: Citará el Congreso a la primera junta (párrafos)

Fuente: Clarín, 12/8/84.

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ATENTADOS A LA EMBAJADA Y AMIA

Las comisiones investigadoras de los cuerpos parlamentarios no pueden generalmente eludir la contradicción de estar de acuerdo en bregar por un cometido y hacer la tarea en medio de las pujas políticas internas que la dificultan. Y menos aún en un clima de campaña electoral. Este es un ejemplo.

Por Armando Vidal

El primer informe semestral de la comisión bicameral sobre la investigación de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA viene cargado de tensiones, tras la determinación opositora de adelantar por las suyas las recomendaciones que deben acompañarlo. Esa especie de preinforme critica duramente la actuación de la Corte Suprema de Justicia en la primera de las causas y al Gobierno en ambas. Ahora llega el turno del oficialismo, cuyos más altos exponentes anticipan que para el miércoles, a las 12, rechazarán de un modo categórico las especulaciones políticas que, a su entender, se formulan en ese trabajo, al tiempo que suscribirán sus propias recomendaciones.

El informe en sí de la comisión consiste en la recopilación de la tarea realizada, incluyendo las consultas y declaraciones recibidas, y debe ser brindado cada seis meses ante el plenario de las dos ramas legislativas, mientras la Justicia tenga abierta la investigación de esos asuntos.

El plazo de esos seis meses venció en julio, cuando el Congreso estaba en receso. Y su presentación se fue dilatando, en buena medida por la intención oficialista de postergarlo para después de las elecciones del 26 de octubre. La oposición no presionó: también admitía que un asunto de tan alta envergadura no podía caer en las tiranteces habituales de una campaña electoral. Pero el diablo metió la cola: un artículo periodístico denunció un supuesto pedido de coima por dos expedientes millonarios en la Corte y el ministro Adolfo Vázquez, reaccionó requiriendo de inmediato que la Comisión de Juicio Político de Diputados, que controla el PJ, lo investigara.

Para la oposición, ese gesto y el de los justicialistas que sostuvieron que había que abocarse a la cuestión, era una estrategia antirreglamentaria destinada a eximir de responsabilidades a Vázquez. Uno de los diputados más indignados era el radical Melchor Cruchaga, quien en esa comisión que preside el menemista César Arias discutió a los gritos con el justicialista Carlos Soria, a su vez presidente de la comisión bicameral de los atentados de la Embajada y la AMIA.Ofuscado, Cruchaga dijo que ahora sí vamos a emitir nuestra opinión. Aludía al demorado pronunciamiento de la bicameral, que él también integra.

En la bicameral, el oficialismo se halla en minoría. Por el oficialismo están los diputados Soria y Arias y los senadores Augusto Alasino y Bernardo Quinzio, además de la santacruceña Cristina Kirchner. Y por la oposición los diputados Federico Storani y Cruchaga (UCR), Chacho Alvarez y Juan Pablo Cafiero (Frepaso) y los senadores José Genoud y Raúl Galván (UCR) y José Antonio Romero Feris (Autonomista Corrientes). En la reunión del último miércoles no estaban los senadores, razón por la cual Arias dijo que si la idea era hacer recomendaciones en forma conjunta, habrá que esperarlos hasta la próxima reunión. Pero Cruchaga y Cafiero anticiparon que ellos darían cuenta de las suyas, temerosos de no estar obrando bien en cuanto a deslindar responsabilidades frente a un eventual tercer atentado.

Ahora, todavía bajo los efectos de la sorpresa, se aguarda la respuesta justicialista, sin que a nadie se le escape que pese a atribuirle haber llevado al fracaso de la investigación por el atentado a la Embajada del 17 marzo de 1992, la oposición no ha requerido el juicio político de la Corte.

Mantengamos la calma, recomendó en la intimidad Chacho Alvarez y los radicales coincidieron.

Fuente: Clarín, 28/9/97.