En 1992, luego del escándalo por diputruchos en la privatización de Gas del Estado llegarían las irregularidades en la sesión de Diputados que liquidaba a YPF, incluyendo una denuncia sobre pagos a los que la habían votado en la otra Cámara. 

Por Armando Vidal

La ley que en la primavera del ‘92 se definía en Diputados incluía dos líneas en su último artículo añadidas en el Senado por Alberto Rodriguez Saá, en ese momento presidente de la bancada mayoritaria. La ley era la privatización de YPF y esas dos líneas decían que los recursos de la venta de las acciones en manos del Estado debían ser destinado exclusivamente al aumento de los haberes previsionales.

El propio presidente Carlos Menem remarcaba que con esa norma se terminaban los pesares de un Estado sin medios suficientes para pagar el 82 por ciento de los haberes activos.

A la hora que recibió la ley, Menem tomó el bisturí y vetó el agregado de Rodriguez Saá, un asunto que el gobierno consideraba fuera de contexto.

Los jubilados -incluyendo esa procesión de pobreza y ruido de cada miércoles ante el Congreso- habían oficiado de rehenes. A esa altura, ya no lo eran. La venta de la empresa que creó el general Enrique Mosconi durante el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen -venta sin tasación previa- era algo más una cuestión económica.

Desregulación, concesión de las áreas primarias y secundarias y, como colofón, el remate de YPF habían llevado al radicalismo a una postura de choque, pese al Plan Houston del gobierno de Raúl Alfonsín que, decretos mediante, ofició de avanzada para la participación privada en la explotación del petróleo.

En Diputados, los radicales -a instancias del sector alfonsinista, que tuvo que ganar más de una votación en el bloque contra la conducción de Fernando de la Rúa, poco proclive a las medidas extremas, habían decidido no ingresar al recinto hasta que el oficialismo y los suyos se ocupasen de conseguir quórum.

Alcanzar quórum obligaba a una movilización desesperaba por parte del gobierno. Hasta los gobernadores de provincias petroleras -que tenían su parte en el reparto- eran piezas de la maquinaria para sentar a legisladores.

En pleno trámite para la obtención de la ley en Diputados el catamarqueño Luis Saadi denunció que en el Senado se acababan de repartir ocho millones de dólares por sancionar el proyecto que impulsaba José Estenssoro con el asesoramiento -entre otras firmas- de Gaffney, Cline & Associates/ AICC Consultores, representada por el primo del interventor de la empresa estatal, Enrique Salinas Estenssoro, según denuncia del diputado Moisés Fontela ante la jueza Amalia Berraz de Vidal.

Saadi hizo la denuncia a través del planteo de una cuestión de privilegio, un recurso reglamentario que interrumpe cualquier discusión para escuchar a quien debe fundamentar agravios o dificultades que entorpezcan la labor del legislador o del cuerpo. Estremeció el impacto.

Esto sucedió el 10 de setiembre de 1992, a poco más de cinco meses del escarnio de Kenan.

El día anterior, Jorge Matzkin, presidente del bloque oficialista, había tenido su primer intento de alcanzar los 130 diputados para iniciar el debate.

En esa sesión habían estado ausente los Saadi y otros oficialistas, dando lugar al enojo del pampeano formalizado en una nota recriminatoria contra los componentes de su bancada que soslayaron sumarse para lograr quórum.

El correntino Humberto Romero aparecía al frente de un grupo (Francisco Toto, Claudio Mendoza, Víctor Sodero Nievas y Dante Camaño) que se oponía a la ley con un proyecto alternativo, del mismo modo que lo había hecho con la ratificación del tratado con Chile por los llamados Hielos Continentales.

A las 19 del 10, Saadi lanzó la denuncia y a las 2 de la madrugada -ya en el Día del Maestro-, se retractó.

