Las comisiones investigadoras de los cuerpos parlamentarios no pueden generalmente eludir la contradicción de estar de acuerdo en bregar por un cometido y hacer la tarea en medio de las pujas políticas internas que la dificultan. Y menos aún en un clima de campaña electoral. Este es un ejemplo.

Por Armando Vidal

El primer informe semestral de la comisión bicameral sobre la investigación de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA viene cargado de tensiones, tras la determinación opositora de adelantar por las suyas las recomendaciones que deben acompañarlo. Esa especie de preinforme critica duramente la actuación de la Corte Suprema de Justicia en la primera de las causas y al Gobierno en ambas.

Ahora llega el turno del oficialismo, cuyos más altos exponentes anticipan que para el miércoles, a las 12, rechazarán de un modo categórico las especulaciones políticas que, a su entender, se formulan en ese trabajo, al tiempo que suscribirán sus propias recomendaciones.

El informe en sí de la comisión consiste en la recopilación de la tarea realizada, incluyendo las consultas y declaraciones recibidas, y debe ser brindado cada seis meses ante el plenario de las dos ramas legislativas, mientras la Justicia tenga abierta la investigación de esos asuntos.

El plazo de esos seis meses venció en julio, cuando el Congreso estaba en receso. Y su presentación se fue dilatando, en buena medida por la intención oficialista de postergarlo para después de las elecciones del 26 de octubre. La oposición no presionó: también admitía que un asunto de tan alta envergadura no podía caer en las tiranteces habituales de una campaña electoral.

Pero el diablo metió la cola: un artículo periodístico denunció un supuesto pedido de coima por dos expedientes millonarios en la Corte y el ministro Adolfo Vázquez, reaccionó requiriendo de inmediato que la Comisión de Juicio Político de Diputados, que controla el PJ, lo investigara.

Para la oposición, ese gesto y el de los justicialistas que sostuvieron que había que abocarse a la cuestión, era una estrategia antirreglamentaria destinada a eximir de responsabilidades a Vázquez.

Uno de los diputados más indignados era el radical Melchor Cruchaga, quien en esa comisión que preside el menemista César Arias discutió a los gritos con el justicialista Carlos Soria, a su vez presidente de la comisión bicameral de los atentados de la Embajada y la AMIA.Ofuscado, Cruchaga dijo que ahora sí vamos a emitir nuestra opinión. Aludía al demorado pronunciamiento de la bicameral, que él también integra.

En la bicameral, el oficialismo se halla en minoría. Por el oficialismo están los diputados Soria y Arias y los senadores Augusto Alasino y Bernardo Quinzio, además de la santacruceña Cristina Kirchner. Y por la oposición los diputados Federico Storani y Cruchaga (UCR), Chacho Alvarez y Juan Pablo Cafiero (Frepaso) y los senadores José Genoud y Raúl Galván (UCR) y José Antonio Romero Feris (Autonomista Corrientes).

En la reunión del último miércoles no estaban los senadores, razón por la cual Arias dijo que si la idea era hacer recomendaciones en forma conjunta, habrá que esperarlos hasta la próxima reunión. Pero Cruchaga y Cafiero anticiparon que ellos darían cuenta de las suyas, temerosos de no estar obrando bien en cuanto a deslindar responsabilidades frente a un eventual tercer atentado.

Ahora, todavía bajo los efectos de la sorpresa, se aguarda la respuesta justicialista, sin que a nadie se le escape que pese a atribuirle haber llevado al fracaso de la investigación por el atentado a la Embajada del 17 marzo de 1992, la oposición no ha requerido el juicio político de la Corte.

Mantengamos la calma, recomendó en la intimidad Chacho Alvarez y los radicales coincidieron.

Fuente: Clarín, 28/9/97.