Al momento de esta nota, el Senado de la Nación nunca había echado ninguno de sus miembros por trastornos de con conducta pero sí había concedido desafueros a requerimiento de sentencia judicial, motivo por el cual no fue sancionado el senador Luis Barrionuevo. Un contraste con Diputados  donde sí se aprobaron severas sanciones, además de los desafueros. Aquí, los casos como el del catamarqueño Luis Luque en 1991.

Por Armando Vidal

A propósito del caso de Luis Barrionuevo (1), conviene recordar estos datos: el Senado nunca excluyó a nadie de su seno por trastornos de conducta, a diferencia de la Cámara de Diputados, que lleva aplicadas doce tarjetas rojas desde 1853. Echar a un legislador porque agravia al cuerpo legislativo es una potestad sobre la cual no hay alcance judicial alguno que pueda rever la decisión.

"La doctrina considera de manera uniforme que (la exclusión) se adopta frente a la comisión de delitos sancionados por la Justicia o por la indignidad de un legislador", dice Juan Estrada, el prosecretario parlamentario de Diputados en su libro Comentarios en torno al Parlamento.

Además de una razón que la justifique, la expulsión sólo exige lo que establece la Constitución: el voto favorable de dos tercios de los legisladores presentes.

Este es un repaso de cuáles fueron las sanciones, y contra quiénes.

En Diputados, la Cámara de 257 representantes del pueblo, la saga de los separados de sus filas —que no es el caso de aquellos a quienes se les quitaron los fueros por reclamo judicial— comenzó en 1853 con un representante catamarqueño, Pedro Ferré, aunque correntino y tres veces gobernador de la provincia litoraleña.

Quedó inmortalizado en el sillón presidencial en el cuadro de Antonio Alice "Los Constituyentes del 53", que se exhibe en el Salón de los Pasos Perdidos y que Santa Fe pide para exponerlo en la capital provincial al cumplirse el 1° de mayo el sesquicentenario de la sanción de la Constitución en esa ciudad.

Y lo expulsaron porque se negó a sancionar leyes posteriores a la convención.

Entendía que carecía de un mandato específico por parte de Catamarca, que sí le había sido conferido para elaborar la Constitución.

Un siglo y medio después, es decir desde 1983 con la recuperación de la democracia, fueron echados por trastornos de conducta dos diputados justicialistas: el catamarqueño Angel Luque, en 1991, y Norma Godoy, misionera bonaerenese, en 2002.

En 1995, en lugar de expulsarlo por un presunto pedido de coima —que la Justicia luego no comprobaría—, al cordobés aporteñado Eduardo Varela Cid lo suspendieron hasta el final de su mandato.

En el Senado, la Cámara que representa a las provincias, también pasó de todo, sólo que no se aplicaron las máximas sanciones.

En 1935 hasta hubo un crimen en pleno recinto, el del senador electo por Santa Fe, Enzo Bordavehere, a cargo de un matón a sueldo de otro senador.

Fue durante el célebre debate por las carnes protagonizado por Lisandro de la Torre y el ministro de Hacienda, Federico Pinedo.

Al radical Leandro N. Alem quisieron echarlo del Senado en 1893 pero no pudieron, porque no había asumido su banca en medio de las protestas armadas de los boinas blancas contra el entonces cerrado régimen conservador.

Entre las recientes páginas oscuras de la Cámara alta se cuentan:

* 1992: denuncia del justicialista Luis Saadi, entonces diputado, de un supuesto pago de coimas en el Senado por 8 millones de dólares para aprobar la privatización de YPF. Luego se retractó.

* 1993: robo del Archivo del Senado de todos los comprobantes de la elección "trucha" de la justicialista Alicia Saadi por parte de la legislatura catamarqueña.

* 1995: la insólita aparición en el Senado en calidad de prófugos de la Justicia de dos senadores electos, el catamarqueño Ramón Saadi, justicialista, y el rionegrino Horacio Masaccessi, radical, quienes buscaron en el lugar el refugio que impidiera actuar a la Policía.

* 2000: escándalo por la denuncia periodística de supuestos pagos de sobornos para sancionar una ley laboral en los primeros meses de gestión del radical Fernando de la Rúa, con un anexo complementario en el caso del senador salteño Emilio Cantarero, quien apareció consintiendo la existencia de prácticas deshonestas en la sanción de leyes.

A modo de colofón, también hace apenas tres semestres se produjo en el Senado el extraño antecedente de que su máxima autoridad, el frentista Chacho Alvarez, vicepresidente de la Nación, haya optado por irse del cargo y luego de la política al sentirse incapaz de hacer algo para cambiar esta historia. El revés de la trama.

 (1) El controvertido gremialista Luis Barrionuevo también llevó sus trastornos de conducta cuando pasó por el Senado, motivo por el cual se presentaron proyectos para excluirlo del cuerpo que finalmente no prosperaron.

Volanta y título: Clarín, 9/3/03.