El hecho no tuvo otras consecuencias que el escándalo a partir del momento que Saadi interrumpió el debate sobre la mayoría de edad a los 18 años para lanzar la bomba que sacudió a la conducción del bloque: por primera vez se hablaba de lo mismo que nutría los rumores de pasillo, sobre los cuales en el Congreso -vale la disgresión- hay que tener un cuidado comparable al de la ingestión de hongos silvestres.

Saadi dijo que se lo acababa de comentar el diputado Raúl Alvarez Echagüe, a quien a su vez se lo había revelado su hermana, Alicia Saadi. Alvarez Echagüe admitió que había conversado con la senadora pero negó que se hubiera hablado del asunto en esos términos, en tanto que el trozquista Luis Zamora manifestó que no lo sorprendían las afirmaciones porque desde hacía días conocía la especie por medio de un periodista a quien prefirió no identificar.

Todo ello en el recinto.

Otro espanto para la Cámara que representa al pueblo y preside Pierri.

En un primer momento, Matzkin quiso pasar de inmediato a a funcionar como comisión para investigar, también de inmediato, las imputaciones, lo que a la postre -siete horas después-, llevó a Luis Saadi a desdecirse desde la misma banca, siguiendo el consejo de su hermano Ramón y de la correntina Emma Tacta de Romero, la defensora de Samid en el affaire de los diputruchos.

El peligro había pasado: era la obra del inimputable hijo menor de don Vicente, decían en el bloque. El pícaro tucumano Antonio Guerrero lo indicaba de modo más sutil: pedía a través de un proyecto la revisación psiquiátrica del denunciante.

Al contradecirse Saadi, cerraba la puerta por la que también se había asomado el chaqueño Claudio Mendoza (casado con Laura Antonietti, la hija del en ese momento jefe del Estado Mayor Conjunto), un médico rural colaborador de las Abuelas de Plaza de Mayo, a quien la conducción del bloque tampoco tomaba muy en serio.

En declaraciones periodísticas, Mendoza había dicho que “hay vivillos que entran en la Cámara con una mano atrás y otra adelante y salen con sus bolsillos llenos”. Nadie lo decía pero todos pensaban en Manzano, que a esa altura hacía meses era ministro del Interior y estaba resignado a la fama ganada.

Antes de que el catamarqueño se retractase, Matzkin había sondeado la posibilidad de expulsar al legislador, lo cual a la postre dejó de lado por el riesgo que significaba quebrar el pacto de silencio en el caso Kenan que dormía en la comisión de Asuntos Constitucionales.

La exclusión del saadismo hubiera significado poco menos que la imposibilidad de aprobar el fin de YPF y otros leyes en camino como la reforma previsional.

Si bien Carlos Menem se declaró contrario a la permanencia de Luis Saadi en el Congreso, Matzkin manejó la crisis para que se diluyera sin consecuencias. Comenzó por dejar también de lado su propia idea de crear una comisión investigadora que había planteado en el recinto, tomando expresamente en cuenta que radicales tan dispares como Leopoldo Moreau y Fernando de la Rúa eran autores de un proyecto por el cual proponían otra comisión para investigar todo el proceso privatizador de YPF, comenzando por las irregularidades que le atribuían al presidente de YPF, José Estenssoro y Nells León, vicepresidente, a quienes el diputado santacruceño radical Héctor Di Tulio llamó “funcionarios corruptos” en el debate sin que nadie le replicase.

El trosquista Luis Zamora quería crear por ley de una comisión investigadora de todo el proceso de la privatización petrolera, así como el enriquecimiento ilícito de contratistas y el endeudamiento fraudulento de YPF, con potestad para revisar todos los contratos de YPF S.A.

Todo ello lo desató el boca suelta de Luis Saadi, en momentos que la pelea de la familia con Carlos Menem era frontal.

