Los obreros rescataron a Juan Domingo Perón el 17 octubre de 1945. Perón ganó las elecciones del año siguiente para furia del embajador yanqui Spruille Braden- Lo primero que hizo fue impulsar el juicio político a cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por haber convalidado el golpe militar contra el presidente radical Hipólito Yrigoyen, el 6 de septiembre de 1930. En 1947, el Senado aprobó los pliegos de nuevos cuatro magistrados. Un trámite, iniciado en Diputados con un proyecto de resolución del titular del bloque peronista Rodolfo Decker. De allí la importancia de lo que está pasando en la Cámara que representa al pueblo y lo que diga el pueblo en las urnas.

Por Armando Vidal (*)

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación enfrenta la arbitrariedad manifiesta de la Corte Suprema de Justicia y no se amilana en su cometido ante los poderes fácticos económicos y mediáticos que conspiran contra ella para evitar la remoción de los cuatro miembros del alto tribunal, lo cual podría acontecer si Sergio Massa es el próximo presidente de la Argentina. Y si, además, aumenta el número de sus legisladores en ambos brazos del Parlamento. Su empeño ya está marcando un hito. 

Ese esfuerzo transcurre ahora, sin pausas, en medio del proceso electoral que podría extenderse hasta noviembre, como un ejemplo de resistencia de la desgarrada democracia argentina ante sus casi  cuarenta años de aquella mañana de sol del 10 de diciembre 1983.

Las líneas que siguen son un reflejo de lo que vino pasando desde los albores de este año y conllevan la esperanza de colaborar a la difusión de su tarea que los grandes medios van a ignorar, minimizar o distorsionar.

El primero de agosto, luego de evasivas a lo largo de meses, compareció  ante ella un funcionario diferenciado de todos los testigos que lo precedieron en una de las causas de resonancia nacional por tratarse nada menos que de la coparticipación federal impositiva, por un reparto arbitrario a favor de la ciudad de Buenos Aires dispuesta por decreto en el gobierno de Mauricio Macri.

Por el mismo procedimiento, otro decreto, el presidente Alberto Fernández devolvió el monto a las provincias, tras lo cual el jefe de la CABA y aspirante hoy a conducir al país, Horacio Rodríguez Larreta, acudió a la Corte Suprema que falló contra el gobierno nacional.

El funcionario en cuestión es Silvio Robles, que no es abogado y opera al servicio de Horacio Rosatti, el presidente de la Corte, como un informante de los que merodean también en otros ámbitos.

Varios testigos nombraron a Robles. entre ellos  la titular del Banco Nación, Silvina Batakis, porque estuvo en una reunión de mediación ente funcionarios nacionales y de la ciudad en la cual, aseguró, se hallaba presente el colaborador de Horacio Rosatti. Que estuvo para cumplir con Rosatti, del que habla maravillas porque lo conoce desde que el santafecino fuera ministro de Néstor Kirchner y él empleado de la entonces ministra de Economía, también de NK, Felisa Miceli.

Cuando ese primero de agosto, finalmente Robles apareció ante los miembros de la comisión,  exhibió con una postura poco amable con los legisladores irrespetuosa,  negó versiones periodísticas y a la hora de las preguntas se amparó en el artículo 8 del reglamento de la Justicia y en el 18 de la Constitución y no contestó ninguna.

En este entramado faltan entrar en escena otros personajes como Marcelo D´ Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño,  Juan Bautista Mahiques, fiscal general  de la ciudad, además de su  hermano, Ignacio Mahiques, todos, en principio, relacionados con Rosatti a través de Robles.

Ahora, un poco más de la comisión.

* Hijos de la democracia

La comisión de Juicio Político la preside Ana Carolina Gaillard, entrerriana peronista y abogada, que tenía un año de edad cuando el radical Raúl Alfonsín juró y asumió el cargo de presidente de la Nación en el recinto mayor del país que ahora integra ella.
 
Gerrmán Martínez, santafecino, licenciado en Ciencias Políticas, presidente del bloque del Frente de Todos, en 1983 ingresaba a la escuela primaria cuando finalizaba la dictadura genocida y se avecinaban políticos respetados como el radical Juan Carlos Pugliese, el primer presidente de la Cámara en esta etapa y cuyo nombre lleva el edificio anexo y a quien los peronistas llamaron "maestro"..
 
