En una dura tenida en mayo de 2012, el gobernador Daniel Scioli no le hizo caso al ministro de Economía de la Nación Hernán Lorenzino cuando le aconsejó usar los poderes concedidos por el Congreso bonaerense para fijar los nuevos valores fiscales de las tierras rurales y subrurales de la provincia sino que lo hizo por un decreto, cuyo texto aquí se publica, llave de un acuerdo político para obtener quórum en la Cámara de Diputados. Así logró una importante fuente de recursos por el alza de los impuestos, motivo de las protestas y paros como protesta por las entidades agrarias, encabezadas por la Sociedad Rural. La última evaluación era de 1955, en las postrimerías del segundo gobierno de Juan D. Perón, derrocado el 16 de septiembre de ese año.

Por el Editor (*)

“Considerando que la ley 10.707 y sus modificatorias establecen y regulan el catastro territorial de la provincia al cual define como el registro del Estado de hecho de la cosa inmueble, en relación con el derecho de propiedad emergente de los títulos invocados o de la posesión ejercida, constituyendo la base de su sistema inmobiliario desde los puntos de vista tributario y de policía y del orden administrativo del dominio.

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Lo que en el caso de las licencias pretendió ser una excepción se transformó en una regla en la Cámara de Diputados, motivo por el cual nunca debería generarse una norma con nombre y apellido, aunque fuera merecida como lo era en este caso para el radical Juan Carlos Pugliese.

Por Armando Vidal

La semilla de la proliferación y abuso de licencias de los diputados para ocupar otros cargos, en particular en el Poder Ejecutivo surgió de una distinción. Fue el premio al radical Juan Carlos Pugliese, presidente de la Cámara de Diputados desde 1983 hasta ese momento, planteado desde el bloque peronista por su conductor, José Luis Manzano, cuando propuso el rechazo a la renuncia a la banca que había presentado el respetado balbinista para transformarla en ese permiso.

Pugliese había decidido suceder al ministro de Economía Juan Vital Sourrouille en febrero de 1989 e inmolarse en esa cartera, como realmente sucedió, en nombre de su obligación partidaria. Un gesto fuera de lo comúin que la oposición valoró y quiso premiar dejándole la posibilidad del retorno.

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Veinte años diputado nacional con participación en todos los grandes debates, entre ellos las privatizaciones, más su labor en la constituyente de Santa Fe, donde se opuso al Pacto de Olivos,  han permitido comprobar la capacidad para sostener sus opiniones al autor de este artículo, aquí con un enfoque diferente respecto de las potestades del Congreso durante su receso veraniego.  Quien fuera permanente animador de la comisión de Asuntos Constitucionales dice que puede actuar sin necesidad de convocatoria a sesiones extraordinarias y que puede hacer todo, incluyendo un juicio político al jefe/a de Estado, menos  una sola cosa: legislar.

Por Alberto Natale (*)

El artículo 99, inciso 9º, de la Constitución Nacional atribuye al Poder Ejecutivo la facultad de convocar al Congreso a sesiones extraordinarias “cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera”. Esto se ha interpretado como que, fuera del período comprendido entre marzo y noviembre, el Congreso solamente funciona cuando lo decide el presidente de la Nación y para tratar los asuntos por los cuales fue llamado a sesiones.

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Toda sesión debe tener una agenda de asuntos y cada asunto debe ser es un único tema, con lo cual el legislador no debe apartarse de la cuestión porque toda dispersión del debate es, por lo menos, una pérdida de tiempo y a veces un escándalo. Fácil es decirlo en un reglamento pero no tanto aplicarlo en la práctica. Por eso, los titulares de las Cámaras, que son quienes en primer lugar conducen los debates (en caso de ausencia en el Senado lo hace el presidente provisional y en Diputados el vice 1º y así en orden de jerarquía) no deben permitir que el orador se aparte de la cuestión, que en ningún momento deje de dirigirse a la presidencia y no que haga referencias particulares sobre ningún colega –al que ni siquiera debe mencionar- porque ello impone su derecho a réplica. Aquí la vicepresidenta 1º de la Cámara de Diputados, Patricia Vaca Narvaja, hace todo lo contrario al permitir que el diputado kirchnerista cordobés Arturo Heredia (ex periodista de LV3 y visita frecuente al Congreso hasta que un día apareció en una banca)  reconviniese al joven diputado bonaerense de la oposición (lilito), Juan Carlos Morán, por su alusión a un cansancio que el sermoneador entendía era físico. Con una humorada al final de Morán que concernía a Carlos Kunkel, lo que pasó fue esto.

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