La imputación por presunta violación del art. 265 del Código Penal (negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública) ya había sido motivo de una denuncia de diputados ante la justicia, en 1990, y se relacionaba con la adjudicación de áreas a E.P.P. Petróleo S.A., la firma a cargo de esa dupla antes de aparecer al frente de la empresa estatal, un asunto que había llevado al pedido de procesamiento de Estenssoro formulado por el fiscal federal Gustavo Bruzzone.

La investigación del “paquete” que querían los radicales incluían las afirmaciones de Saadi y Mendoza.

Luis Saadi, precisamente, figuraba en la nómina de los diputados que denunció a Estenssoro, el 6 de setiembre de 1990, en la causa Nº 6.625 caratulada “Aramouni, Alberto y otros” tramitada ante el Juzgado en lo Crimuinao y Corfrecional Federal Nº 4.

Otros de los que acompañaban al diputado Aramouni eran: Matilde F. de Quarracino (igual que el autor ex demócrata cristiana); los disidentes peronistas Chacho Alvarez, Julio Darío Alessandro, Franco Caviglia, Juan Pablo Cafiero, Moisés Fontela, Luis Brunatti y Germán Abdala, así como los radicales Rodolfo Parente, Ricardo Felgueras, José L. Lizurume, Juan J. Cavallari, Luis Gonaález y Rodolfo Quezada.

También  el cordobés Julio Badrán suscribió la denuncia, de modo que Saadi no fue el único oficialista.

Otra denuncia de Aramouni, que recayó en el juzgado Nº 3, pedía la investigación por “abuso de autoridad” del PEN con relación al Poder Legislativo por la licitación de áreas petroleras, lo que fue ampliado en el juzgado Nº 4, tomando en cuenta los decretos 1055 (rebaja en favor de las empresas petroleras de recargos establecidos por ley 17.754 y 19.287); 1.212; 1.589/89; 2.778/90; 44/91 y 2.733/91 (deroga la ley 17.597, la 20.073, la 23.549; un artículo de la 16.656, otro de la 17.751 y la 19.287), lo cual -decía el planteo- rebaja la recaudación de lo recursos para las cajas jubilatorias.

Parte de estas denuncias habían sido formuladas ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en tiempos que estaba al frente el latorrista Ricardo Molinas.

Parodojas del destino: el mismo Molinas, ese 22 de setiembre de 1992, estaba sentado en la última fila dando quórum a la ley de desguace de YPF.

*Dejar pasar

Matzkin optó por la vieja receta de dejar que las aguas siguiesen fluyendo. Pero como Luis Saadi -igual que Ángel Luque en su momento-, había admitido su traspié y, además, era grande la indignación entre los justicialistas que aparecían como beneficiados de un gigantesco operativo de corrupción para aprobar la ley, quedó espacio para una sanción menor, que al mismo tiempo oficiase de preventiva para lenguaraces internos.

Así fue como se resolvió la separación del bloque de Saadi y Mendoza (no la expulsión), lo cual se decidió no sin debate en una reunión iniciada el martes 15 y culminada en la madrugada con el voto a favor de 66 contra 9.

En la comisión investigadora especialmente creada por el cuerpo y que presidía el radical Antonio María Hernández (los restantes integrantes eran el justicialista Carlos Soria, el ucedeísta Juan José Manny, el intransigente Pedro García y Roque Sánchez Galdeano, del Movimiento Popular Fueguino), la senadora Alicia Saadi aprovechó para declarar, como si hubiera sido una confesión, lo que Hugo Bordín Carosio, presidente de la comisión de Energía de Diputados, le comentó delante de testigos (el peronista disidente Juan Pablo Cafiero).

¿Qué fue lo que le dijo? Que él “había cobrado un palo y medio verde” por la sanción de la ley. La comisión que pilotearía el que sería en 1995 candidato radical a vicepresidente de la Nación se limitó a percibir al legislador por sus dichos tomando en cuenta su retractación.

Ramón Saadi atacaría después a Matzkin, presidente del bloque que él integraba y del que había sido separado su hermano y el chaqueño Mendoza, llamaría al pampeano “empleado de Manzano” y a Alvarez Echagüe “amoral” por haber, según él, generado los comentarios de compra de los votos en el Senado.