Gaillard y Martínez fueron citados por el presidente Alberto Fernández el 4 de enero de este año para encomendarles la concreción del juicio político por mal desempeño de sus funciones para los cuatro miembros de la Corte. Quiso que surgiera desde la propia Cámara que representa al pueblo. Una decisión acordada  con once gobernadores por el modo en que las provincias fueron afectadas por el mal reparto de la coparticipación a favor de la ciudad de Buenos Aires.
 
En síntesis, echar con eventuales derivaciones penales a Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti,  En apoyo de esta cruzada  adhirió el bloque de la Coalición Cívica pero solamente contra Lorenzetti, blanco único para la ex diputada Elisa Carrió.
 
Ya en las primeras reuniones de la comisión de Juicio Político, el bloque macrista con radicales que renegaron de Alfonsín y que incluye a la Coalición Cívica, se abroqueló en su habitual actitud negativa, ejercicio que viene practicando desde el escándalo que armó con las retenciones al campo hace quince años y sobre todo con la ley de medios del año siguiente. Una guerra contra el gobierno K declarada por los grandes medios del revés con la Corte a favor,
 
 “Los pedidos (de juicio político) son una alteración del orden democrático porque socaban la independencia del Poder Judicial” dijo en la presentación con tono estudiantil  Juan Manuel López, nacido en Saladillo, el 16 de septiembre de 1983, un autentico lilito. Preside su bloque, es su segundo mandato, abogado de la UBA y se nota su vena antiperonista. O sea anti K.

Un detalle: López es de los que discuten como si hubiera  estado –estaba en la cuna con un chupete en la boca- con los propios actores protagónicos de los  primeros capítulos de esta democracia. Uno de ellos, miembro de la comisión, es Leopoldo Moreau, radical alfonsinista y K,  que suele mirar a López con sabia paciencia paternal.

Otro detalle no menor: López es el vicepresidente de la comisión, lo cual obliga a la paciente y eficaz  Gaillard a no faltar nunca en esta larga suma de reuniones con testigos llamados expresamente a declarar bajo juramento.

Precisamente Moreau es un exponente de lujo, un hábil interpelador y aguanta también arrebatos de furia desde las filas de ex radicales que se convirtieron en otra cosa, caso de la diputada Paula Oliveto, que  fue radical, pertenece a la CC y actúa como macrista.

El proyecto de resolución de Juicio Político fue presentado por el diputado Eduardo Valdes, miembro de la comisión y otros legisladores del FdT. Son 410 páginas en base al informe entregado en su momento por Alberto Fernández a Gaillard y Martínez y ampliado por los diputados con nuevas causas como las irregularidades en la administración de la obra social del Poder Judicial, cuyo control es responsabilidad de Maqueda.

Acerca del fallo sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, el proyecto señala que en lugar de hacer justicia la decisión de  la Corte fue “política y parcial” y que  deben ser citados como testigos "todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados".

Restan por delante otros temas de dura confrontación como el estropicio que hizo la Corte con el Consejo de la Magistratura que quedó en manos del presidente de la Corte, que incluye una intromisión en la vida parlamentaria. Todo eso -y más en camino- en un año electoral que ha concentrado la crisis social por el pago del perverso crédito del FMI concedido por Donald Trump a Macri para que ganara las elecciones de 2019 o lo pagase con sangre el peronismo. Todo contrarreloj, el peor clima para los debates políticos y legislativos.

Pero los legisladores se aprestan a continuar contra viento y marea, en primer lugar los diputados del oficialismo, entre los que se han venido destacando, además de los nombrados, el super activo bonaerense Rodolfo Tailhade que tiene tendencia a caer en provocaciones; la delicada  porteña Mara Brawer; la siempre atenta bonaerense Vanesa Siley y el campechano chaqueño Juan M. Pedrini  (poco que ver en estilo con Ferninando Pedrini, presidente de la bancada peronista en 1973).

Por la oposición, aparecen, además de los indicados, el porteño Pablo Tonelli (muy diferente a su padre, Ideler, ministro de Trabajo de Alfonsín) y Graciela Ocaña, que fue chachista en el Frepaso, luego la “hormiguita viajera” de Lilita, la interventora del PAMI con Néstor, la  ministra de Salud con Cristina y después macrista, por ahora.

Nadie está en condiciones de asegurar qué es lo que va a pasar en la Argentina (ni en el mundo) pero con las actuales fuerzas en la Cámara de Diputados, la Cámara acusadora,  no hay forma de que el oficialismo imponga un dictamen favorable en el recinto. Para ese milagro de Octubre está trabajando la comisión de Juicio Político. 

(*) Única corrección de la nota escrita antes del 13/8/2'23:  al nombre del autor le faltaba la erre.