El asunto derivó finalmente a manos del entonces juez federal Ricardo Weschler por presunta acción de cohecho y, eventualmente, asociación ilícita, según la denuncia del diputado oficialista César Arias, ex secretario de Justicia de Menem.

Nadie esperó que en esa esfera fuese tampoco a pasar algo.

Resuelto el trámite interno (la separación del bloque de Saadi y Mendoza), Matzkin logró quórum el miércoles 23 -el tercer intento tomando en cuenta que el miércoles 16 se había registrado otro fracaso-, con la colaboración de varios diputados gremialistas.

Fueron ellos Claudio Alvarez (comercio), Carlos Beltrán (vialidad), Osvaldo Borda (caucho), Gerardo Cabrera (carne), José Luis Castillo (navales), Roque Gómez (carne), Abel Hernández (peluqueros), Roberto Monteverde (metalúrgicos), Horacio Salusso (metalúrgicos) y Carlos Sueiro (aduana). Cuando ya sonaba el timbre llamando a sesión, una reunión convocada por Eduardo Bauzá en la secretaría general de la Presidencia, con la participación del ministro Manzano y de Matzkin, allanó la resistencia del sector.

Persistieron en su negativa, en cambio, Dante Camaño (gastronómicos), Roberto Carlos Fernández (choferes), Luis Guerrero (metalúrgicos) y José Rodriguez (mecánicos), lo cual reflejaba la división del sector y la inexistente gravitación de la CGT sobre sus representantes en el Congreso.

Los colaboracionistas reclamaban el control de los aportes de las obras sociales y la participación de los sindicatos en la captación de fondos de la reforma previsional, entre asuntos, prometidos en la ocasión.

El capital accionario de YPF quedaba repartido entre el Estado (51 por ciento, acciones “A”), las provincias (39 por ciento. acciones “B”) y los trabajadores (10 por ciento, acciones “C”), con miras a que antes del fin de 1995 el capital privado fuese la mitad (acciones “D” que el Estado nacional y provincias vendan al capital privado).

Se transferían los yacimientos a las provincias pero una vez finalizadas las concesiones de explotación de un cuarto de siglo o más y se determinaba la consolidación de la deuda por regalías de la Nación con ellas, así como se ratificaba el decreto 2.778 de diciembre de 1990, que demolió la estructura de la empresa.

La ley destinaba al régimen previsional el ciento por ciento de los recursos por la venta de las acciones clase “A” (1).

En un plazo de tres años se preveía la venta al capital privado de no menos del 50 por ciento de las acciones del Estado y las provincias, un ingreso que se estimó en 2.600 millones (2).

La liquidación de una empresa cuyo valor Estenssoro calculaba en 8.000 millones de dólares, otras autoridades de la empresa en 14.000 y los radicales en no menos de 20.000 -y que se constituía en la mayor privatización del mundo al año siguiente- fue posible porque el Senado la aprobó introduciéndole cambios.

Una de esas modificaciones consistió en determinar que si el Estado quería vender por debajo del 20 por ciento de sus acciones debía contar con una ley que lo autorizase expresamente, un asunto que abrió una discusión en el verano del ‘95 cuando Cavallo quería disponer de ese paquete cuyo valor a esa altura se calculaba en 1.500 millones para apuntalar su plan jaqueado por la crisis financiera tras el derrumbe del modelo mexicano.

Pero no hay que adelantarse: antes que las ramas está la raíz y ésta se encontraba en el modo que se obtuvo quórum el 23 de setiembre de 1992.

(1) O sea el agregado de Rodrgiuez Saá que Menem vetaría.

(2) Oscar Parrilli, al fundamentar a favor el proyecto en el debate de Diputados el 23/9/92.

Fuente: El Congreso en la trampa, Armando Vidal, Pags. 210/221